No obstante, a cinco años de implementación del Acuerdo de Paz, La Corte Constitucional estudia la declaración de un Estado de cosas inconstitucional, en relación con la desprotección de los derechos a que están abocados los excombatientes, las personas defensoras de los derechos humanos, los líderes y lideresas sociales en el país y las comunidades de los diversos territorios, a raíz de los crímenes, persecuciones y masacres contra ellas, en diversos territorios.
Pese al cumplimiento del Acuerdo, por parte de la mayoría de la población excombatiente, en proceso de reincorporación, la incapacidad estatal, sus vacíos institucionales y la mala voluntad de implementación por parte del gobierno, llevaron prontamente al crecimiento de las cifras de violencia y al copamiento de territorios por parte de grupos residuales, disidencias, bandas, grupos narcoparamilitares y el ELN en diversos territorios; se evidencia, una vez más, que nunca ha sido política de Estado el garantizar la paz completa en el país, pues, como lo han dejado ver los voceros de la ultraderecha, prefieren que sigan existiendo las expresiones armadas que se oponen al régimen o que ejercen economías ilegales, porque les es muy funcional como pretexto para su discurso legitimador del autoritarismo y de la impunidad.
Un recorrido por el Punto Tres, relacionado con el fin del conflicto, en el texto del Acuerdo de Paz, permite contrastar los temas críticos que afectan a la población excombatiente, a los líderes y lideresas sociales y a las personas defensoras de los derechos humanos.
Dejación de Armas. Como muestra el Cinep [1], en el informe de la Secretaría Técnica (ST) del Componente de Verificación Internacional-CERAC-, a cinco años de la firma del Acuerdo Final, la mayoría de los compromisos relacionados con la dejación de armas fueron cumplidos para facilitar el proceso de reincorporación de los excombatientes y finalizar el conflicto armado. En marzo de 2019 el Ministerio de defensa informó que fueron extraídas el 100% de caletas con armamento y explosivos pendientes de ubicar y, posteriormente, no hay reportes de la fuerza pública o de fuentes pendientes relacionados con hallazgos de tal naturaleza. No obstante, se alerta acerca de la importancia de mantener el proceso de desminado y afianzar el control de armas, municiones y explosivos en procura de reducir el riesgo de violencia armada en las zonas afectadas por el conflicto.
Pero, no hay que olvidar que el entrampamiento urdido por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez en unidad de acción con agentes de la DEA para extraditar a Jesús Santrich y, posiblemente, a Iván Márquez, llevó a un grupo de dirigentes y mandos medios al rearme y creación de la denominada “Nueva Marquetalia”, hecho que ha sido repudiado política y socialmente, aunque ambas partes le dieron salidas que fueron en detrimento del proceso de paz.
Zonas Veredales Transitorias de Normalización – ZVTN. En principio, se habían acordado 19 ZVTN y 7 Puntos Transitorios de Normalización. Dichos espacios se convirtieron en Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación –ETCR, como expresión de la voluntad de las partes para adelantar procesos de capacitación al servicio de la reincorporación, la preparación de proyectos productivos y la atención de las necesidades de formación técnica de las comunidades. Se avanzó en la construcción de unidades habitacionales.
No obstante, han persistido limitaciones en la construcción de aulas de capacitación y dotación de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado. De los 27 ETCR, 25 mostraron avances de entre el 50% y el 100% y los de las Veredas Madrigal en Policarpa (Nariño) y Mesetas (Meta), solamente avanzaron en un 15% y 32%, respectivamente. En estos dos espacios los excombatientes han tenido que vivir en carpas, con carencia de espacios para sus actividades de reincorporación.
La vigencia jurídica de los ETCR se extendió hasta agosto de 2019. A octubre de 2021, de 12.943 excombatientes en el proceso de reincorporación, el 23% reside en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – AETCR; en cambio, el 77% (9.634 personas) restante vive en las Nuevas Áreas de Reincorporación –NAR, o como población diversa: Un tercio de la población excombatiente vive en entornos urbanos y dos tercios continúan en zonas rurales. Se estima que existen 93 NAR en 17 departamentos, incluyendo a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y Neiva. En varias de estas áreas se cuenta con suministro de alimentos que provee la Agencia para la Reincorporación y la Normalización-ARN. Las NAR no tienen reconocimiento gubernamental y la subsistencia de las personas depende de los recursos de renta básica, de la Asignación de Normalización y de los recursos propios de los excombatientes.
A la fecha del Informe se habían aprobado 46 proyectos productivos de carácter colectivo para excombatientes residentes por fuera de los AETCR, asentados en 25 NAR. La localización constituye un desafío al proceso de reincorporación, con respecto al acceso a tierras, vivienda y servicios públicos y frente a la exposición de ellos y de las comunidades de acogida frente a la amenaza de grupos armados.
Reincorporación Política. El conjunto de medidas relacionadas, al respecto, que incluyó el reconocimiento del nuevo partido, los cambios en requisitos para la creación de partidos, la financiación y asistencia técnica, el centro de pensamiento y formación política, las curules en el Congreso durante dos períodos se han venido implementando.
En 2018, el Partido, hoy llamado Comunes, obtuvo 52.532 votos para Senado y 32,636 para Cámara de representantes, sin lograr nuevas curules a las dispuestas en el Acuerdo Final. Dicho resultado constituye un elemento de análisis donde se combina la baja preferencia de los votantes, el aislamiento para realizar alianzas y coaliciones por parte de otros partidos y la persecución a los candidatos del nuevo partido, en zonas de conflicto. En las elecciones territoriales de 2019, Comunes presentó 308 candidatos en 23 departamentos y 85 municipios. 101 de ellos eran excombatientes en el informe. En Dabeiba y Palmar fueron elegidos dos concejales, dos ediles en Ciudad Bolívar y Bosa en Bogotá y se lograron las alcaldías de Turbaco (Bolívar) y Puerto Caicedo (Putumayo); además, en coalición con otros movimientos se logró la alcaldía de Guapí (Cauca).
El partido Comunes se ha venido fraccionando, con la creación de nuevos frentes políticos y sociales, así como marginamientos al seno de las organizaciones de reincorporación. Han surgido sectores como Avanzar y sectores de reincorporados que lleva a nuevos escenarios en materia de curules y dinámicas de negociación e interlocución.
El fenómeno del fraccionamiento es propio de la dinámica de la reincorporación y atribuible a la migración de las dinámicas centralizadas a los procesos de articulación de intereses individuales, grupales y colectivos; ya no se pueden los conflictos ni tramitar los intereses por la vía de la orden militar, pues, se está mutando hacia otras formas civiles de expresión económica, social y cultural. Además, porque inciden dinámicas que reclaman nuevas formas de relacionamiento y ejercicio del liderazgo; si esto no se comprende, se agudizan las dinámicas de aislamiento y fragmentación organizacional.
Reincorporación Jurídica, Acreditación y tránsito a la Legalidad. A la fecha, el sistema jurídico está funcionando, identificando casos y solucionando controversias. No obstante, se evidencian retrasos: A cinco años, están acreditadas 13.589 personas, de las cuales 3.136 son mujeres, con su situación jurídica resuelta en materia de amnistía, indulto, tratamiento penal especial y demás. Se encuentran en período de acreditación 28 casos, entre ellos los de cinco mujeres; se evalúan 139 personas para determinar si efectivamente pertenecieron a las antiguas FARC-EP, entre quienes se cuentan seis mujeres. Además, de esta situación que refleja demora del proceso, 187 excombatientes acreditados, entre quienes hay siete mujeres, que continúan en situación de privación de la libertad; se han presentado 250 recapturas sin que la mesa tripartita haya logrado evidenciar algún tipo de reincidencia. Además, la Sala de Amnistías e Indultos de la JEP ha denegado la libertad condicional y la amnistía a 90 personas, ha concedido beneficios a tres y 78 casos están en espera de decisiones judiciales.
En lo relacionado con la ruta de salida de menores de 15 años de los campamentos, de 135 casos, 123 continúan en el Programa “Camino diferencial de Vida”, 93 han recibido pagos por concepto de reparación como víctimas, 30 están pendientes y únicamente 29 han obtenido recursos técnicos y financieros para proyectos productivos. De estos beneficiarios cuatro han muerto, siete no se han podido contactar y dos están en el límite temporal. Según el ICBF, 103 jóvenes fueron sujetos de restablecimiento de derechos.
Reincorporación social y Económica. El censo realizado por la Universidad Nacional en 2017 identificó 10.015 excombatientes, milicianos y personas privadas de la libertad. De esta población, el 23% son mujeres. El 66% de la población es rural, 29,9% pertenece a comunidades étnicas. En 2019, mediante el Registro Nacional de reincorporación-RNR, fueron censados 10.415 excombatientes, 25% integrado por mujeres; 2.935 habitantes de AETCR; con 62,2% de hombres con 40 años o menos y 78,5% de las mujeres en ese rango de edad, 258 mujeres en embarazo al momento del censo; un 10,6% de excombatientes en condición de discapacidad y 17,3% como parte de un grupo étnico.
Para la reincorporación colectiva económica y social fue creada ECOMÚN con 130 organizaciones de economía solidaria. Es de resaltar que las fragmentaciones que se han venido presentando inciden también en las organizaciones socioeconómicas, por lo que “desde abajo” de las estructuras se van gestando nuevos reagrupamientos asociativos, nuevas cooperativas y nuevas formas de integración. Esto contrasta con la pretensión gubernamental de privilegiar la reincorporación individual que fragmenta la participación social hundiendo al excombatiente en el anonimato que lo aleja de la participación política y de la dinámica social comunitaria.
En cuanto a asignación de tierras el gobierno nacional ha comprado 11 predios para 975 excombatientes y sus familias en los departamentos de Guajira, Caquetá, Nariño, Cauca, Antioquia y Guaviare. También, se han entregado para proyectos productivos de excombatientes, predios de extinción de dominio. A la fecha, la Sociedad de Activos Especiales-SAE está en proceso de habilitar 669.8 ha fuera de los AETCR para 638 excombatientes agrupados en cuatro cooperativas ubicadas en Teruel y Palermo (Huila) Sevilla y Yotoco (Valle del Cauca) y Restrepo (Meta).
En vivienda para excombatientes comienzan a darse pasos desde la ARN mediante ferias de vivienda como la realizada en Medellín, asignación de subsidios por parte del Ministerio de Agricultura y construcción en cuatro AETCR.
El informe de Seguimiento destaca que a agosto de 2021 han sido aprobados 100 proyectos productivos colectivos para cerca de 3.700 excombatientes y 2.973 proyectos individuales para 3.581 personas de las cuales 817 son mujeres. De estos, 1.600 estaban funcionando, 509 no habían iniciado, 213 habían cerrado y 86 se habían suspendido por la pandemia, el traslado o fallecimiento de beneficiarios, entre otras razones. Por razones de pandemia y del paro nacional se retrasó la implementación de 17 proyectos productivos colectivos.
Garantías de Seguridad. El punto 3.4 del acuerdo final contempla medidas para fortalecer la política de investigación criminal frente a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, establecer las garantías del nuevo partido político y de los excombatientes, así como la protección de las comunidades y organizaciones en los territorios. Son múltiples las limitaciones y retos en relación con los compromisos establecidos. Hasta ahora, los avances se han concentrado en la implementación normativa con la expedición de decretos.
El Informe de la ST plantea que, a 31 de marzo de 2021, se habían presentado 359 hechos victimizantes contra excombatientes de FARC y sus familiares. De estos, 303 contra personas en proceso de reincorporación y 56 contra familiares. Hasta esa fecha, se reportaban 246 asesinatos de excombatientes y 50 de familiares. No obstante, solamente se había avanzado por parte de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía –UEI-creada en el marco del Acuerdo Final de Paz, en el esclarecimiento del 53,76 % de los casos (193).
Entre las medidas, se contempló la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad-CNGS. Sin embargo, esta instancia poco se reúne, ha perdido su rumbo y sigue con limitaciones que frenan el proceso, tales como la carencia de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales, documento que aún no se convierte en norma vinculante.
Así mismo, se presentan limitaciones en la operación de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía –UEI- para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales. A esta Unidad, creada en 2017, con el propósito de acabar con las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo le fue encomendada, luego, la tarea de investigar los asesinatos de excombatientes y personas defensoras de derechos humanos.
La inestabilidad en su dirección ha sido la nota predominante, dado que en cuatro años ha contado con cinco directores, empezando por Alexandra Valencia, nombrada por la Mesa de La Habana y removida a los dos meses para designar a Martha Mancera en su reemplazo, quien duró dos años; luego, fue nombrada Luisa Obando, después, Aníbal Arbeláez y, ahora, entra Hernando Toro Parra, como lo reporta Escobar [2].
Como es notable en el drama humanitario y la conflictividad armada, los grupos narcoparamilitares continúan activos. Mientras tanto, la UEI se mueve en medio de la ineficiencia y lentitud de su dinámica investigativa. Como señalan los expertos entrevistados por Escobar (Camilo González de Indepaz y Franklin Castañeda del CSSP, ambos representantes de la sociedad civil en la CNG), las razones de la inoperancia de la UEI radican en las limitaciones del decreto 898 de 2017, mediante el cual, la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez desvió el sentido del Acuerdo. Además, en 12 proyectos piloto para desarticular organizaciones criminales, no se ha logrado desmantelar ninguna.
Así mismo, el Equipo jurídico de defensa de las antiguas FARC señala como limitación la falta de autonomía de la UEI frente al nivel central de la Fiscalía para adelantar las investigaciones en contra de los determinadores de los crímenes contra los excombatientes. Así mismo, critican las dificultades financieras en las que se desenvuelve el trabajo de esta Unidad. Reiteran que los niveles de esclarecimiento son limitados y la UEI se encuentra desbordada por los hechos que, además, no se reducen a homicidios dado que, también, se presentan desplazamientos forzados, desapariciones, amenazas y hostigamientos.
Por su parte, la Fiscalía informa en la referida nota periodística de Escobar, que cuenta con 13 proyectos investigativos en marcha, relacionados con afectaciones a 573 víctimas contadas entre personas defensoras de derechos humanos, excombatientes y sus familiares. Señala que a 31 de octubre de 2021 sus avances son del orden del 94,58% con 77 casos en ejecución de penas con sentencias condenatorias, 105 en etapa de juicio, 187 en etapa de investigación, 165 en indagación con orden de captura y 8 preclusiones por muerte del indiciado.
La UEI tiene tres equipos permanentes: un equipo nacional y dos territoriales en Cauca y Nariño. Cuenta, además, con siete equipos de investigación itinerantes para cubrir el Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Putumayo, Huila, Tolima, chocó, Meta y Caquetá.
Por su parte, la Fundación Laboratorio de Justicia y Política Criminal – LJPC- [3] publica seis recomendaciones entre las que se destacan: Mantener los niveles de esclarecimiento alcanzados e incluir delitos más difíciles de investigar, como las amenazas. Fortalecer los niveles de coordinación al seno de la Fiscalía e investigar los vínculos entre las estructuras criminales con grupos políticos y económicos en las regiones para avanzar en la demostración de sistematicidad de los crímenes e investigar la existencia de crímenes internacionales en Colombia para judicializarlos efectivamente.
También, para la JEP se considera fundamental el trabajo de la UEI en los procesos de investigación y judicialización de los crímenes contra excombatientes. A febrero de 2021, la JEP señalaba que solamente se contaba con 33 sentencias relacionadas con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas de las FARC por lo que, en aras del derecho a la vida de los excombatientes, así como de su comparecencia en el marco de los derechos a la verdad y reparación de las víctimas, la JEP debió dictar un auto de medidas cautelares para la protección de los excombatientes. No obstante, como señala el Equipo Jurídico de las FARC estas órdenes no se han cumplido.
En cuanto al Cuerpo Élite de la Policía Nacional su balance es muy limitado: El organismo cuenta con 14 comisiones permanentes en los territorios más afectados. Junto con la UEI desarrolla las investigaciones de los crímenes cometidos contra excombatientes, personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Entre el 1 de enero y 17 de septiembre de 2021 realizó 84 capturas, fueron expedidas 124 órdenes de captura, 20 notificaciones en centro carcelario y 6 muertes en operaciones contra responsables y/o participantes de las afectaciones contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, excombatientes y familiares. En 202, el nivel de avance investigativo fue del 40,4% de los casos y en 2019, del 65,9%.
En relación con los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales asesinadas en 2021, Indepaz [4] reporta 152 crímenes. A la fecha, desde el 16 de noviembre de 2016, con el primer asesinato de un excombatiente de las FARC y hasta el 20 de septiembre de 2021 se reporta el asesinato de 291 excombatientes.
Como muestra Verdad Abierta [5], apoyándose en el monitoreo de Somos Defensores, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta noviembre han sido asesinadas 554 personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Los asesinatos han venido ocurriendo en las regiones de conflicto por la tierra, en las zonas donde las comunidades con la incidencia del liderazgo social procuran adelantar procesos de sustitución voluntaria de cultivos de usos ilícito, donde hay movilización social campesina, étnica, ambiental y de lucha de las mujeres y más presencia militar o de grupos armados ilegales, con repercusión en la intimidación y criminalización de la protesta social.
Así mismo, Indepaz [6] reporta 91 masacres en 2020 y 88 en lo corrido de 2021. Entiende por masacre el “homicidio intencional y simultaneo de varias personas 83 o más) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”.
En síntesis, no basta con el enfoque reduccionista que pretende presentar las cifras de cumplimiento en lo económico y social que, también está rezagado, cuando el factor crítico del proceso de paz está en la afectación al derecho a la vida, en la crisis humanitaria de los derechos humanos de personas defensoras de los mismos, de los líderes y lideresas sociales y de los excombatientes, así como en la indisposición gubernamental e institucional para asumir su responsabilidad con políticas, compromisos, programas e instrumentos de protección social e investigación criminal. Precisamente, este drama humanitario es el que preocupa a las organizaciones sociales, a los organismos internacionales comprometidos con la implementación de los Acuerdos y es el que debe sensibilizar y motivar el ejercicio de la responsabilidad política para transformar la desventajosa correlación de fuerzas en los órganos del Estado, a riesgo de continuar la crisis humanitaria y la fragmentación política que solo beneficia los intereses elitistas.
Fuentes:
[1] Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC. Décimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Verificación Acuerdo de Paz. Secretaría Técnica. Octubre 25 de 2021. Bogotá D.C., Colombia. [2] Escobar José David. La “coja” unidad de la Fiscalía para el desmonte del paramilitarismo. Colombia+20. El Espectador. Noviembre 21 de 2021. [3] Unidad Especial de Investigación (UIE). ¿Qué hace la Unidad Especial de Investigación y por qué la elección de su nuevo director es importante? Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Noviembre de 2021. [4] Indepaz. LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2021. Noviembre 14 de 2021.Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
[5] Verdad abierta. Implementación del Acuerdo de Paz resultó letal para el liderazgo social. Noviembre 19 de 2021.Recuperado de: https://tortuoso-camino-implementacion.verdadabierta.com/implementacion-acuerdo-paz- resulto-letal-para-liderazgo-social/
[6] Indepaz. INFORME DE MASACRES EN COLOMBIA DURANTE EL 2020 Y 2021. Noviembre 15 de 2021.Recuperado de: http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada: El Colombiano
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