Sin embargo, este hecho no es un caso aislado, el coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, afirma que los dos juzgados se demoran hasta un año o dos para definir un caso, cuando en la teoría solo debería ser 4 meses.
Estas irregularidades no son solo por parte de este juez, sino también de varios funcionarios públicos y se enmarcan dentro de la estrategia para de mantener y legalizar el despojo de tierra por parte de quienes se enriquecieron con la guerra.
Esta estrategia, ha sido denunciada por varias organizaciones de la sociedad civil y la misma Defensoría del Pueblo, en la cual muestran que la cooptación de algunos funcionarios y servidores públicos (civiles y fuerza pública), es una de las cinco acciones para trabar la restitución de tierras.
El siguiente cuadro describe las cinco acciones dentro de la estrategia[3]:
En este sentido, compartimos otros casos donde algunos servidores públicos han aportado a victimizar a las víctimas del despojo de tierras en Urabá:
- La Fiscalía General de la Nación
Según el libro Memorias de la Impunidad, entre 1995 y 2004, se perdieron 240 procesos penales sobre vulneraciones a los derechos humanos en Urabá.[4]
Adicionalmente, Darío Eduardo Leal Rivera, quien fue Fiscal en Urabá durante los años 90, especialmente en la época del General Rito Alejo del Rio y de los mayores hechos de desplazamiento. Se le denuncia de haber archivado el 80% de los casos sobre vulneraciones a los derechos humanos en la zona. Por estas actuaciones, el Tribunal Superior de Antioquia de Justicia y Paz, solicitó que fuera investigado por concierto para delinquir, ejecución de crímenes y graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario[5].
Lo más curioso de todo, es que a pesar de estos antecedentes e investigaciones, sigue siendo Fiscal en la actualidad[6].
- Defensoría del Pueblo. “Defensoría solo defiende a opositores de la restitución”[7]
En una audiencia de seguimiento a la Sentencias de Restitución de Tierras realizada en Urabá por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia en mayo del 2016. El delegado de la Defensoría del Pueblo de Urabá, Javier Urbano Sierra Martínez, dijo que la entidad solo acompaña a los opositores dentro de los procesos de restitución de tierras y no a los campesinos beneficiados con la devolución de sus predios.
“Nosotros como defensoría no actuamos a favor de las víctimas, debido a que nosotros desde la defensoría nos asignan son los casos de los opositores y así se ha manejado la dinámica de lo que es de la Defensoría y la Unidad de Restitución de Tierras, entonces el tema de las víctimas va a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y a nosotros como defensores públicos en representación judicial solamente actuamos en relación a los que son opositores dentro del mismo proceso”, expresó Sierra Martínez.
Luego de escuchar estas declaraciones de la Defensoría, el Tribunal le aclaró a la institución, que esa no era su función y le recordó que en la sentencia de restitución había órdenes directas de acompañar al reclamante:
“…la misión y el deber misional de la Defensoría es asistencia de las víctimas. Opositores, reclamantes o segundos ocupantes víctimas. Y en todo caso, si un tribunal o juez da la orden de asignar de delegar un defensor, es un orden judicial que hay que cumplir pero el deber misional de la Defensoría es la atención a víctimas y desplazados. Entonces no entiendo como dicen ustedes solo pueden representar a los opositores… no entiendo ese planteamiento suyo…” Respondió el Tribunal.
- Inspectores de policía, Policía Nacional, personería y hasta funcionarios de la UARIV y la URT. Reunión interinstitucional para cuadrar un desalojo en un territorio protegido por medidas cautelares.[8]
El 3 de diciembre del 2015, se reunieron varios funcionarios públicos[9] con el fin de organizar el desalojo de unos campesinos ubicados en el Consejo Comunitario de la Larga Tumarado, desconociendo las medidas cautelares proferidas por el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdo, de proteger a esta población y de no realizar ningún desalojo en la zona.
En el acta de la reunión, los funcionarios hablan del costo presupuestal destinado para el desalojo (52 millones de pesos), el ingreso del ESMAD por helicóptero y presuntos pagos de finqueros para llevar acabo la acción.
Estos son algunos casos, que muestra que todavía persiste la vulneración a los derechos humanos a los reclamantes de tierra de Urabá y denunciarlos, es un insumo para que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, tengan elementos para identificar los patrones de criminalidad y victimización que ha tenido esta población en el territorio.
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[1] Un juez antirrestitución de tierras en Urabá. 18 de octubre de 2019. Edinsón Arley Bolaños. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/un-juez-antirrestitucion-de-tierras-en-uraba-articulo-886786
[2] RESTITUCIÓN COLECTIVA DE TIERRAS EN COLOMBIA De la Fundación Forjando Futuros (FFF) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) Julio de 2012 Una propuesta para cumplir con éxito la devolución de tierras en los 143 municipios de mayor despojo. De la Fundación Forjando Futuros (FFF) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) Julio de 2012. Pag 70
[3] El proceso de restitución de tierras en el Urabá antioqueño. Ariel Humberto Gómez Gómez, Carlos Hernán Montoya Suárez y Juliana Nanclares Márquez. Ediciones UNAULA. Pag 49
[4] Memoria de la impunidad en Antioquia. LO QUE LA JUSTICIA NO QUISO VER FRENTE AL PARAMILITARISMO. Colombia
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Equipo interdisciplinario ad hoc sobre impunidad y memoria. Instituto Popular de Capacitación –IPC- y la Corporación Jurídica Libertad. Pag 211
[5] Tribunal Superior de Medellín pidió investigar a reconocidas empresas. Carlos Montoya. 28 de marzo de 2019. http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2019/03/28/tribunal-superior-de-medellin-pidio-investigar-a-reconocidas-empresas/
[6] http://www.sigep.gov.co/hdv/-/directorio/M1127026-6194-4/view. Consultado octubre 20 de 2019.
[7] “Defensoría solo defiende a opositores de la restitución”: funcionario de Urabá. Carlos Montoya. 20 de mayo de 2016. http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/05/20/defensoria-solo-defiende-a-los-opositores-de-la-restitucion-funcionario-de-uraba/
[8] La Unidad de Restitución de Tierras de Urabá no cumple ni las órdenes judiciales. Carlos Montoya. 31 de julio de 2017. http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/07/31/unidad-de-restitucion-de-tierras-de-uraba-no-cumple-ni-las-ordenes-judiciales/
[9] Iván Darío Pérez, Inspector de Policía de Currulao. Aduar López, Secretario de Gobierno de Turbo, Ángela María Hernández Restrepo, Procuraduría General de la Nación, Intendente Molina, de Derechos Humanos de la Policía Nacional, Jorge Marìa, Defensoría del Pueblo, John Flórez, Capitán del Ejército, Justina Mosquera, Comisaría de Familia, Mery Zapata, Secretaría de Salud, Teniente Coronel Roja de la Policía Nacional, Alexander Gómez de la Unidad de Restitución de Tierras, Adilia Moreno y Cleotilde Pereira de la UARIV, Luis Miguel Contreras cuerpo de BOMBEROS y Mauricio Mena de Planeación Municipal.
Carlos Montoya, Comunicador Social – Periodista de la Universidad de Antioquia.
Foto tomada de: El Tiempo.com
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