Políticas de recursos humanos y responsabilidad social
- En el libro Cerro Matoso 1982-2008, páginas 20-21, escribieron: “Muchas empresas se llenan la boca hablando de la gente pero a la hora de las crisis, lo primero que hacen es salir de la gente. En Cerro Matoso no tenemos ese cliché, como lo puede decir cualquiera de nuestros trabajadores. A ellos les consta que cuando ha habido dificultades la empresa no ha creído que ellos son el problema. Nuestras políticas de recursos humanos son muy claras y están al servicio de nuestra gente y no la gente al servicio de estas políticas. Realmente es satisfactorio ver cómo nuestros trabajadores se sienten atendidos en los momentos críticos… cualquiera que haga el ejercicio simple de conversar con los trabajadores, independientemente del rango que ostenten, notará que la percepción positiva y la gratitud, el sentido de pertenencia y el afecto por la empresa no son un cuento chino…”
- Cumplidos los 30 años convenidos del contrato en el 2012 la empresa publicó el libro Cerro Matoso: 30 años creciendo junto a Colombia. En la página 27 dicen: “La responsabilidad social no es para Cerro Matoso una obligación ni el fruto de una corriente empresarial; es una manera de relacionamiento con el otro, el vecino, el empleado, el colaborador, el residente; nace de la convicción de que hacer empresa entraña el compromiso indeclinable de construir un mundo más justo y equitativo, donde el negocio funcione adecuadamente de manera rentable y sostenible pero sobre todo garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la conservación del medio ambiente y de esa naturaleza que con generosidad le entrega día a día y desde hace 30 años su materia prima ”
Terminación del contrato, prórroga…
Desde antes de la fecha de terminación del contrato con Cerro Matoso S.A, septiembre del 2012, en el país hubo una gran discusión sobre la inconveniencia de continuar la explotación bajo condiciones consideradas desfavorables para el país. El tema de la salud fue uno de los más resaltados por los medios de comunicación. El país se enteró de numerosos ex empleados que demandaron la empresa por retirarlos con enfermedades respiratorias, problemas motrices, erupciones cutáneas y accidentes de trabajo. Otros sufrían con dificultades pulmonares, dermatitis y pérdida auditiva. En las poblaciones aledañas a la mina era frecuente escuchar sobre abortos, cáncer, envejecimiento prematuro, malformaciones y degeneramiento óseo.
Las negociaciones fueron celebradas en la más absoluta reserva entre representantes del gobierno y el equipo negociador de la empresa. Finalizaron con la prórroga hasta el año 2029. Las primeras reacciones en el departamento las dieron a conocer los especialistas del Foro Córdoba 60 años, un grupo compuesto por académicos, investigadores, periodistas y líderes estudiosos de nuestra realidad y la alcaldía del municipio de Montelíbano. El desconocimiento sobre estos temas por parte de la administración pública, órganos de control, medios de comunicación, dirigencia política, gremios económicos, iglesias, academia, organizaciones no gubernamentales y por consiguiente la población en general, en especial la de Montelíbano y Puerto Libertador, limitaron cumplir un mejor papel en las discusiones y propuestas.
…y peticiones.
La administración municipal de Montelíbano dio a conocer en el transcurso de las controversias las siguientes peticiones: 1. Salud. Medición permanente e independiente de los impactos sobre la salud de las poblaciones del área de influencia de la mina. Los ministerios de Salud y Ambiente verifiquen si las denuncias presentadas por afectaciones en la piel, aumento de abortos, cáncer y enfermedades respiratorias guardan relación con la explotación minera y definan los controles y procedimientos que permitan establecer la corresponsabilidad. 2. Ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible corrobore los impactos causados y fije políticas y planes de manejo ambiental para la zona. Defina de manera transparente las medidas compensatorias e inversiones ambientales obligatorias y fortalezca la participación de la Corporación regional y los municipios en el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraídas. 3) Social y Cultural. Elaborar programas y políticas que promocionen y fortalezcan valores, principios, derechos, deberes, identidad, capacidades, creencias y costumbres que mitiguen los impactos que fluyen en entornos mineros como cultura de ilegalidad, violencia armada, social y doméstica, desconfianza, miedo, anomia, vicios, riesgos sociales para niños, adolescentes y jóvenes, entre otros. 4) Obras e Infraestructura. Acordar con las alcaldías de la zona las obras que deben desarrollarse, priorizando las de salud, saneamiento básico, agua potable, educación técnica y superior, proyectos productivos, ciencia y tecnología, procesos de transformación de materia prima y vías para el desarrollo.
Antecedentes y el dictamen de Medicina Legal sobre el caso Cerro Matoso
La petición de la alcaldía de Montelìbano de esclarecer los efectos que causa la mina en la salud y ambiente de trabajadores y pobladores la dieron a conocer hace cuatro años. Pero esta no fue la primera ni será la última. Desde hace 12 años o más empezaron a aparecer en personas cercanas a la explotación minera problemas respiratorios, afectaciones en la piel, dificultades visuales, paladar hendido, molestias gastrointestinales y algunos casos de cáncer. Cuando principiaron creyeron eran casos normales y aislados, fuera del dolor y la ausencia del fallecido no tuvo otras repercusiones. Con el paso del tiempo aparecieron otros casos…empezaron a inquietarse…la preocupación salió de los pueblos y fue entonces cuando se dieron cuenta que sus vecinos también estaban afectados. Después escucharon a los extrabajadores enfermos, asociaron las ideas y sin que nadie les dijera nada señalaron hacia el cerro lleno de hierro y níquel y a la empresa que los explota como los posibles responsables.
En el 2013 los indígenas zenùes por boca de su cacique mayor alertó sobre la proliferación del cáncer y el aumento de abortos en sus comunidades. “A raíz de esta situación los pobladores de la zona presentaron una acción de tutela que exigía el cumplimiento de sus derechos fundamentales, entre ellos la salud. Por eso el alto tribunal le ordenó al Ministerio de Salud empezar con los estudios de salud pública en los municipios que circundan la mina: Montelìbano, San José de Urè y Puerto Libertador. El estudio, según la Corte, debía ser liderado `por el Instituto de Medicina Legal y los resultados presentarse en agosto del año pasado” (El Espectador, 25-2-2016, pàg.2). Con siete meses de atraso el estudio en mención es el recién dado a conocer por Medicina Legal.
De acuerdo con el trabajo elaborado por las funcionarias de Medicina Legal las muestras tomadas a 1.147 personas registran porcentajes significativos de enfermedades relacionadas con la actividad minera. “Llama la atención, dice el estudio, que la mayor prevalencia tanto de las manifestaciones dermatológicas como de las manifestaciones irritativas de la vía aérea superior ocurre en mayor proporción en las poblaciones de Pueblo Flecha, Puerto Colombia y Torno Rojo. Es por esta razón que se realizó un abordaje analítico para determinar si la distancia a la mina está relacionada de forma indirecta con la presentación de manifestaciones clínicas, observándose que tanto las manifestaciones irritativas de la vía aérea como las manifestaciones dermatológicas ocurren con mayor frecuencia en las personas ubicadas cerca de la mina”, concluye el documento.
A manera de conclusión
– El estudio confirma la presencia de enfermedades, con porcentajes variables, en trabajadores y pobladores cercanos a la mina.
– Al parecer algunas de las enfermedades identificadas son las mismas que han padecido los afectados desde años anteriores.
– La empresa debe facilitar la continuación de los estudios que hacen falta, atender los casos comprobados por actividad de la mina y tomar las medidas para evitar su continuación.
– Solicitarle a la empresa que cumpla sus políticas de recursos humanos y responsabilidad social.
– Acordar un plan con las autoridades de los municipios del área de influencia y otras instancias de carácter departamental y nacional.
– ¿Qué piensan de esta situación las Alcaldías, Concejos municipales, Personerías, iglesias, sindicatos, educadores, gremios y organizaciones del área de influencia ?`
Y a propósito
El municipio de Puerto Libertador, vecino de Montelibano, está expuesto por las explotaciones de oro, carbón y próximamente ferroníquel y cobre. ¿Cómo atender lo hecho y prevenir lo que viene?
Víctor Negrete Barrera. Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú
Montería, 16-3-2017