Las políticas económicas son muy heterogéneas. Entre Estados Unidos, Canadá, Francia, Grecia, Portugal, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, China, Rusia, India, etc. existen diferencias sustantivas. Los intentos que frecuentemente se hacen por homogeneizar no ayudan a entender las especificidades. La existencia de diferencias significativas entre los países dificultan la clasificación en “modelos” económicos. Cualquier referencia a un “modelo” supone la existencia de un patrón común, así que la aceptación del modelo obliga a reconocer similitudes.
En la primera mitad del siglo XX se marcó la frontera entre el modelo capitalista y el socialista. Y el elemento característico era la propiedad individual (capitalista) o colectiva (socialista) de los medios de producción. En el capitalismo, se decía, el mercado asigna bien los recursos, mientras que en el socialismo este proceso se lleva a cabo a través de la planificación centralizada.
A partir de la segunda mitad del siglo XX las economías del mundo fueron cambiando de manera sustantiva. En los países capitalistas el Estado y la planificación adquirieron una relevancia significativa, hasta el punto de que en el norte de Europa el gasto público puede ser equivalente al 60% del PIB. Y en los países socialistas se le comenzó a dar relevancia al mercado como instrumentos para asignar los recursos, y se ha ido permitiendo que los privados sean propietarios de algunos medios de producción. A medida que se intensifica la conjunción entre el Estado y el mercado, se va perdiendo la diferencia entre los modelos capitalista y socialista. Por tanto, las economías habría que caracterizarlas por la forma como conjugan la interacción entre el Estado y el mercado, más que por la opción radical entre el Estado y el mercado. Y en la combinación Estado/mercado las alternativas son tan diversas, que no permiten hacer una categorización precisa.
El manejo de la economía colombiana ha sido muy diferente al de otros países de América Latina, y ello tiene que ver con el grado de intervención del Estado y con el tipo de bienes públicos que se ofrece, y no con la opción por uno u otro modelo. Es interesante observar que los precandidatos a la presidencia no proponen alternativas sobre el tipo de Estado que consideran más adecuado para el desarrollo del posconflicto en Colombia.
2. Reprimarización de la economía colombiana y enfermedad holandesa
Durante los últimos 15 años la economía colombiana ha avanzado hacia un proceso de terciarización y de reprimarización, en el que han ido ganando relevancia el comercio, los servicios, las finanzas, la explotación de petróleo y la minería. La participación del sector agropecuario en el PIB se redujo del 8,3% en el 2000 al 6,5% en el 2016. En este mismo período, la participación de la industria en el PIB bajó de 14% a 11%. Actualmente el comercio pesa el 12,2%, los servicios el 16,7%, los establecimientos financieros el 20,3%. Las dinámicas del PIB muestran que la estructura económica es frágil, y que ha dependido excesivamente de las variaciones de los precios de las materias primas. Los países de América Latina también han avanzado hacia la terciarización y la reprimarización, pero los procesos se han dado de manera muy diferente a como se presentaron en Colombia, que ha sentido con mayor fuerza el impacto de la modificación de los términos de intercambio.
El aumento de los recursos provenientes del petróleo y de la minería se reflejaron en una apreciación del peso, y en un crecimiento de las importaciones. Este proceso llevó a una agudización del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que pasó de -2,6% del PIB en el 2008 a -6,4% en el 2015. Esta tendencia indica que en los años de mayor bonanza hubo un deterioro del balance con el exterior. Este déficit en la cuenta corriente es otra manifestación de la fragilidad de la economía, y de la imposibilidad de consolidar procesos productivos, porque la competitividad del país es relativamente baja. En su momento no se reconoció que la economía sufría la enfermedad holandesa, y en lugar de sembrar la bonanza, se permitió que la apreciación del precio incrementara las importaciones y se deteriorara el aparato productivo nacional. Hoy, a medida que se avanza en el posconflicto, se debería ir consolidando el mercado interno.
3. Inflación, pérdida de la seguridad alimentaria y aumento de la pobreza
La apreciación del peso tuvo una gran incidencia en la importación de bienes, sobre todo de alimentos. En los últimos 10 años la importación de alimentos básicos pasó de 1 millón a 12,5 millones de toneladas. Esta importación masiva ha tenido consecuencias negativas en la seguridad alimentaria, en el aumento de los precios y en los cambios en la línea de pobreza. El examen conjunto de estos tres factores muestra la importancia que tiene la producción de alimentos en el desempeño de la macroeconomía.
El año pasado, en agosto, la inflación llegó a un nivel relativamente alto (9%) y ello se debió, en gran parte, al aumento del precio de los alimentos, que en ese momento fue del 15,7%. El precio de los alimentos ha subido porque la devaluación del peso encareció los bienes importados. Frente a esta situación la reacción del Banco de la República fue equivocada porque para luchar contra la inflación decidió aumentar la tasa de interés de referencia, en lugar de poner en evidencia la necesidad de que el país mejore la oferta de alimentos. El Banco no reconoció que el mal era de oferta y lo trató como si fuera de demanda. La mala decisión del Banco se tradujo en una disminución del consumo y en un freno a la actividad económica.
Gran parte de la producción de alimentos la realizan pequeñas unidades de producción, que pueden ser rentables siempre y cuando se cumplan tres condiciones. Primera, apoyo del Estado a través de la oferta de bienes y servicios públicos (como vías terciarias, escuelas, hospitales). La segunda es el estímulo a la producción (por ejemplo, seguros, crédito subsidiado, asistencia técnica). Y la tercera es la formalización de la propiedad, que debe ir a la par una distribución de la tierra que sea compatible con la sostenibilidad ambiental y económica (evitando el microfundio improductivo). La Misión Rural y el Informe de Desarrollo Humano, Colombia Rural, insisten en la necesidad de incrementar la oferta de bienes y servicios públicos para el campo. En ambos estudios se reconoce que uno de los problemas centrales del desarrollo en el país es la brecha urbano/rural.
De acuerdo con los resultados del censo agropecuario, el 70% de los productores están en unidades de producción agropecuaria (UPA) de menos de 5 hectáreas. Estas pequeñas unidades no necesariamente son eficientes. O porque son microfundios, o porque no tienen apoyo del Estado. Es urgente que se plantee una agenda que atienda a estos pequeños productores, con el fin de que mejoren la productividad, el ingreso y la seguridad alimentaria. El primer paso tiene que ser el ordenamiento del territorio y la formalización de la propiedad (catastro multipropósito). Por primera vez en su historia, Colombia está delimitando la frontera agrícola.
La importación de alimentos también tuvo un impacto negativo en la pobreza. A nivel nacional, la incidencia de la pobreza pasó de 49,7% en el 2002 a 27,8% en el 2015, pero en el 2016 subió a 28%. Con la pobreza extrema se observa una situación similar, y entre el 2015 y el 2016 aumentó de 7,9% a 8,5%. En la estimación del nivel de pobreza es fundamental el valor de la línea de indigencia (LI), que depende del precio de los alimentos. Si el precio de los alimentos importados sube, la LI es más costosa, y la pobreza aumenta. En el nivel nacional, entre el 2015 y el 2016, el valor de la línea de indigencia (o de la canasta nutricional básica) pasó de $102.109 (persona mes) a $114.692. Entre los dos años el valor de la canasta aumentó 12,3%, que es un porcentaje significativamente mayor al crecimiento del IPC.
4. La política fiscal no redistribuye
El reciente informe que hizo la Ocde sobre Colombia es bastante complaciente con la política económica del gobierno. No critica la forma como se fue incubando la enfermedad holandesa, ni llama la atención sobre la fragilidad estructural de la economía colombiana. Todo lo contrario. La Ocde considera que el país ha respondido bastante bien a la caída de los precios de los minerales y del petróleo.
Coeficiente de Gini antes y después de la política fiscal (impuestos y subsidios)
Fuente: ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS, Ocde., 2017. Estudios Económicos de la Ocde. Colombia, Ocde, Paris, p. 24.
No obstante el tono amable con el gobierno, la Ocde muestra que la política fiscal, entendida como la combinación de impuestos y de subsidios, no logra modificar la desigualdad. En Colombia el coeficiente de Gini no se modifica con la política fiscal. El Gini se mantiene en 0,56 antes y después de impuestos y subsidios. En otros países la política fiscal modifica de manera sustantiva la distribución del ingreso. En Irlanda, por ejemplo, el Gini se reduce de 0,54 a 0,31.
La incapacidad que ha tenido el Estado para realizar políticas distributivas se refleja en menor eficiencia y equidad. En Colombia el gasto per cápita en educación y salud es considerablemente inferior al de los países de la Ocde, y al de otros países de América Latina.
5. El costo del acuerdo de La Habana
En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministerio de Hacienda estima que en los próximos 15 años el costo del acuerdo de La Habana será de $129,5 billones, equivalentes a $8,6 billones por año. El gobierno no ha precisado bien las fuentes de financiamiento, y la relación de los nuevos proyectos con los que ya existen. El principal componente del acuerdo es la reforma rural integral, que constaría $110,5 billones en los 15 años.
En el contexto latinoamericano e internacional, en Colombia la participación del gasto público en el PIB es relativamente pequeña (18,9%). En México es 20,6%, en Chile 23,6%, en Argentina 24,5%, en Brasil 30,3%. Si se quiere mejorar el bienestar de la población es inevitable aumentar el gasto, y la forma de priorizarlo es un factor determinante del desarrollo económico. Sería interesante, entonces, que se discutiera cuáles son los gastos que se deberían privilegiar y las razones para ello.
6. ¿Cuál es el estilo de desarrollo que se quiere para Colombia?
Sin pretender volver a la discusión sobre el “modelo” de desarrollo, sería conveniente que los candidatos a la presidencia tomaran posición frente a los siguientes temas: i) ¿Qué hacer con el proceso de reprimarización de la economía colombiana y con los efectos perversos de la enfermedad holandesa? ¿Cómo consolidar el mercado interno? ii) ¿Cómo evitar la pérdida de la seguridad alimentaria, y cómo estimular la pequeña producción agropecuaria? ¿Cómo cerrar la brecha urbano/rural? iii) ¿Cómo lograr la distribución del ingreso y de la riqueza a través de la política fiscal? iv) ¿Cómo aumentar el gasto público y cuáles son las prioridades?
La heterogeneidad de respuestas marca estilos diferentes de desarrollo, y cada uno de ellos tiene impactos significativos en la calidad de vida de las personas.
Jorge Iván González: [email protected]
29 de junio de 2017