Un poco de historia
Casi inmediatamente después de su desembarco en el país, la Texas centró sus labores en la búsqueda de petróleo en el Territorio Vásquez, que tuvo como nodo central a Puerto Boyacá, por la época, un villorrio de veinte casas de barro y caña brava, en medio de una región de selva espesa y dilatada, a ambos lados del gran río donde abundaba el paludismo, los animales salvajes y las víboras. Trabajos que paulatinamente extendió, a partir de finales de la década del sesenta, al Magdalena Medio Central en las localidades antioqueñas de Puerto Nare y Puerto Triunfo, especialmente en el corregimiento de Cocorná, perteneciente a este último.
Ese intenso rastreo la llevó después a otras regiones del país como las selvas del Caquetá y del Putumayo, los cerros del sur del Tolima y a la Guajira, donde encontró gas, costa afuera. En el Putumayo construyó, con curtidos trabajadores entresacados de sus endurecidos operarios de Puerto Boyacá y también de otras partes del país, el oleoducto Trasandino: una gigantesca serpiente de acero de 310 kilómetros que partía de Orito, a 328 metros sobre el nivel medio del mar, hasta Tumaco, lo que implicó ascender 77 kilómetros para llevar el tubo sobre el lomo de los Andes a 3.505 metros de altura para descender hasta el mar de Balboa, una verdadera proeza técnica, una epopeya del trabajo que por la época se consideró la tercera obra de ingeniería más grande de Latinoamérica después del Canal de Panamá y la represa de Voltarredonda en el Brasil.
Convertir el Territorio Vásquez en campos petroleros constituyó una empresa del mundo del trabajo para abrirle paso al petróleo, un agente muy importante de la civilización del siglo XX. Sin la voluntad de hierro de ingenieros y geólogos, y especialmente de los trabajadores petroleros, esta transformación del territorio y su vinculación al circuito de la economía nacional no habría tenido lugar.
Puerto Boyacá es hoy una ciudad producto de esa gesta que pasó paulatinamente a ocupar una posición preponderante en el mapa petrolero del país que se explica por el ascenso de la producción petrolera después de la declaratoria de productividad del Campo Velásquez en 1946. Su explotación empezó en 1949 y diez años más tarde se llegaron a extraer 40.000 barriles día, 1.200.000 barriles al año.
Esa época, digamos, dorada del petróleo, le había dado al único puerto boyacense sobre el río aliento suficiente para convertirlo en un pueblo con relativa prosperidad, con perspectivas de futuro, donde recalaron gentes de todo el país, emigrados de la violencia que se enseñoreó en todo el territorio nacional después del asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán.
La Texas Petroleum Company operó sus campos en el Territorio Vásquez por fuera del atrasado sistema de concesiones porque actuó como dueña del suelo y del subsuelo. En ese sentido, la Texas solo pagó exiguos impuestos durante más de medio siglo. Esta empresa norteamericana ofició, durante casi todo ese tiempo, como agente del orden en una región donde el Estado era precario, sirvió de estímulo a la colonización y, a consecuencia de su actividad, depredó a la naturaleza y a los hombres.
La Texas se consumió cuatro o cinco generaciones de obreros cuyo pegamento constituyó el trabajo que esta compañía brindaba, pésimamente pago y, en ocasiones, no exenta de expresiones de violencia. En su frenética actividad destruyó la Ciénaga de Palagua, un humedal de enorme importancia en el ecosistema hídrico de la región con una relación estrecha entre la Serranía de las Quinchas y el río Magdalena que fue convertida inexorablemente en un desaguadero de los desechos del petróleo, perjudicando para siempre a centenares de familias de pescadores que vivían de su actividad en una ciénaga preñada de peces y a quienes nunca nadie indemnizó. Solo hasta hace dos años fueron retirados del fondo del espejo de agua 499 metros de tubería petrolera que estuvieron allí durante 40 años causando un enorme daño ambiental.
Sería justo demandar internacionalmente a la Chevron-Texas por esta deliberada desidia. OMIMEX Colombia ltda y Mansarovar Energy también son responsable de este desastre ambiental en lo que les corresponde. CorpoBoyacá pretendió redimir semejante atropello a este cuerpo de agua con la construcción de un muelle ultra barato a orillas de la Ciénaga destruida.
Un futuro incierto
Hoy Puerto Boyacá vive un relativo declive por el agotamiento natural de este combustible fósil no renovable, por las restricciones derivadas de las preocupaciones por el cambio climático y las emisiones de gases efecto invernadero que la industria petrolera genera, así como por las sucesivas reformas al sistema de regalías que le significaron al municipio el sacrificio de importantes ingresos que dificultan atender las enormes presiones sociales que la actividad petrolera externaliza. No en vano, el Puerto presenta los peores indicadores sociales del departamento de Boyacá, pese al petróleo.
A partir de la venta de sus campos por parte de la Texas en 1994, una serie de multinacionales petroleras tomaron el control de los mismos. Primero fue OMIMEX Colombia Ltda. quien compró el campo en una subasta en Nueva York y posteriormente, en 2006, Mansarovar Energy, cuyos propietarios son las compañías estatales India ONGC-Videsh y la china SINOPEC, la segunda empresa petroquímica más grande del mundo y la segunda en la lista 500 de Fortune y con quien Ecopetrol ha convenido contratos de Asociación para la operación y administración de estos campos.
Esta política de Ecopetrol de contratar compañías que operen los campos en vez de operarlos ella misma es nefasta para los trabajadores contratistas y para la misma empresa. No se entiende cómo, dada la importancia de los crudos pesados del Magdalena Medio para Ecopetrol no los asuma directamente, sacrificando así importantes ganancias.
Esta forma de vinculación de los trabajadores contratistas del petróleo forzada por Ecopetrol ha adquirido la forma de contratos de prestación de servicios a términos fijo que los coloca en condiciones de inferioridad con las empresas operadoras que aprovechan sin escrúpulos su condición dominante para convertir la vida de los trabajadores petroleros en una incertidumbre constante, en una inseguridad permanente. Cada nuevo contrato dura cuando más tres meses y después a esperar en el infierno del desempleo una nuevo llamado.
En general, con cada nueva empresa designada por Ecopetrol las pérdidas de conquistas obreras han sido significativas igual que parte importante de sus ingresos salariales. Los trabajadores contratistas del petróleo son sacrificados así en el altar de la competitividad. Ecopetrol pérfidamente propicia esta política.
Hoy los trabajadores petroleros contratistas y no contratistas de Mansarovar Energy viven esa encrucijada. Esta empresa está en proceso de entrega de los campos que administra prevista para el 4 de noviembre próximo que conforman la Asociación Nare y que integran Mansarovar y Ecopetrol y de la que hacen parte: Campo Velásquez 1, Jazmín, Moriche, Girasol, Abarco, Under River y Nare Sur.
Ecopetrol exige que estos campos sean entregados cero kilómetros, con lo cual los trabajadores quedan en el vacío y sin trabajo. 2000 trabajadores y empresas contratistas de la región quedaran cesantes y sin contratos a merced de los nuevos amos. Los nuevos trabajadores contratistas perderían hasta el 40% de sus actuales salarios, según una fuente gremial consultada.
Puerto Boyacá, especialmente, y Puerto Nare y Puerto Triunfo se verán enormemente perjudicados con la pérdida de empleos y con la casi segura quiebra de las empresas contratistas que proveen servicios vitales como la seguridad, transporte, servicios técnicos que, según se sabe, impondrá el nuevo operador, la empresa Mecánicos Asociados SAS. Esta empresa pretende reemplazar las empresas contratistas de la región con empresas de otras partes del país.
Esta inoportuna y antisocial política puesta en práctica por Ecopetrol compromete de manera grave la paz y la tranquilidad de una región que está saliendo, con muchas dificultades, de complicados ciclos de violencia y que apenas intenta recuperarse de la dureza de la pandemia.
Toda la ciudadanía de Puerto Boyacá, de Puerto Nare y de Puerto Triunfo, empezando por sus autoridades, sus diversos gremios económicos deben cerrar filas con los trabajadores del petróleo y con las empresas contratistas de la región, que constituyen el nervio vital de sus economías y de su vida social. Con los menguados ingresos de los trabajadores del petróleo sus economías perderían vigor, serian pueblos inermes, lánguidos, desesperanzados, con un futuro incierto.
Una sesión del Congreso de la República en Puerto Boyacá, tal como fue propuesta por el senador Jorge Londoño, sería un buen comienzo para impedir esta codiciosa política de tercerización laboral que termina indefectiblemente afectando notoriamente a los trabajadores contratistas del petróleo que son, en este marco, una desvalorizada moneda de cambio. Sin duda, Ecopetrol debería asumir la operación directa y el desarrollo de estos campos si quiere evitar una conmoción social y la ruina potencial de una región clave para la paz de Colombia.
Fernando Guerra Rincón
Foto tomada de: Destino Seguro
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