La puesta en marcha de los acuerdos permitiría que los mandos de las FARC se trasladen a las zonas de concentración y de ésta manera disminuyan los riegos de la fragmentación y división interna. Son cerca de cinco años en que la mayor parte de los miembros del Secretariado de las FARC han permanecido en Cuba y si bien en la recién celebrada X Conferencia en los Llanos del Yari esta organización dio muestras de unidad alrededor de las negociaciones y del Acuerdo los resultados adversos del plebiscito han puesto en suspenso lo acordado y la incertidumbre sobre el futuro de los combatientes de las FARC genera condiciones para que surjan divisiones internas y contradicciones por los cambios que las FARC aceptaron en el texto suscrito el 26 de septiembre en Cartagena.
Ahora bien sobre el texto de los acuerdos hay que señalar que las partes han mostrado flexibilidad para incorporar algunas de las demandas de los impulsores del NO en el plebiscito del 2 de octubre. Sin entrar en detalles que hacen los invitados a escribir en este número de la Revista Sur quisiera referirme a los cambios más importantes introducidos a los acuerdos para lograr una visión del conjunto de los mismos.
En materia agraria los cambios introducidos son principalmente de precisiones sobre lo que ya contenía el acuerdo que no fue aprobado en el plebiscito. El reconocimiento de la existencia de diversas formas de producción y de explotación agrícola entre ellas la agroindustria que ha sido tradicionalmente apoyada por el Estado así como las precisiones sobre el respeto a la propiedad privada que en ningún momento había sido puesta en cuestión en el texto anterior. Lo nuevo es que se aumenta el período de 10 a 12 años para la entrega gratuita de tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra y se precisa que la adjudicación de dichas tierras se hará por parte del Estado con base en criterios de priorización previamente definidos y lo hará una entidad pública. Con ello se disipa la afirmación que serían adjudicadas por las FARC. Se mantiene el compromiso de formalizar y legalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas en medio de una realidad en que el 61% de la propiedad rural no está debidamente formalizada según el reciente Censo Nacional Agropecuario de 2014. Los sectores más retardatarios que han asumido la vocería del NO han logrado nuevamente embolatar la actualización de los impuestos a la gran propiedad rural que en nuestro país son ridículos y poner trabas a la organización de las Zonas de Reserva Campesina que si bien están contempladas en la Ley 160 de 1994 han resultado tan lentos que por ejemplo desde el año 2008 no se resuelve sobre la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo a pesar que desde ese año se inició el trámite. Lo novedoso del acuerdo de reforma agraria integral como lo hemos señalado es que por primera vez se ha planteado la necesidad de una política pública estatal para apoyar la economía campesina que es la que provee el 65% de los alimentos que consumimos los colombianos. Se mantienen temas relacionados con construcción de bienes públicos como escuelas, hospitales, asistencia técnica, crédito para la compra de tierras y beneficios para las mujeres campesinas.
En el segundo tema, el de las reformas políticas, ocurre igual que en el anterior con dos excepciones. La primera se refiere a la elegibilidad política de los comandantes de las FARC incursos o ya condenados por los organismos judiciales por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra. Allí según lo han informado los negociadores a pesar de haber reabierto la discusión las FARC trazaron una línea roja y es que desde la firma de los acuerdos sus jefes queden habilitados para ser candidatos a cargos de elección popular. Esto tiene dos argumentos principales el primero que justamente se trata de facilitar mecanismos para que las FARC transiten de la lucha armada a la lucha política sin armas, es decir, una de las columnas vertebrales del acuerdo es que al reconocerse que las FARC son una organización política subversiva el acuerdo deber garantizar y facilitar condiciones para el tránsito de grupo armado a movimiento político legal. Por ello quienes son enemigos agazapados de la Paz y de la salida política han matizado su oposición poniendo toda clase de condiciones para que no se logre ningún acuerdo y esta es una de ellas. El segundo argumento es que los jefes de las FARC no van a renunciar a la dirección política de su nueva organización. Lo que los enemigos del proceso buscan es que los jefes de las FARC desaparezcan de la vida política y que además paguen cárcel así sea en colonias agrícolas. Con lo cual el acuerdo se hace inviable, así de simple.
En cambio se precisa -como lo hemos interpretado nosotros- pero que en el nuevo texto se estipula expresamente que las 16 circunscripciones especiales de paz serán elegidas en los territorios con representantes de organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, comunales, campesinas, de mujeres, que lo que busca es que durante ocho años tengan una representación en la Cámara de Representantes para que defiendan y visibilicen los intereses y reivindicaciones de los 127 municipios que han sido los escenarios principales de la guerra. Las FARC renunciaron así mismo a tener un financiamiento adicional al que reciben todos los partidos con personería jurídica en un 30%. Se aclara que los planes de desarrollo para la Paz se coordinarán con las autoridades elegidas en los territorios y que las reformas y propuestas de las Comisiones de expertos contempladas en los acuerdos consultaran las propuestas con los Partidos Políticos antes de presentarlas al Congreso de la República. Este a mi juicio es un retroceso en favor de la clase política tradicional que es la responsable que en Colombia a pesar del mandato constitucional durante 26 años no se haya aprobado un Estatuto de la oposición o que no exista un verdadero tribunal electoral que combata la corrupción, la compra de votos, el fraude electoral y en general que sigamos con una legislación electoral del año de 1986 previa a la Constitución Política de 1991.
Y la segunda modificación es que el texto del acuerdo no ingrese al bloque de constitucionalidad al tenor del artículo 93 de la Constitución Política. Esta es una renuncia de las FARC importante pues uno de los temores reales es que el régimen incumpla lo pactado y es por ello que desde el comienzo las FARC buscaron mecanismos de seguridad para que se cumplan los acuerdos. Al comienzo propusieron una Asamblea Nacional Constituyente como el mecanismo de refrendación de los Acuerdos y finalmente aceptaron el mecanismo de elevar el acuerdo a un convenio especial de acuerdo con el artículo tres de los convenios de Ginebra. Ahora solo ingresaran porque así lo establece la Constitución vigente los contenidos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, el resto del acuerdo no ingresa al bloque de constitucionalidad. A cambio se tramitará un artículo transitorio en la Constitución parta que el resto de los acuerdos sea de obligatorio cumplimiento en los próximos doce años. Este punto debería tranquilizar a los voceros del NO pero aún está por verse la actitud que asuman al respecto.
En el tema del narcotráfico los avances y precisiones son igualmente significativos sin que atenten contra los elementos centrales de lo ya acordado. Aquí los cambios son principalmente tres. El primero que se mantiene la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sobre la conexidad del delito político con el narcotráfico siempre y cuando esta actividad haya sido realizada para el financiamiento de las actividades de la organización y no para el enriquecimiento personal del imputado. En segundo lugar esta conexidad se establecerá caso por caso y en tercer lugar las FARC se comprometen a colaborar con el combate al narcotráfico entregando información sobre lavado de activos, rutas y demás actividades ligadas con el narcotráfico. Este último es un avance importante. El resto del acuerdo permanece tal como estaba estipulado en el texto anterior. La discrecionalidad del Estado de reemprender las costosas e ineficientes fumigaciones, la erradicación manual como la vía principal, la sustitución de cultivos, el tratamiento de la drogadicción como un asunto de salud pública, el apoyo a las familias campesinas para que sustituyan sus cultivos de uso ilícito, esto es lo sustancial de este punto que se mantiene.
En el punto de víctimas el cambio más importante se da en Jurisdicción Especial para la Paz. Allí los cambios más importantes se relacionan con la duración del tribunal, con la composición del mismo, con la relación entre la Jurisdicción Especial para la Paz y su relación con la jurisdicción ordinaria y con las penas restrictivas de la libertad. Con respecto a la duración se establece que la Jurisdicción para la Paz tendrá una duración de 10 años prorrogables por períodos de cinco años si las circunstancias lo ameritan. Se habilita la Acción de Tutela para ser usada como recurso dentro de la jurisdicción y la revisión de tutelas seleccionadas por una comisión de dos miembros del Tribunal y dos Magistrados de la Corte Constitucional que serán falladas por la Sala Plena de la Corte Constitucional con lo cual se entrega a la Corte Constitucional el papel de Tribunal de Cierre de la Jurisdicción de Paz al tiempo que se establece que las sentencias ya proferidas por la Corte Suprema de Justicia sean revisadas por este mismo organismo lo mismo regirá para las Sentencias del Consejo de Estado. En caso de colisión de competencias estas serán dirimidas por el Consejo Superior de la Judicatura y las normas procesales que se utilicen en la Jurisdicción serán aprobadas mediante una ley por el Congreso de la República.
Todos los magistrados de las Salas y del Tribunal de Paz serán colombianos de nacimiento y la presencia de magistrados internacionales se limita a la figura del amicus curiae o sea en el papel de asesores de la jurisdicción. Sin que sea expreso presumimos que se mantiene que el nombramiento de los Magistrados del Tribunal lo realizará una Comisión integrada por un delegado del Secretario General de Naciones Unidas, un delegado del Instituto Internacional de justicia Transicional, un delegado de la Corte Europea de los Derechos Humanos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y un delegado de la red de universidades públicas de Colombia. Este mecanismo es de suma importancia si realmente se busca la conformación de un tribunal autónomo e independiente. No es garantía de imparcialidad y autonomía que el nombramiento de dicho tribunal quede en manos de las Altas Cortes o del Consejo Superior de la Judicatura que nos muestran a diario los intereses particularistas y clientelistas como conforman sus ternas para la elección de altos cargos en la rama judicial. Este era el sentido de la presencia de magistrados internacionales que finalmente fue desechada para buscar un acuerdo con algunos de los impulsores del NO.
Con respecto a las penas restrictivas de la libertad no se avanzó hasta la solicitud del uribismo que propuso colonias carcelarias agrícolas para que pagaran sus condenas los guerrilleros y eventualmente los demás actores juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, pero, si se precisó que las penas restrictivas de la libertad que imponga el Tribunal de Justicia transicional deberán ser pagadas en territorios que no excedan una vereda, en un lugar de residencia establecido y con restricciones a la movilidad por fuera de ese territorio en el que además deberán realizarse actividades de reparación a las víctimas. Es decir no se trata de un municipio por cárcel sino de un territorio restringido y con verificación de su cumplimiento por parte de Naciones Unidas. Y se mantiene que si no se confiesa toda la verdad el imputado podrá ser condenado a una pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario entre quince a veinte años. Como se observa no habrá impunidad y las penas menos severas dependerá de que se contribuya al esclarecimiento de la verdad en favor de las víctimas y en general del país. Un punto importante es que se mantiene que todos los actores del conflicto concurrirán a la Jurisdicción Especial para la Paz que es a nuestro juicio el mecanismo apropiado para el cierre definitivo del conflicto con las FARC.
Un último punto muy importante es el que una vez comience la dejación de las armas las FARC deberán entregar el listado de los bienes y recursos que poseen para reparar a las víctimas. Este punto como ya lo hemos señalado no quedó consignado en los acuerdos y causo indignación entre muchos colombianos al momento del concurrir al plebiscito pese a que 48 horas antes de las votaciones las FARC anunciaron que entregarían todos los bienes y la economía de guerra que ellos llaman para reparar a las víctimas.
En el punto tres de la Agenda que tiene que ver con el desarme, la desmovilización y el desmonte del paramilitarismo se establecieron cambios menores quizás el más importante se refiere a que en la Comisión Nacional de Garantías no habrá representación de las FARC sino hasta su conversión en movimiento político legal. Esto era otro de los puntos levantados por los promotores del NO. Así mismo se aclara en el texto que no existe por ninguna parte la llamada “ideología de género” que lo que se ratifica es que las mujeres al igual que los niños y niñas son sujetos de especial protección pues ellos son quienes han puesto el mayor número de víctimas relacionadas con el conflicto en el país.
En apretada síntesis son éstos los principales cambios introducidos en el ahora si denominado Acuerdo Final, algunos son muy significativos como lo hemos expresado y otros son precisiones importantes a la interpretación del mismo.
No obstante por las declaraciones del ex presidente Uribe, el ex procurador Ordoñez y en menor medida pero sin que sus declaraciones hayan sido precisas y claras por parte de Marta Lucía Ramírez y el ex presidente Pastrana no parece que los cambios hayan convencido a los promotores del NO quizás con la excepción de las iglesias protestantes y de la iglesia Católica quienes se han mostrado en buena parte satisfechas con las aclaraciones sobre la llamada “ideología de género”. Hay posturas diversas en los restantes sectores impulsores del NO eso es evidente y se desprende de la lectura de los diversos documentos que hicieron llegar al Gobierno pero la realidad es que quien tiene la iniciativa política es el ex presidente Uribe. Este hábil político de la extrema derecha no se ha pronunciado de fondo pero ha ido preparando el terreno al señalar que espera que el Acuerdo no esté cerrado para introducir nuevos cambios que podríamos resumir ahora en tres principales: las penas privativas de la libertad para los jefes de las guerrillas en Colonias Agrícolas, la no elegibilidad de los mismos hasta tanto no cumplan con las penas impuestas y su rechazo a que concurran todos los actores del conflicto a la Jurisdicción Especial de Paz.
El hábil político se mueve ahora en calcular los efectos que un rechazo al nuevo acuerdo tendría de cara a las elecciones presidenciales de 2018. De la lectura y conclusión a la que llegue dependerá en últimas su postura política que podría estar entre dos escenarios. El primero el rechazo al nuevo acuerdo señalando que es como ya lo anticipó Ordoñez el mismo acuerdo anterior maquillado y un segundo escenario en el que señale sus críticas al acuerdo pero manifieste que llevarlo adelante es sólo responsabilidad del Gobierno de Santos y qué el abogará porque en el Congreso se rechacen los puntos que él considera equivocados y desde ya anuncie que buscará reformarlos en el año 2018 con lo cual adelantaría desde ya su campaña electoral y dejaría en suspenso la aplicación del mismo. Estos son a mi juicio los escenarios extremos. En medio se podrían construir otros.
En esta realidad el tema del mecanismo de refrendación está en suspenso. Santos también un hábil político espera que Uribe destape sus cartas. En Washington ha dado a entender que no recurrirá a un nuevo plebiscito y que simplemente sometería el nuevo acuerdo al Congreso obviando el tema crucial de la legitimidad política. A mi juicio el mecanismo dependerá de la posición de Uribe con un respaldo así sea critico al proceso y con la seguridad que no hará oposición Santos podría recurrir a los cabildos abiertos o al plebiscito.
Pedro Santana Rodríguez
Director Revista Sur
Bogotá 17 de noviembre de 2016
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