Desde los compromisos programáticos del gobierno del presidente Gustavo Petro, que concitaron el apoyo mayoritario de la ciudadanía en el primer semestre del año 2022, cuando se decantó la elección de la nueva autoridad presidencial en favor de una agenda de transición democrática hacia la paz, incorporando las demandas más sentidas del conjunto de la sociedad, puestas en evidencia por los sucesivos estallidos sociales registrados desde el año 2019, hasta llegar a la gigantesca explosión popular de abril del 2021, el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno “Colombia: Potencia Mundial de la Vida” proyectó un viraje social de innegable trascendencia e impacto en las condiciones de vida de millones de personas colocadas en situación de extrema pobreza y aguda vulnerabilidad social.
Pero materializar un objetivo de tal envergadura requiere de instrumentos institucionales óptimos y de la mayor competencia en la movilización de recursos humanos, financieros, administrativos y tecnológicos, conforme las grandes transformaciones que se están dando en la actualidad, como reflejo de la 4 Revolución industrial, en particular por las descomunales incidencias que está teniendo el desarrollo de la Inteligencia artificial, especialmente en la organización del Estado y el manejo de datos que dan sustento a las estrategias gubernamentales.
Es así como el gobierno del presidente Gustavo Petro sancionó en días recientes el decreto 0017 del 14 de enero del 2025 que oficializó una densa reorganización del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS; entidad que fue creada desde el 5 de noviembre del 2011 con el decreto 4155, reglamentario de la Ley 1448 de víctimas, aprobada por el congreso de la república en ese mismo año; normas que dieron lugar a la transformación de la Acción social, que fue un tentáculo burocrático del Estado comunitario del gobierno ultraderechista de Uribe Vélez (2002-2010); que a su vez intento absorber la Red de Solidaridad Social, creada junto con el SISBEN en el gobierno liberal y socialdemócrata de Ernesto Samper Pizano.
Desde su creación, con la asesoría de delegados del laborismo neoliberal inglés, encabezado por Tony Blair, contratados por Juan Manuel Santos, el DPS se ha enfocado en políticas para la superación de la pobreza, la inclusión de la población vulnerable y víctima de la violencia, y la consolidación de los territorios a través de la garantía de la presencia del Estado en una senda de prosperidad y reconciliación. Por eso, entonces, Juan Manuel Santos decidió en el 2011, como parte de su estrategia de paz, transformar la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL- en un Departamento Administrativo encargado de fijar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica.
Con el decreto 0017 del 14 de enero del año en curso, el presidente Petro, da un salto político e institucional para actualizar la estructura del DPS, y de esa forma incorporar leyes de años anteriores, deslindando sus funciones respecto del Ministerio de Igualdad y orientándolas a impulsar la economía popular, el primer empleo y el control interno.
Bajo el nuevo esquema administrativo, incluido en 34 artículos, se crean dos subdirecciones generales: la de Inclusión Productiva para la Paz y la de Programas y Proyectos para el Desarrollo Social. La primera estaría integrada por las direcciones misionales de Economía Popular, Soberanía Alimentaria y Acompañamiento Familiar y Comunitario. La segunda, por las de Transferencias Monetarias e Infraestructura Social y Hábitat, así como la Oficina de Operación. Este esquema se armoniza con la ley que dio vida al Ministerio de Igualdad y con el artículo que introdujo la creación del Sistema de Transferencias o Renta ciudadana cargo de la entidad.
El decreto 0017 en mención crea, también, una oficina de Control Interno Disciplinario y otra de Análisis de Datos y Focalización, ambas dependientes de la Dirección General. Estos nuevos espacios brindan independencia al manejo de temas disciplinarios de funcionarios y fortalece el sistema de información en beneficio de la eficacia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos destacándose la incorporación de plataformas de Inteligencia artificial para agilizar la ejecución de los programas con una mayor injerencia de la ciudadanía.
Hay que señalar que, desafortunadamente, esta norma no intervino (dejándola intacta) la flamante Veeduría al Fondo de Inversiones para la Paz, que ha sido un espacio de alcahueterías a todas las trapacerías y actos delincuenciales sucedidos en el DPS (Fest, Iraca e infraestructuras) durante las administraciones de Nemesio Raúl Roys (Guajiro, incurso en enriquecimiento ilícito), Susana Correa (del ingenio Mayagüez) y Pierre García (el de las Marionetas de Mario Castaño condenado por corrupción).
Para resaltar que esta reforma no vulnera los derechos de 1490 empleados de la entidad e incorpora 110 nuevos cargos en diversos niveles en desarrollo de la política del presidente Gustavo Petro de favorecer la población joven y el primer empleo.
Hay un complemento en todos estos cambios; es la nueva estrategia anticorrupción de Transparencia y Ética pública que está en construcción con un Plan de transición hacia la Estrategia de Transparencia y Ética pública, que deberá estar lista en agosto del 2025 de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1122 de agosto del 2024 (Ver https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=250176 ) y en la Resolución interna del DPS número 319 de febrero del 2024 con normas muy puntuales de probidad y transparencia en el desempeño de las competencias propias de los funcionarios de esta importante entidad del Estado colombiano.
Es muy probable que las nuevas políticas en curso como la construcción de 150 Puntos de Abastecimiento Solidario/PAS, el programa de Economía popular y la permanencia de la Renta joven en favor de casi 400 mil jóvenes universitarios tengan el apoyo eficiente y eficaz de la nueva institucionalidad definida en el decreto que nos ha ocupado a lo largo de esta nota.
Aunque será necesario insistir en que los temas acumulados de corrupción siguen ahí sumidos en el olvido, siendo necesario un barrido judicial y de control social para evitar que poderosos Operadores comprometidos en espantosos robos a la entidad no queden en la impunidad o permanezcan ahí muy orondos con la complicidad de las redes de supervisores que han actuado como cómplices directos en el asalto de programas como el de Familias en su Tierra, Iraca y el de las infraestructuras.
Además del replanteamiento administrativo dado, es necesario construir nuevas políticas de sentido para que las trasferencias propicien la constitución de nuevas subjetividades sociales, ancladas a proyectos de profundas trasformaciones sociales y cambios estructurales. Los beneficiarios de las trasferencias de la Renta ciudadana no pueden perpetuarse como fichas del clientelismo político en los municipios.
Renta joven, por ejemplo, sigue atrapada en los patrones de un neoliberalismo obsoleto, heredado desde el gobierno de Ivan Duque, con funcionarios enraizados para los que el individualismo, el emprendimiento y la competencia feroz son los ejes centrales de la intervención del Estado.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: El Universal
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