Se puede realizar una ubicación sobre el origen político del nuevo gabinete, en el cual figuran personas cercanas al presidente (5), verdes (1), sindicalista (1), cercana a Francia (1), de la U (1), conservadora (1) y “técnico” (1).
Si bien el último Consejo de ministros fue más técnico y centrado en las medidas frente a la zona del Catatumbo, lo cierto es que habrá que ver si Benedetti, el ministro de la política, logra los consensos necesarios para sacar adelante en el Congreso las grandes reformas que han sido obstaculizadas por la oposición, como la reforma a la salud, la laboral, la de educación y otras. La agenda legislativa se ve reducida por el estrecho margen de manejo en las dos cámaras, especialmente en el Senado donde su presidente “Fincho” Cepeda ha dicho que se va a oponer a las iniciativas del Gobierno. Tampoco la tiene fácil el Gobierno en la Cámara, donde los vicepresidentes se oponen a agendar los proyectos de ley de interés del Gobierno, dejando sólo al Presidente Salamanca en ese intento de la Mesa Directiva que debe llevar las tres firmas para convocar el orden del día.
También debe analizarse la composición de las mesas directivas de las Comisiones de las cámaras en las cuales se discutirán los proyectos, algunas no muy afectas al Gobierno.
No se podrá descuidar el frente judicial, donde las Altas Cortes se han mostrado reticentes a acompañar con sus fallos algunas leyes o actos administrativos, que algunos denominan un lawfare o guerra jurídica desde estas corporaciones. La reciente decisión de las Altas Cortes de no atender la invitación a Palacio del Presidente de la República demuestra que las relaciones interinstitucionales no marchan por su mejor momento. Un grave riesgo se corre con la decisión sobre la reforma pensional si esta se cae en la Corte Constitucional, pues ha sido una de los principales logros del Ejecutivo, en especial por el bono para los ancianos pobres.
El Gobierno en lo que le resta del mandato deberá esforzarse por realizar las inversiones necesarias para cumplir su Plan de Desarrollo, con miras a demostrar que sus niveles de ejecución son altos y comprometidos con el cambio a favor de las mayorías tradicionalmente excluidas de Colombia. Tiene los instrumentos y si bien carece de la totalidad de los recursos financieros por la caída del recaudo y los golpes en las Cortes y el Congreso (caída de la Ley de Financiamiento), aún tiene la posibilidad de un nivel de ejecución aceptable dentro del marco constitucional y legal para afrontar la última cuesta del mandato con el suficiente aire que le permita pasar a la historia, si esa es su aspiración. Esta acción debe estar acompañada de una buena coordinación entre las entidades y el cumplimiento de las promesas del Gobierno, así como la superación de las trabas burocráticas. También de la superación de los problemas de orden público, que minan la credibilidad en la gestión de la paz total (entrando a El Plateado, por ejemplo, y reduciendo a los actores ilegales). De lo contrario, seguramente el castigo podrá venir en las urnas en el 2026, lo cual sería muy grave. Amanecerá y veremos.
Luis Bernardo Díaz, Decano Facultad de Derecho UPTC
Foto tomada de: El Colombiano