Un fantasma recorre el mundo contemporáneo, es el de los privilegios y exenciones tributarias para los más poderosos y acaudalados. Este fantasma contribuye activamente a la generación de sociedades inequitativas y cada vez más desiguales, donde unos pocos acaparan la riqueza, y la gran mayoría de los ciudadanos se empobrece; y adicionalmente, como si fuera poco, les quieren asignar a los desposeídos el costo del funcionamiento de un Estado Mínimo, que debe ahora garantizar un único derecho: la propiedad privada; y su función esencial es garantizar el funcionamiento del mercado, que garantice a los más poderosos el incremento de sus descomunales riquezas. Este fantasma amenaza con derruir el sistema democrático, para imponer un nuevo orden mundial regido por una casta superior, que busca gobernar el mundo para su propio beneficio, marchitando progresivamente los Estados, que son los únicos capaces de garantizar, la mínima dignidad de las personas, a través del respeto, promoción y garantía de los derechos humanos.
Este fantasma y su codicia, es responsable del grave deterioro ambiental en América y África, pues su afán de lucro, lo lleva a destruir los páramos y las selvas, flexibilizando las normas ambientales a su favor, para extraer los minerales que se requieren para el funcionamiento de las industrias y su afán de acumulación, acelerando el deterioro que está llevando a la humanidad al abismo ambiental.
Es tan grande el poder de este fantasma que hoy amenaza el mundo, que con facilidad coopta a los gobiernos, o arrodilla y destituye a los que no se someten a sus intereses y mandatos. Por ello los gobiernos se ven obligados a traicionar los compromisos asumidos con sus electores, convirtiéndolos en gobiernos impopulares y odiados por sus propios pueblos.
Esto está pasando hoy en Francia con la reforma pensional del gobierno del presidente Emmanuel Macron, que hoy tiene parado el metro de Paris y el transporte masivo en toda Francia; ese mismo fenómeno se expresó en Chile detonada por el incremento del costo del sistema público de transporte de Santiago, que luego se extendió por las principales ciudades de ese país. También ocurrió este mismo año en el Ecuador, donde la eliminación de los subsidios a los combustibles, acompañada de reforma tributaria, laboral y pensional, denominada “El Paquetazo” llevo a los ecuatorianos a la calle, obligando al presidente Lenin Moreno a reversar todas las medidas y a cambiar su gabinete. En Argentina por aplicar esa misma política el gobierno de Mauricio Macri fue derrotado electoralmente por los Kirchneristas en cabeza del presidente Alberto Fernández, con fórmula vicepresidencial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es en este contexto, que hoy el gobierno y los colombianos debemos ver la protesta social y el PARO que en Colombia ya tiene tres semanas. Eso no significa que la protesta ciudadana pretenda derrocar el gobierno del Presidente Iván Duque, o generar una gran crisis nacional. Eso dependerá del nivel de asertividad con el que maneje la situación el actual gobierno.
Inexperiencia y Lógica Democrática.
El paro y la protesta social es el camino legítimo que le queda a la ciudadanía, ante la inoperancia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución Política, y que los congresistas y sus partidos mayoritarios en la reglamentación los volvieron inaplicables e inoperantes[1], debilitando la institucionalidad democrática en procura de sus privilegios y mezquinos intereses.
Lo que no podemos tapar con los dedos de la mano, es que Colombia cambió, gracias a la inteligente decisión de las FARC de abandonar las armas, y del Estado colombiano de tramitar ese conflicto por la vía negociada, mediante la suscripción de un acuerdo de paz.
Durante las décadas de los 60s, 70s y 80s, del siglo pasado, toda expresión de protesta o inconformidad ciudadana se conjuró a través de la declaratoria del “Estado de Sitio” y se les valoró como un acto que atentaba contra la seguridad nacional; durante las décadas de los 90s, del siglo pasado y lo corrido de este siglo hasta la suscripción del acuerdo de paz, se estigmatizó a los manifestantes como infiltrados por las guerrillas o en el mejor de los casos como “idiotas útiles” de la insurgencia, y también se les dio tratamiento de seguridad nacional. Ahora, la situación ha cambiado, los gobiernos y los medios de comunicación no pueden decir que la protesta esta inducida o liderada por fuerzas ilegales, y que sus reclamaciones no son legítimas.
Por ello, debemos reconocer que estamos ante un nuevo escenario nacional e internacional, para el cual ni los ciudadanos colombianos, ni el gobierno nacional está preparado, pues nuestra cultura política es muy limitada, y siempre se salía por la fácil, estigmatizando a los protestantes y vinculándolos a fuerzas oscuras de carácter ilegal y dándole tratamiento de enemigos de la seguridad nacional.
Creo que están tan sorprendidos los convocantes del paro como el gobierno, nadie pensaba que el paro se podría extender o prolongar durante tres semanas, y nadie tiene una cartilla o ruta de cómo asumir esta nueva realidad ciudadana y democrática. La protesta y el paro no violento, además de un derecho fundamental en toda democracia, se ha convertido en el único mecanismo al que apelan los ciudadanos para impedir que sus gobiernos apliquen las recetas que la banca internacional le impone a los Estados, y que dichos ajustes afectan negativamente a los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad.
Es absolutamente inaceptable, que los partidos políticos que tienen expresiones mayoritarias en el congreso, no se pronuncien sobre estos 13 puntos de la vida nacional que reclaman los impulsores del paro. Como el Estado colombiano no es una monarquía y el presidente Iván Duque no es un emperador, muchas de las solicitudes de los manifestantes deberán ser resueltas mediante aprobación de leyes (o pretenden que no se modifiquen las leyes y garantías laborales, tributarias, ambientales o pensionales) que deben ser tramitadas en el Congreso, y todos sabemos que el gobierno no tiene los votos para liderarlas.
Del manejo del paro dependerá si el gobierno se fortalece, o por el contrario sigue derrochando su muy baja popularidad, podría ser el momento para que el jefe de estado imitando lo realizado por el senador Álvaro Uribe en su primer periodo de gobierno, convierta esos trece puntos en preguntas y se le consulte a los colombianos, si están de acuerdo o no, mediante un referendo, que le permitiría asumir la conducción y ordenar el debate sobre los grandes temas que hoy reclama la sociedad colombiana.
De no ser asumido el liderazgo presidencial, los organizadores del paro y los dirigentes de los partidos progresistas deberían canalizar la inconformidad ciudadana, y siguiendo el camino inaugurado por Claudia López y Angélica Lozano, con la consulta anticorrupción de 2018, impulsar una iniciativa de esta naturaleza, que lleve al país a debatir, pronunciarse y establecer un mandato ciudadano que le dé sustento a nuestra frágil democracia y al Estado Social de Derecho.
Lo peor que puede pasar es que el gobierno crea que este es un paro más, que lo puede desgastar extendiéndolo en el tiempo, esa estrategia puede debilitar aún más la imagen presidencial, y puede tener graves consecuencias para la economía y la estabilidad institucional, convirtiéndolo en un gobierno aún más débil e impopular. Y las consecuencias de esa falta de liderazgo la resultamos pagando todos los colombianos, en particular los más vulnerables.
Lo único cierto es que nunca antes en la historia de Colombia, la ciudadanía y en particular los jóvenes, habían salido a expresar su inconformidad a las calles como el 21N. Si esto se prolonga sin una solución real a los 13 puntos presentados por los convocantes del paro, a finales de enero el gobierno puede tener una manifestación mayor, y un pliego con 30 puntos, que puede poner en entre dicho la legitimidad y el liderazgo presidencial.
La frase del caudillo asesinado, Jorge Eliecer Gaitán, vuelve a estar en el orden del día: “el pueblo es superior a sus dirigentes”. Esta reta al gobierno del presidente Iván Duque, pero también a los actores sociales y políticos que pueden tomar los ejes de este paro para construir una plataforma de unidad que les permita convertirse en alternativa de poder colectivo, deponiendo los mesianismos y el protagonismo individual, para generar una nueva forma de organización más horizontal, incluyente y plural.
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[1] En Colombia no se ha podido revocar el mandato de un alcalde en 28 años de existencia de esa figura, no se ha podido derogar una ley, ordenanza o acuerdo, por un referendo derogatorio, tampoco se ha podido aprobar una ley de iniciativa popular, el referendo impulsado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe en su mejor momento, apenas logró aprobar uno de 17 puntos, y la consulta anticorrupción es el hecho más importante de iniciativa ciudadana, que por menos de 100 mil votos no logro ser aprobado. En síntesis, los mecanismos institucionales para tramitar las inconformidades ciudadanas y sus iniciativas fueron anulados, y a ninguna fuerza política le ha interesado revigorizarlas y fortalecer la debilitada democracia existente.
Miguel Antonio Galvis Consultor Social y Político, independiente.
Foto tomada de: Revista Semana
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