El objetivo que se plantea en el documento del PND es “la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia”[2]
El planteamiento de una vida digna enmarcada en la superación de las injusticias atávicas de nuestra sociedad es la búsqueda de la vigencia plena de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los DESCA, todo encaminado a la vigencia del bien supremo de la paz, derecho consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política y que en el PND se articula con la seguridad humana, la justicia social y el derecho a la alimentación que son algunos de los ejes de transformación del Plan para el logro de la paz total. Por primera vez en la historia del país un PND consagra la vida digna como el objetivo prioritario y el derecho a la alimentación como un eje fundamental.
La distribución de recursos
En el PND el total de recursos provenientes de fuentes públicas es 1.154,8 billones de pesos, de los cuales para Seguridad Humana y Justicia Social son 743,7 y 46,1 para el derecho a la alimentación para un total de 789,8 billones, lo que equivale al 68,3% de distribución del total de esa fuente de inversión. Adicionalmente dentro del Plan Plurianual de Inversiones fue aprobado un componente específico para la paz por un valor de 50,4 billones.
En todas las épocas y en todas las sociedades, las necesidades tienden a ser mayores que los recursos disponibles y cada gobernante revela el cumplimiento o no de los programas a los que se ha comprometido, en la manera como distribuye los recursos con los que cuenta. Claramente el PND del gobierno actual ha priorizado la garantía de los derechos humanos con énfasis en el logro de la paz que conlleva la seguridad humana y la justicia social y en superar el hambre que impone grandes exclusiones sociales. Esta distribución es coherente con las promesas de campaña del presidente Petro y contrasta con planes de desarrollo anteriores e incluso con el que actualmente se ejecuta en Bogotá, en el que la expresión “derechos humanos” brilla por su ausencia.
Aspectos Relevantes del PND en materia de Derechos Humanos
Especial atención merece lo previsto en el capítulo III que se refiere a seguridad humana y justicia social. En la sección I se crea el sistema de transferencias para “apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad” que pueden ser monetarias o en especie para “aportar a la superación de la pobreza” “con enfoque de derechos”. Así mismo se crea el programa de renta ciudadana, la transferencia ‘hambre cero`, el sistema nacional de igualdad y equidad, el fondo para la superación de brechas de desigualdad poblacional e inequidad territorial y el fondo para la promoción de la autonomía y emprendimiento de la mujer. Todos estos sistemas de articulación y coordinación de esfuerzos estatales se dirigen claramente al objetivo primario que es el de la vida digna para toda la comunidad. Parece carente de sensatez que se objete este propósito tan elemental pero tan inexistente en nuestro país, por la terrible mezquindad de quienes siguen actuando como dueños del territorio y de las personas. La búsqueda de mejores condiciones de vida para todas y todos es vista por esos sectores como una intrusión desproporcionada a sus intereses personales.
En la sección II del citado capítulo se ordena construir y adoptar la política pública de trabajo digno y decente, con enfoque diferencial, para la promoción del empleo e ingresos dignos, la extensión de la protección social, la garantía de los derechos del trabajo y el diálogo social. Se establece el diseño de una hoja de ruta para la formulación de un esquema de ajustes dirigido al fomento de la inclusión productiva de personas con discapacidad. La contratación de mano de obra local en los proyectos regionales y la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones “como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país” son elementos adicionales para que la ciudadanía pueda dignificar su quehacer, ser productiva y aportar sus saberes a la sociedad.
La sección III sobre garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar a través de todo su articulado establece condiciones, instancias de coordinación y programas especiales para garantizar una variada gama de derechos humanos. La formulación de la política pública de derechos humanos para el logro de la paz total que debe formularse “en consonancia con lo concertado en el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, especialmente frente a las garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general, las garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, y en la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres”, la estrategia de diálogo social, la reconstrucción del tejido social son algunas de las estrategias que se propone el PND en el logro de una convivencia armónica y digna.
El propósito de fortalecimiento de los miembros de las fuerzas armadas, no desde la perspectiva armamentística como ha sido tradicional, sino desde su humanización, sus condiciones de bienestar, enmarcado en la garantía de derechos, revelan el novedoso enfoque de la administración Petro en el logro de la paz total.
Dentro de las estrategias de protección de poblaciones vulnerables se contempla la “conformación de un mecanismo de coordinación interinstitucional para la formulación, definición y monitoreo de rutas, procesos y procedimientos de prevención, atención e investigación oportuna a casos de violencias contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, que pueden hacer parte de las violencias basadas en género, en conexidad con el Sistema Nacional LGBTIQ+” visibilizando y atendiendo una grave problemática a la que los gobiernos anteriores no dieron importancia.
La reasignación de subsidios de energía eléctrica para estratos 1 y 2, la promoción del deporte, la política de gratuidad para el acceso a la educación superior, las estrategias de resignificación del tiempo escolar para el desarrollo integral y la protección de trayectorias de vida y educativas, la conectividad a zonas vulnerables y apartadas son otros aspectos que se contemplan en la lógica del plan como garantía de derechos.
Importante aprobación la del artículo 150 del PND sobre el giro directo: “La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, en nombre de las Entidades Promotoras de Salud -EPS y demás Entidades Obligadas a Compensar, realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación -UPC de los regímenes contributivo y subsidiado, destinados a la prestación de servicios de salud, a las instituciones y entidades que presten dichos servicios y que provean tecnologías incluidas en el plan de beneficios, así como a los proveedores” y más adelante establece una excepción: “No estarán sujetas a lo dispuesto en este artículo las EPS adaptadas del Estado y aquellas que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado”. Esta protección a los recursos de la salud es una garantía al ejercicio del derecho a ella y responde a los hechos registrados por un gran número de EPS que se han lucrado en beneficio propio de los recursos de salud en detrimento obvio de la salud de las personas, recursos que son públicos.
La democratización de la ciencia, la creación del consejo nacional de economías culturales y creativas y del sistema nacional de formación y educación artística y cultural para la convivencia y la paz son aspectos adicionales enmarcados en la misma lógica que permea todo el PND: la vigencia de derechos.
Todos los aspectos anteriores, que no pretenden ser resumen de la totalidad de derechos que abarca el PND, revelan que está concebido para lograr la vigencia de derechos humanos esenciales, que tiene un objeto claro de protección y restablecimiento de derechos de sectores tradicionalmente vulnerables y excluidos, que pretende el logro de un sueño: el de una Colombia justa y en paz en el que la gente no muera de hambre y pobreza. Ojalá pueda avanzarse en su logro, aunque algunas personas en los sectores político, de los medios de comunicación y el empresariado traten de evitarlo a toda costa, incluido el golpe blando, empeñados en destruir cualquier intento de justicia social.
Una estrategia comunicativa del gobierno nacional que llegue a toda la ciudadanía y explique las metas y propósitos de este PND a más de los logros que ya tiene el gobierno es una necesidad urgente que reclama la gente que votó por el cambio. No es suficiente con reaccionar a las calumnias y ataques ni comunicar únicamente a través de redes sociales. De la misma manera que hay cambios grandes en la manera de concebir el gobierno y avanzar en la construcción de democracia y paz es apremiante comunicarlo efectivamente a toda la sociedad colombiana.
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[1] Ver “El Plan de Desarrollo 2022-2026” Salomón Kalmanovitz, El Espectador mayo 7 de 2023
[2] Motor de búsqueda https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/2023-05-05-texto-conciliado-PND.pdf
María Consuelo del Río M.
Foto tomada de: Caracol Radio
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