En este documento el objetivo e) Pacto por la vida (protección a personas y comunidades en riesgo). Página, 26 B. se centra en mejorar las alertas tempranas; persecución judicial y de la fuerza pública; medidas de protección a través de la UNP; política pública nacional de prevención y protección; puesta en marcha de Plan de Acción Oportuna-PAO, para la protección de líderes; asistencia técnica para la adopción de instrumentos de prevención y protección de líderes sociales, comunitarios, indígenas, políticos, periodistas y, en general de quienes están al frente de causas que defienden derechos humanos e inclusión del enfoque diferencian en las medidas de protección.
En síntesis para este Gobierno como para los anteriores, las políticas y programas para enfrentar el problema más grave del Estado Colombiano después del 13 de Noviembre del año 2016 cuando se firmó el acuerdo con las FARC, como es el incremento de las afectaciones contra dirigentes y organizaciones comunales, sociales y de defensores, se reducen a medidas de protección ya individuales o colectivas, ignorando las propuestas y reclamaciones de nuestras organizaciones en especial comunales sobre medidas integrales concertadas con los afectados como única solución de fondo.
No obstante la persistencia del Gobierno en las medidas de protección, las que, ante la evidencia del riesgo o la amenazas son necesarias, tampoco es eficiente en su implementación, pues para el caso comunal, por ejemplo de Nelson Fuentes Ballestas, presidente de Asojuntas de San Bernardo del Viento y de la Federación Comunal de Córdoba para quien hace más de un año hemos pedido medidas urgentes de protección dado su evidente riesgo, las medidas no llegan.
En otros temas de una política integral ni siquiera han sido tenidas en consideración en temas como:
La impunidad: en el mes de Noviembre del año 2018 la Fiscalía presentó a las organizaciones comunales, sociales y de defensores uno de los mejores informes de avance en las investigaciones. Según este informe, de unos cuatrocientos homicidas sucedidos durante los años 2016, 2017 y parte de 2018, se habían producido 34 sentencias contra autores materiales y avances en diferentes etapas de las investigaciones en por lo menos otros cien casos. De acuerdo en que es un informe importante, sin embargo sigue muy elevada la impunidad en los casos de homicidios, superior al 86%. Lo más preocupante es que no existe una sentencia y pocos avances en las investigaciones sobre los autores intelectuales. Desconocer, ocultar o ignorar las investigaciones contra estos responsables detrás de los sicarios, sigue siendo tendencia recurrente de las diferentes instituciones del Estado por muchos años, a partir de la Fiscalía General de la Nación.
En este sentido, las Bases del Plan de Desarrollo 2019-2022 reafirman esta tendencia con diagnósticos como los siguientes:
“La complejidad de los fenómenos de las economías ilegales aumenta cuando los grupos criminales amenazan a personas, familias y comunidades constructoras de capital social, quienes, por el ejercicio de sus funciones, actividades o cargos, ven sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad amenazados. Es el caso de defensores de derechos humanos y promotores de la cultura de la legalidad en los territorios” Pag.15. Bases del Plan.
Por esta concepción encubridora el Gobierno le da toda la importancia a la persecución contra los cabecillas de bandas criminales, diariamente la publicitan en los medios de comunicación masiva.
Por supuesto que se debe detener y condenar a los autores materiales, pero con igual o mayor empeño a los intelectuales y financiadores.
Es que hoy a más de treinta años de esta guerra de los carteles, autodefensas y guerrillas, que según diferentes estudios ha generado más de siete millones de desplazados, despojados de más de siete millones de hectáreas de tierras y una cifra elevada de asesinatos, amenazas y desapariciones, al final quienes se están quedado y hoy están legalizando sus títulos sobre las mejores tierras del Caquetá, Meta, Arauca, Casanare, Norte de Santander, Valle, Cauca, Urabá, entre otras regiones, no son los antiguos jefes de las guerrillas ni de los paramilitares sino grandes hacendados y políticos articulados con grandes capitales nacionales e internacionales. Acaso esta realidad no es un buen indicador? Cuáles son las personas, las familias, los grupos económicos nacionales e internacionales que han aupado estas violencias, es lo que los organismos de investigación y de justicia del Estado no dicen o encubren y que explican la oposición radical a la justicia transicional y a la verdad.
Estigmatización: el Plan no tiene en cuenta el gatillo más grave que tenemos las organizaciones y dignatarios comunales desde los territorios como es la estigmatización, pues los poderes locales y algunos nacionales cuando una organización o dignatario reclama, hace veeduría o simplemente no se somete a sus intereses mezquinos, lo segrega, sataniza, persigue, amenaza, desplaza y/o asesina. No dejaremos de recordar el caso del sujeto Rodrigo Lara quien siendo presidente de la Cámara de Representantes dijo en programa de televisión con Juan Lozano en 20 de Octubre de 2017 que las juntas comunales eran redes de apoyo de las disidencias de las FARC; coincidencialmente desde esta fecha hasta Febrero del año 2019 se ha tenido el incremento más elevado de asesinatos y amenazas contra comunales en Colombia. Durante el año 2018 fueron 94 homicidios y en lo corrido del presente año 2019 van diez y siete, sin embargo, no obstante nuestras demandas y requerimientos ante el Estado, con las pruebas, ninguna institución ha hecho algo contra el señor Lara.
Frente a este problema de la estigmatización hemos reclamado al Estado políticas y programas de visibilziación sobre el quehacer cotidiano de nuestras organizaciones y dignatarios, por ejemplo un espacio diario en triple A, en la televisión para divulgar nuestros procesos, objetivos y logros. Ha sido imposible que respondan, no obstante que depende de voluntad política del Gobierno Nacional sin que demande onerosos recursos.
Fortalecimiento de nuestras organizaciones: programas de fortalecimiento de nuestras organizaciones desde los territorios para que ejerzan libre y colectivamente sus derechos y funciones, pues en parte es el accionar individual y heroico de muchos dirigentes los hace pasto fácil de los sicarios. Que el Plan de Desarrollo en construcción, no incluya una línea sobre tema tan fundamental como es el fortalecimiento de nuestras organizaciones para ejercer de manera libre, independiente y democrática nuestros derechos, es muy diciente. Tampoco el Plan destaca una palabra reconociendo la importancia del capital social a partir de las diferentes formas de organización de la sociedad civil.
Nos dirán que se expidió el CONPES 3955 de Diciembre de 2018 o CONPES COMUNAL. Si es un documento acertado en su diagnóstico y formulaciones, pero no cuenta con recursos propios para su implementación, por el contrario somete a las organizaciones a políticas de las diferentes instituciones ya existentes colocándolas como instrumentos del Estado, pero, reiteramos no existe un apoyo real a las organizaciones para que ejerzan libre y democráticamente sus derechos como lo establece el Artículo 103 de la Constitución.
Gobiernos territoriales: actuación sobre los poderes locales para que respeten a las organizaciones y sus dignatarios en el ejercicio de derechos y por el contrario que asuman programas y proyectos de difusión de los derechos y de protección. Nada se dice sobre el tema.
Apoyo a las familias de las víctimas: que adopten programas y recursos para apoyar a las familias de las victimas comunales pues a la fecha no existe ni un programa ni recurso con este propósito.
En conclusión, para el Gobierno Nacional el tema de la afectación contra organizaciones y dirigentes comunales y sociales se limita a un problema de medidas físicas de seguridad y al fortalecimiento de las instituciones del Estado, sin reconocer la complejidad y profundidad del entorno económico, social y político que sin pausa nos sigue acosando.
Problemas del gota a gota: en este sentido es necesario poner de presente que sin bien durante el mes de Marzo tuvimos importante declive en los homicidios contra comunales, por el contrario las amenazas se han multiplicado , motivadas al parecer por las pretensiones de control territorial en zonas urbanas en especial periféricas por parte de bandas ilegales alimentadas con dineros del narcotráfico a través del llamado gota a gota o cobro especulativo que llega al 20% diario por dineros que prestan a vendedores de la calle y que poco a poco van copando escenarios de pequeños negocios fijos. Al comunal que no se somete o se opone a estas estrategias delincuenciales de control territorial, lo amenazan, desplazan, desaparecen y/o asesinan, siendo una grave tendencia de incremento de estas afectaciones. Este no es un problema de narcotráfico como diría el señor Fiscal General Néstor Humberto Martínez, sino una lucha silenciosa y solidaria en miles de barrios y veredas de comunales por proteger a sus comunidades, lo que es el ejercicio de actividades eminentemente cívicas. En la medida en que crece el rebusque y las formas de economía informal en cabeza de millones de personas que no tienen otra opción de subsistencia con sus familias, este problema se torna más complejo ante la indiferencia del Estado con políticas y programas que apoyen estas formas de economía popular, por el contrario las aborda con un código de Policía profundamente irracional y represivo que está enfrentando a las Cortes con el Ejecutivo.
El Plan Nacional de Desarrollo en construcción tampoco incluye una política, programas ni proyectos que interesen a este 70% de la población que en Colombia hoy se ocupa de la llamada economía informal o por cuenta propia
En conclusión, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, tiene como objetivo fundamental proteger y consolidar los grandes intereses económicos nacionales e internacionales pero poco que interese positivamente al conjunto de la población, por lo que se debiera llamar plan de negocios del gran capital amparado por la fuerza fuerza pública y la Fiscalía contra grandes masas desorganizadas, indefensas y desesperadas que día a día se rebuscan la supervivencia en las calles.
Guillermo A. Cardona Moreno, Observatorio Nacional Comunal
Foto tomada de: confecoop.coop
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