Más de lo mal, que cada vez es peor porque va consolidando una forma perversa de comprender la educación, ya casi internalizada por actores de todas las orillas que creen que la palabra “calidad” es la panacea, de tal forma que el acápite C del llamado “pacto estructural” “por la equidad” es presentado como “Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos”, nombre con el que difícilmente alguien esté en desacuerdo, pero que por dentro contiene la lógica neoliberal de emplear la escuela como escenario de mercadeo. Se desarrollan, este y los demás apartados sobre educación, con aseveraciones del discurso común políticamente correcto, incluyendo la consabida mención del derecho, para pasar, luego de dar unas cifras, a exponer unas propuestas sin ningún asomo de transformación real de las condiciones y perspectivas para tomar una senda en la garantía de ese “Derecho a la Educación” que se pregona. Al ser examinadas desde el enfoque de derechos, las propuestas en el PND son la negación de sus propios argumentos cuando se habla de inclusión, de universalización y de un pacto por el futuro con equidad que se menciona.
Esta propuesta de plan de desarrollo es un ejercicio extendido de negación del derecho y una nueva acción de tergiversación del derecho a la Participación, ocurriendo que ambas nociones siguen como deudas pendientes luego de 28 años de concertada la Constitución Política. Se está lejos de comprenderlas y asumirlas, y ahora con este gobierno de “El futuro es de todos”, sí que más.
¿Por qué más de lo mismo?
En educación se plantea dar continuidad a lo que viene de los gobiernos anteriores, y como en ellos, sin una gran apuesta al país en materia de reconsiderar la escuela en sus formas y propósitos según la línea indicada por la Constitución Política, la Ley General de educación (115 del 94 en lo que tiene que ver con preescolar, básica y media), lo mismo que la ley de Educación Superior (30 del 92). Ni siquiera se tiene en cuenta lo incluido en el tercer Plan Nacional Decenal de Educación (2016-2026), que al parecer de algunas personas, incluyéndome, no fue un modelo de legítima deliberación y concertación, pero que al menos incluye aportes interesantes de conocedores del sector, que en esencia acogieron lo demandado en los dos planes decenales anteriores, desde cuando se viene reclamando el tratamiento de la educación como derecho.
Pero esto tampoco es una novedad: cada gobierno copia unas cosas del anterior y descarta, sin mayores reatos, lo que no le parezca útil a sus fines específicos. Para hacer políticas en educación casi nunca se ha considerado necesario comprender el Derecho a la Educación, por eso es que se quedan en tener apenas funcionando unas instituciones y llevando a ellas a una porción de estudiantes. Basta decir que para la lógica de los administradores de la educación, “el derecho” se va limitando cada vez a menos personas, se va cerrando a quienes logran mantenerse en el aparato escolar. Según datos del mismo documento de bases del PND, de cada 100 niños que ingresan al grado 1°, que no son todos los que debieran, apenas 44 logran ser bachilleres, 18 ingresan a la educación superior, y 6 se gradúan de profesionales, haciendo cálculos con base en lo que se dice en el mismo documento: “la tasa de graduación fue del 37,4% y 27,1%, respectivamente” para universitarios y para técnicos y tecnólogos (datos de 2016).
Asumiendo que estas cifras efectivamente mejoraron entre 2017 y 2018, se puede afirmar que los datos menos pesimistas indicarán que completaron su educación superior 10 de cada 100 niños que ingresaron a la primaria. Esta pirámide explica el por qué las políticas públicas van negando el derecho a la educación a quienes en el camino van siendo excluidos del aparato escolar, la mayoría de las veces de manera inaceptable para una sociedad seria, olvidándose de que ese derecho es de todos. Una política de educación pública superior, para empezar debería, como mínimo, considerar al más de medio millón de jóvenes que anualmente logran hacerse bachilleres.
Estas cifras oficiales permiten dimensionar algunas de las propuestas del nuevo PND:
Subir del 55% al 68% la atención educativa a niños de 5 años, lo que significa aproximadamente a 2 de cada 3 niños. ¿Y qué del año de atención a ese niño que se queda sin ella? Ya se va quedando un tercio de población desatendida, lo que se agrava al señalar que para la atención educativa a niños de 3 y 4 años de edad, también de nivel preescolar, no hay mención significativa alguna. Al llegar a los 6 años, cuando empieza la educación básica, a la inmensa mayoría de niños colombianos ya se les deben 2 o 3 años de educación. Sumando la atención de 2 millones de niños anunciada en el PND con programas del ICBF y del sector educativo formal, no se llegará a la mitad de los infantes entre 0 y 5 años con políticas sostenidas por parte del Estado.
Con esto, es muy difícil afirmar que en materia educativa este PND sea un “pacto por la equidad” y la inclusión. Como ya se dijo, es apenas la sobrevivencia de unas instituciones y programas que ya vienen, no el salto de calidad y de cantidad que este país demanda para esa “legalidad, emprendimiento y futuro con equidad para todos” que proclama el lema del actual gobierno nacional.
Vale destacar que en esa lógica de continuidad se plantean inversiones para que más estudiantes de colegios estatales puedan beneficiarse de una escuela de jornada completa de 8 horas (subir del 12 al 24% de la cobertura); ampliar la alimentación de 5,3 a 7 millones de escolares; construir un número de aulas 4 veces mayor que en el periodo anterior; y apoyar al 16% de los aproximadamente 2 millones de bachilleres nuevos en el periodo, eso sin contar con la gran base de bachilleres ya graduados en años anteriores y que necesitan el apoyo del Estado.
Las anteriores son cifras sobre las que se va a decir que son avances, y de hecho lo son, pero que no necesariamente dan una señal de que se toma el camino hacia la garantía del Derecho a la Educación, que es mucho más que cobertura para escolarizar, pues para empezar se requiere asumir que es un derecho de todos, independientemente de las condiciones socioeconómicas, culturales y de mérito académico. Con el cuento de “la calidad”, aquí hace carrera la consigna de que solo se merece la ayuda el muchacho que muestra excelencia con “E” mayúscula, cuando de hecho necesitan más apoyo las familias y muchachos que tienen más dificultades y limitaciones, de esta manera castigando, y condenando al atraso cada día mayor, a quienes van siendo expulsados del sistema escolar: con estas lógicas, ¿de qué equidad, de qué legalidad y de qué emprendimiento se podrá hablar?
Aspectos para destacar
Es pertinente reconocer algunas propuestas del PND que algo sorprenden y que vale la pena esperar que se cumplan: aparecen menciones a la educación rural (modelo escolar propio y flexible, residencias estudiantiles, alfabetización); formación y dignificación docente (ojalá con respeto a su labor, bonificaciones en dinero, residencias y transporte); el fortalecimiento misional de las escuelas Normal; el apoyo a la investigación con docentes; y las tutorías vocacionales y hacia la profesionalización desde 9° grado.
Atención especial habrá que prestar sobre la verdadera inclusión en el PND de los compromisos adquiridos entre el Gobierno y el estudiantado y profesorado de la Educación Superior pública en el acuerdo de diciembre de año anterior, en los que se alcanzaron con rectores en octubre del mismo año y los celebrados antes con FECODE (revisión del Sistema General de Participaciones y Estatuto Docente único, que no se mencionan en el PND) y con instituciones de ciencia, tecnología e investigación para promover estas actividades.
En síntesis, como hay avances en el camino que desconoce en su integralidad la noción del Derecho a la Educación, no hay mucho de lo bueno por esperar, así que las bombas sobre eliminar la libertad de cátedra, revisar la historia para decir que en Colombia no se ha sufrido un conflicto reciente y estigmatizar a docentes y líderes sociales como adoctrinadores comunistas y castrochavistas, no resultan estrambóticas; son lógicas para quienes gobiernan la Colombia actual y hasta resulta esperable que algunos congresistas quieran incluirlas de manera expresa, junto con otras barbaridades oscurantistas, en el que sea el nuevo Plan Nacional de desarrollo.
Se habla de inclusión para justificar la atención mínima a minorías; de universalización mientras se niega el derecho a las mayorías; de un pacto cuando se decide autoritaria y verticalmente; y de por el futuro con equidad, cuando es para instalar a Colombia siglos atrás manteniendo las desigualdades y los privilegios. Pero esa es la coherencia de quienes ganaron unas elecciones.
________________________________________________________________________________
Fernando A. Rincón Trujillo: Consultor en políticas públicas
Foto obtenida de: Caracol Radio
Deja un comentario