En su presentación Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), sostuvo que el Gobierno del Cambio tiene la firme decisión de fortalecer la planificación en Colombia. Desde su creación, en el año 1958 y, particularmente, con la reforma del año 1968 el DNP se consolidó como una institución con mucha solidez y capacidad técnica para coordinar la formulación y ejecución de los planes de desarrollo económico, social y de inversiones públicas. Incluso ha resistido los embates neoliberales para debilitar la función de planificación; tal como ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado.
Por el contrario, en Colombia la función de planificación se fortaleció con la Constitución del 91 y, especialmente, mediante la expedición de la Ley 152 de 1994 que consagró la elaboración, discusión y expedición de los planes de desarrollo cómo la hoja de ruta de los gobiernos elegidos popularmente. Mecanismo que le otorga legitimidad a los programas de gobierno con los cuales los mandatarios obtienen el respaldo popular.
Con la llegada del primer gobierno de izquierda, el presidente Gustavo Petro decidió abrir las esclusas de la participación ciudadana para está tuviera una fuerza vinculante; de tal manera que, por primera vez, el PND 2022-2026 logró uno de los mayores concesos en la historia de la planeación en Colombia.
Por estas razones, el director del DNP expreso que uno de los mayores logros de nuevo PND es haber logrado la mayor participación ciudadana en la historia reciente del país, a través de los 52 Diálogos Regionales Vinculantes, la realización de cientos de mesas de trabajo y la presentación de más de 89 mil propuestas de cambio por parte de los más de 250 mil ciudadanos vinculados a estos Diálogos.
El Plan Nacional de Desarrollo económico, social y de inversiones es la hoja de ruta que tienen los gobiernos para orientar y conducir al país por la senda del desarrollo. Para lo cual, las estrategias del Plan se acompañan de un Plan Plurianual de Inversiones Públicas, que constituye la principal herramienta financiera para comprometer los recursos presupuestales de los 4 años del mandato presidencial en la realización de los cambios y reformas propuestas en el programa de gobierno.
El constituyente primario le otorgó a la Ley del Plan de Desarrollo el carácter de Ley Orgánica; lo cual les permite a los gobiernos realizar los ajustes institucionales necesarios para cumplir con su mandato y lograr los resultados expresados en el programa de gobierno.
Por estas razones resulta, por lo menos paradójico, que los sectores de oposición y los medios controlados por la oligarquía se rajen las vestiduras y, cómo buenos fariseos, salgan a despotricar de los cambios que propone el PND y, especialmente, a denigrar de las facultades que el proyecto de Ley le otorga al gobierno del presidente Petro para llevar a cabo los arreglos institucionales requeridos en la ejecución del Plan y en el logro los resultados y metas propuestos por el gobierno.
¿Cuáles son los cambios para los cuáles que el presidente Petro está solicitando facultades especiales?
De acuerdo con lo expuesto por el director del DNP, las transformaciones más importantes para lograr la justicia social, económica y ambiental son: i) el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, ii) la transformación del aparato productivo, su internacionalización y la acción climática, y iii) la convergencia regional para corregir las inequidades sociales y territoriales.
Una de las innovaciones más importantes del nuevo Plan es haber colocado el territorio cómo el eje central de las transformaciones y la articulación de las políticas, programas y proyectos sectoriales. Superando así la tradicional dispersión y desarticulación de las acciones institucionales y de gobierno.
Para lograrlo, el proyecto del PND propone ordenar y regular los procesos de planificación y ordenamiento territorial alrededor el agua y los determinantes ambientales, de tal manera que sea posible armonizar los procesos productivos y sociales con la conservación de los recursos naturales, garantizando así la sostenibilidad del desarrollo.
En segundo lugar, el proyecto de Ley del Plan faculta al Gobierno Nacional para ordenar y armonizar los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial; de tal manera que sea posible hacer realidad los principios constitucionales de la concurrencia y la coordinación intersectorial y territorial.
En tercer lugar, se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como el mecanismo para regular, planificar, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones institucionales acordadas en el Acuerdo de Paz y, especialmente, relacionadas con el Reforma Rural Integral.
En relación con la estrategia de la transformación del aparato productivo, el PND hace énfasis en la incorporación del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación en los procesos de formación y cualificación del talento humano, como condición sine qua non para generar procesos de diversificación y transformación de las actividades productivas.
Para ello se crea el ecosistema de educación postsecundaria y superior que permite integral los niveles de la educación media, vocacional, técnica, tecnológica y superior; de tal manera que se pueda ampliar la oferta educativa y mejorar la calidad de educación que reciben los jóvenes para garantizar los procesos de formación y educación para toda la vida.
En segundo lugar, para avanzar hacia una economía descarbonizada y más resiliente se propone desarrollar el mecanismo de las Misiones para integrar los procesos de investigación, transferencia y adopción de tecnología e innovación con las alianzas público-privadas y comunitarias para enfrentar los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales asociados con la transición energética, la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud de la población, el desarrollo de la bioeconomía y los procesos de reconocimiento de la diversidad natural, cultural y territorial.
En tercer lugar, para lograr una transición energética justa, más amable con el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales se propone avanzar en la generación y uso de energías renovables no convencionales, a través de una estrategia de democratización y estímulo a la generación de energía, la creación de comunidades energéticas capaces de generar, comercializar y usar eficientemente las fuentes de energía no convencionales, el pago por servicios ambientales y la reconversión de la pequeña y mediana minería del carbón.
Sin embargo, el plan se queda corto en el diseño de incentivos al uso de energías no convencionales y carece de una estrategia integral para articular estas nuevas fuentes con el desarrollo del sistema hidroeléctrico, que constituye el 70% de la oferta energética del país. Igualmente, el plan no contempla una estrategia para la expansión de la producción y uso del gas natural, como quiera que las reservas han venido disminuyendo durante la última década y el abastecimiento interno puede comenzar a presentar déficits a partir del presente año.
Como es de amplio conocimiento, la ministra de Minas y Energía fue objeto de muchos ataques por el manejo de las cifras sobre las reservas probables y posibles con las cuales quiso dar un mensaje de tranquilidad de la balanza energética en el mediano y largo plazo. Pero lo cierto es que no tenemos asegurado un escenario de autosuficiencia en el suministro de gas.
Otro aspecto que está generando mucha resistencia en los operadores privados que controlan el suministro de energía eléctrica en el país es la propuesta de integración de la cadena de producción y suministro, que le daría a Ecopetrol la posibilidad de ser un jugador muy fuerte en el mercado energético colombiano. Posibilidad que ven como una amenaza a su posición dominante y, por ende, en su incidencia en la formación de los precios internamente.
Lo cierto es que, mediante este cambio en las reglas del juego del mercado energético nacional, el gobierno del presidente Petro está pensando en el fortalecimiento de Ecopetrol, que actualmente es el socio mayoritario de ISA, para que el país pueda ser un jugador de mucho peso en el mercado energético en América Latina y el Caribe, donde se ha comenzado a hablar en la posibilidad de la interconexión eléctrica Chile-Canadá.
En relación con la Convergencia regional es fundamental inducir procesos de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, mediante estrategias, políticas y programas para garantizar un acceso adecuado a las oportunidades, y a los bienes y servicios públicos. Para ello, es necesario fortalecer los vínculos intra e interregionales, y aumentar la competitividad, sostenibilidad e innovación en los territorios. Así́ mismo, se requiere transformar las instituciones y la gestión de lo público, poniendo al ciudadano en el centro de su accionar y construyendo un relacionamiento estrecho, mediado por la confianza, entre las comunidades y entre éstas y las instituciones, para responder de manera acertada a sus necesidades y atender debidamente sus expectativas, a partir de marcos regulatorios consistentes.
Acá juegan un papel fundamental las reformas sociales propuestas por el gobierno para garantizar el acceso y uso efectivo de los derechos fundamentales a la salud, la protección, la seguridad social y el trabajo digno. En materia del pilar fundamental de la seguridad humana, el plan le otorga prioridad al fortalecimiento del Sistema de Protección Social, mediante la política laboral de generación de trabajo digno, complementado con las transferencias monetarias y en especie a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante el mecanismo de la Renta Ciudadana Única y el programa de Hambre Cero.
En segundo lugar, la reforma a la salud consistente en la creación de un sistema integrado de prevención y atención primaria en todo el territorio nacional, que operará mediante un sistema de registro y empadronamiento territorializado, el manejo integrado y público de los recursos de la salud (ADRES) que le permitirá pagar directamente los servicios de atención en salud a los prestadores privados, públicos y mixtos, la supervisión y el control ciudadano de los gastos del sistema y la creación de un sistema integrado de información para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las operaciones del sistema de salud.
En tercer lugar, la reforma al régimen de pensiones de aseguramiento privado que le niega el acceso y disfrute de la pensión de jubilación a la gran mayoría de los colombianos y colombianas que tienen ingresos inferiores a un SMMVL y le entrega el manejo de la inmensa bolsa del ahorro pensional a (2) grandes corporaciones financieras; quienes lo han usufructuado para obtener fabulosas ganancias privadas con el ahorro público.
Por esa razón, la reforma propone pasar a un régimen solidario de pilares donde será posible que los abultados recursos (de más 350 billones de pesos), manejados de manera solidaria, le garanticen el acceso y disfrute de la pensión a todos y todas los/as colombianos/as.
Finalmente, el PND desarrolla los mecanismos institucionales y de información para regular la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios y garantizar los derechos fundamentales, la supresión de las desigualdades económicas, sociales, culturales y el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de todos los colombianos y colombianas que permitirán hacer de Colombia una Potencia Mundial de la vida.
Es por estas poderosas razones, el PND es un modelo de cambios que requiere de la participación informada de la ciudadanía para organizar y hacer realidad el anhelo de las transformaciones que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y Francia Márquez y que hoy ha despertado la más energúmena y rabiosa oposición de las élites del país.
¡Amanecerá y veremos cómo se hace realidad el Cambio!
Luis Alfredo Muñoz Wilches
Foto tomada de: Presidencia de la República
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