Audacia a su Gobierno y movilización social permanente al país ha pedido el presidente Petro una y otra vez: “Iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera” por las transformaciones sociales. Con esto, el Plan de Desarrollo puede ser, en la práctica, más allá que un referente de planeación, un instrumento para la educación y la movilización propositiva y argumentada de un querer de cambio en la población colombiana.
Dicho así, el reto con el Plan de Desarrollo para el Gobierno nacional es mayúsculo por lo que, con él, llegue a entenderse como “un nuevo contrato social” en Colombia, y de ahí a impulsarse lo que hay que hacer, con quién y de qué manera, para efectivamente conseguirlo.
Para construir lo “nuevo”, han de superarse imaginarios y formas de comprender, calcular y ejecutar la política pública que llevan décadas de arraigo en la institucionalidad. Implica transformaciones profundas en la forma de gobernar la Nación, también en la cultura de las poblaciones, en los criterios para desarrollar la economía y, por ende, en muchas de las dinámicas sociales, lo que demanda al nuevo gobierno la construcción de altos niveles de confianza en que sí se puede cambiar.
Mucho es lo que se ha naturalizado como si fuera insuperable costumbre para siempre: inercia burocrática, clientelismo, centralismo, corrupción, intervencionismo contra-reformas, desigualdad, segregación, despojo, deforestación y el sálvese quien pueda y como pueda, son algunos de los obstáculos para conseguir cambios estructurales y profundos dado el actual estado de cosas. Cambiar es considerado tan difícil que bastantes prefieren el malo conocido que el potencial bueno por conocer; que es más indeseable la incertidumbre en el intento de transformar que la certeza de seguir viviendo mal o a medias, así sea en medio de las guerras del cada día.
Este PND tiene el origen de su sentido educativo y de propuestas de política en el programa de gobierno comprometido en la campaña electoral, del que vale subrayar sus conceptos y sus propuestas esenciales, y luego examinar qué se incluyó en los documentos con las bases, en el articulado aprobado en el Congreso y en el plan plurianual de inversión para ejecutarlo.
Desafío a la comprensión y a la acción efectiva de transformación son preguntas como: ¿por qué urge un nuevo contrato social? ¿Qué son el “buen vivir” y el “vivir sabroso” con “todas las diversidades”? ¿Qué es justicia climática? ¿Qué es un sistema nacional de cuidado? ¿Qué son y qué relación existe entre economía extractivista y cambio climático? ¿Qué es y por qué se propone el ordenamiento alrededor del agua? ¿Qué es soberanía alimentaria? ¿Cómo será un sistema de microcrédito público sostenible que efectivamente desplace al gota a gota? ¿Qué es justicia restaurativa para la niñez y la adolescencia? ¿Cómo reparar integralmente la deuda histórica con pueblos indígenas y afrodescendientes? ¿Qué son los determinantes sociales al argumentar la reforma a la salud? ¿Qué es economía circular? ¿Qué es paz total?
Como se puede inferir, hablar de un contrato social es más de cultura y de acuerdos políticos y con poblaciones, de formas de entender y asumir la vida, que de técnicas econométricas. Este atributo educativo del Plan le da posibilidades de convertirse, además de acción concreta, que ojalá lo sea en lo positivo que tenga, en una suerte de reeducación, participación y movilización ciudadana para asociar a la política unas nociones humanistas y equitativas hasta hoy alejadas a ella, y de otra parte, en una estrategia de reinstitucionalización positiva y de confianza en el Estado.
El PND es esencialmente educativo porque tiene conceptos, explicaciones y propuestas sobre qué y cómo formar y movilizar para un nuevo contrato social.
Lo educativo para la educación
Respecto de la educación formal, la de los colegios y universidades, lo novedoso hay que buscarlo en el documento “Bases del Plan”, que es el instrumento con la propuesta política para el cambio y responde más puntualmente a los compromisos de campaña y a los diálogos regionales vinculantes, que en esencia se resumen en avanzar progresivamente hasta garantizar, para todas y todos, la trayectoria educativa completa con proyectos de formación pertinente.
Esto requiere, además de incrementar significativamente el dinero a invertir, que el formato actual de financiación por el Estado no permite destinar a todos los titulares de ese derecho, unos cambios en las perspectivas y la operatividad del Ministerio del ramo, de las secretarías de educación, universidades, el ICBF y el SENA, para tener un sistema educativo articulado desde la educación inicial, con los tres grados del preescolar, hasta la inserción de los jóvenes en los mundos cultural y productivo, pasando por la educación básica, la media, la del trabajo y desarrollo humano y la superior.
Las bases del PND incluyen desafíos reeducativos para la escolaridad:
- descentrar la idea de calidad limitada a los resultados en pruebas estandarizadas y ponerla “en la formación y desarrollo de la profesión docente, y en el fortalecimiento pedagógico, curricular y de ambientes de aprendizaje”, esto en clave de pertinencia dadas las condiciones, poblaciones y territorios;
- realizar los diálogos de saberes y de enfoques pedagógicos que sean necesarios para promover que las comunidades educativas definan autónomamente, como lo indica la ley general de educación, sus currículos propios a partir de los fines y objetivos de la educación; y,
- repensar el sentido, la organización y los propósitos de las jornadas escolares en las instituciones para incorporar en ellas acciones complementarias a la formación académica como las artes y la cultura, el deporte y la recreación, lo socioemocional y los afectos, lo productivo y ambiental, como también las nuevas ciudadanías, la paz y las dinámicas constructivas y solidarias de sus comunidades.
El articulado del PND es generoso con los jóvenes bachilleres para su ingreso a la educación superior, tanto porque incluye reformas para facilitar su acceso, permanencia y financiación, como porque se compromete a invertir, como nunca antes, en infraestructura y tecnología universitaria y del SENA en todas las regiones, esto para dar cabida a medio millón de estudiantes nuevos en el cuatrienio, lo que equivale a aumentar aproximadamente el 40% a los cupos estatales actuales.
Otra cuantiosa inversión será la que se haga para el programa de alimentación escolar (PAE), que se aspira a que sea prácticamente para todos los estudiantes de preescolar, básica y media durante todo el año, incluyendo periodos de vacaciones y recesos escolares, esto dada la urgente necesidad de acciones contundentes contra el hambre. Las instituciones educativas son esenciales para alcanzar resultados efectivos y rápidos en la nutrición de las nuevas generaciones, lo que de hecho aportará en mejores niveles de salud y hábitos alimentarios.
De otra parte, y liberando de la recurrente invisibilización en la política pública a las niñas y niños más pequeños de las zonas rurales y de los poblados, que son los más en Colombia; a las y los jóvenes que ni acceden a la educación media, y mucho menos a la superior; y a las y los adultos que padecen varias clases de analfabetismo, el nuevo plan de desarrollo los consideró en el documento de bases y en su articulado. El Estado tiene, respecto de la educación de estas personas, cuya suma ronda los 4 millones, grandes retos tanto pedagógicos y económicos, como de audaz movilización de ideas, autoridades, organizaciones y comunidades: esto difícilmente se resuelve para todos con más salones convencionales de clase, en horarios regulares de escuelas y con las propuestas “normalizadas y urbanas” en niños, niñas y jóvenes que han tenido cómo ir, o ser llevados, cotidianamente a sus establecimientos educativos. El país rural y el de “los nadies” e “invisibles” reclama una escuela diferente a la que le fue inaccesible, o de la cual fue descartado en algún momento.
Para concluir, el PND entrega al sector educativo, que en el ámbito nacional conforman el Ministerio de Educación, que lo coordina, el ICFES, el ICETEX, el INCI (Instituto Nacional para Ciegos), el INSOR (Instituto Nacional para Sordos), varios fondos que movilizan recursos, y que por extensión también considera al ICBF y al SENA, conceptos precisos, perspectiva clara, compromisos puntuales territorializados y presupuestos, con el fin de atender las condiciones necesarias para la garantía del derecho a la educación en sus titulares en Colombia, “todas las personas, hombres y mujeres, de todas las edades”, según la “Declaración Mundial sobre Educación para todos” (UNESCO, 1990).
El sector tiene cómo atender, más y mejor, las condiciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, que en términos coloquiales se refieren a cupos, acceso, permanencia y calidad: dispone de aproximadamente medio millón de docentes, incluyendo los de todos los niveles, estatales y privados; de 97 secretarías de educación certificadas entre distritales, departamentales y municipales; de 300 instituciones de formación profesional entre universidades, tecnológicos y técnicos estatales y privados; cerca de 4.000 instituciones de técnicos laborales y oficios; además del SENA y el ICBF en todas las regiones.
Las circunstancias están dadas para convocar a dialogar al país alrededor de la construcción de una gran reforma a la educación en clave de la paz y de justicia social: ya la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, anunció en la celebración del día del maestro y la maestra el pasado 15 de mayo que “Vamos a construir con los maestros y maestras la política educativa del país”.
Le corresponderá al sector educativo estar a la altura de los desafíos de replantear el sentido, los alcances y las prácticas de lo que han venido siendo sus políticas públicas, como también valorar las pedagogías en los territorios y poblaciones particulares, esto para conseguir “sentar las bases” de un nuevo contrato social que lleve a Colombia a ser una “Potencia mundial de la vida”. De cambiar culturas para cambiar realidades.
Fernando A. Rincón Trujillo, Fernando Antonio Rincón Trujillo. En la fecha de la publicación de este artículo, laborando como asesor del Despacho de la Ministra de Educación Nacional de Colombia.
Foto tomada de: El Espectador
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