El presidente Petro lo hizo seis meses antes de terminar el período de los espantosos fiscales Barbosa y Mancera. La Corte Suprema recibió las hojas de vida, las aceptó, y escuchó y entrevistó a las tres prestigiosas juristas. Por sentido común en coherencia con la Constitución y la ley estatutaria, debió elegir a la nueva fiscal antes de terminar el 2023. De esa manera la nueva fiscal se hubiera posesionado el 14 de febrero de 2024. Colombia estaría tranquila ocupándose de tantos otros temas urgentes y difíciles, porque no hay un mínimo de sosiego en la oposición al gobierno progresista, afectando el funcionamiento del Estado, desestabilizando aún más las frágiles y retorcidas instituciones, y alimentando la tormenta contra la abusada y desposeída ciudadana.
El presidente dio una lección de ética en cumplimiento de la Constitución: proponer una terna de juristas independientes. En este caso, el mandatario ni siquiera conocía personalmente a las candidatas, cosa bien distinta, al menos desde que Santos nombró a Martínez Neira, un personaje de su confianza que tuvo el encargo de hundir los expedientes de Odebrecht; y luego Duque que nombró a un incompetente Barbosa con la orden de destruir el proceso contra Uribe. A esos personajes nunca debió aceptarlos y aprobarlos la Corte Suprema. Con Santos y con Duque sucedió la perfecta “armonía” entre los poderes y la solapada autonomía del poder judicial. Todo falso, puras mentiras. Desde su creación, Colombia tiene hoy la peor Fiscalía, junto a la de Luis Camilo Osorio, y una Corte Suprema con Constitución y Ley Estatutaria propias, dada la supremacía de su reglamento interno sobre la Constitución y la Ley.
La Corte Constitucional hace rato debió meter en cintura el reglamento interno de la Corte Suprema, pero no, vuelve y juega la “autonomía y la independencia” en sus más variadas y absurdas interpretaciones debido al juego de favores burocráticos cruzados y a la falta de voluntad del Congreso de la República para adelantar una reforma a la justicia que a los tres poderes no les interesa. La verdad es que en el sistema de justicia de Colombia la impunidad está en el frente de sus decisiones.
Las tensiones, agresiones, deformaciones y equivocadas interpretaciones sucedidas en los últimos meses, son por culpa de la Corte Suprema. Todo el mundo quedó como un pendejo, tratando de explicar, a favor o en contra, o de manera tibia, la burla de esta Corte. Se llevó al límite porque es la única manera de entender la renuncia de la abogada Amelia Pérez a su aspiración. Los medios dicen que la reunión de la sala plena de la Suprema Corte del Ridículo, debió ser para pagar balcón. Están equivocados. La reunión máxima fue la del presidente Petro con la ternada que renunció. Dos horas hablaron. ¿De qué hablaron? Ahí está la verdad de lo sucedido en las últimas y eternas semanas de manipulación y abusos de la Corte con la nación.
Sucedida la elección de la nueva fiscal, lo mejor fue la renuncia de Amelia Pérez porque cuando se hubieran abordado los procesos contra Uribe, los trinos del esposo hubieran aparecido una vez más y a ella no la hubieran bajado de “guerrillera” y de “comunista”, y la ultraderecha hubiera tenido otro pretexto para estar presente con sus infames alucinaciones.
La doctora Buitrago no tuvo ninguna conversación adicional con los togados, por eso, luego de las entrevistas de rigor, y de su presentación a la Corte, desapareció y es la razón por la cual siempre tuvo pocos votos. Nunca la iban a nombrar.
La doctora Camargo: independiente, rigurosa y honesta, era la opción o la opción porque no había más opción desde la penúltima votación cuando estuvo cerca de alcanzar los 16 votos. Tendrá un desafío interno enorme, porque tiene que limpiar una institución sucia, y tendrá que lidiar con Mancera que no se irá porque es funcionaria de carrera. Seguro que pondrá una vicefiscal intachable y capaz, asimismo en otros altos cargos.
La tarea interna es enorme, los desafíos externos, con los procesos que dejan Barbosa y Mancera enterrados, distorsionados, destruidos o a punto de precluir, son gigantescos. Limpiar y reestructurar todo, será imposible. Deberá impulsar aliada con el gobierno una política anticrimen organizado porque el narcotráfico y el delito se tomaron la Fiscalía hace años.
Colombia está sumergida en la corrupción, la violencia y en un fanatismo de derecha que no deja pensar, crear, soñar, construir y avanzar. Veamos cinco situaciones derivadas de lo vívido en el país en los últimos meses:
una, que el sistema de justicia desde sus altas jerarquías está destrozado;
dos, la Constitución quedó mal hecha y cada nueva ley que le sumaron, la empeoró;
tres, no hay tal que el poder ejecutivo en un supuesto régimen presidencialista, tenga una jerarquía superior. La Suprema hizo lo que le dio la gana, como le dio la gana y cuando le dio la gana;
cuatro, mientras los abusos de la Corte iban por un lado, en el Congreso de los legisladores las reformas sociales progresistas, sobre todo de la salud, tienen problemas para avanzar, porque están legislando contra el gobierno, contra los desposeídos y a favor de la corrupción como una acción de extrema derecha, sin importarles el colapso de los sistemas luego de treinta años de abuso y violación al Estado;
quinto, la moción de censura al ministro de defensa Iván Velásquez por la decisión del presidente Petro de no comprar más armamento a Israel, es descabellada, porque Colombia, después de ochenta años de una guerra interna en tres fases (violencia liberal conservadora, la guerra en el frente nacional; y la guerra neoliberal), está en la obligación de tener una industria de defensa propia, la cual hace parte de la política nacional de reindustrialización. De igual manera, la crítica del ministro a la Fiscalía porque mientras el ejército y la policía incautan decenas de toneladas de cocaína, la Fiscalía no investiga, no hace nada, porque el narcotráfico opera desde los más importantes despachos del bunker.
El Congreso muestra un bajo nivel intelectual, político y ético para abordar la realidad de la nación. No legisla con base en la razón y las necesidades de Colombia. Legisla por la torta del presupuesto nacional y por un decadente fanatismo ideológico de oposición.
En estos últimos meses los poderes legislativo y judicial han mostrado que son patéticos, porque una espantosa ideología de ultraderecha unida a la corrupción hizo metástasis en la dimensión infinita del poder político, judicial, económico y en los grandes medios.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: La Silla Vacía
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