«Deje de mimar a los super-ricos».
Warren Buffet
No hay duda de que el país requiere reformar el sistema tributario debido a su complejidad y promoción de desigualdades. Quienes se oponen y consideran innecesaria la reforma recurren al argumento de que este año existe un mayor recaudo gracias a la reforma pasada y consideran que la reducción del gasto público sería suficiente para obtener los ingresos que el nuevo gobierno necesita. Agregan, además, sin prueba contundente alguna, que la nueva reforma afecta la inversión, el empleo y la capacidad de producción de las empresas: una narrativa tan repetida como incierta. Incluso, han instrumentalizado a los pequeños comerciantes dueños de tiendas, con la idea de que van a desaparecer debido a los impuestos saludables: asunto que no es cierto porque los pequeños tenderos no están incluidos en el gravamen y además el traslado del impuesto hacia los consumidores no lo harán todas las empresas productoras, solamente las más pequeñas que son las que poseen menos participación de mercado.
Quienes se oponen bajo dichos argumentos lo que esconden es su verdadero interés: mantener privilegios, beneficios y exenciones para un segmento pequeño de la población y que se caracteriza por altos ingresos, activos y patrimonios.
Fiscalmente la reforma es necesaria por las siguientes razones: el nivel de deuda llegó al 60% del PIB, el déficit fiscal heredado es 8% del PIB, el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles representa 34 billones según el Ministerio de Hacienda, lo que significa tres (3) veces el presupuesto anual de los programas de transferencias condicionadas vigentes, y el financiamiento de los programas sociales comprometidos demanda recursos importantes. ¡Sólo este balance fiscal justifica la reforma!
Sin embargo, dicha reforma no es exclusivamente para aumentar el recaudo y compensar el desbalance fiscal. La reforma también es para corregir la desigualdad que tiene a Colombia en los primeros lugares. A partir de esta consideración, queda claro que los opositores de la reforma, entre los que se encuentra el escritor William Ospina, lo que pretenden es salir en defensa de unos intereses y mantener la desigualdad, porque si entendieran el enfoque de la misma, no estarían sosteniendo en público lo que han expresado y menos diciendo que es innecesaria. Sostener que la reforma no se necesita es querer mantener todo inalterado.
Adicionalmente, el énfasis de la reforma sobre impuestos directos permite avanzar hacia tributos que tengan en cuenta la capacidad de pago de las personas. A diferencia de otras reformas, ésta pretende limitar y prohibir algunos beneficios tributarios que distorsionan el sistema y generan desigualdad. Por eso es que esta reforma no busca el recaudo en impuestos al consumo, que suelen ser regresivos. En tal sentido, no es cierto que la reforma busque recaer sobre los más pobres o la clase media, sino todo lo contrario: pretende gravar en mayor proporción a las personas de mayores ingresos.
Elementos estructurales tras primer debate
En cuanto a renta de personas naturales (PN) se mantiene la idea de unificar los ingresos, aunque se excluyeron las ganancias ocasionales que pagarán 15%, excepto cuando sean producto de loterías y juegos de azar (35%). Las tarifas de renta PN se mantienen y solamente se busca que las personas con ingresos superiores a 10 millones de pesos mensuales tengan mayor contribución. Se amplía el beneficio para incentivar el ahorro pensional que guarda estrecha relación con la calidad de vida de las personas. También se tuvo en cuenta la conformación de los hogares y se aprobó la deducción de máximo 4 dependientes con el fin de reconocer la realidad familiar, proteger sus ingresos y aceptar el cuidado que unos familiares ejercen sobre otros, luego es una reforma que reconoce la economía del cuidado.
Sobre la renta de personas jurídicas (PJ) se limitan los beneficios tributarios sin perjuicio de la cultura y la promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Se reconoce al turismo como sector estratégico, se propone un beneficio para los parques ecoturísticos y de agroturismo en municipios de hasta 200.000 habitantes y aquellos definidos como municipios PDET. Tal beneficio consiste en una tarifa reducida en el impuesto sobre la renta, siempre y cuando sean personas jurídicas y que desarrollen estas actividades turísticas.
La tarifa de renta para PJ será del 35% excepto para la minería, hidroeléctricas y sector financiero. La minería pagaría sobretasa del 10% en 2023, 7,5% en 2024 y 5% en 2025 para empresas con renta gravable igual o superior a 1.900 millones, considerando la capacidad contributiva de algunas entidades y debido a que las tasas efectivas de tributación (TET) del sector minero-energético reportan niveles inferiores a la tarifa nominal. Las hidroeléctricas tendrán una sobretasa del 3% entre 2023 y 2026 dado que los precios han crecido y han tenido condiciones climáticas favorables que les ha permitido reducir costos de generación, mejorando sus márgenes y generando capacidad de pago. El sector financiero, que hoy paga una sobretasa de 3% hasta 2025, pasará a 5% hasta 2027, en virtud a que la tasa efectiva de tributación del sector financiero es de las más bajas.
Frente a los dividendos, se aprobó un descuento del 19% sobre las tarifas marginales del impuesto de renta que van desde 0% hasta 39%, es decir, tendrá un tope de pago de 20%.
Con respecto a las Zonas Francas, la propuesta es que reduzcan sus ventas dentro del país; en consecuencia, se propone que los ingresos por este concepto empiecen a reducirse gradualmente año a año, iniciando en 40% el primer año (2024), 30% el segundo y 20% el tercero. Se excluyen de dicho requisito los usuarios operadores y las zonas francas costa afuera.
Sobre el impuesto al patrimonio pagarán 0,5% aquellos superiores a 3 mil millones; 1% los superiores a 5 mil millones y 1,5% los que superen 10 mil millones. Este último aplica solamente por 4 años.
Respecto al régimen Simple, se incluye una reducción de las tarifas de los grupos de este régimen y se busca evitar el uso injustificado del mismo por quienes no tengan la intención de formalizarse. Se propone excluir del régimen a todos aquellos contribuyentes que perciben ingresos por la ejecución de servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales, debido a que deben tributar en el régimen ordinario según la naturaleza de las actividades que desarrollan.
Con relación a los impuestos saludables ―bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados― las tarifas aumentarán gradualmente con el fin de que productores y consumidores se vayan ajustando a la medida. Y en cuanto a regalías, se prohíbe su deducción sobre el impuesto de renta.
Jorge Coronel López, Economista Mg. en Economía, Columnista Diario Portafolio
Foto tomada de: Infobae
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