Dicho lo anterior, lo que propongo a continuación es un análisis de las propuestas que ambos candidatos han esbozado en sus programas de gobierno para atender esta variable geopolítica. Cabe mencionar que los programas de gobierno apenas son una aproximación a las agendas que proponen los candidatos. Por otro lado, será en el Plan Nacional de Desarrollo que formule el vencedor de la contienda electoral donde encontraremos el grueso de las políticas sectoriales del gobierno nacional y, entre ellas, la política de drogas.
Rodolfo Hernández, la hora de Colombia
Lo primero que llama la atención del programa del ingeniero Hernández es la ausencia total de un epígrafe en el programa que atienda el problema de las drogas. Para quien escribe y advirtiendo que el asunto es de mi interés investigativo, resulta inaudito que no se haya incorporado una propuesta para la lucha contra el narcotráfico. Dicho de otra forma, hay asuntos en el marco de las potenciales agendas políticas en Colombia que pueden ser soslayables, ¿pero es posible olvidarse en el país andino del narcotráfico y el número de problemas derivados que acarrea y genera?
En una segunda aproximación, revisando el índice del programa, el punto 3 bajo el pomposo título “un estado de iguales ante la ley: así cumpliremos nuestras responsabilidades esenciales” integra en su numeral primero las propuestas en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional (páginas 49 a 51). Más rimbombante es aún la prosa con la que arranca el acápite y cito textualmente: “solo aquel gobierno que comprende plenamente sus responsabilidades al frente del Estado, puede liderar una auténtica transformación social para su pueblo y cumplir las expectativas de cambio que motivan a los ciudadanos”. Desde mi perspectiva, añadiría un paso previo y necesario en el proceso cognitivo que nos permite llegar a la acción y asumir las responsabilidades de un gobernante: tan solo el gobierno que comprende sus problemas alcanza a vislumbrar sus responsabilidades.
Se resume así la propuesta en materia de lucha contra el narcotráfico en cuatro líneas recogidas en la página 51 del programa: “asegurar la protección de la ciudadanía en poblaciones fronterizas, la preservación de la soberanía nacional y controlar el delito transnacional con énfasis en el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas”. Del tenor literal de la frase anterior se desprende que el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas pareciera son problemas cuya manifestación y afectación es puramente fronteriza, lo que de entrada es un craso error. Hasta ahí la política de seguridad y convivencia ciudadana y sus dos alusiones al problema del narcotráfico.
Tras hacer minería de texto a través del programa de gobierno resulta cuanto menos insólito que un candidato presidencial del país qué produce el 70% de la cocaína mundial realice menciones aisladas e inconexas a la cuestión del narcotráfico. Peor aún que ni siquiera se apele al problema en términos propositivos. Las tres menciones identificadas, a parte de las “propuestas” en materia de seguridad ya analizadas son:
- En materia de salud, se indica que en relación con el consumo de SPA se implementará una política de prevención y centrada en la salud pública (página 17).
- En materia de infancia y adolescencia, se menciona en términos contextuales como el narcotráfico ha sido una causa de la violencia estructural en la Colombia rural (página 24).
- Por último, en materia de justicia se indica como el narcotráfico y la corrupción han contribuido a la tolerancia al delito que padece la sociedad colombiana (página 52).
En la búsqueda de otros términos asociados, se destaca una mención a la droga y otra a la coca. También una mención a los cultivos de uso ilícito donde se incorpora una propuesta vaga en relación con sus posibles usos lícitos. En resumidas cuentas, lo descrito hasta ahora es la política integral de lucha contra las drogas ilícitas del candidato Rodolfo Hernández.
Gustavo Petro, potencia mundial de vida
En el caso del candidato Gustavo Petro, el capítulo sexto del programa, bajo el título “dejaremos atrás la guerra y entraremos por fin en una era de paz”, pone de manifiesto una comprensión del problema de las drogas que no puede desentenderse del Acuerdo Final para su resolución. Sin dudas, el punto cuatro del Acuerdo es un punto de partida esencial en la medida que integra el bloque de constitucionalidad y es de obligado cumplimiento por parte de cualquier gobierno.
Además, se reconoce la necesidad de atacar la economía ilícita de la cocaína para lograr la generación de economías lícitas a través del desarrollo alternativo (página 49). Comprender la necesidad de desarrollar un programa nacional de sustitución imbricado con la reforma rural integral, deviene un avance cualitativo en la interpretación de los acuerdos hasta la fecha. Además, será preciso comprender la necesidad de pasar de una política de sustitución basada en la caridad a una política basada en la calidad.
El programa de Petro es una declaración de intenciones manifiesta, sin temores, arriesgada. El punto 5.3. indica la voluntad de cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas pasando de la guerra promovida por el prohibicionismo a una agenda internacional concertada para la América Latina basada en el respeto a los derechos humanos y la transformación económica integral de los territorios (página 50). Ciertamente la guerra contra las drogas no ha sido exitosa tras más de cuatro décadas de su implementación. Sin embargo, es importante advertir como esa nueva agenda y regulación deberán ser abordada en concertación con el hegemon en su aún tímido viraje en relación con el tema.
Unas líneas más allá, se indica la necesidad de “eliminar la dependencia macroeconómica del Estado de las rentas de la cocaína”, lo que de nuevo es un reconocimiento que implica la comprensión del problema para la consecuente toma de decisiones. En este punto, la propuesta está basada en democratizar la tierra, habilitar crédito público y el apoyo técnico para la reinserción económica del pequeño productor. Sin lugar a dudas esto es, al menos en el papel, un cambio radical del paradigma actual.
En términos similares a lo que indica el plan de gobierno del ingeniero bumangués, Petro incorpora la necesidad de regular las matas de uso ilícito y el uso de sus derivados. También propone el desarrollo de investigación de los usos benéficos de los derivados del cannabis y la coca (página 51).
También se propone una política preventiva frente al consumo, pero también, en concordancia con el punto 4, continuar la implementación de la política de tratamiento y atención del consumo con un enfoque de salud pública de reducción del riesgo y el daño. Esto implica, y cito literalmente, “la descriminalización del consumo” y la extensión de estrategias como el Centros de Atención Médica a los Drogadictos (CAMAD) (página 51).
Además, el programa contiene alusiones al problema del narcotráfico cuando se desarrollan las propuestas de protección del ambiente y sus activos naturales (página 14). De igual forma, cuando se prescribe una política de sometimiento judicial del multicrimen (página 49) entendida como alternativa y complemento a la persecución penal típica de cualquier Estado de derecho. Además, en ese mismo epígrafe se incorporan las dimensiones del negocio que tradicionalmente no se han perseguido en Colombia: los financiadores, la corrupción de funcionarios públicos asociada al narcotráfico y los lavadores de las rentas ilícitas.
Conclusiones
El ávido lector habrá ya percibido que los candidatos a disputarse la Presidencia el próximo 19 de junio, ostentan proyectos de lucha contra las drogas y sus rentas que, sin ser diametralmente opuestos, se encuentran a las antípodas el uno del otro. Mientras el candidato Hernández ha considerado que el problema no requiere de grandes propuestas y mucho menos de innovación en su aproximación, el candidato Petro, ha hecho de este asunto una de las banderas de su campaña.
Para quien escribe, independientemente de cuestiones ideológicas, la propuesta de Petro no sólo es mucho más completa y parte de una comprensión integral del asunto, sino que significaría un punto de quiebre en la búsqueda de la solución a un flagelo que azota a la República por más de cuatro décadas. Además, se muestra así sea de forma esquemática la necesidad de comprender el narcotráfico como causa y efecto de muchos de los problemas del país como son la corrupción, otras economías ilícitas, violencia, desigualdad y fuente de estigmatización.
De la misma forma como terminaba hace unas semanas mi artículo, lo que es seguro y cierto, es que el día 7 de agosto, el narcotráfico seguirá siendo uno de los mayores problemas de la República. Y entre viejas e inocuas recetas del pasado y la posibilidad de evolucionar en la materia, yo tomaría el riesgo. Colombia por si sola no podrá acabar nunca el problema del narcotráfico como fenómeno criminal transnacional, pero seguro sí puede aliviar las cargas de este flagelo a su sociedad y, al menos, plantearse derroteros que reduzcan la violencia estructural que esta y otras economías ilícitas producen.
Santiago Garre Pelegrina
Foto tomada de: El Heraldo
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