El presidente Duque asumió el riesgo de un discurso genérico y con cifras discutibles. No ayudó mucho esto, probablemente mal asesorado, terminó por desaprovechar la oportunidad para dar mensajes más claros y marcar rumbos que unieran al país, Esto último si que lo propone, pero no encuentra los caminos para fraguarlo. La oposición ejerció su derecho a la réplica. Rememorando los discursos de impacto, veintejulieros que llaman, la Senadora Avella, desaprovechó la oportunidad para posicionar otra forma de ver al país, de mostrar la realidad, aunque más cercana eso sí, terminó por caer en el mismo error del presidente, la dispersión de temas, el no configurar las grandes prioridades. Ella y él terminaron por hacer extensas listas donde los oyentes acabamos cansados, de ver los lugares comunes en una y otra posición; en la polarización que los dos terminan por rechazar. Y el nuevo presidente del Congreso, elegido con acuerdos políticos desde tiempos atrás, no hizo nada diferente, solo algunos temas sin mucho ahínco.
El tema inicial es coyuntural, el cómo enfrentar la gran crisis humanitaria y económica en la que está inmerso el país. La Senadora mencionó la crisis de manera genérica en tres veces, pero aun así fue más precisa que las dos oportunidades donde el presidente lo hizo. Los dos coinciden en las estrategias, pero no en los montos y en las formas para hacerlo. Mientras la presidencia cree que el ingreso solidario es suficiente, extendiendo el subsidio de 160.000 hasta junio de 2021(a tres millones de hogares más los otros programas de subsidios como adulto mayor, jóvenes, devolución del IVA, entre otros), la oposición cree que la forma es llegar a más familias (9 millones) a través de un salario mínimo por tres meses y la mitad por dos meses más. Los dos se equivocan, esto no es renta básica, es solo un subsidio de emergencia.
Mantener la demanda agregada es un imperativo para impedir que la economía se siga deteriorando, en esto ya incluso están de acuerdo los propios empresarios reunidos en la Andi, que ya manifestaron su intención de contribuir con la estrategia de ingreso de emergencia. Así que lo que llaman renta básica o ingreso de emergencia, como quieran, es absolutamente necesario. Los programas de subsidio ya están en marcha, eso es cierto y es lo que le dice el Gobierno a la oposición y más aún a los demás partidos que apoyan la iniciativa parlamentaria. Se trata entonces de concertar montos, número de familias, así como la sincronización o no con los demás programas de subsidios que existen. El país podría financiar un ingreso de mayor alcance, tal y como se propone desde las bancadas y esto podría darle mayor respiro a la recuperación de la economía. Lo cierto es que esto no tendría que pasar por el Congreso, se trata solo de un acto gubernamental de atención a lo que se demanda desde la sociedad sin que, de pronto, por norma, se le obligue a hacerlo.
Algo similar sucede con la salud. Los anuncios van y vienen mientras el sector afronta la crisis del Covid-19 sin los recursos necesarios. Ya no se trata de confinamientos o no, estos solo se hacen para que las UCI no revienten, para que la gente no se muera en las calles. Los dineros, los respiradores y demás equipos llegan a cuenta gotas, el personal es insuficiente para atender las nuevas UCI. Tanto el gobierno nacional como los mandatarios locales creen que la gente es tonta, los simples anuncios terminarán por ser un boomerang, que los golpeará, no solo por el dolor de la gente con sus muertos, sino por la rabia de verse engañados. Preparan con esto no enfrentar la crisis sanitaria por el virus, sino un estallido social de enormes proporciones; la verdad espero estar equivocado.
Mientras tanto, las reformas laboral y pensional parecen quedarán en el tintero, al menos como un paquete grande e integrador; dos días antes del discurso del presidente el Ministro de Trabajo las enterró con la idea nuevamente de la Comisión de expertos que no ha terminado de configurarse y de la cual se espera entregue resultados a la comisión de concertación y allí poder preparar las reformas a llevar al congreso, planteó que esto podría demorarse dos años. Y la tributaria calienta motores, solo eso y necesariamente tendrá que darse.
De esta manera, y a raíz de los aprendizajes en estos dos años, donde la eficiencia y eficacia normativa en el Congreso por parte del Gobierno ha sido poca, donde la capacidad de concertar las reformas no ha sido posible, a no ser mediadas por las más tradicionales formas de corrupción parlamentaria (lentejos), el Gobierno Duque por los estados de excepción, en 60 días expidió 164 decretos, comparado con los 270 que se expidieron en estados de excepción en 29 años desde la Constitución de 1991, es clara la “estrategia avispa” que el Gobierno “descubrió” para no tener que enfrentar los debates nacionales.
Así que difícilmente se van a dar grandes reformas que impliquen procesos complejos de concertación. No, la reforma laboral no se hará, pero si se legislará por partes, por ejemplo, en torno al trabajo remoto, al trabajo por horas, a los pagos regionales, al jornal diario integral rural, al trabajo de domiciliarios y plataformas, a seguir buscando rutas para abaratar la contratación e incluso la salida, es decir las indemnizaciones. Hoy el país tiene en la informalidad laboral tal vez uno de sus principales problemas en los mercados laborales, pero no se avistan propuestas en torno a esto, a la garantía del primer empleo para jóvenes, tampoco a proteger las personas dedicadas al cuidado y menos aún hacia la protección laboral de las mujeres.
La reforma pensional dará espacio a hechos legislativos en torno a los programas de apoyo a la vejez, a definir los límites de la edad, las semanas de aportes, las tasas de cotización, las tasas de reemplazo, las propias dinámicas de Colpensiones o de los fondos privados. Todo por separado, junto jamás.
Se plantearon propósitos de reactivación y como suele suceder se anunciaron montos de inversión que no son claros ni siquiera entre el presidente, el ministro y el viceministro de Hacienda, todos tienen cifras diferentes. El apoyo a la producción no es claro y la estrategia de compra Colombia, ante la caída de ingresos en los mercados locales, deberá estar acompañada de un impulso decidido a las exportaciones. De lo contrario, los esfuerzos empresariales terminarán ahogados en la debilidad del mercado interno.
La ruralidad, y en ella el sector agropecuario, escasamente tuvo mención. Incluso gremios como Fedegán y la SAC plantearon que es necesario encarar una legislación que posibilite decidir sobre los temas de tierras, la asistencia técnica y en general el extensionismo, las garantías para créditos, las vías terciarias o programas de apoyo a la mujer emprendedora, ni siquiera mencionados por el Gobierno, y eso que son absolutamente gobiernistas.
Tal vez como nunca antes, el país requiere de un liderazgo decidido y un pensamiento de nación, que trascienda los discursos banales y se manifieste en una puesta en común de lo que debemos hacer económica y socialmente. El Covid nos enrostró nuestras enormes pobrezas, y más aún, nuestras vergonzosas desigualdades. Seguirle dejando esto a los políticos no es una buena decisión. Es hora que desde diferentes sectores se alce la voz, pero también se pongan las manos para construir un país de mayor inclusión, de menos desigualdad, uno donde el sueño de vivir bien y en paz, deje de serlo para convertirse en una realidad.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales Universidad de La Salle.
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