Pero estas no son solo las dificultades, los retrasos son evidentes en el tema principal que es el que más preocupa a las FARC-EP, que es el de la concreción en normas jurídicas y en procesos concretos en la implementación de los Acuerdos. Estudios a los que hemos hecho mención en estas mismas páginas señalaban a comienzos del mes de mayo que sólo se había avanzado en un 12.7% del cumplimiento de los Acuerdos. Esto puso el proceso en Vilo que se vio afectado además por el fallo de la Corte Constitucional que lentifica aún más el proceso al eliminar dos mecanismos que son centrales para la ágil aprobación de las leyes y reformas constitucionales manteniendo la fidelidad a los acordado en La Habana, uno era que los cambios a los contenidos de las propuestas deberían contar con el previo aval del Gobierno para no reabrir de nuevo la negociación en el Congreso y la votación de los proyectos en bloque. Frente a esta realidad y sin que aún se haya materializado en los proyectos que hacen curso en el Congreso se anunció por parte de las Comisiones de Paz del Congreso que acudiendo a la ley que reglamenta los procedimientos de aprobación se mantendría la norma permitida por la ley de aprobación previa o aval previo para las modificaciones y la negación en bloque de las propuestas que buscan transformaciones en los contenidos pactados. Aún este mecanismo no ha sido puesto en práctica en los proyectos que hacen trámite en el Congreso de la República.
Como producto de la crisis desatada por el fallo de la Corte y con los ajustes ya comentados en el calendario del proceso el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió, utilizando las facultades que le confirió el Acto Legislativo No 1 de 2016 que le permite promulgar decretos con fuerza de ley, aprobar en la última semana 34 decretos leyes sobre un conjunto de temas de los Acuerdos de los cuáles nos ocuparemos en una próxima entrega de esta revista. Por ahora quisiéramos mencionar dos tropiezos en la implementación de temas que son centrales en el tema de tierras y en la conformación de la Unidad Especializada que se debe ocupar del desmonte de las estructuras criminales del paramilitarismo que eufemísticamente se llama en los Acuerdos las estructuras sucesoras del paramilitarismo puesto que el Gobierno se niega a reconocer que dichas estructuras son de organizaciones paramilitares, ahora se les denomina como Organizaciones Ilegales de la criminalidad organizada.
El Acuerdo en el tema de tierras que ha sido objeto de uno de los decretos leyes busca poner en marcha dos de los temas centrales del acuerdo del punto de Reforma Agraria Integral que corresponde al punto 1 de los Acuerdos. Estos temas son la puesta en marcha del Fondo de Tierras para la Paz que tendría 3 millones de hectáreas que serán distribuidas de manera gratuita a campesinos sin tierra o con poca tierra para lograr una subsistencia digna. Así mismo serán beneficiarias las familias víctimas del conflicto, los cultivadores de coca y amapola ligados a los programas de sustitución de cultivos y también por supuesto los antiguos combatientes de las FARC-EP en proceso de desmovilización. El propósito es el fortalecimiento de la economía campesina. Esto que es claro en los Acuerdos fue enredado de tal manera que casi hace fracasar la expedición del decreto puesto que en el Proyecto de Decreto Ley preparado por la Agencia de Tierras del Ministerio de Agricultura se incluyeron varios artículos que pretendían legalizar tierras acumuladas de manera ilegal por poseedores que sobrepasaban los límites establecidos en la ley 160 de 1994. Estos artículos fueron bloqueados tanto por las FARC-EP en la Comisión que hace el seguimiento y el monitoreo de los Acuerdos como también por parte de las Comunidades Indígenas y Afros en el proceso de la consulta previa.
El régimen no quería dejar pasar la oportunidad de legalizar a grandes empresarios como el caso de Luis Carlos Sarmiento Angulo que posee más de 117 mil hectáreas que aparentemente no están debidamente legalizadas como también los propietarios de los Ingenios Azucareros que han acumulado tierras en el departamento del Vichada donde poseen más de 50 mil hectáreas y ahí volvieron a aparecer las propiedades de Álvaro Uribe Vélez que también aparentemente tienen problemas por la apropiación o compra ilegal de tierras. El forcejeo duró un par de semanas y finalmente el Gobierno tuvo que retirar estos artículos y limitarse a establecer el Fondo de Tierras para la Paz que el decreto establece que en un lapso de 10 años deberá distribuirse entre los actores ya mencionados esos tres millones de hectáreas que provendrán de la compra de tierras por el Estado, tierras de baldíos que son propiedad de la Nación y tierras expropiadas mediante la extinción de dominio a narcotraficantes. Esas serán las fuentes para alimentar dicho fondo. Esta política busca mejorar la equidad en la distribución de la propiedad agraria sumamente concentrada en Colombia. Apenas 2500 propietarios son los dueños del 52% de la tierra productiva del país. La concentración medida según el coeficiente de Gini ha llegado según el Censo Agropecuario del año 2014 a la aberrante cidra de 0,90 donde 1 sería la situación en que un solo propietarios fuera el dueño de toda la tierra productiva. Sobre esta tasa de concentración de la propiedad es obvio que no se puede construir una paz estable y duradera. Esta es la realidad injusta que pretenden mantener y profundizar quienes como el uribismo se oponen a los Acuerdos de La Habana que lo que buscan es ampliar la base de una economía campesina de medianos propietarios. Nada que ver con la mentira de que lo que se busca es acabar o debilitar la propiedad privada de la tierra. Por el contrario lo que se busca es que haya más propietarios rurales.
El segundo contenido importante del decreto es el que busca la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas que no tienen títulos adecuados y por tanto esos cientos de miles de poseedores sin títulos no tienen acceso al crédito para apalancar su producción. En Colombia, de nuevo con base en las cifras del Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 61% de la propiedad no tiene debidamente formalizada su titulación. Estos son los contenidos básicos del decreto ley sobre reforma agraria que busca materializar los Acuerdos de La Habana. Esto es importante en la tarea de ampliar la base social de respaldo al proceso de paz. Otros decretos leyes se ocupan de temas como la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, la construcción de infraestructura educativa, de salud, la electrificación rural, en fin, la dotación de bienes públicos en aquellas regiones fuertemente golpeadas por el conflicto. Todo el resto del punto de desarrollo rural deberá ser tramitado en una ley en el Congreso de la República, en que cerca de un 36% está conformado por terratenientes tradicionalista lo que hará muy difícil su trámite.
Un segundo gran tema que está en el centro de las preocupaciones para construir una paz estable y duradera tiene que ver con el desmonte de las estructuras paramilitares. En el punto 3 de los Acuerdos de La Habana este tema mereció especial atención puesto que es uno de los principales obstáculos para la construcción de la paz. Allí se contempló la creación de una Comisión Nacional de Garantías en la que toman asiento representantes del Estado en sus más altos niveles comenzando por el presidente de la República quien la preside, los ministros del Interior, de Defensa, los comandantes de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía Nacional, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación y cinco representantes de la sociedad civil.
Este organismo tiene como principal función el dotar al Estado de una política para el desmonte de las estructuras criminales del paramilitarismo. Al mismo tiempo deberá propiciar un gran acuerdo nacional para sacar las armas de la política. La Comisión ya ha sido instalada y definió la puesta en marcha de dos proyectos piloto, en Buenaventura y Tumaco, en el desmonte de éstas estructuras que son las responsables de acuerdo con el Informe de la Defensoría del Pueblo “Violencia y amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos” de 156 homicidios, 33 atentados y 5 desapariciones forzadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo del año 2017, ratificando la grave situación de riesgo en que se encuentran los Defensores de Derechos Humanos y líderes de movimientos sociales principalmente en aquellas zonas y regiones que fueron el principal foco de acción de las guerrillas de las FARC-EP. Los departamentos más afectados son el Cauca que concentra el 36% de dichas muertes así como los departamentos de Antioquia, Nariño y Norte de Santander a quienes se ha sumado más recientemente el departamento del Chocó. En lo corrido del año 2017 hasta mayo 17, Indepaz reporta el asesinato de 51 líderes sociales y defensores de derechos humanos y también se registra la muerte de 9 personas relacionadas con las FARC-EP (2 militantes y 7 familiares).[i]
El segundo instrumento que contemplan los Acuerdos de La Habana para enfrentar esta amenaza es la creación de una Unidad Especial de Investigación para el desmonte de estas estructuras paramilitares que según el Acuerdo Final debería gozar de autonomía tanto en su conformación como en su financiamiento y en su estructuración a la cual debería adscribirse un cuerpo élite de la Policía Nacional y un cuerpo robusto de investigación con un alcance nacional y con unidades regionales. La Unidad estaría adscrita a la Fiscalía General de la Nación pero sería autónoma. Así concebida esta Unidad a mi juicio era acertada la decisión puesto que la Fiscalía General de la Nación ha fracasado, fracaso que no reconoce, en su labor frente a estas organizaciones criminales. Un indicador de dicho fracaso es que en materia de crímenes relacionados con defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, sindicales, indígenas y afros, la tasa de impunidad reconocida por las cifras del Consejo Superior de la Judicatura es del 97%, es decir, reina la impunidad y la Fiscalía General de la Nación que ha sido hasta hoy el organismos responsable por esas investigaciones ha fracasado, como lo reconoció el Gobierno en la Mesa de La Habana y por ello accedió a la creación de esa Unidad Especial y en los Acuerdos se contempla que dicha Unidad aunque debería ser adscrita a la Fiscalía debería estructurarse de manera autónoma. Pues bien y como lo registra un titular de la Revista Semana el Fiscal General Néstor Humberto Martínez derrotó las pretensiones del Acuerdo Final de estructurar esa Unidad con autonomía. El decreto ley que se ocupa de la materia culmina los esfuerzos del Fiscal General por subordinar dicha Unidad a su propia dirección. Lo cual no es garantía de que pueda realmente enfrentar a estas estructuras criminales.
Los esfuerzos del Fiscal General comenzaron el mismo día en que se promulgaron los Acuerdos de La Habana. Con la victoria del NO en el plebiscito del 2 de octubre el Fiscal General coincidiendo con los enemigos del Acuerdo se dio a la tarea de acabar con la autonomía de dicho organismo. Primero logro echar a atrás el nombramiento de Alexandra Valencia que había sido nombrada para que estructurara y dirigiera esa Unidad por un período de seis años. En la renegociación con los voceros del NO se logró que el nombramiento del director o directora lo hiciera el Fiscal General de una terna que deberá conformar el comité de electores conformado para el nombramiento de los Jueces del Sistema Integral de Justicia para la Paz y de los Comisionados de la Comisión de la Verdad, se redujo el período a cuatro años y en adelante serán los jueces del Tribunal quienes deberán conformar la terna para que el Fiscal General nombre. En el decreto que crea la Unidad, ésta queda adscrita al Despacho del Fiscal General a quien además se le confiere la facultad de definir las nuevas funciones que deberá tener dicho funcionario estableciendo en la práctica una relación de subordinación tanto de la Unidad como de su director o directora al Fiscal General. Es la rebelión del régimen en contra de los Acuerdos como también ya se presentó la rebelión del Consejo de Estado contra el Tribunal Electoral que proponía la Misión Electoral Especial.
Así pues que dicha Unidad que tiene la tarea de luchar y lograr el desmonte de las estructuras paramilitares vuelve a quedar en manos de la Fiscalía General y queda adscrita a su estructura interna bajo el mando del Fiscal General. A ello accedió el Gobierno con la oposición de las FARC-EP que mantuvieron la propuesta contenida en los Acuerdos de La Habana. Mucho nos tememos que con la victoria del Fiscal la realidad no cambie y este sea un real obstáculo para los avances del proceso de paz que tiene su más serio riesgo en el accionar de estas estructuras criminales.
Pedro Santana Rodríguez: Director Revista Sur
Bogotá 1 de junio de 2017.
NOTAS
[i] Indepaz consultado en www.indepaz.org.co
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