El problema es de amplias repercusiones para la sociedad colombiana, afecta de manera directa a millones de personas, a las dinámicas económicas, a la tranquilidad ciudadana, a la calidad de la democracia, a los derechos ciudadanos y a las libertades públicas, conculcadas por autoritarios que mandan y ordenan pistola en mano.
Estas mafias se han consolidado con la participación y complicidad de poderes estatales que se han aliado en sus intereses de acumulación de recursos, despojo de tierras y usufructuar este poder autoritario, eliminando físicamente a quienes se les oponen e intimidando vía fuerza y brutalidad a las comunidades, sus organizaciones y lideres.
El desafío no es pequeño ni nuevo, sabemos del poder de estas mafias desde los años ochenta cuando mataron a tres candidatos presidenciales y hemos visto su expansión y consolidación como un verdadero poder nacional con amplias imbricaciones, este poder mafioso es sofisticado y ha permeado al conjunto del Estado colombiano, que se comporta de manera hibrida: en su interior se pueden encontrar los funcionarios más probos y cumplidores de sus deberes y responsabilidades, actuando en el marco de la ley, conviviendo en las mismas instituciones con verdaderos criminales al servicio del poder mafioso, de ello hay evidencia y testimonios, casos juzgados y amplia documentación, que dan cuenta de la presencia de estos procesos en el interior del Estado colombiano, a todos los niveles, desde el municipio más pequeño hasta la incursión en la casa de Nariño.
Superar el poder mafioso requiere derrotarlos políticamente, depurar el Estado de estos criminales, superar las políticas que le da aliento y espacio, empezando por la fallida guerra contra las drogas, promover economía legal con infraestructura y bienes públicos en los territorios donde las mafias actúan con mayor holgura, desarrollar el campo con oportunidades, garantizar derechos a millones de jóvenes que hoy son carne de cañón y mano de obra para la mafia, en fin la tarea es inmensa, pero parte por ganar poder político para construir Estado social y de Derecho donde hoy impera la barbarie.
El acuerdo de paz firmado por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, tiene un conjunto de medidas para el desmonte de mafias y estructuras armadas mafiosas, pero nada de eso se cumple, sigue en el congelador, del cual hay que sacar ese capitulo como muchos otros de un acuerdo de paz que fue firmado para ampliar esta precaria democracia.
Lo vivido en días pasados en el afrentoso paro del Clan del Golfo, nos recuerda que hay tarea por llevar adelante, que no es pequeña ni sencilla, pero que sigue siendo urgente si queremos vivir en el marco de la civilidad y el derecho.
Luis Eduardo Celis
Foto tomada de: BBC
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