En las manifestaciones y los mítines que realizaron los y las docentes, con justa razón, en casi todos los departamentos, para exigir atención médica inmediata, salvo algunas voces contrarías, no se escucharon consignas de rechazo al nuevo modelo de salud, ni exigencias de retorno al modelo que se terminó el pasado 30 de abril, sino exigencias de atención inmediata a las personas que la requerían con suma urgencia, intervenciones quirúrgicas programadas, tratamientos de enfermedades alto costo, terapias, hospitalizadas programadas con anterioridad, reclamar medicamentos de uso diario o de alto costo, pacientes con cáncer avanzado, tratamientos de diálisis, diabéticos, hemofílicos, etc. Justas reclamaciones de quienes vieron la vida de sus familiares en riesgo, dada la confusión, la desinformación, desorientación y la improvisación reinante; situación que fue aprovechada por defensores del lucrativo negocio de los antiguos prestadores privados, el uribato, sus aliados de la oposición y sus altavoces los medios de comunicación, para atizar la confusión y aprovechar para presentarla como un fiasco y un nuevo fracaso del gobierno y de FECODE.
Pese a sus contradicciones internas, FECODE y la inmensa mayoría de los sindicatos filiales, asumieron la defensa del nuevo modelo de salud y responsabilizaron a la fiduciaria “La Previsora” y al Fomag porque, la verdad sea dicha, no tenían previsto ningún plan para atender, tanto a los y las docentes, pensionados y activos, como sus familiares, que estaban en situaciones de apremio, ni para iniciar de manera programada el proceso de transición al nuevo modelo, prevista para seis meses. La improvisación, el caos y la desinformación predominaron, como si hubieran sido situaciones tramadas para sabotear el tránsito normal al nuevo modelo de salud.
Las consignas agitadas por el magisterio en las movilizaciones realizadas frente a las sedes regionales y nacional de la Fiduprevisora fueron para exigir el respeto al “Acuerdo 03/2024”, rechazar “el saboteo a la implementación del nuevo modelo de salud”, “exigir la renuncia del presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín” (cuota del partido de la U) y solución inmediata a las situaciones de urgencia que ponían en riesgo su vida y la de sus familiares. No era para menos, pues el primero de mayo y subsiguientes, fue notoria la ausencia de prestadores de atención primaria, no se sabía a donde ir a reclamar medicamentos, ni a donde ir a recibir sus terapias o, a continuar tratamientos de alta complejidad; reinó el desconcierto. No habían previsto ningún plan de contingencia.
En medio de la desorganización reinante, cual pescadores en rio revuelto, parlamentarios de la oposición uribista y verde, convocaron de urgencia un “debate de control político”, no para analizar, entender la situación, identificar los responsables y exigir soluciones, sino para culpar al gobierno del “fracaso” del nuevo modelo y exigir el retorno al negocio de los intermediarios y prestadores privados, del cual se lucraron durante 34 años, pese a las decenas de miles de quejas de docentes por el pésimo servicio recibido. Pero, como resultado inesperado, el debate sirvió para poner en evidencia las verdaderas causas del despelote y sus responsables.
La primera causa fue que, tal como está previsto en el acuerdo 03/2024, haber delegado en la Fiduprevisora la conformación del registro calificado de prestadores de servicios de salud y tecnologías en salud, así como, de la Red de Prestadores de Salud y de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sería presentado al Consejo Directivo del FOMAG, no para su aprobación, sino para hacerle recomendaciones. Para colmo, la fiduprevisora quedó con la potestad de remitir los y las pacientes, que lo requieran, por orden médica, a los prestadores inscritos en la red que mejor se acomodaran a las necesidades de salud y de cercanía a la vivienda del afiliado o su beneficiario. La fiduciaria no solo no estructuró la red de prestadores, ni siquiera parcialmente, sino que, sospechosamente, se limitó a contratar las redes de prestadores propias de los aperadores privados supuestamente eliminados en el nuevo modelo.
La segunda causante fue la falla del acuerdo que delega únicamente en la fiduciaria la responsabilidad de elaborar, para someter al estudio y la aprobación del Consejo Directivo del Fomag, un proyecto de modificación del Manual de Contratación, que incluyera el Comité de Contratación de Salud, su composición y sus funciones, basado en la resolución 2335/2023 la cual regula que los contratos deben cumplir con los principios de integralidad, sostenibilidad, progresividad y oportunidad del Modelo de Salud Y SST. El acuerdo contempla que el Comité “incluirá un delegado de FECODE en calidad de observador, que sea miembro del Consejo Directivo de FOMAG… “quien tendrá la función de velar por la conformación de la red de prestadores de salud…”. El magisterio, activo y pensionado, deben exigir la revisión de estos puntos del acuerdo 03/2024, de tal manera que garanticen una participación efectiva de Fecode y los docentes pensionados.
A la hora del té, ninguno de los nuevos prestadores inscritos hasta el primero de mayo, sin manual de contratación, fue contratado. La falla fue supuestamente resuelta con una circular que autorizaba a los prestadores atender sin autorización y sin contrato, lo cual agravó la confusión porque, para remate, una IPS, o un consultorio, por ejemplo, no sabían cómo, ni a quien cobrar sus servicios, ni a donde remitir los pacientes que lo requirieran. Na se entiende por qué FECODE acepta ser observador y no determinante y dinamizador en este proceso de integración de las redes y la contratación de los servicios.
La tercera causa fue la contratación de proveedores de medicamentos, que, de acuerdo con la filosofía del nuevo modelo, debía ser amplia, plural y suficiente; pero, en este caso el presidente de la fiduciaria, Jhon Mauricio Marín, peló el cobre, porque se supo que solo habían contratado a los tres gestores farmacéuticos, FARMART, en la cual, presuntamente tiene intereses la señora Dilian Francisca Toro, jefe política del señor Marín, RAMÉDICAS Y Emcosalud, que prestaban sus servicios a los antiguos operadores privados; no se sabe por qué no contrataron otros gestores, como Cruz Verde, Unidrogas, Coopidrogas, Drogas La Rebaja, etc.
Como en estos casos es recomendable pensar mal para acertar, se presume que el curso de los acontecimientos condujo al magisterio a descubrir que el principal responsable de la crisis fue la Fiduprevisora; especialmente de su presidente Jhon Mauricio Marín, a quien señalaron como saboteador de la implementación del nuevo modelo. Además, en el debate en el Congreso, el ministro de salud responsabilizó al señor Marín de la crisis y el propio presidente en reciente entrevista acusó a la fiduprevisora de sabotear el nuevo modelo de salud del magisterio. El magisterio exigió su renuncia, la que afortunadamente presentó después del debate de control. La Superintendencia de Salud decretó medida cautelar a la Fiduprevisora y al Fomag, porque no respondieron 11 requerimientos emitidos por la Supersalud y para proteger los derechos de los y las afiliados; así como para ordenar que se resolvieran más de 2.100 reclamaciones presentadas en menos de 20 días del caótico inicio del nuevo modelo de salud.
La mala fe del renunciado presidente provocó la renuncia del gerente de salud del Fomag, Milton Guzmán, en su remplazo fue nombrada la señora María mercedes Petro, quien fungía de gerente de los operadores privados regionales para Sucre y Córdoba. Surge la obligada pregunta ¿no le habrán dado nuevamente el queso al ratón?.
El señor presidente, en reciente alocución, reiteró que actualmente está enfrentado a “dos anillos de corrupción” el de Fomag y fiduprevisora y el del macro escándalo de la UNGRD, cuyos billonarios recursos también son administrados por la Fiduciaria La Previsora, paradójicamente en cabeza de su presidente saliente Mauricio Marín, que es precisamente quien, al igual que los presidentes de la fiduciaria en los gobiernos anteriores, firmaron los desembolsos de las cuantías que tanto el Fomag, como los directores de la UNDGR de los últimos ocho años han ordenado, que seguramente tendrá que explicar como se involucraron el 60% de integrantes del Congreso de la República, presuntamente implicados en el saqueo de los billonarios recursos, que estaban dedicados a la atención de desastres y la ayuda a los damnificados, según lo informó el Contralor General encargado. El magisterio, los centenares de miles de damnificados y el pueblo colombiano esperan prontos resultados de las investigaciones solicitadas por el presidente Gustavo Petro y castigo severo, caiga quien caiga, para los corruptos.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ANEP.
Foto tomada de: Eje 21
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