En este contexto, la privatización de las empresas del sector eléctrico se hizo sobre la base de modificar la regulación existente, para facilitar “la enajenación de la propiedad accionaria estatal y promover el acceso de los agentes privados a la propiedad de las unidades económicas” (Ley de Privatizaciones Nro. 226 de 1995). Anticipadamente, y en el caso particular del sector eléctrico, ya se habían aprobado dos leyes que buscaban un “sector más competitivo y regulado con criterios de mercado” (léase, sin presencia Estatal dominante), como lo fueron la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley Nro.142, de 1994), y la Ley Eléctrica (Ley Nro.143, de 1994). “De hecho, Colombia es uno de los países latinoamericanos donde la privatización de empresas del área de energía desempeñó un importante papel en la afluencia de inversión extranjera durante los últimos años de la década de 1990, luego que en este país se suprimieran las restricciones a la participación de agentes económicos privados en dicho sector”.[1]
Por supuesto que la nueva ley tenía como propósito promover la inversión en generadoras de energía que tuvieran como insumo principal el carbón o el diésel, favoreciéndolas a través de una regulación que obligaba a todas las empresas, así estas fueran también generadoras de energía eléctrica, a comprar una proporción de la energía que venden en el mercado regulado, no a precios de mercado, sino teniendo como base los mayores costos de producción que presentaran las empresas del sector, que son aquellas que tienen como insumo, no el agua, que es abundante en el país, sino las que funcionan a base de carbón, diésel y gas, que tienen costos muchísimo más altos y que además impactan negativamente en el cambio climático.
Esta situación la ponía de presente el presidente Petro en uno de sus trinos, a propósito del reclamo por $7 billones que algunas empresas de este sector le están haciendo al Estado, debido a los menores ingresos que tuvieron durante la pandemia: “el ministerio de energía presentará otra propuesta para modificar parte del régimen tarifario que permita tarifas más justas”, e indicaba que, “las remuneraciones de las generadoras eléctricas que les pagan en bolsa siguen un mecanismo anacrónico y completamente lesivo a los usuarios”, y destacaba que, “la generación eléctrica se paga en la bolsa por el precio del generador más costoso”, siendo que “la generación eléctrica más barata es la hídrica, la mayoría de nuestra energía, siguen las termos de gas, carbón y diésel, y la más cara es el gas importado a precios del gas internacional en medio de la guerra de Ucrania”.
Para ilustrar el impacto que esta regulación anacrónica tiene sobre la estructura de costos miremos algunos ejemplos. A ISAGEN, que es una empresa de generación hídrica, la ley le obliga a comprar en bolsa, con los precios más caros, parte de la energía que vende: en su cuenta de “costo de ventas” de 2022 figuran “compras de energía”, por $380.483 millones, el equivalente al 23,7% de su costo de ventas. En EPM, las “compras en bloque y compras en bolsa” sumaron $2,1 billones en 2022, el 29,7% de su costo de ventas; en AES Chivor, “la compra de energía y potencia” fue por $518.385 millones en 2022, el 76,7% de su costo de ventas; en CODENSA (2021), las compras de energía sumaron $2,8 billones, el 74,4% del costo de ventas; en la Electrificadora de Santander, la compra de energía en bolsa y en bloque fueron por $633.568 millones en 2022, equivalentes al 56,2% de su costo de ventas; y así con las mayoría de empresas de este sector. Lo que quieren decir estas cifras, es que en todas estas empresas los costos de producción hubieran sido menores si la ley no las obligara a comprar energía en bolsa a precios mayores que la que ellas mismas generan. O para decirlo en las palabras que el presidente Petro utilizó en su trino. “En economía a eso se le llama una renta diferencial, enormes ganancias extraordinarias se forman en las empresas con tecnologías menos costosas que el gas importado sacado de bolsillo de los usuarios”.
Como es de suponer, este mayor costo se les traslada a los consumidores en las tarifas de energía eléctrica, costo que tiene un alto impacto en la calidad de vida de la población, pues de cada 100% del valor de la canasta familiar, 22,15 puntos corresponden al pago que hacen los hogares por “alojamiento y servicios públicos”, según el DANE, (alimentos participa con el 20,18% y transporte con el 21,23%), un factor que en regiones como la costa Caribe colombiana tienen una incidencia escandalosamente mayor.
La distribución del ingreso en el sector eléctrico y las tarifas de energía.
La enorme riqueza que genera esta actividad, que podría ser mayor si no fuera por la regulación existente, permitiría vender la energía a precios menores y aun así ser competitivas y rentables, como lo ilustra el cuadro 2:
A precios corrientes, esta actividad generó en 2021 (últimos datos completos), un nuevo valor, o nueva riqueza, equivalente a $26 billones. Como nos lo ilustra el cuadro 2, de cada 100% del valor agregado, o nueva riqueza generada por esta actividad, 88,9% se destina principalmente a remunerar el capital de los dueños de estas empresas, en tanto que a los trabajadores del sector apenas les corresponde el 8,3% bajo la forma de salarios, primas legales, cesantías y pagos a la seguridad social.
Por supuesto que no todo el excedente bruto de explotación va para los dueños de las empresas del sector eléctrico, pues de ese 88,9% que en promedio es la participación de este factor en el VA, una parte va para cubrir los gastos de administración de las empresas, (menos del 5% de los ingresos en este tipo de empresas), otra se destina a pagar impuestos, y otra más para cubrir los gastos financieros. Lo que quiere decir, que el Excedente de Explotación propiamente dicho, que en la jerga de las Cuentas Nacionales es la forma como se denomina la remuneración del capital, o de los dueños de las empresas, podría estar alrededor del 50% del VA, lo que significa que estas empresas cuentan con un margen de ganancia muy amplio, tanto que podrían vender la energía a precios muy diferentes de los que la ley les impone que deben vender ahora, y aun así generar unas utilidades netas, no sólo positivas, sino además, competitivas.
Miremos con más detalle un caso que nos sirve de ejemplo:
En 2022, Celsia Colombia, empresa del grupo Argos, generó una producción por un valor de $4,9 billones (100%), los mismos que corresponden a sus ingresos operacionales; su Consumo Intermedio fue de $2,97 billones (59,7%), y su valor agregado (producción menos CI), $2 billones (40,3%). ¿Cómo se repartió esta nueva riqueza generada por el trabajo en Celsia?
Como lo ilustra el cuadro 3, de cada 100% de la nueva riqueza generada en Celsia en 2022, o valor agregado, la mayor parte correspondió a los dueños de esta empresa (Grupo Argos), el 39,4%; le sigue la parte que correspondió a los banqueros, 25,1%; al Estado le correspondió el 15,8%; los gastos de administración se llevaron el 7,8%, y a todos los trabajadores de la empresa les correspondió el 11,9% en este reparto.
Obsérvese en este ejemplo que los banqueros se llevaron buena parte de la nueva riqueza generada por el trabajo en 2022, el 25,1%. Lo que ocurre es que esta empresa mantiene un alto nivel de endeudamiento con los bancos, $4 billones en el último año, el 60,9% de la deuda total de la empresa, y en el último año sus gastos financieros crecieron 104,7%, un factor que disminuyó la participación del capital en el valor agregado, la que pasó del 47,5% en 2021 al 39,4% en 2022. Aun así, los dueños de esta empresa se quedaron con “la parte del león” de la riqueza producida, y cuentan con un margen suficiente para rebajar tarifas, lo que no es de esperar si no se modifica de manera radical esa regulación anacrónica que regula la actividad de estas empresas.
El trino del presidente Petro al que ya hicimos alusión, terminaba con las siguientes ideas: “Ese régimen tarifario anacrónico y completamente injusto debe cambiar. Es indispensable bajar las tarifas eléctricas para garantizar la industrialización del país y la des carbonización de nuestra economía” (Agosto 29 de 2023).
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[1] La inversión europea en la industria energética de América Latina. Patricio Rozas Balbontín. CEPAL, 2001, pág., 87.
Héctor Vásquez Fernández
Foto tomada de: La FM
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