Los ignorantes que gobiernan y que escriben en estos países han dicho que Velasco Ibarra quiso ser dictador. ¿Lo es, por ventura, el que ama al pueblo y pretende libertarlo de una facción?
Fernando González
El club de los expresidentes y directores de partidos tradicionales acarician la idea de trabajar unidos para sellar una coalición que les permita llegar fuertes a las elecciones presidenciales y de Congreso en el 2026. El imputado Uribe Vélez, el antipático corrupto Germán Vargas Lleras, el oligarca Juan Manuel Santos y el frívolo e insustancial Iván Duque, es decir, todo el régimen de corrupción, están desesperados por recuperar la pequeña porción de poder que han perdido para dirigir completamente todas las instancias del Estado. El poder ejecutivo será entonces el objeto principal de la próxima disputa electoral de la derecha. En lo demás están tranquilos, pues saben que el resto de los poderes aún les pertenece.
Convencidos de que el pueblo quiere lo que le inducen a querer; seguros de que la opinión pública no es la simple suma de opiniones personales, sino todo lo contrario, que las opiniones personales solo son el eco de una opinión publicitada, los medios de comunicación tradicionales, Semana, RCN, Caracol y todos sus satélites parlantes, se han dedicado a malentender y difundir, entre muchas otras, una gran mentira: que el proceso social constituyente es el preludio para una Asamblea Nacional que convoque una reelección. Esta maquinaria corruptora con su lógica torcida simboliza la nada intelectual y moral de una pequeña prensa sin ideas ni principios, reducida a agitar palabras y embotar el pensamiento. Pero es muy justo y natural que sea así, pues la acción del presidente Petro se dirige sin rodeos a combatir la vacuidad y la descomposición reinante en la política colombiana y sus mediáticos voceros.
Sobre el Proceso Social Constituyente ya me he referido largamente en otros textos y no vale la pena repetir, pero se equivoca la prensa eludiendo o tergiversando el tema para concentrar todo su interés en fabricar una opinión que malentienda todo convenciendo a su audiencia de que está explicando algo. “Los medios actuales de comunicación, dice Nicolás Gómez Dávila, le permiten al ciudadano moderno enterarse de todo sin entender nada” (214, 2002). Esta voluntad de engaño convertida en instinto, ese esforzado fraude en cuestiones políticas constituye una de las más grandes suciedades que la prensa colombiana tiene sobre su conciencia, ¡y cómo nos pesa y qué caro hemos tenido que pagarlo!
Detestan al presidente, no porque se vea obligado a prescindir de las buenas maneras y en vez de dulces y blandos vocablos tenga que ser duro y áspero, sino porque su accionar político representa seriamente una amenaza para quienes pretenden perpetuar sus privilegios prolongando este orden de barbarie. Ciertamente no los asusta la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, pues saben que con ella ganan, lo que los atemoriza es la movilización social consciente como poder político popular organizado.
Por eso tanto miedo a las reformas sociales dentro del Congreso, la aversión a las políticas públicas de inversión social que ha implementado este gobierno y que han sido bloqueadas por el mismo Estado. El consejo de Estado ha preferido boicotear políticas de este Gobierno y decidir sobre cuestiones que favorecen más los negocios billonarios de multinacionales antes que permitir que se aumente el presupuesto disponible para la inversión social. Quieren posicionar la idea de que una propuesta democrática que implique la intervención directa de las bases reunidas y deliberantes en la realidad política representa un riesgo para las instituciones “democráticas” establecidas. “El sindicato del pasado”, como denominó el presidente Petro al club de los expresidentes aferrados a sus posiciones y negocios, anda temeroso de que una fuerza popular movilizada pueda modificar las condiciones efectivas de poder y propiciar un cambio en las relaciones de propiedad y en las formas de producir y acumular riqueza.
Este Régimen de Corrupción ha reaccionado contra las pretensiones democráticas de este gobierno que aspira a ampliar el horizonte participativo de la sociedad excluida del ámbito político, económico y social tradicional. El presidente Petro ha podido confirmar que quien gobierna (si es de izquierda, claro) no tiene el poder; que el mal funcionamiento de nuestra sociedad no obedece a la existencia de un intruso que ha malgobernado esto; que su disfunción y desajuste no se debe a la acción aislada de un agente corrompido que deba reemplazarse porque no desempeña bien su función de gobernante, sino que, todo lo contrario, se trata de un vicio que fatalmente está ligado al funcionamiento y estructura de este Estado. Con lo cual se entiende que acá lo patológico es solamente un síntoma de lo “normal”, es decir, un signo de su “buen funcionamiento sistemático”. Por sistema se entiende una unidad diferenciada compuesta articuladamente por las distintas partes con las que funciona. El Estado colombiano es ese poder sistémico dispuesto para funcionar así. Lo ha demostrado con creces el comportamiento de las Cortes, el Consejo de Estado, el Congreso, los entes de control, los gremios, empresarios y los “técnicos” neoliberales del Banco de la República que otorgan a su credo el valor de postulados económicos neutrales y científicos con los que soterradamente asfixian hoy la economía. Todos halan hacia el mismo lado y se unen, temerosos, contra un poder social cuya acción política se ha empezado a forjar como una fuerza que empieza a levantarse y que el presidente ha llamado Proceso Social Constituyente, que no es otra cosa que el pueblo organizado que se moviliza y reclama sus derechos, no para abolir la actual Constitución, sino con el fin de defenderla de este Régimen de Corrupción.
La unidad política de la sociedad excluida no puede dejarse al acaso y al azar, de ahí que sea necesario la creación de un partido unificado con una propuesta clara y con capacidad de acción y confrontación. A pesar de la inexistencia de un partido de Gobierno, el presidente aún cuenta con gran respaldo popular y el apoyo de varios partidos, movimientos sociales y organizaciones sindicales. La convocatoria de paro anunciado por Fecode es una muestra aproximada de lo que es el Poder Social Constituyente: una fuerza que se manifiesta y exige en este caso que el Congreso se abstenga de legislar para anular derechos adquiridos o para aprobar proyectos regresivos. Si la Bancada del Pacto Histórico es ineficaz y no puede impedir la acción arrolladora de un Congreso ya derechizado que rompió con el Gobierno cuando empezó el trámite de las propuestas de reformas social, entonces debe intervenir como un Deus ex machina la acción organizada de la sociedad que se resiste a que una institucionalidad viciada dé apariencia de legalidad a la negación del Estado Social de Derecho. En su Qué hacer, escribe Lenin:
“Las organizaciones sindicales no solo pueden ser extraordinariamente útiles para desarrollar y reforzar la lucha económica, sino que pueden convertirse, además, en auxiliar de la mayor importancia para la agitación política y la organización revolucionaria” (1975, p. 151).
Los sindicatos no pueden ser, pues, la plataforma política principal de un gobierno revolucionario, social o progresista, sino un poder auxiliar que complemente la actividad política de izquierda de modo que sirva como apoyo a la disputa general por el poder. Este, en efecto, se conquista con la lucha organizada en un partido con principios defendidos por amplias bases populares. Este es el poder político al que temen Uribe, Pastrana, Santos, Duque y todos sus socios y financiadores. En estos, la política se reduce a la administración burocrática de negocios privados que disfrazan de intereses públicos. En ellos sí que se hace cierta la afirmación de Marx en el Manifiesto Comunista, según la cual “el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”.
Debemos enfrentar con decisión la Alianza Reaccionaria que se está gestando en estos tiempos con vistas al 2026. Recordar que la tarea no es la reelección del presidente (y esta propuesta no me molesta en absoluto), sino la reelección de una mentalidad, de una política, de una idea, de un proyecto social justo y progresista que pueda continuar y profundizar lo que se ha empezado. Lo que temen es el cambio y no la reelección.
En sus Discursos sobre Tito Livio escribe Maquiavelo (2012): “No es, pues, la salvación de una república tener un príncipe que gobierne prudentemente mientras viva, sino uno que lo organice todo de manera que, aún después de muerto, se mantenga” (p.70).
David Rico
Foto tomada de: Pulzo
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