Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha monitoreado y advertido, desde poco después de la firma del Acuerdo, sobre el estado de violaciones generalizadas de derechos humanos contra este sector de la sociedad, fundamental para el ejercicio de la democracia. La entidad también ha evidenciado la casi nula e ineficaz respuesta Estatal para frenar este crimen de lesa humanidad que, desde la firma del Acuerdo de Paz y pese a las reiteradas advertencias y recomendaciones, crece en el número de casos y año tras año se expande afectando un mayor número de municipios.
A pesar de los llamados de auxilio y las advertencias, los asesinatos continúan. Evidencia de ello es que el año 2018 (que comenzó con la expedición de la Alerta Temprana (AT) 026-18 en febrero), fue uno de los años más violentos desde la firma del Acuerdo de paz para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos o el liderazgo social. Ese año fue asesinado el mayor número de líderes sociales comparado con 2016 y 2017; el aumento de asesinatos, con respecto a lo registrado en 2017, fue de entre un 44 y 46 %, según cifras de diversas organizaciones especializadas. El número de asesinatos de 2018 solo fue superado por el presentado en 2020. En 2018 la Defensoría del Pueblo registró un aumento de asesinatos del 40 %[2] con respecto a años anteriores. El Programa Somos Defensores, publicaba en 2019 que “Para muchos analistas el 2018 fue el año con el mayor número de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en los últimos 10 años”[3]. En esto están de acuerdo todas las organizaciones de la sociedad civil y la misma Defensoría.
Adelante veremos cómo el crimen no se perpetúa por falta de normatividad, desconocimiento institucional o falta de denuncia, por el contrario, se sigue cometiendo a pesar de la identificación institucional clara de sus causas, consecuencias, dinámicas, actores y regiones afectadas.
Teniendo en cuenta el intento de este gobierno de maquillar la realidad y magnitud de estos crímenes, evidenciado en la propuesta de unificación interinstitucional de registros, depositando el liderazgo del proceso en la Fiscalía General de la Nación (que maneja un número de casos mucho menor que el de las Organizaciones de la Sociedad Civil [OSC])[4], la solicitud de las tres entidades del SIVJRNR se puede tomar como un paso positivo y necesario para reconocer y devolverle a la Defensoría del Pueblo el papel protagónico que tiene en lo referente al monitoreo y análisis de un crimen de lesa humanidad que viene ocurriendo en Colombia desde hace décadas: las violaciones masivas, reiteradas, sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos (incluido el derecho a la vida[5]) de personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y firmantes o participantes de acuerdos y procesos de paz entre el Estado y grupos guerrilleros[6]. Por otra parte, la Resolución Defensorial puede redundar en una mejor respuesta estatal, ya que el incumplimiento de la misma podría acarrear sanciones disciplinarias a miembros del Estado que, por acción u omisión, incumplan lo que ella estipule. Sin embargo, el que tanto la Procuradora General de la Nación[7], como el Defensor del Pueblo pertenezcan al partido de gobierno[8] y sean amigos del presidente Iván Duque, les resta independencia y puede dificultar el objetivo.
¿Qué solución propone el SIVJRNR y en qué se diferencia de la gubernamental?
Para revertir el estado crítico de violaciones masivas de derechos humanos contra líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, las tres entidades mencionadas del SIVJRNR prefieren enfrentar este crimen construyendo análisis y soluciones desde una perspectiva de derechos humanos fundamentada en las propuestas y acciones de la sociedad civil, con la Defensoría del Pueblo como ente articulador de la respuesta requerida del aparato estatal y responsable por lo que ordena su mandato constitucional y misional.
La propuesta del SIVJRN tiene un enfoque diferente al implementado año tras año por distintos gobiernos de manera infructuosa; es decir, diferente a la “solución” estatal que excluye la participación efectiva de la sociedad civil, víctimas y sobrevivientes en la formulación e implementación de planes y acciones estatales que contribuyan al cese de los crímenes y las cuales, generalmente, se enfocan en la militarización de los territorios, dejando un vacío de ofertas de parte de la institucionalidad civil estatal.
Los hallazgos, violaciones masivas y generalizadas de derechos humanos
La información publicada por el SIVJRNR en su solicitud, concuerda con la presentada por las OSC en cuanto a magnitud e incremento del fenómeno, tipos de liderazgo más afectados y la focalización territorial de violaciones masivas de derechos humanos. La solicitud pone en evidencia la magnitud del crimen al afirmar que “Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 904 líderes y defensores de derechos humanos y 276 excombatientes de las Farc-EP”[9], en contraste, los casos validados y manejados por la Fiscalía General de la Nación son 409, es decir, representan solo un 45 % del manejado por el SIVJRNR[10].
Aseguran que el 92 % de los miembros de las antiguas FARC-EP asesinados (253) eran personas que comparecían ante la JEP, por lo que estos asesinatos también silencian la voz de quienes pueden ayudar a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado. El que el 92% de las personas asesinadas fuesen comparecientes ante la JEP resulta un crimen gravísimo y es otra evidencia más de la estrategia de silenciamiento de la verdad apoyado por la inacción o complicidad del Estado frente a los asesinatos.
Los departamentos más afectados por el asesinato de estos grupos sociales, según el SIVJRNR, siguen siendo Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander. Extensas regiones del país son dominadas por actores armados ilegales que impiden la labor del SIVJRNR y ponen en riesgo la vida de quienes trabajan para el Sistema, así como a los comparecientes. Además de los asesinatos, las tres entidades del SIVJRNR registran la consumación de 40 amenazas, 22 tentativas de homicidio, 15 desplazamientos forzados, ocho secuestros, dos desapariciones y dos actos de tortura entre la firma del Acuerdo y abril de 2021. Denuncian también la evidente la falta de implementación del Acuerdo Final de Paz y el incumplimiento integral de cada uno de sus puntos a pesar de que ya han pasado cuatro años desde su firma. Lo anterior configura una serie de barreras que ponen en riesgo no sólo los derechos de las víctimas y de la población en general a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sino también a su derecho a la vida.
Crecimiento y expansión del crimen de Lesa Humanidad según (y a pesar) de los informes de la Defensoría del Pueblo
En su labor de monitoreo de factores que sean generadores de riesgo de violaciones de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz, ha elaborado diferentes documentos advirtiendo sobre la situación de violación masiva de derechos humanos de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, entre ellos, el Informe de Riesgo 010 de 2017, la Alerta Temprana 026 de 2018 y el Informe de Seguimiento a esta Alerta Temprana, redactado en 2019.
Cada uno de estos informes advierte y permite identificar el crecimiento del número de crímenes, así como de los grupos armados de victimarios, dando cuenta de su expansión territorial y de la falta de implementación de medidas Estatales adecuadas para enfrentarlos. La Defensoría también identifica que las regiones en las que se presentan los crímenes son las mismas cada año y que el número de municipios afectados crece con el paso del tiempo.
Informe de Riesgo 010 de 2017
En su Informe de Riesgo 010 de 2017, la Defensoría del Pueblo registró 134 asesinatos perpetrados en 2016 y advirtió que dentro de la población en situación de riesgo se encontraban alrededor de 345 organizaciones sociales y comunitarias en 277 municipios de 30 departamentos. Destacó de forma especial los ataques, los atentados y las violaciones de las que eran víctimas los integrantes del movimiento político Marcha Patriótica. Como fuentes de riesgo identificaba a grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL); y grupos armados ilegales post-desmovilización como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Rastrojos.
El ministro del Interior de la época nunca elevó este Informe de Riesgo a Alerta Temprana lo cual le restaba fuerza para solicitar la respuesta Estatal y ese mismo año fueron asesinados a tiros tres líderes[11] sociales (dos hombres y una mujer) que ya habían sido reportados por la Defensoría del Pueblo en dicho Informe como defensores en riesgo de muerte. Dos de ellos fueron asesinados después de presentado el Informe de Riesgo, tal y como se denunciaría al año siguiente en la Alerta Temprana 026 de 2018.
Alerta Temprana AT 026-18
El 28 de febrero de 2018, la Defensoría emitió la Alerta Temprana AT 026-18. Sin embargo, tal y como ya se mencionó, la Alerta Temprana no impidió que ese fuera uno de los años más críticos en cuanto a asesinatos de líderes sociales, a pesar de que existía una nueva normatividad[12] que suponía una respuesta estatal más expedita y adecuada a los documentos de alerta de la Defensoría. Esta Alerta ratificaba la situación advertida en el Informe de Riesgo 010-2017 y denunciaba el bajo nivel de respuesta institucional a las recomendaciones hechas en el Informe de Riesgo poblacional de líderes sociales y defensores de derechos humanos elaborado en 2017. Aseguraba, además, que para 2017 la defensoría registró 126 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos y ratificaba la escasa e inefectiva respuesta institucional por parte de Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y las autoridades municipales y departamentales.
En esa Alerta las organizaciones sociales bajo riesgo aumentaron de 345 a 428 en los mismos 30 departamentos, la nueva valoración del riesgo incluyó a personeros municipales y líderes de juntas de Acción Comunal de departamentos enteros y nuevamente advirtió de los ataques contra organizaciones como Marcha Patriótica, alertando además por los asesinatos de líderes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).
También aumentaron los grupos armados ilegales fuente del riesgo, entre los que se identificaron: ELN, EPL, Disidencias de las FARC, grupos como las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), Gente del Orden, Comuneros; y grupos Paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Águilas Negras, Caparrapos, Los Paisas, Rastrojos, Oficina de Envigado, La Cordillera, La Constru, Puntilleros, Bloque Meta, Libertadores del Vichada, Autodefensas de Meta, Guaviare y Vichada, Autodefensas Unidas de Casanare, Los Carranceros, Renacer de los Buitragueños, entre otros.
Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 026 de 2018
Un año después, en 2019, la Defensoría del Pueblo dio a conocer el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 026 de 2018. En este documento se evidenció la consumación del riesgo de asesinatos, desapariciones forzadas y atentados contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en 210 municipios (46 %) de los advertidos previamente por el Sistema de Alertas Tempranas[13]. La afectación por crímenes de lesa humanidad creció territorialmente al registrarse violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH contra este grupo poblacional en 121 nuevos municipios en los que no se tenían afectaciones registradas en 2018. La Defensoría además pasó de advertir 322 municipios bajo riesgo en 2018 a 334 municipios en 2019. Alertaba además sobre el “incremento y cada vez mayor cantidad de frentes y hombres de las denominadas Disidencias de las FARC que insatisfechos por los avances del proceso de paz con el Gobierno Nacional, han decidido recrear los antiguos frentes guerrilleros que llegaron a conformar”.
Así mismo, evidenció un preocupante incremento de amenazas en un 53 %, de homicidios en un 13 % y de atentados en un 47 % con respecto a la AT 026 de 2018. En este informe la Defensoría concluye, entre otras cosas, que “La proliferación de normas no ha redundado en mayores niveles de compromiso de parte de las autoridades, y por el contrario dispersa las responsabilidades del Estado de proteger, prevenir y garantizar los derechos fundamentales de los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en el país”. Esto demuestra que, a pesar de que existe la normatividad, el Estado no la acata.
En medio de la perpetuación y crecimiento de violaciones masivas, reiteradas, continuas, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y ex combatientes de las FARC, y ante la falta de respuesta Estatal, es conveniente que comunidades y organizaciones elaboren, implementen y fortalezcan planes y rutas de protección colectiva sin dejar de exigir al Estado que cumpla con su deber constitucional de protección. Ante el horror, hoy sigue siendo fundamental la unión de la sociedad civil en el registro, análisis y denuncia de crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo la inacción y muchas veces complicidad del Estado colombiano.
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[1] La solicitud no fue firmada por la Unidad Especial de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación. El Comité de Coordinación Interinstitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) está conformado por el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y el director de la Unidad Especial de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación.
[2] Defensoría del Pueblo. Informe de seguimiento a la Alerta Temprana 026 de 2018.
[3] Programa Somos Defensores. La naranja mecánica, Informe Anual 2018.
[4] Revista Sur. Maquillaje estatal de la realidad ¿Intento de monopolio estatal sobre la producción y difusión de la información sobre crímenes de lesa humanidad? Disponible en: https://www.sur.org.co/maquillaje-estatal-de-la-realidad-intento-de-monopolio-estatal-sobre-la-produccion-y-difusion-de-la-informacion-sobre-crimenes-de-lesa-humanidad/
[5] La Defensoría del Pueblo identifica infracciones al D.I.H. como atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil (desaparición forzada, homicidios selectivos o múltiples, violencia sexual), utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil y desplazamiento forzado de la población civil. Y entre los derechos fundamentales amenazados registra los derechos a la vida, a la integridad personal, a no ser desaparecido, a la libertad personal, a no ser desplazado, a la libre circulación, a la libertad de residencia, a poder reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, a la libre asociación y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
[6] Conviene recordar cuantas personas de este grupo social fueron asesinadas en los procesos de paz entre el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de las FARC-EP, EPL, ELN y M-19.
[7] Muy criticada por algunas OSC por sus posiciones frente temas como las curules para las víctimas en el Congreso, sobre el aborto y por su mala gestión como Ministra de Justicia, que evitó la extradición a Colombia del ex líder del Autodefensas Unidas de Colombia –AUC, Salvatore Mancuso.
[8] Que controla además otras instituciones clave como la Fiscalía General, Medicina Legal, Contraloría General, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y tiene control sobre la mayoría del Congreso.
[9] Comité de Coordinación Interinstitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Solicitud de Informe Defensorial y Resolución Defensorial sobre la situación de líderes y lideresas sociales y excombatientes de las FARC-EP. 16 de abril de 2021.
[10] 409 vs 904 ¿será una coincidencia que sean el mismo número pero al revés?
[11] Porfirio Jaramillo, Bernardo Cuero Bravo y Sandra Yaneth Luna.
[12] En el año 2017 el Estado reformó el sistema de Alertas Tempranas mediante el Decreto 2124 del 18 de
Diciembre. En él se define, entre otros aspectos, que las Alertas Tempranas son el documento de advertencia de carácter preventivo emitido de manera autónoma por la Defensoría del Pueblo (artículo 6). Que en los casos en que la entidad evalúe que las circunstancias lo ameriten, la Defensoría emitirá Alertas Tempranas bajo el rótulo de riesgo de Inminencia (artículo 15), las cuales son remitidas por la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), quien las debe transmitir de forma inmediata a las entidades nacionales competentes y a las autoridades territoriales para el cumplimiento de sus funciones y la adopción de las medidas necesarias de reacción rápida (Artículo 11).
[13] Defensoría del Pueblo. Disponible en: https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/8256/Informe-de-seguimiento-a-la-alerta-temprana–026-18.htm
Camilo Amador Bonilla Stucka
Foto tomada de: https://www.elespectador.com/
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