El 24 de mayo, 3 días antes de las elecciones presidenciales en Colombia, The Economist, publicación inglesa, se pronunció sobre las debilidades de los candidatos[4]. El artículo, en algunos casos, el sólo titular en la mayoría de las ocasiones, se convirtió en supuesto “sustento científico” de oposiciones a Duque y Petro. Lo afortunado del artículo en cuestión es que puso en debate público la relación entre economía y política, incluso entre modelo de desarrollo y paz. Este asunto merece profundizarse.
Hoy que el pueblo colombiano precisamente ha de elegir su presidente entre esos dos candidatos, resulta relevante analizar las razones dadas por el periódico inglés para afirmar que ni Duque ni Petro son una buena opción para el país, el primero porque amenaza la democracia y no garantiza la transición a la paz y Petro porque su propuesta postextractivista significaría inestabilidad macroeconómica. Con este propósito se configura una interpretación comprehensiva del vínculo entre economía y paz mediante un referente de justicia concreto: la Constitución Política de Colombia.
DUQUE: ¿AMENAZA LA DEMOCRACIA Y EL ACUERDO DE PAZ?
The Economist afirma que Duque no favorece la democracia ni la implementación de los acuerdos de paz. Para examinar la validez de esta afirmación es necesario hacer unas anotaciones previas.
Etimológicamente el significado de la democracia es el gobierno de los pueblos. La constitución política del 91 define a Colombia como una república democrática, participativa y pluralista (artículo 1) y, consecuentemente, estipula el derecho (artículo 40) y el deber (artículo 95) de la participación política. El tránsito de una democracia delegativa o representativa a una participativa significa trascender la sumatoria de preferencias individuales para concebir colectivamente un futuro común. La realización de este referente normativo requiere una ciudadanía activa, reconocimiento del “otro” e igualdad sustantiva, es decir, justicia social y cognitiva.
La ciudadanía activa se funda en una cultura política, al ser esta cultura frágil en el país, predomina una postura pasiva e indiferente que, en el mejor de los casos, limita la participación política al voto. La débil cultura política de los colombianos está relacionada con una falta de identidad, conciencia histórica y autonomía de pensamiento. Como magistralmente lo expusiera Fromm (1977) la libertad de elegir sólo es tal cuando se cuenta con la posibilidad de tener pensamientos propios, posibilidad que se limita en el escenario de la política del espectáculo, la construcción mediática (monopólica) de la realidad y un marcado colonialismo. Estas circunstancias afectan la realización de la idea restringida de democracia liberal de mayorías y, por supuesto, dejan un margen aún más estrecho para la democracia participativa. La participación y deliberación además exigen el reconocimiento del “otro”, de las minorías, y una auténtica paridad participativa con igualdad sustantiva, unos mínimos de dignidad para todos y todas, esto es, la materialización del Estado Social de Derecho.
La ausencia de tales condiciones ha significado para Colombia el anquilosamiento de una democracia restringida y de élites, un “orangután con sacoleva” (Gutiérrez, 2014) y una cultura política característicamente mafiosa (Mejía, 2010). La histórica coexistencia de formas electorales de la democracia con altos niveles de violencia y represión se explica por la desigualdad socio-económica, la privatización de la seguridad, una estructura inequitativa y mal especificada de los derechos de la propiedad de la tierra, un centrismo violento, la lógica clientelista y una práctica política que percibe al “otro” como enemigo.
Hechas estas claridades, la afirmación de The economist es cierta, aunque sus argumentos insuficientes. Es cierto que el candidato Duque no ofrece la oportunidad de consolidación de una democracia participativa dado que, como señala el periódico, representa el autoritarismo de Uribe, quien defiende intereses de los grandes terratenientes que se oponen a la implementación de los acuerdos de paz, particularmente en materia de formalización de la propiedad de la tierra (The Economist, 2018).
En efecto, en 2002 Uribe apela a estrategias de legitimación tradicional- carismáticas con la construcción de un discurso de congregación en contra de un “enemigo” común, narrativa que se cristaliza en la denominada “parapolítica” y que encuentra como caldo de cultivo el escenario social de indiferencia y escepticismo políticos. La alianza entre la aristocracia terrateniente, los paramilitares y narcotraficantes que se gestó desde la década del ochenta, consolidó prácticas políticas mafiosas, la criminalización de la oposición y el proyecto autoritario que vulneró el equilibrio de poderes e incorporó la reelección en la Constitución Política (acto legislativo 2 de 2004), favoreciendo dos gobiernos de Uribe, dos a título de Santos y ahora la pretendida perpetuación en el poder con la candidatura de Duque. Adicionalmente, como señala The Economist, la oposición de Uribe a los acuerdos de paz ha sido su consigna política como expresidente, tanto en la campaña que él lideró por el “no” en el plebiscito sobre los acuerdos el 2 de octubre de 2016, como en su ejercicio de Senador, con el respaldo del mismo Duque, cuando, por ejemplo, con una versión selectiva de su punitivismo populista, presenta al Congreso el proyecto que pretende excluir a algunos actores del conflicto, la fuerza pública, de la reconstrucción de la(s) memoria(s) histórica en la justicia especial para la paz (JEP), lo cual restringe el derecho de las víctimas del conflicto y la sociedad en general a la “verdad”.
En todo esto acierta The Economist, Duque no ofrece garantías para la consolidación de una democracia participativa ni para la construcción de una paz estable y duradera, pero lo que no advierte el autor es la conexión entre la postura política reseñada y su modelo económico. Basado en la corriente de economía ortodoxa, la misma que promociona el periódico inglés, sus filiales calificadoras del riesgo y organismos multilaterales, Duque sigue la línea de la “seguridad democrática” para la “confianza inversionista” de Uribe y Santos, política económica que redundó en la profundización de una economía de enclave, financiarizada, la transnacionalización y desnacionalización de la producción, la reprimarización de las exportaciones y la supeditación de los derechos a la estabilidad macroeconómica[5]. Este modelo no es sostenible ni económica, ni social, ni ambientalmente. La oleada de inversión extranjera se concentró en el sector minero energético, un sector que crea poco empleo, configura una economía rentista, no productiva, y depreda el medio ambiente. Reflejo de lo anterior son los síntomas de enfermedad holandesa, el deterioro de la distribución funcional del ingreso, el profundo déficit de la renta de factores por cuenta de las enormes utilidades del capital extranjero que se repatriaron, la mayor concentración de la propiedad de la tierra, la pérdida de soberanía alimentaria, la exacerbación de los conflictos territoriales, entre otros.
Así, puede agregarse a la afirmación de que Duque no favorece la democracia y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia, que esto se da también por cuenta de su modelo de desarrollo, el cual no ofrece avances en términos de reconocimiento y redistribución indispensables para la paridad participativa, antes bien, promueve los desequilibrios entre acumulación capitalista, legitimidad democrática e integración social, los cuales, al entender de Dubiel (1997), son detonantes de crisis de la democracia en el sentido más débil, como democracia representativa.
Claramente, seguir con este modelo en una de las sociedades con desigualdades más profundas de todo el mundo, amenaza también la materialización del Estado Social de Derecho y la “garantía de no repetición” como principio de justicia transicional.
PETRO: ¿MODELO ECONÓMICO AUTODESTRUCTIVO?
The Economist presenta como uno de los inconvenientes del programa de Petro la salida del modelo minero energético que claramente alimenta el crecimiento colombiano, como sucedió en 2007 donde ambas variables tuvieron un resultado excepcional. No obstante, sucede lo contrario cuando el precio de petróleo se derrumba. En ese sentido es ingenuo creer que salirse del modelo extractivista amenaza la estabilidad macroeconómica del país cuando de hecho permanecer en el introduce una serie de factores que ponen aún más en entredicho el desempeño económico del país, con agravantes en la participación política y amenaza sobre la biodiversidad de nuestro territorio.
Por ejemplo, en la página web del observatory of economic complexity del Instituto Técnico de Massachusets -siglas en ingles MIT-, se hace un estudio relacionando el tipo de productos exportados y la distribución del ingreso que deja una evidencia interesante para nuestro país, y es que los países que se especializan en productos primarios como el petróleo elevan la probabilidad de tener peores niveles de distribución del ingreso medidos en la escala de GINI (Hartmann et al., 2017), particularmente en el caso del petróleo y sus derivados, que para el caso de nuestro país representa más de la mitad de las exportaciones , el Gini asociado de cerca de 0,5, mientras que si se le compara con exportaciones de bienes más elaborados y complejos tecnológicamente como el sector automotor el Gini de economías que producen estos bienes ronda el 0.3. También Felipe (2012) muestra que existe una relación inversa entre la complejidad de la estructura exportadora medida por el indicador EXPY y el GINI.
Además, se equivoca The Economist al asociar salirse del modelo extractivista con inestabilidad macroeconómica pues si se observa la estimación de la tasa de crecimiento vinculada con el tipo de productos que se exportan presentada por el Atlas of economic complexity de la Universidad de Harvard, se evidencia que un país como Colombia proyecta un crecimiento de 3,75%, Venezuela que tiene una dependencia absoluta del petróleo le asocian una tasa de crecimiento probable de 1,88%, pero si se mira la tasa de crecimiento proyectada para un país como Corea del Sur altamente diversificado y sofisticado en sus exportaciones, se encuentra que su tasa de crecimiento proyectada es de 4,03%.
Otro aspecto que pone a tambalear el argumento de The Economist es que sin el petróleo la economía colombiana dejaría de recibir los dólares necesarios para mantener la tasa de crecimiento alta. Este argumento resulta parcialmente cierto pues definitivamente nuestra fuente principal de divisas son los recursos minero energéticos pero el déficit en la balanza de pagos se explica principalmente porque las empresas multinacionales son las que reciben los ingresos de estas exportaciones, así Ocampo and Martínez (2011) mencionan que la apropiación monetaria de las ganancias del auge de los años 2000 no se quedó en agentes nacionales, sino que salió por la cuenta corriente por el rubro de pagos factoriales, expresados en utilidades repatriadas de las multinacionales. En esta dirección, Moreno (2012) menciona que durante los últimos años la salida de recursos monetarios como ganancias de las multinacionales ha compensado y en algunos años superado el monto de inversión extranjera directa-IED-, con el agravante de que los recursos de IED son reinversiones de los mismos dineros que genera el auge del precio en los recursos naturales que son explotados en nuestro territorio.
A los problemas macroeconómicos asociados a la mala distribución del ingreso, baja tasa de crecimiento, y la fragilidad financiera de la balanza de pagos que trae la exportación concentrada en productos minero-energéticos, se suman inconvenientes en la participación política y el daño irreversible a la biodiversidad, lo que evidencia la tensión del extractivismo vigente con el derecho constitucional a un medio ambiente sano y con los objetivos de desarrollo sostenible o agenda 2030 de la ONU a la que adherimos como país. Queda claro que la especialización en materias primas obedece a una pugna de clases sociales que en Colombia evidencian prácticas históricas de exclusión, liderado por élites que coordinan junto a intereses extranjeros la consolidación de la economía de extracción y búsqueda de rentas que superponen los intereses privados al bienestar social (Misas 2016; Leon, 2002; Moreno, 2017). Esto se evidencia en el rechazo a las consultas populares que han emergido recientemente como un reclamo de derechos de la comunidad sobre su territorio.
Además la dependencia de las exportaciones ha generado un pasivo ambiental superior a las ganancias cortoplacistas que pueda generar las exportaciones de estos productos (Leon, 2012), y que como se vio antes queda en entre dicho pues los flujos de divisas se filtran al extranjero a través de las ganancias de la multinacionales. Y rescatando la propuesta de Gustavo Petro sobre cambio hacia energías limpias se puede mencionar que reduciría la presión sobre los recursos naturales y permitiría impulsar el crecimiento y el empleo, tal y como sucedió en Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania durante la crisis de 2008, cuando emplearon un paquete de gastos para promover el uso de energías limpias, proyectos de restauración forestal, promoción de transporte público, entre otros, que derivaron en mayores fuentes de empleo e impulso al crecimiento en un programa que (Jackson, 2011) denomina New Deal verde.
ECONOMÍA, JUSTICIA Y PAZ
Conforme a lo expuesto arriba, la propuesta de Iván Duque no logra articular de manera satisfactoria economía, justicia y paz. Las tensiones emergen de las prácticas políticas de su padrino, pero no se agotan a nombre ajeno. La amenaza a la democracia que supone la elección de Duque y que advierte The Economist, se sustenta además en que su propuesta económica no rompe con el modelo previo que promueve desequilibrios entre acumulación capitalista, legitimidad democrática e integración social.
Por otro lado, el programa económico del candidato Gustavo Petro para una Colombia Humana, propone transitar de un modelo económico casi mono exportador de carbón y petróleo, a uno que posibilite el desarrollo productivo del sector rural para potenciar la agroindustria y proteger el medio ambiente. Para lograr esta transición, apuesta por la democratización de elementos esenciales para el buen vivir como: el trabajo, la tierra, el agua, la salud, el saber, las energías limpias generadas por agua y sol y el crédito a través de la banca pública. De esta manera, concilia prosperidad económica, empleo digno, equidad y protección de la naturaleza.
Con el objetivo de financiar el modelo agroindustrial y ambiental se postula una reforma tributaria que permita aumentar los ingresos fiscales por medio del gravamen a la tierra fértil no productiva, los excedentes que no van a la producción, impuestos sobre el carbón buscando reducir las emisiones contaminantes y quitar las exenciones de la clase más pudiente. Tal enfoque de política fiscal progresiva predomina con éxito en países nórdicos y evidencia que no hay un juego de suma cero entre objetivos de eficiencia y equidad. Además, de manera consistente estas propuestas se complementan con una reforma en lo pensional, en la salud y el fomento del ahorro interno desde la creación de una banca pública que compita con la banca privada y que aquella a su vez facilite el crédito al campesino agroindustrial.
El programa Colombia Humana integra también una política de educación amplia, que apuesta tanto a configurar una sociedad del conocimiento que apalanque el cambio estructural de la economía, como a nutrir la identidad nacional con el reconocimiento de la diversidad cultural que suma saberes. Este enfoque aglutina los objetivos de justicia social y justicia cognitiva necesarios para dotar a la ciudadanía de fuerza política.
Así pues, el programa de Petro no sólo es viable, es necesario para la economía y, no sólo es plausible en términos económicos, es clave para la consolidación del Estado Social de Derecho, la democracia participativa y el derecho a un medio ambiente sano, referentes de justicia comprendidos en la Constitución Política de Colombia que, por lo mismo, son absolutamente necesarios para alcanzar el propósito nacional de la construcción de una paz estable y duradera.
Bibliografía
Dubiel, Helmut. (1997). El dispositivo simbólico de la democracia. En H. Dubiel, G. Frankenberg, & U. Rödel, La Cuestión Democrática. Madrid: Huerga y Fierro editores.
Felipe, Jesus. (2012). Inclusive Growth, Full Employment and Structural Change: Implications and Policies for Developing Asia. Second. New York: Anthem Press,. Print.
Fromm, Erich. (1977). El miedo a la libertad. Buenos Aires: Paidós
Gutiérrez, F. (2014). El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010). Bogotá: Debate.
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The Economist. (2018). The faulty front-runners for Colombia’s presidency. Disponible en https://www.economist.com/leaders/2018/05/26/the-faulty-front-runners-for-colombias-presidency
[1] Docente investigadora del programa de Economía de la Universidad de La Salle
[2] Docente investigador del programa de Economía de la Universidad de La Salle
[3] Economista de la Universidad de La Salle
[4] https://www.economist.com/leaders/2018/05/26/the-faulty-front-runners-for-colombias-presidency
[5] Sobre el impacto del principio de sostenibilidad fiscal (acto legislativo 3 de 2011) en la materialización del Estado Social de Derecho y la construcción de paz véase (Nova & Cuervo, 2016)
Foto: pixabay.com
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