El informe hace una evaluación de algunos aspectos en la implementación de la “Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana: Garantías para la vida y la paz 2022-2026” resaltando varios de sus elementos positivos, pero también enunciando algunas de las preocupaciones que surgen en el proceso.
El balance, presentado en cuatro partes, elabora un contexto basado en información estadística comparativa entre el primer año del gobierno anterior y el primer año del actual. Compara los asesinatos en contra de personas que ejercen el liderazgo social y de personas defensoras de derechos humanos, los asesinatos en contra de firmantes del acuerdo de paz y expone las masacres registradas durante estos dos períodos; todo lo anterior presentando el número de casos registrados y su georreferenciación. La parte final del informe aborda la violencia policial, hace un diagnóstico de la reforma policial y, por último, cierra con una serie de recomendaciones sobre la reforma policial y la Paz Total.
La falta de implementación (o la implementación precaria e incompleta) del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP fue el contexto en el que se llevaron a cabo crímenes atroces durante el gobierno Duque; mientras que, a pesar del interés político y los pasos adelantados en la implementación del Acuerdo de Paz del gobierno Petro, algunas tendencias de violaciones de derechos humanos se mantienen (aunque otras disminuyen, como la violencia policial contra civiles).
El balance resalta que entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2023 fueron asesinados 1.513 personas que ejercían el liderazgo social o la defensa de los derechos humanos. Sumado a ello, fueron asesinadas 380 personas firmantes del Acuerdo de Paz. En cuanto a la perpetración de masacres, entre el 07 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2023 fueron registradas por Indepaz 404 masacres[1] que dejaron 1.486 víctimas.
El balance asegura que un elemento importante para comprender el contexto del conflicto armado actual es mencionado en la Política de Seguridad Ciudadana 2022-2026 al afirmar que el conflicto armado se ha transformado y los grupos insurgentes ya no tienen fines estrictamente políticos; y que en la actualidad son grupos delincuenciales orientados al multi-crimen con el objetivo de controlar territorios para tener el dominio de economías ilegales.
Acá vale la pena hacer un paréntesis en el informe para exponer textualmente lo que asevera la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz. 2022-2026 (elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional) sobre los actores generadores de violencias y así facilitar la comprensión de las transformaciones que presentan los actores del conflicto armado actual:
“El control de las organizaciones armadas ilegales está concentrado en zonas periféricas, donde el aislamiento geográfico y la falta de infraestructura e integración de la población les permite delinquir. Estas organizaciones pueden agrupar a varios miles de hombres-fusil, disponen de campamentos, material de guerra de largo alcance, formación para combates y un mínimo de doctrina. Pero, aunque todavía suponen un desafío militar, sus medios de guerra se han visto bastante reducidos por la superioridad de combate de la Fuerza Pública. Además, sus objetivos políticos son distintos. Ya no aspiran a hacer una revolución nacional, ni a un proyecto nacional contrainsurgente. Sus aspiraciones se limitan a mantener el control territorial en zonas de escasa presencia del Estado. La explotación y la obtención de rentas criminales son el centro de las organizaciones armadas ilegales”[i].
Volviendo al informe, en los apartados dedicados al abordaje estadístico de homicidios y masacres, este lleva a cabo la comparación entre los perpetrados en el primer año del gobierno Duque y el primero año del gobierno Petro.
En lo que respecta a los asesinatos en contra de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de DDHH el informe identifica que se presentó una reducción del 10% en el número de casos registrados; en el primer año del gobierno Petro fueron registrados 167 asesinatos contra este grupo poblacional, mientras que en el primer año de Duque se registraron 185 asesinatos.
Sin embargo, el documento aclara que es prematuro hablar de tendencias definitivas; sobre todo por causa de la proximidad del período electoral en el cual se elegirán gobernadores y alcaldes, lo cual puede traer un incremento en la violencia contra este grupo poblacional.
Según el tipo de liderazgo ejercido, la mayoría de las víctimas registradas durante el gobierno Petro pertenecían a los sectores: comunales (51 casos), cívicos (36 casos), indígenas (33 casos), campesinos (13 casos) y afrodescendientes (12 casos).
Según el informe, del total de asesinatos registrados durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro (167), 18 eran mujeres y 4 personas de la comunidad LGBTIQ+.
En el primer año del Gobierno Petro estos asesinatos se concentraron principalmente en las áreas rurales de 112 municipios de 27 departamentos. Los departamentos más afectados fueron Cauca (28 casos), Antioquia (22 casos), Nariño (18 casos), Valle del Cauca (11 casos) y Chocó (9 casos); los municipios que concentraron el mayor número de asesinatos fueron Ituango (8 casos) y Tumaco (7 casos).
En el 78% de los casos registrados se desconocen los autores de los crímenes, el 12% presuntamente serían obra de los denominados grupos disidentes, el 9% de grupos narco-paramilitares y el 1% de guerrillas, según los datos recopilados por Indepaz.
Al abordar los asesinatos en contra de Firmantes del acuerdo de paz, el informe evidencia que, comparado con el periodo anterior, en el gobierno Petro se presenta una reducción del 32%; ya que en el período Duque se registraron 52 asesinatos, mientras que en el de Petro fueron registrados 36 asesinatos de personas firmantes del acuerdo de paz.
Durante el primer año del gobierno Petro estos asesinatos afectaron 31 municipios de 14 departamentos, se perpetraron con mayor intensidad en Cauca (8 casos), Antioquia (3 casos), Huila (3 casos), Tolima (3 casos) y Chocó (3 casos). Los municipios con el mayor número de asesinatos registrados por Indepaz fueron Tame, Caloto, Toribío, La Plata y Cali con dos asesinatos cada uno. En el informe se aclara que se desconoce la autoría de estos asesinatos, lo que conlleva a un estado de impunidad frente a los crímenes.
Con respecto a las masacres perpetradas la tendencia se mantiene, mientras en el período Duque fueron registrada 88 masacres con 300 víctimas, en el período de Petro se registraron 89 masacres con 291 víctimas, de estas 27 (9%) eran mujeres y 18 (6%) eran menores de edad.
Las masacres perpetradas durante el gobierno Petro afectaron con mayor intensidad 63 municipios de 25 departamentos; los más afectados fueron Valle del Cauca (13 masacres), Atlántico (10 masacres), Cauca (9 masacres), Norte de Santander (6 masacres), Putumayo (6 masacres), Antioquia (6 masacres), La Guajira (5 Masacres) y Bogotá (5 Masacres). Los municipios más críticos fueron Soledad, Bogotá y Cúcuta con cinco masacres registradas cada uno y Barranquilla con cuatro. A diferencia de los crímenes anteriores, que se cometen en su mayoría en áreas rurales, las masacres están concentradas en ciudades principales. Estos crímenes siguen cobijados por un alto nivel de impunidad.
Al abordar la violencia policial, los registros de la plataforma Grita de Temblores ONG exponen que entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023, se registró una reducción del 58.66% del total de los casos presentados en el gobierno actual frente al período del gobierno Duque. Mientras en el primer año del gobierno Duque fueron registrados 462 casos de violencia policial (incluidos 27 casos de violencia homicida, 317 casos de violencia física y 17 casos de violencia sexual), en el primer año del gobierno Petro se registraron 191 casos de violencia policial (incluidos 23 casos de violencia homicida, 139 casos de violencia física y 12 casos de violencia sexual).
La violencia homicida perpetrada por los escuadrones antidisturbios se mantuvo igual entre los dos períodos abordados, con un caso registrado a manos del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), en el gobierno Duque, y un caso registrado por el UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) del gobierno Petro. Sin embargo, sí es notable la disminución del número total de registros de violencia, mientras en el primer año de Duque se registraron 134 casos perpetrados por el ESMAD, (29% del total), en el primer año de Petro la UNDMO tuvo responsabilidad en 43 casos (22.51% del total) presentándose una disminución del 67.91% de los hechos cometidos por la policía antidisturbios durante el primer año del gobierno Petro frente al del primer año del gobierno de Duque.
El informe también lleva a cabo un diagnóstico de la reforma policial mencionada en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Política de seguridad defensa y convivencia ciudadana del presente gobierno y desarrollada a profundidad en la Directiva Permanente 009 de 2023 del Ministerio de Defensa.
A pesar de que esta directiva incorpora las “Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos Sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden”, y reconoce valiosos principios del uso de la fuerza, esto no ha representado una mejoría en la protección de derechos en los contextos durante el ejercicio del derecho a la protesta. El informe asevera que los cambios efectuados no han sido estructurales ni de fondo y tampoco se ha llevado a cabo el cambio necesario de trasladar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa hacia otro ministerio de carácter civil.
Otro aspecto preocupante es que, a la vez que aumenta la percepción de inseguridad en el país, las cárceles y centros de reclusión presentan niveles de hacinamiento superiores al 100%, llegando incluso al 540% en algunos centros de reclusión.
Por último, el documento hace una serie de recomendaciones sobre la reforma policial y sobre la política de la Paz Total.
Recomendaciones sobre reforma policial
Entre otras recomendaciones, el documento recomienda “…que el Gobierno Nacional y la Policía Nacional tomen medidas de transformación más estructurales y que no dependan de cambios en las directrices del poder civil”, además les instan a continuar “abriendo y trabajando en escenarios de participación con distintos sectores de la sociedad, como las organizaciones defensoras de derechos humanos, las personas víctimas de violencia policial, la academia y agentes de policía, para construir una reforma amplia, abierta y con enfoques antirracistas y antidiscriminación”.
Propone “…una reforma policial estructural alrededor de cinco puntos fundamentales, que son: 1) la transformación de los CAI y estaciones de policía, 2) unos reales enfoques diferenciales, 3) el desarme progresivo, 4) el fin del patrullaje a la dosis personal y 5) el acceso a la justicia de las víctimas”.
Insta al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa, al INPEC, a la Policía Nacional y a las autoridades locales “…a trabajar de manera articulada para garantizar los derechos de la población privada de la libertad en centros penitenciarios y transitorios de retención”.
Solicita “…al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Justicia que siga proponiendo políticas y proyectos de humanización de las cárceles y otros centros de reclusión del país y al Congreso de la República a dar los debates correspondientes alrededor de ellos para lograr resultados normativos y concretos que mejoren las condiciones de vida de la población privada de la libertad en el país”.
Recomendaciones sobre la Política de Paz Total
El informe propone al Estado “…acuerdos para la puesta en marcha de ceses al fuego con los grupos armados…o instalación de mesas de diálogo con el fin de generar alivio humanitario en los territorios”.
Además recomienda la “…declaratoria del estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional que permitiría enfrentar de manera más clara la violencia estructural en contra de estas personas, es decir el conjunto sistemático de omisiones y acciones de diversos funcionarios e instancias para hacerle frente a la situación, dándole fuerza jurídica a las reclamaciones entre ellas de los líderes y las lideresas que en este momento se encuentran amenazadas y en situación de riesgo junto a sus familias”.
Resalta además que “…la política de seguridad debe avanzar en su enfoque territorial respondiendo a las lógicas locales” y afirma que “…la puesta en marcha de los Puestos de Mando Unificado -PMU- por la vida ha significado un gran avance en materia de participación para las comunidades. Sin embargo, es necesario evaluar el cumplimiento de lo acordado en cada mesa, además de la seguridad de quienes participan; asimismo estimar si otros municipios requieren planes de seguridad especiales teniendo en cuenta el contexto de violencia en los territorios y los actores involucrados”.
Plantea la necesidad de “…avanzar en el Programa Integral de Garantías de Seguridad para Mujeres lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos, lo cual requiere del desarrollo de empoderamientos diferenciados para la auto-protección efectiva por medio de una gobernanza en red subregional, del fortalecimiento de capacidades para la planificación y gestión territorial de las comunidades y el fortalecimiento de la prevención sin dejar de lado la protección en el caso de las mujeres, quienes se enfrentan a violencias diferenciadas, muchas de ellas directamente hacia sus hijos”.
Y plantea que el “…Estado debe entender como una prioridad la implementación del Acuerdo Final de Paz y entre esto adelantar acciones para la reincorporación efectiva de quienes dejaron las armas. Una de las tareas más importantes para las autoridades locales, regionales y nacionales tiene que ver con reducir la estigmatización, señalamiento y persecución en contra de firmantes del acuerdo como garantía de su seguridad”.
Se invita a los lectores a descargar la totalidad de este balance del que hemos mencionado tan sólo unos pocos apartes.
El informe completo se puede descargar desde los siguientes enlaces:
Indepaz:
https://Indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/08/INFORME_UN_AN%CC%83O_GOBIERNO_PETRO_2023.pdf
Organización Temblores:
https://www.temblores.org/_files/ugd/7bbd97_a11a3647a9b7481f92bd3630ca0ab211.pdf
Bibliografía:
Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz. 2022-2026. Ministerio de Defensa. 2022.
[1] Entendidas como “…el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más personas) en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”.
[i] Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz. 2022-2026. Ministerio de Defensa. 2022. Página 15.
Camilo Amador Bonilla Stucka
Foto tomada de: La Crónica del Quindío
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