Contribuir a la no repetición de graves violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH contra las personas y comunidades sujetos de protección de la CNGS, afectados por las organizaciones y conductas criminales (incluyendo las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo).
Generar acciones orientadas a transformar el Estado en el marco de la seguridad humana, para el fortalecimiento de la prevención y eliminación de relaciones con organizaciones y conductas criminales.
Brindar garantías para la prevención de la violencia contra la vida e integridad de las comunidades, organizaciones sociales, líderes y lideresas, defensores y defensoras de DD. HH. y firmantes de paz, fortaleciendo su empoderamiento, con enfoque de seguridad humana, étnico, de género, poblacional, campesino y territorial[2].
Es importante recordar que en las negociaciones de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC EP, firmadas mediante acuerdo entre las dos altas partes contratantes, en el mes de noviembre de 2016, se pactó en el punto 3.4.3. del Acuerdo Final de Paz la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/ as de DD. HH., movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
El Acuerdo de Paz de La Habana firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP introduce un cambio en las perspectivas y los paradigmas de seguridad. De acuerdo con los “principios orientadores”, no prima lo militar y la eliminación del “enemigo interno”, sino un concepto de Seguridad Humana integral individual y colectiva soportada en la dignidad humana y el respeto, la promoción y la garantía de los derechos fundamentales[3].
Establece la premisa que la Desparamilitarización del Estado, implica una ruptura institucional y política con base en una reconsideración de la política de seguridad, la estricta vigilancia sobre funcionarios públicos de elección popular y sus prácticas de gobierno, y la vigilancia a dirigentes y militancias de los Partidos para evitar que se conviertan en dispensadores de avales que permitan la toma paramilitar del Estado.
En esta dirección la nueva Política Publica de desmantelamiento de organizaciones criminales, incluye la implementación simultánea de un conjunto de acciones coordinadas y priorizadas en las regiones más afectadas, que permitan avanzar significativamente en la desarticulación efectiva de las organizaciones y conductas criminales objeto de esta política, así como en la prevención de su surgimiento, su amparo legal es la Constitución Política, el Acuerdo Final de Paz y sus decretos reglamentarios y la Sentencia C-224 de 2017 de la Corte Constitucional.
Reconoce además que la persistencia del paramilitarismo como fenómeno criminal a gran escala mantiene su operatividad, entre otras causas, debido a las redes de corrupción y complicidad con agentes públicos y privados[4], lo que hace necesario abordar esta problemática como parte integral de la política pública de desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo, ordenando a las autoridades a garantizar el acceso y la realización de los DD. HH. a la población civil y a las comunidades en los territorios como solución sostenible en la lucha contra el crimen organizado en Colombia de carácter contrainsurgente.
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de acuerdo con la nueva Política Publica del gobierno nacional deberá enfocarse en las causas estructurales que inciden en la presencia y acción de estos grupos armados que actúan contra la población civil, aplicando métodos de terror del portafolio de dispositivos normalizados por el paramilitarismo en los territorios durante los últimos 40 años de prevalencia de este tipo de violencia en Colombia.
Asi mismo en la nueva política de desmantelamiento se señalan claramente los enfoques que van a orientar esta iniciativa del gobierno Petro, como son: Seguridad humana. Entendida como la priorización en la de prevención de la violencia y priorización de la protección de la población, que participa activamente en identificar y atender sus necesidades de seguridad con enfoque de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional.[5]
Además introduce un nuevo e interesante enfoque denominado Enfoque transnacional, que reconoce en la actualidad las mafias, organizaciones, estructuras criminales y otros agentes/actores que traspasan las fronteras con los países vecinos (Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá) o tienen origen en otros países como México, Albania, Italia; entre otros.
En lo relativo al Desmantelamiento, La nueva política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz[6], asume el reto de desarticular los complejos macrocriminales de procedencia paramilitar o que aplican sus métodos llámense Autodefensas Gaitanistas, Pachencas, Contadores,Pachelis; como aquellos grupos que se autodenominan disidencias de las antiguas insurgencias, pero que en su nueva recomposición han reclutado antiguos miembros de grupos paramilitares y que de paso han adoptado sus métodos de violencia en los antiguos territorios de las FARC, especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Arauca y Catatumbo. en un proceso integral liderado por el Estado, enfocado en su desmonte completo y definitivo, superando de las causas estructurales generadoras de la violencia.
Este propósito implica interrumpir el accionar delictivo de esas organizaciones; sus apoyos políticos y sociales; la financiación ilegal y con apariencia de legalidad; las redes de corrupción; las relaciones con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional que permiten su continuidad criminal; en este propósito es importante lanzar campañas de deslegitimación de los contextos patriarcales, racistas, socioeconómicos y políticos estigmatizantes, además de los factores, sujetos y disposiciones normativas que los han promovido.
La esencia de la política Publica de desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo establece acciones afirmativas contra de la corrupción, y a favor de la eficacia y eficiencia de los diversos sistemas de justicia, la implementación del Acuerdo Final de Paz y de los nuevos acuerdos de paz que surjan de la construcción de la Paz Total como política de Estado.
Además, establece un conjunto de lineamientos y acciones permanentes para coordinar la actuación de las distintas entidades publicas implicadas en esta política para garantizar la eficacia del plan de acción que se ha establecido y al que deben concurrir de manera subsidiaria la Presidencia de la República, Delegada Presidencial ante el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Comisionados expertos designados por la CSIVI, Comisionados designados por las plataformas de derechos humanos y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
En este sentido se prioriza la identificación de las redes utilizadas por las organizaciones criminales para desarrollar sus actividades financieras, políticas, armadas y transnacionales. La investigación, judicialización y sanción de los responsables de los hechos de diferentes grados de participación, incluidos los máximos responsables, determinadores y beneficiarios de sus acciones criminales, la Prevención de cualquier tipo de vínculo entre agentes del Estado con organizaciones y conductas criminales objeto de esta política, enfrentando a las organizaciones criminales en sus cuatro dimensiones de desarrollo: financiera, política, armada y transnacional, la transformación del Estado en el marco de la seguridad humana, para el fortalecimiento de la prevención y eliminación de relaciones con organizaciones y conductas criminales.
En lo que respecta al Plan de Acción aprobado por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para la ejecución de la Política publica es importante destacar las siguientes acciones:
Fortalecimiento de los canales de articulación de la comunidad de inteligencia para avanzar en las investigaciones dirigidas al desmantelamiento de organizaciones criminales y la protección de líderes sociales, defensores de DD. HH. y personas en proceso de reincorporación.
Fortalecer las capacidades y presencia de los jueces penales que conocen de la judicialización de organizaciones y conductas objeto de la Política Pública de Desmantelamiento de organizaciones sucesoras (Responsable: Ministerio de justicia)
La Revisión de la información disponible sobre patrones de despojo de tierras y de conductas violentas, el testaferrato y participación de terceros asi como su relación con proyectos extractivistas o de monocultivo.
Elaboración de un diagnóstico especializado y unificado que permita identificar un censo territorial de estos grupos y sus diferentes estructuras. Para ello se recomienda incorporar los estudios realizados por la academia, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y grupos de expertos que amplíen los marcos de referencia investigativa. (Responsable: Secretaria técnica de la CNGS)
Fortalecimiento de los conocimientos de las y los integrantes de la fuerza pública en materia de enfoque de género e incorporar a los procesos de planeación de operaciones en terreno herramientas que permitan evaluar riesgos específicos de la acción de la fuerza pública y tomar medidas para prevenir la ocurrencia de todos los tipos de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes al igual que las personas con diversas orientaciones. (responsable: Ministerio de defensa)
Incorporar las recomendaciones para el desarrollo de actividades operativas a través del análisis de contextos (histórico, económico, político, cultural, de género y social) y ejercicios de inteligencia, así como los análisis desarrollados por los investigadores sociales y de organizaciones sociales de base, integrando un equipo interdisciplinario. (Responsable: Secretaría Técnica de la CNGS – CNGS en pleno)
Realizacion de un diagnóstico de instrumentos internacionales en materia de cooperación en seguridad y los controles fronterizos, que incluya recomendaciones para fortalecer la acción contra el crimen transnacional.
Realizacion estudios y análisis para establecer recomendaciones que permitan comprender el funcionamiento de las redes internacionales y nacionales de compra y venta de armas por parte de las organizaciones y conductas criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Determinar la composición de los grupos y cómo operan, conectando los actores ilegales entre fronteras; analizando su modus operandi, formas de reclutamiento y su influencia política; explicando sus ideologías y su idiosincrasia, sus finanzas, su accionar delictivo. ( Responsable: Ministerio de defensa, Ministerio de relaciones exteriores, Colombia Nos Une)
Fortalecimiento del sistema de información sobre armas, explosivos y municiones (SIAEM), con datos provenientes de la Fuerza Pública y otras entidades involucradas en los procesos de incautación y decomiso de armas de fuego legales e ilegales, para consolidar la información de seguimiento y trazabilidad, con fines de prevenir la recirculación y rendir informes periódicos a los órganos de control y a la CNGS. ( Responsable: Ministerio de defensa, Ministerio de relaciones exteriores, Colombia Nos Une)
Impulsar la reglamentación del artículo 14 de la Ley 2272 de 2022, que articule los planes territoriales y locales de desarme voluntario de armas letales, menos letales, armas blancas, y se fortalezca la entrega de información sobre el origen y proveniencia de las armas que se entregan. (Ministerio de Defensa)
Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en materia género, derechos de las mujeres y enfoque interseccional en los/ as funcionarios/as encargados/as de los temas de migración y asilo que atiendan a las mujeres, personas con OSIGD y NNA víctimas de los grupos y conductas objeto del Decreto Ley 154 de 2017. Armonizar la política migratoria del Estado para combatir los fenómenos de la trata y tráfico de personas, así como el desarrollo de otras economías ilegales. (Responsable: Ministerio del Interior como cabeza del COAT (Centro Operativo Antitrata de Personas, Ministerio de relaciones exteriores, Colombia Nos Une)
Emprender el mapeo de las normas, prácticas y actores que actúan en las instituciones de carácter nacional y territorial, para eliminar relaciones directas o permisivas con las organizaciones y conductas criminales. Realizar un análisis que permita corroborar y comprender el fenómeno que da lugar a los nexos de funcionarios públicos con organizaciones objeto de la CNGS, con el propósito de elaborar recomendaciones para la desactivación de las causas y condiciones que favorecen dicha situación. (Responsable: Ministerio de Justicia)
Diseñar y promover estrategias y recomendaciones que permitan establecer la responsabilidad de diversa índole por violaciones a los derechos humanos, cometidas o apoyadas por parte de personas jurídicas, que vaya más allá del estándar de debida diligencia. Esto debe incluir la participación del Estado en la construcción del tratado vinculante de empresas y derechos humanos. (Delegada Presidencial – Secretaría Técnica de la CNGS – CNGS en pleno)
Generar espacios periódicos de encuentro de la CNGS, garantizando la participación de población víctima, para la articulación orientada a la formulación de recomendaciones y el levantamiento de una línea base sobre las investigaciones sin información sujeta a reserva, de carácter penal, disciplinario y administrativo, originadas en compulsas de copias de las conductas relacionadas con el objeto de la CNGS. (Delegada Presidencial – Secretaría Técnica de la CNGS – CNGS en pleno)
Fortalecer las metodologías de investigación contra terceros, autores y beneficiarios que han promovido, apoyado o se han beneficiado del accionar de organizaciones y conductas criminales, incluyendo aquellas sucesoras del paramilitarismo, observando el cumplimiento de los más altos estándares de responsabilidad en relación con empresas y derechos humanos. Construir lineamientos que fortalezcan los mecanismos de cruce y contrastación de información, y de análisis contextual y de género de las declaraciones de integrantes de estructuras armadas organizadas que mencionen a terceros en el marco de cualquier investigación judicial y/o concesiones de beneficios jurídicos, en el marco de procesos de negociación jurídica, así como de mecanismos extrajudiciales de aporte a la verdad, para favorecer la identificación y judicialización de beneficiarios últimos o auspiciadores de las organizaciones y conductas objeto de la CNGS. (Responsable Delegada Presidencial – Secretaría Técnica de la CNGS – CNGS en pleno)
Impulsar el levantamiento de un mapeo de iniciativas territoriales que promuevan sacar las armas de la vida civil, fomentando la participación de las organizaciones y comunidades, para el desarrollo de programas piloto que permitan replicar experiencias exitosas de fortalecimiento de las instituciones civiles, la garantía de los derechos y el bienestar social. También formular recomendaciones para garantizar la progresividad y priorización de la inversión social en el marco del enfoque de seguridad humana. (Responsable. Delegada Presidencial – Secretaría Técnica de la CNGS – CNGS)
Armonizar y fortalecer participativamente la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales para luchar contra la estigmatización y violencias contra los defensores y defensoras, comunidades y personas en proceso de reincorporación y reinserción. Impulsar la revisión e implementación de la Política de Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización (Decreto 1444/2022) en zonas focalizadas del país, en razón de su afectación o riesgo por organizaciones y conductas criminales. Impulsar el intercambio de experiencias territoriales para el tratamiento alternativo de conflictos y demás iniciativas de empoderamiento, en el marco de la implementación del Decreto 660 de 2018. (Ministerio del Interior)
Crear un comité de trabajo para formular recomendaciones para las zonas focalizadas del país, dirigidas al desmantelamiento, construcción de paz, consolidación de agenda humanitaria y transformación de estereotipos de violencia y discriminación contra las mujeres y personas con OSIGD, en razón de su afectación o riesgo por organizaciones y conductas criminales. (Delegada Presidencial – Secretaría Técnica de la CNGS – CNGS en pleno).
Impulsar el fortalecimiento de las guardias indígenas, campesinas y cimarronas, para el ejercicio de su función en materia de autoprotección de sus territorios. (Ministerio del Interior)
Generar un mecanismo de articulación entre la CNGS y la Instancia de Alto Nivel (Ley 2272 de 2022, Decreto 2655 de 2022) para la caracterización de organizaciones y conductas criminales objeto de la CNGS. Adelantar sesiones de la CNGS en los territorios para hacer seguimiento al impacto de los procesos/ escenarios de negociación y procesos de sujeción en el marco de la Paz Total, así como a la implementación de la Política Pública de Desmantelamiento. (Delegada Presidencial – Secretaría Técnica de la CNGS – CNGS en pleno)
Crear un observatorio para el desmantelamiento, que se encargue de diseñar la metodología de intercambio de información, articular y consolidar la información aportada en desarrollo de la política pública para el desmantelamiento, y contribuir a su análisis para la elaboración de los diagnósticos y las recomendaciones que emanen de la CNGS. (Delegada Presidencial – Secretaría Técnica de la CNGS – CNGS en pleno).
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[1] Política publica del gobierno nacional aprobada en el mes de septiembre de 2023 que articula las acciones de las siguientes entidades: Presidencia de la República, Delegada Presidencial ante el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Comisionados expertos designados por la CSIVI, Comisionados designados por las plataformas de derechos humanos y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
[2] Ibidem
[3] La persistencia del paramilitarismo, principal enemigo para la paz y los DD. HH en Colombia. Revista Arcanos, 2017.
[4] Política publica del gobierno nacional aprobada en el mes de septiembre de 2023
[5] Política publica del gobierno nacional aprobada en el mes de septiembre de 2023
[6] Ibid
Julio Arenas, Observatorio del conflicto Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Infobae
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