En entrevista con Blue Radio en la mañana del martes 2 de agosto, la ministra designada de ambiente, Susana Muhamad, se refirió con claridad meridiana a varios asuntos que se trataron en el informe de empalme ambiental; retomo su conversación radial para compartir discusiones del grupo de empalme ambiental, sin vulnerar el compromiso de reserva que hicimos todos los del grupo.
En primer lugar, la ministra designada se refirió con mucha soltura a la dependencia financiera del sector en los recursos de la cooperación internacional; agregaríamos que el problema es más grave, pues , el análisis de las finanzas del SINA “ampliado” de los últimos años, en el marco del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, de suelos y la contaminación fisicoquímica planetarias crecientes , permiten señalar tres grandes características: a) la Insuficiencia muy creciente de recursos económicos y robustez institucional, especialmente en los Institutos de investigación, las corporaciones de desarrollo sostenible y las autónomas regionales diferentes a las relacionadas con las más grandes ciudades, como también de otros actores del SINA para atender suficientemente bien los problemas ambientales crecientes ; b) la muy baja ejecución de las CARs de mayores ingresos (alrededor del 60%), incluso frente a problemas crónicos y oportunidades críticas como la revegetalización de áreas montañosas c) la baja eficacia relativa del SINA y del estado en general, para detener y modificar los conflictos del suelo, la deforestación, la contaminación ambiental y los efectos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la injusticia ambiental, tal como lo comprueba el IDTS, índice de desarrollo territorial sustentable, desarrollado por Fonseca[1] y el seguimiento de la deforestación en los últimos cinco años en la amazonia[2] .
Sin embargo, no cabe duda que el SINA es marginal dentro de la institucionalidad sectorial estatal existente y frente a las dinámicas de destrucción de la naturaleza y de la calidad ambiental no sólo desde el punto de vista presupuestal, aunque desde 2016 ha habido un leve aumento de 0,26% a 0,37% del PGN , presupuesto general de la nación; requerímos una medida de emergencia de elevar por lo menos a 0,50% este presupuesto, para garantizar que no dependemos de las regalías , que son hoy el rubro mayor del SINA, y que el Ministerio como cabeza del sector cuenta con suficientes recursos para liderar de manera concreta. Las CARs significan hoy más cantidad económica que el resto del SINA y la Car de Cundinamarca es el 35% de todas las CARs desde el punto de vista económico. Adicionalmente, como el “sector ambiental” depende cada día más de las regalías, los territorios, municipales y departamentales, tienen más incidencia en la decisión de la inversión y gasto ambiental. Eso es bueno en la medida en la cual logremos coordinar los esfuerzos de protección y uso sustentable de los ecosistemas, que no responden a divisiones administrativas. Necesitamos innovar, de nuevo. Por ejemplo, dialogamos con la ministra sobre proponer un “cambio de deuda externa por protección a la Naturaleza” (SWAP) como sucedió en 1992 y la repotenciación del Impuesto al Carbono, usándolo doblemente: la primera vez como un fondo de préstamos blandos para el reemplazo de vehículos contaminantes por eléctricos o de hidrogeno y el cambio de procesos industriales también contaminantes por sistemas productivos “limpios”; una vez se recuperan dichos recursos con cuotas de amortización de los beneficiarios, se dirigen a programas de reforestación, cambio de ganadería extensiva por sistemas silvopastoriles, agroecología y protección de fuentes de agua.
La falta de recursos es evidente en dos aspectos fundamentalmente: en la impotencia ante dinámicas muy graves como la deforestación de la amazonia, ya que los recursos además de ser insuficientes, no sitúan el problema en todas las instituciones que deberían converger en la lucha contra este enorme y critico fenómeno. Se ha dejado la principal responsabilidad en la operación militar “Artemisa”, pero es urgente fortalecer no sólo financieramente en la reforma tributaria la gestión ambiental, sino adquirir una visión y gestión más estratégica, que logre comprometer todos los sectores, tales como el de justicia, agricultura, ambiente, infraestructura, para que la aproximación a los territorios en conjunto sea mucho más integral. La segunda carencia es la de la insuficiencia económica de los institutos de investigación , cuatro de los cuales, de naturaleza privada pero con funciones públicas, deben recurrir a contratación por parte de privados en una proporción muy alta para estudios de impacto ambiental, desaprovechando su capacidad instalada en avanzar más en el conocimiento de los sistemas socioecológicos y su mejor gestión; estimamos en el caso del Sinchi que un aumento de un 30% en sus recursos potenciaría su capacidad de acercamiento a las comunidades campesinas e indígenas y sobre todo le permitiría ser mejor interlocutor en la defensa, promoción y uso sustentable de la amazonia; es interesante su esfuerzo de conocimiento de especies promisorias para el sustento y comercialización justa y prudente, pero se requiere mucho más familiaridad con estrategias de Pago por servicios ambientales y de oferta del mantenimiento de las funciones de los ecosistemas para el clima mundial.
El tema de la ANLA es de gran interés: es innegable el avance positivo en el tiempo de expedición de las licencias ambientales y en la sistematización de la información ambiental, que pronto ofrecerá un Centro Nacional donde se pueda consultar todo tipo de información (Dios mediante!!) pero subsiste la preocupación por dos aspectos: el primero relacionado con los compromisos de las empresas y entidades en el cumplimiento ambiental, pues en algunos casos los permisos son controversiales y además no se puede esperar que un proyecto asuma responsabilidades de otras entidades y sectores, y el segundo se refiere a la capacidad de seguimiento, que es débil aunque la ANLA ha creado oficinas en varias regiones del país. Hay multiplicidad proyectos de compensación, aparentemente sin priorización y sin adecuado seguimiento y contabilización. Así, por ejemplo, hay muchas compensaciones de proyectos privados, pero con muy poca trazabilidad en lo que se refiere a inversión del 1% en restauración ecológica y a la obligación municipal de asignar el 1% de sus presupuestos de inversión en la protección de cuencas y adquisición de predios de protección ecológica.
Se requiere un examen de fondo sobre el licenciamiento ambiental que es de cada proyecto actualmente; la Evaluación Ambiental Territorial Estratégica, que revisa la capacidad de un territorio de soportar diferentes proyectos de distintos sectores teniendo en cuenta las sinergias y simbiosis posibles, negativas y positivas, es un camino a explorar e instaurar y requiere que los Institutos de Investigación tengan recursos y tiempo para ello. Así aceleraríamos la toma de decisiones y sobre todo la haríamos con mucho mejor criterio e información.
Un tema inaplazable es la reforma de las CARs y del SINA en general, pues es necesario reconocer dentro de la estructura actual el papel de nuevos actores como las secretarías de ambiente de las grandes ciudades mayores de un millón de habitantes y las agencias de los Distritos Especiales como el caso de Cartagena y Santa Marta, así como la repotenciación de los institutos , modificando incluso las funciones del IDEAM para que de manera explícita se encargue también de la exploración de nuevas ecotecnologías para la sustentabilidad, en alianza con los demás sectores.
Se requiere de fondo la reestructuración, el rediseño de las CARS, sobre lo cual existen más de 22 proyectos desde 2012, algunos de carácter “cosmético”, como la restricción del periodo de los consejos directivos y de la dirección de las CARs a cuatro años hasta algunos más profundos. En nuestra opinión, el más grande problema ambiental de Colombia, que tiene origen en la violencia de los últimos 60 años , la cual a su vez tiene gran explicación en la falta de la reforma agraria, es precisamente el conflicto de usos del suelo: 38 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva de ladera, montaña, ciénagas desecadas, páramos, cuando deberíamos tener sólo 8 a 9 millones, y además con sistemas agrosilvopastoriles que permiten por ejemplo en el caribe, subir de 0,4 cabezas de ganado bovino por hectárea a 2,2 como lo demuestran experiencias piloto en el Cesar principalmente. Igualmente, tenemos solamente 6 millones de hectáreas en agricultura, cuando contamos con entre 15 a 25 millones de hectáreas de suelos aptos, algunos, como en la altillanura orinocense, con necesidad de mejoramientos mínimos con aplicación de cal y siembra de leguminosas que aportarían carbono al suelo, mejorándolo. Necesitamos agricultura y ganadería regenerativas y esa debería ser una de las funciones principales de las CAR: modificar el uso del suelo en las zonas de producción agropecuaria, pero lo que han hecho al respecto es marginal, pues no están integradas suficientemente al aparato de ciencia, tecnología e innovación y menos al conocimiento amplio, que comprende también el conocimiento empresarial y el conocimiento ancestral/campesino/popular. La figura interesante de ”autónomas”, consignada en la constitución nacional se ha degenerado en una facultad de “gobernanza” local y regional a favor de la política convencional. Eso debe cambiar, incluyendo una revisión de las ONGs que han representado a los ambientalistas, dentro de las cuales hemos permitido corrupción e intereses mezquinos. Las CAR deben trabajar en función de convertir todo el territorio (no solo las áreas naturales protegidas) en espacios de sostenibilidad del uso de los recursos naturales.
Los Parques nacionales tienen hoy, además de una alta dependencia económica en la cooperación internacional, el problema persistente del riesgo de vida de los funcionarios, sin apoyo logístico suficiente; Se creó una gran área submarina de protección natural que es necesario y urgente sustentar con los estudios respectivos para respetar los derechos de las comunidades pescadoras y marinas y para garantizar que se cumpla con su protección de manera real.
La Red hidrometeorológica presenta igualmente deficiencias tanto de cobertura como de funcionamiento y ahora, con la necesidad de saber más sobre el cambio climático y sus efectos requerimos hacer una “cruzada” público privada como la que emprendimos en 2003 para garantizar que instalamos y operamos suficientes estaciones que cubran bien el territorio nacional; no debemos olvidar que alrededor de 2600 ciudadanos rurales, campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres, ancianos, jóvenes, contribuyen todos los días como observadores del clima a recolectar la información de estaciones “manuales” ; a ellos debemos reconocerlos y agradecerles su trabajo casi voluntario y mejorar la compensación por ese servicio vital para el país.
Un tema recurrente, sin lugar a dudas, es el de la transición y transformación energética: la decisión de prohibición del Fracking está sustentada en varios argumentos de peso, además de la preocupación directa sobre la posible contaminación de acuíferos, excesiva demanda de agua para inyección en los pozos, con sustancias químicas de interés y la posibilidad de microsismos locales; Rafael Enrique Fonseca ( artículo reciente en CONFIDENCIAL) nos recuerda claramente que no somos potencia de petróleo, pues los mas grandes descubrimientos de petróleo y gas se dieron hace más de treinta años como el caso de Shushupa-Ballenas que se está agotando, – y que afortunadamente con el hallazgo reciente, en UCHUVA 1 en el bloque Tayrona, de gas natural, podría reponerse ampliamente- y durante todos estos años no hemos encontrado yacimientos de esa dimensión; en segundo lugar, la eficiencia de recuperación secundaria y terciaria de pozos convencionales existentes ha sido inferior al promedio mundial, lo cual indica que podríamos extraer una cantidad apreciable de petróleo en estas localizaciones, con mínimo impacto adicional, todo lo cual compensa la no implementación del fracking, el cual se ha prohibido en muchos países; adicionalmente, Colombia es muy ineficiente en el consumo de hidrocarburos en su flota automotor, que tiene 17,5 años de edad y por tanto tiene motor altamente ineficientes en comparación con nuevas tecnologías. No es simplemente el argumento de “permitir experimentar” sin considerar todos los demás argumentos arriba planteados. La seguridad del gas domiciliario y vehicular estaría garantizada con el reciente descubrimiento de Uchuva 1.
El reto energético es más profundo y requiere una alianza entre varios sectores: el de ciencia y tecnología, el ambiental y el energético. Hay que destacar el reciente esfuerzo de Ecopetrol, que está implementando cinco grandes centros de investigación en el camino correcto de reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables, con énfasis en hidrógeno verde (Cartagena) , biocombustibles de segunda y tercera generación (Piedecuesta); eficiencia eléctrica (Medellín); mejor petroquímica ( Barrancabermeja) y aprovechamiento seguro del agua de extracción del petróleo (Meta) pues por cada barril de petróleo extraído se obtienen 24 de agua asociada, que podrían servir para riego de plantaciones forestales, como se ha pensado con agrosavia.
Necesitamos que Ecopetrol se enfoque en eso, con mucho más dedicación y profundidad, como Chile lo está haciendo cerca a Punta Arenas, iniciando la producción de “combustibles sintéticos” a partir de la mezcla de hidrógeno verde con CO2 que resulta en Metanol que es la base de la gasolina y diesel sintéticos[3], que serían una opción importante para los vehículos existentes hoy en Colombia, puesto que el costo de adquisición de los eléctricos es alto todavía. Es obvio que debemos acelerar un Programa ambicioso de ahorro y uso eficiente de energía, tanto vehicular como domiciliaria, industrial e institucional, que incorpore también el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, así como también, en la región caribe, por los costos tan elevados de la electricidad, la instalación de paneles solares e incluso la consideración de “prosumidores” energéticos.
El tema del Canal del dique nos permite terminar con un tema fundamental: el de Escazú. La participación comunitaria en la toma de decisiones, el derecho a la información ambiental y el de acceso a la justicia en caso de diferencias, sin temor a las amenazas y muerte de los lideres y activistas sociales y ambientales debe ser el eje conductor, la esencia de la gestión ambiental. El proyecto del Canal del Dique lleva muchos años en la escena y fue priorizado por gobierno Santos; sin embargo, hoy, aunque 13 de 16 comunidades se sienten satisfechas con las propuestas de compensación, hay algunas que no ; pero hay dos temas adicionales que le agregan complejidad: el reclamo de muchos familiares de las victimas asesinadas y arrojadas al canal claman por la recuperación de sus cuerpos; adicionalmente, el supuesto principal del proyecto es el de la restauración ambiental, por lo cual no le fue exigido finalmente el Estudio de Impacto Ambiental ( en 2016 sí se había exigido y posteriormente se eliminó el requisito, siendo un proyecto ambientalmente muy sensible) y solamente un Plan de Manejo Ambiental, que no permite apreciar realmente cómo sería la operación; hay muy poca claridad acerca de, una vez construidas las compuertas, como funcionaría el sistema y cual sería su gobernanza; el tema merece avanzar pero “canal Si, pero no Así” dicen muchos entendidos. Requiere más tiempo y análisis especialmente durante los años en los cuales estará funcionando.
La ministra demostró organización, método y coordinación conformando un equipo de trabajo responsable y entusiasta que hizo la tarea de visitar las entidades y recopilar la información; pero lo más destacable de lejos fue el “empalme social”: más de 50 reuniones con delegaciones de procesos comunitarios en defensa del territorio se entrevistaron y dialogaron con la Ministra y el equipo designado para esa tarea. Oyeron a la gente, dialogaron con la gente, hubo empatía y afecto; se ejercitó Escazú, en antelación a su aprobación, que todavía requiere dos periodos más en la Cámara, pues ya el Senado lo aprobó. Es un canto de esperanza, que anuncia un tiempo de acercamiento de todos los actores del país, para que las decisiones nos representen más a todos, todas y “todes”. En lo que a mi respecta, aprendí mucho, compartí mucho, como lo hemos hecho en varias cumbres y congresos ambientales nacionales, en los que nos hemos reunido a construir un mejor país. Agradezco mucho, la oportunidad de haber formado parte de ese grupo, lleno de sueños, compromiso y generosidad, como en los viejos tiempos de Inderena!!!
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*Estas notas no comprometen a nadie más que a mí y son “píldoras para la memoria” muy gratas.
[1] “Diseño y Evaluación de Políticas y Estrategias Regionalmente Diferenciadas de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Territorial Sustentable de Colombia” , Carlos Fonseca, UPTC-IGAC 2019.
[2] Se presenta el mapa de la deforestación y conversión a la ganadería de la región colindante con la AMEM, compuesta por conjunto de parques naturales Tinigua, Macarena y Picachos, que resulta en la desconexión real entre el bioma amazónico y los Andes.
[3] Una alianza entre Porsche, Siemens y ENEL inicia la producción de 8 mil barriles día y crecerá gradualmente, aprovechando los vientos de hasta 15 metros por segundo, que también tenemos en Colombia en el área marina entre Cartagena y Santa Marta.
Carlos Hildebrando Fonseca Zárate
Foto tomada de: Eltiempo.com
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