Sin embargo, estos indicadores no reflejan la realidad del desempleo en Colombia si no se toma en cuenta el crecimiento extraordinario que se presentó en la población inactiva, que todavía se mantiene, debido, principalmente, a que durante el confinamiento no había alternativas de empleo, por lo que una gran parte de las personas que perdieron sus empleos y sus ingresos durante la pandemia, en su mayoría mujeres, dejaron de buscar un empleo, condición que las coloca por fuera de la población económicamente activa. Por esta razón, para tener una idea real de la magnitud del desempleo en Colombia, es necesario agregarla a la población desempleada. En efecto, en mayo de 2020 se identificaron 3.318.755 nuevos inactivos, los que, sumados a los desempleados efectivos de ese mes, (personas que si estaban buscando un empleo), nos da una tasa real de desempleo del 33,7%, muy diferente al indicador oficial marcado por el DANE para ese mes, 21,4%, el más alto durante toda la pandemia. En mayo de este año, la población nueva “inactiva” disminuye a 1.515.182 personas, las que sumadas a la población desempleada dan una tasa real de desempleo del 21,9%, 11,8 pp menos que hace un año.
La disminución en la tasa de desempleo fue consecuencia de la normalización de prácticamente todas las actividades económicas, normalización que se reflejó en el incremento de 8 pp en la tasa de ocupación frente mayo de 2020, y en que 1.803.573 personas salieran de su condición de inactivos y entraran a ser parte de la población económicamente activa, como ocupados, o como desempleados. La pregunta que es necesario hacerse, es en relación con el tipo de ocupación que encontraron las personas que salieron del desempleo y de la inactividad, y que tanto trabajo decente genera nuestro actual modelo de desarrollo.
Un indicador bastante cercano del Trabajo Decente, o trabajo con derechos, es la afiliación al sistema de riesgos laborales, al que en el mes de mayo de este año estaban afiliadas 1.006.616 empresas. En este mes, la población ocupada total se incrementó en 18,6%, pero la población trabajadora afiliada a este sistema apenas se incrementó en 9,1%, lo que significa que un poco más de la mitad de las personas que salieron del desempleo o de la inactividad, no encontraron un empleo en condiciones de Trabajo Decente, con derechos como el de la protección social. En total, las personas afiliadas a este sistema en mayo 2021 eran 10.713.250,[1] equivalentes al 52,3% de la población ocupada total.
Entre estos afiliados, se encontraban 9.716.383 personas asalariadas, (obreros o empleados particulares, empleadas del gobierno, trabajadoras domésticas y jornaleros o peones), una cifra que representa el 95.7% del total de estas posiciones ocupacionales, las que crecieron 22% en el último año, pero su afiliación al sistema de protección social, al menos al sistema de riesgos laborales, apenas lo hizo en 7,2%, lo que significa que cerca de dos terceras partes de los trabajadores que encontraron un empleo como asalariados, lo hicieron por fuera del sistema de protección social, un factor clave del concepto de Trabajo Decente.
En mayo 2021 se encontraban afiliados a riesgos laborales 996.867 trabajadores independientes, 32% más que en mayo 2020. Pese a este crecimiento en su afiliación, estos afiliados representan apena el 11% del total los trabajadores por cuenta propia y se trata, principalmente, de trabajadores profesionales, técnicos y tecnólogos con capacidad de pagar ellos mismos su afiliación, pues más del 80% de los trabajadores por cuenta propia son informales, con ingresos que en la mayoría de los casos están por debajo del salario mínimo legal.
Lo que indican estos datos, es que la normalización de la mayor parte de la actividad económica se hizo mayoritariamente en condiciones de trabajo informal, por fuera de la noción de Trabajo Decente: aunque la tasa de ocupación se incrementó en 18,6% la afiliación al sistema de protección social apenas lo hizo en 9,1%, una situación que fue peor para los trabajadores asalariados, que crecieron 22%, pero su afiliación al sistema de protección social apenas lo hizo en 7,2%.
Un modelo de desarrollo en contra del empleo, del trabajo decente y de la distribución del ingreso.
Colombia ha mantenido históricamente altísimas tasas de trabajo informal y de desempleo. Según el DANE,[2] la tasa promedio de trabajo informal, medida por tamaño de las empresas, ha variado muy poco en 20 años: 52,5% promedio en la primera década de este siglo, 49,6% promedio en la segunda década, y 48,9% al iniciar esta tercera década.
Por su parte, el trabajo informal, medido por la afiliación al sistema de protección social, en este caso a pensiones, es todavía más grave: en la primera década de este siglo estaba excluida el 69,8% en promedio de la población ocupada, el 65,5% promedio en la segunda década, y el 62,9% al inicio de esta tercera década, según los datos del DANE.
Y en relación con la ocupación según la posición o categoría ocupacional, predominan aquellas que son informales en más del 80%, como el ‘trabajador por cuenta propia’, el “trabajador familiar sin remuneración”, y el “trabajador sin remuneración en otras empresas”: estas categorías agregadas representaban el 45,2% promedio de total de la población ocupada en la primera década de este siglo, 47,6% promedio en la segunda década, y 47,5% en el inicio de esta tercera década. En contraposición, la categoría ocupacional del “obrero o empleado particular” ha representado el 35,0%, 37,6 y 39,1%, respectivamente.
Por su parte, la tasa de desempleo siempre ha estado por lo menos 3 pp por encima de la tasa promedio de América Latina y duplica la tasa promedio de los países de la OCDE: 12,8% fue la tasa de desempleo promedio en la primera década de este siglo y 9,8% promedio en la segunda, pese a que desde los años 90 se han hecho por lo menos tres reformas laborales, supuestamente para incentivar la contratación de trabajadores y bajar las tasas de informalidad y desempleo, y por lo menos cada año se hace una reforma tributaria con el mismo fin, las que en ultimas han significado disminuir costos laborales y concentrar el ingreso en los más ricos.
Colombia también ha mantenido un PIB per cápita inferior al promedio de América Latina y el Caribe y al de los países con los cuales tenemos más relaciones y cercanías: así, mientras en 2019 el PIB per cápita anual de Colombia fue de US$6.428,7, el de Argentina estaba en US$9.947,3; Brasil, US$8.897,6; Chile, US$14.896,5; México, US$9.946; Perú, US$6.977,8 y América latina y el Caribe, US$8.360,9 en promedio según la CEPAL.[3]
Todos estos indicadores están relacionados con el modelo de desarrollo que nos han impuestos los sectores dominantes, que los hacen a ellos extremadamente ricos, pero que condenan al resto de la población a condiciones en su mayoría precarias, como las que predominan en el mercado de trabajo, o a altísimas tasas de pobreza extrema, 15,1% de la población, o de pobreza monetaria, 42,5%, a que seamos un país con una de los peores índices en la distribución del ingreso, con un Coeficiente de GINI del 0,54, según el DANE.
Una de las características de ese modelo es el rentismo, que consiste en entregarle gabelas a los sectores más ricos e influyentes para que a través de ellas, obtengan rentas extraordinarias sin tener que competir abiertamente con otros sectores, como la que les ofreció la ley 100 de 1993, que convirtió la salud y las pensiones en un negocio, a través de su explotación por las EPS y los fondos privados de pensiones; o las que les ofrecieron a los industriales de la caña de azúcar, cuando obligaron a combinar gasolina con el etanol derivado de esta planta, proceso del que derivan millonarios subsidios anuales por parte del Estado; o como la facilidad que tienen algunos inversionistas de ubicarse en zonas francas especiales para pagar la mitad del impuesto de renta que deben pagar las demás empresas; o como las concesiones mineras y de otro tipo, (por ejemplo puertos), que les permiten acceder con privilegios a la explotación de ciertos recursos y a incluir en la contabilidad como un costo que disminuye el pago de impuestos, el beneficio de explotar ese activo definido como un “intangible”; o como la ausencia de una reforma agraria y de un catastro actualizado sobre la propiedad de la tierra, situación que les permite a los terratenientes mantener en completa subutilización las tierras que poseen y de pagar por ellas impuestos irrisorios, en un contexto de extrema desigual en la posesión de la tierra, (el GINI agrícola es del 0,897, según el IGAC), una situación que mantiene en pobreza extrema al 18,2% de la población rural, y en pobreza monetaria al 42,9%, una situación que favorece el narcotráfico, la minería ilegal y la devastación de nuestras selvas y bosques. Y así con muchos ejemplos que valdría la pena recopilar y cuantificar.
Se trata pues de un modelo de desarrollo de corto plazo, con inversiones extra mínimas en ciencia, investigación y desarrollo, con una educación pública superior con una financiación cada vez más precaria y de la que está excluida la mayor parte de la población de ingresos bajos y medios; que simplemente se aprovecha de las coyunturas de los mercados internacionales cuando estas favorecen ciertas “ventajas” que podemos poseer, como la coyuntura de los altos precios del petróleo y del carbón durante la primera década de este siglo, o los bajos salarios para incentivar la inversión extranjera, o la firma de tratados de libre comercio.
Este modelo no genera empleo y menos en condiciones de trabajo decente, como lo ilustramos al principio. Por ejemplo: en 2019 la economía colombiana creció 3,3%, pero la tasa de desempleo, que en 2018 había sido en promedio del 9,7%, subió al 10,5% en promedio durante 2019. Esto es así, porque el crecimiento económico está sustentado en actividades con alto contenido de importaciones y de trabajo informal, como el comercio, que creció 4,7%, o que generan poco empleo y escasísimo valor agregado como las actividades financieras y de seguros, que crecieron 4,6%.
Este modelo les permite a unas pocas empresas, cuya propiedad está concentrada en unos pocos grupos económicos, (grupo empresarial antioqueño, Sarmiento Angulo, Ardila Lulle y otros), y en una pocas empresas transnacionales, dominar completamente el mercado interno y someter al resto de empresas a condiciones competitivas tan precarias que ni siquiera les permite formalizarse, ni pagar sus obligaciones laborales de ley, o modernizar y ampliar sus plantas y negocios e incursionar en los mercados internacionales, una situación que afecta principalmente a las MiPymes, que representan el mayor número de empresas y generan la mayor parte del empleo. Por ejemplo: en 2020, las mil empresas más grandes del país, obtuvieron ingresos operacionales que representaron el 69,5% del PIB, pero más de la mitad de estos ingresos, el 56,3%, estuvieron concentrados en 130 empresas, el 13% del total. Y son, precisamente, estas empresas y estos grupos, los principales financiadores de las campañas políticas de los partidos que sustentan el régimen, principalmente al partido denominado “Centro Democrático”.
Finalmente, las altas tasas de desempleo y de trabajo informal, son consecuencia de un mercado interno muy pequeño, que controlan muy pocas empresas, que está sustentado en mantener a la mayor parte de la población trabajadora con salarios e ingresos que apenas representan el 34,3% del PIB, mientras la remuneración del capital (excedente de explotación más ingreso mixto), representa el 53,5% del PIB, según el DANE. Para lograr este objetivo, la estrategia empresarial y de sus gobiernos ha sido la de impedir a toda costa la formación de sindicatos y su fortalecimiento, objetivo que hasta ahora han logrado, como lo demuestra el hecho de que en Colombia el Dialogo Social sea absolutamente marginal en el sistema de relaciones laborales, con presencia real en menos del 1% de las empresas, que la cobertura de la negociación colectiva sea de menos del 7% de la población ocupada y que la tasa de sindicalización sea apenas de 4,6%, muy distinto al promedio que estos indicadores presentan en el promedio de países de la OCDE, en los que, debido a una fuerte implantación del sindicalismo y de la negociación colectiva, el Estado Social es una realidad y no un proyecto como ocurre en Colombia, el índice de GINI este entre 0,24 y 0,3 y sus economías estén entre las más competitivas.
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[1] La afiliación de mayo fue superior en 219.993 personas a la registrada en el mes de abril, un dato que contradice a quienes quieren achacarle al paro todo lo malo que ocurre en el país.
[2] Ocupado informal (OI): Son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: 1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 2. Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos; 3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 4. Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos; 5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos; 6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; 7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. (DANE, Trabajo Informal, 23 ciudades y áreas metropolitanas. Encuesta Continua de Hogares, 2007 – 2021.
[3] CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2020.
Héctor Vásquez Fernández
Foto tomada de: Las2orillas
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