Y tienen por qué sentir miedo. Aunque merodean la zona desde 2016, el fantasma paramilitar ahora bajo el remoquete “AGC” reafirmó su presencia el pasado 11 de julio cuando pintaron leyendas en cerca de 25 casas: “Llegamos para quedarnos”.
Y tienen por qué sentir miedo. Más de 300 miembros de la comunidad han sido asesinados desde cuando decidieron, el 23 de marzo de 1997, constituirse en Comunidad de Paz y exigirle a los actores armados que no los involucraran en sus acciones. Esperaban ser respetados y poder seguir en sus tierras, pero como ellos mismos lo admiten estaban equivocados.
Y tienen por qué sentir miedo. El 21 de febrero de 2005, ocho indefensos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, tres niños y cinco adultos jóvenes, fueron masacrados por paramilitares del “Bloque Héroes de Tolová” en connivencia con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 33, adscrito a la Brigada XVII del ejército nacional: Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, de 30 años; su compañera Sandra Milena Muñoz Posso, de 23 años; sus hijos, Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años y Santiago Tuberquia Muñoz, de 18 meses; y el trabajador Alejandro Pérez Castaño fueron asesinados en la vereda “La Resbalosa”; Luis Eduardo Guerra de 35 años, líder de la comunidad, su compañera Beyanira Areiza Guzmán de 17 años y su hijo Deiner Andrés Guerra Tuberquia de 10 años, fueron asesinados en la vereda Mulatos Alto.
Luego de la criminal incursión la comunidad señaló a los paramilitares y al ejército nacional. Inmediatamente, Uribe Vélez, entonces Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y la cúpula militar encabezada por el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, Comandante General de las Fuerzas Militares, acusaron a las FARC. Para el 7 de marzo de ese año, auto-organizaron una marcha que “buscaba rechazar las sindicaciones tendenciosas que contra tropas de la Décima Séptima Brigada se habían hecho por la masacre […]organizada bajo el lema “Por amor a la vida y por el respeto a la paz construida”, había comenzado a ser citada el viernes anterior desde los despachos de los funcionarios, empresarios, trabajadores y sindicalistas de la región, quienes no daban crédito a las absurdas acusaciones contra la Fuerza Pública”[1].
Pero no. No eran “absurdas acusaciones contra la Fuerza Pública”. Por esos crímenes, el capitán del Ejército Nacional, Guillermo Armando Gordillo Sánchez[2] aceptó su responsabilidad y el 20 de febrero de 2010 fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Antioquia, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia el 28 de febrero de 2011.
Y no eran sindicaciones tendenciosas. En sentencia del 7 de julio de 2016, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, condenó a 480 meses de prisión[3] a Uber Darío Yánez Cavadías, alias “Orejas” o “21”, por su participación en la masacre y puntualizó:
“Estos atroces hechos devinieron en el desplazamiento forzado de varios lugareños con sus familias, quienes ante la crueldad y barbarie de los delincuentes que no tuvieron el menor reparo en matar a sangre fría a menores de edad que eran totalmente ajenos al conflicto, sintieron miedo, zozobra, terror de perder su vida, razón por la cual la mayoría se desplazó de sus viviendas con apoyo de algunos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, dejando abandonadas sus pertenencias y semovientes.
En la actuación ilegal armada se evidenció la participación de algunos miembros de las Fuerzas Militares, pudiéndose extractar tal situación de la entrevista recibida del 27 al 31 de mayo de 2010, al desmovilizado Francisco Javier Galindo Pérez, quien frente al tema de los vínculos con el Bloque Héroes de Tolová y la Fuerza Pública refiere lo siguiente:
“(…). El día 19 febrero del 2005 llegó “Orejas” con un grupo del bloque Héroes de Tolová a la base La O, y un grupo grande del ejército como 300 soldados ese día 19 de febrero llegó “Orejas” con el Ejército como las 4:30 de la tarde “Orejas” se dirigió enseguida hacia dónde están los comandantes y habló con “Fabián” y “JL”, como a la hora de ese mismo día me llamaron al grupo de doce que íbamos a participar en la operación, (…) y el mismo “Orejas” nos explicó que la operación consistía en conjunto con el Ejército íbamos a dar resultado para ellos, y si encontramos a la guerrilla lo íbamos a hacer bien, nos dijo que el desplazamiento iba a hacerse arriba hacia Casa Verde, Chontalito, La Resbalosa, La Cooperativa, además nos mencionó que el mando de las autodefensas lo llevaba alias “21” u “Orejas” y el mando de los militares lo llevaba un capitán, que también había que cumplir órdenes por qué llevaba el mando de su gente y también nos dio la orden que el día 20 de febrero estuviéramos listos tempranito para salir, después de esto nos retiramos hacia nuestros cambuches(…) Ese día los soldados durmieron en la base y los comandantes del ejército y de las autodefensas durmieron en la base de la O; el día 20 febrero 2005 nos levantamos temprano, nos alistamos para salir como a eso de las 6:30 de la mañana, iniciamos el movimiento, para el desplazamiento de 57 paramilitares que íbamos, iniciamos el desplazamiento adelante y los militares iban atrás, eso sí dado que los del Ejército no conocen el terreno; ese día sólo caminamos y no tuvimos ninguna novedad sobre el camino; ese día yo me enfermé con un dolor de estómago y me atendió un soldado enfermero, ese mismo día cambuchamos en el sitio del cual llaman Casa Verde a orillas del río Mulatos, perteneciente a la vereda La O de Apartadó; ahí donde cambuchamos las autodefensas estábamos revueltos con el ejército y así nos quedamos cambuchando, el día 21 febrero del 2005, nos levantamos a las cuatro de la mañana hicimos la Diana, atalajamos el equipo y esperamos que fueran las 5:30 y salimos; las autodefensas íbamos adelante y luego el ejército que eran como 300 soldados. Iniciamos a caminar adelante las autodefensas, iban como puntero alias “36” y como comandante alias “44”, la orden de desplazamiento, primero iba la gente de “44”, luego el resto de personal de las autodefensas y nos seguía la gente del ejército; cada 45 minutos parábamos, porque así quedó acordado con el ejército, además también quedó acordado en reunión con “Orejas”, que el capitán Gordillo quedaba como comandante de todo el operativo”[4]. (Negrillas y subrayas originales)
A pesar de la contundencia de los hechos, el ejército nacional continúa en su labor de desinformar, estigmatizar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y mentir en su página web; esa es su contribución a la verdad histórica del conflicto y ahí se entiende en toda su dimensión por qué el Ministerio de Defensa resultó incluido en el Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica:
“San José de Apartadó ¿comunidad de paz? Los habitantes de la región, obedientes a Giraldo y a la monja Clara, se niegan a hablar con las autoridades. Los pobladores se han vuelto dependientes de la ayuda internacional que controla la religiosa. Saben además que es mejor obedecer al “politburó” que encabeza la monja, pues acechan también cerca los fusiles y los machetes de las Farc. Dicen que sólo hablan con la Comisión y la Corte Interamericanas. Si la Corte escucha a quienes se han negado a declarar ante la Fiscalía, un deber de todo ciudadano, el organismo estará excediendo en forma grave el alcance de su mandato. Su jurisdicción es subsidiaria, no es sustitutiva.
[…] Ningún territorio puede estar vedado a las autoridades legítimas, y menos servir de base a un grupo armado ilegal. La utilización de esta “comunidad de paz” recuerda los famosos “bolsones” de El Salvador, supuestamente controlados por Naciones Unidas, pero en realidad, resguardos del Farabundo Martí”[5].
Pero volvamos a estos días. El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera visitó el corregimiento de San José y constató que al menos 6.000 habitantes “corren riesgo por la presencia de hombres del grupo armado ilegal” que les restringen la movilidad, ubican retenes y puestos de control. Según el funcionario, encontró “una comunidad con miedo, preocupada por la problemática de los derechos humanos”[6].
A pesar de la gravedad de la situación verificada por el Defensor del Pueblo, al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le produce risa: “No están apareciendo bandas sino que están apareciendo pinturas. Nos dio mucha risa que alguien dijo que iban a estudiar la caligrafía de esas pinturas. Imaginamos que eso es cualquier muchacho que contratan en un municipio o corregimiento para que haga unas letras y salga corriendo”.
La situación es más grave aún de lo que corroboró el Defensor del Pueblo. Según la propia Comunidad[7]: “Muchos medios de comunicación hoy se prestan para que los alcaldes y gobernadores salgan a negar la existencia de los paramilitares en San José de Apartadó. Ya es claro que la Gobernación de Antioquia se niega a aceptar que el paramilitarismo se les salió de las manos al tratar de mantenerlo oculto. Les recordamos […]los paramilitares están en San José de Apartadó amenazando, robando y obligando a la población a trabajar para ellos, y no son bandas de delincuencia común, BACRIM como ustedes los denominan en sus estrategias evasivas, son grupos grandes que caminan por las veredas como si fueran militares, portando uniformes y armas de uso privativo del ejército y se reclaman sus colaboradores y amigos, y afirman que todo el campesinado debe trabajar para ellos, mientras les cobran impuestos ilegales, les roban sus pertenencias, les imponen normas contrarias a sus principios, los amenazan de muerte y anuncian de manera persistente que nuestra Comunidad de Paz debe ser exterminada. Ustedes responderán por todo esto”.
Para el risueño gobernador de Antioquia “son quejas que no tienen una denuncia”. Como también es una “queja” que tropas paramilitares acamparon el sábado 17 de junio de 2017 en cercanías de la “Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra Guerra” y en la mañana del domingo 18 ubicaron un retén en el camino de la vereda Mulatos a San José de Apartadó, con la finalidad de indagar por GILBERTO TUBERQUIA, líder de la Comunidad.
La respuesta institucional (Ejército, Policía, Fiscalía) ha sido la de ingresar arbitrariamente a predios de la Comunidad y censar a la población.
Frente a todo este entorno, lo que muy seguramente le produce risa al gobernador de Antioquia y mandos militares, es que en la zona opera la Brigada XVII y un contingente de la Policía Antinarcóticos. Para ellos el paramilitarismo no existe, son muchachos que hoy pintan las paredes y salen corriendo; y mañana afilarán sus machetes como lo hicieron la madrugada del 21 de febrero de 2005. La historia empieza a repetirse y también les achacarán los crímenes a las FARC.
A todas estas ¿qué pasó con los cargos que la Fiscalía le iba a imputar en marzo de 2016 al general Mario Montoya por esta masacre?
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
1 de agosto de 2017
NOTAS
[1] https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=79438
[2] http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/tribunal-revoca-absoluciones-y-profiere-condenas-por-masacre-de-san-jose-de-apartado/
[3] Que se convierten en 96 meses por obra y gracia de la Ley de Justicia y Paz
[4] http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2016/08/2016-07-07-Uber-Dario-Yanez-Cavadias.pdf
[5] https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=79445
[6] Escenario de riesgo para líderes sociales, también corroborada por el Defensor del Pueblo en Barrancabermeja, debido al accionar de organizaciones criminales, entre ellos el frente “Luis Alfonso Echeverría”, de las denominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, que opera igualmente en Puerto Wilches (Santander); San Pablo y Cantagallo (Bolívar).
[7] http://www.cdpsanjose.org/node/107
Fotografía agencia de noticias UN