Las comunidades campesinas e indígenas del nordeste antioqueño, cuya economía gira alrededor de la explotación del oro, mantienen un paro indefinido desde el 21 de julio, sin que hasta la fecha les hayan prestado atención. A no ser, claro está, que las atenciones corran por cuenta del Esmad y de los señalamientos por parte del lenguaraz gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien ha dicho en repetidas oportunidades que en medio del paro actúan bandas afines al “Clan del Golfo” y personal relacionado con el ELN; así como también ha afirmado que el control del paro minero lo tienen las bandas criminales; que a los indígenas les pagan “35 mil pesos diarios libres del sancocho” por apoyar el paro y “al gobernador indígena de la zona lo mantienen muy bien surtido de chirrinche, entonces él se mantiene copetón, ebrio o enguayabado”; imputaciones oprobiosas que sirven para justificar la represión y la criminalización de la protesta social, así como para deslegitimarla y ridiculizarla.
Contrariamente, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, precisa que “detrás del paro prolongado y traumático en Segovia y Remedios hay una historia de desgobierno, corrupción y violencia que no tendrá salida mientras se sigan confundiendo la minería criminal con la sencillamente artesanal”[2].
En el trasfondo de la situación, que ya alcanza niveles de crisis humanitaria por la falta de alimentos, están la “confianza inversionista” de Uribe Vélez y su entenada, la “locomotora minera” del gobierno Santos, responsables de acelerar y consolidar la entrega de recursos minerales y energéticos a las transnacionales, en desmedro de los intereses y necesidades de las comunidades locales.
En Segovia y Remedios opera Gran Colombia Gold, compañía canadiense cuyo vicepresidente es José Ignacio Noguera Gómez, quien fuera gerente de Asuntos Públicos de la petrolera Exxon Mobil en 2010. En esa región antioqueña la empresa norteamericana tiene un título de explotación minera de 2.800 hectáreas –equivalente al 2.27% del área de Segovia-, el cual le fue otorgado en 2009. De acuerdo con el exministro Acosta Medina, durante el gobierno Uribe Vélez en medio de la “feria de títulos mineros”, la superficie del área titulada pasó de 1.13 millones de hectáreas a 8.53 millones de hectáreas, incluyendo zonas de páramos. A esa descomunal y descarada entrega del subsuelo y de los recursos naturales del país es a la que llaman, eufemísticamente, “confianza inversionista” o “locomotora minera”. En el país existen actualmente 8.880 títulos mineros, equivalentes al 3,8% del territorio, según datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Antioquia (1.448) y Boyacá (1.446) son los departamentos con más títulos mineros otorgados.
Detrás de Gran Colombia Gold se encuentran los principales accionistas mayoritarios de Pacific Rubiales, hoy en quiebra. Entre 2011-2015 la excanciller del gobierno Uribe, María Consuelo Araujo Noguera, fungió como Presidente de esa compañía minera, desde donde saltó, en enero de 2016, a la Secretaría Distrital de Integración Social de la alcaldía de Peñalosa, en una muestra simbiótica, también fehaciente, de cómo la versátil clase política y los grandes grupos económicos se juntan para sacar provecho de las necesidades de los pueblos y de los recursos naturales de los países cuyos gobernantes hincan sus rodillas ante el gran capital; y además, dejó ver quiénes estaban atrás del “Equipo por Bogotá” del tambaleante alcalde capitalino.
Fuera de Segovia y Remedios, Gran Colombia Gold explota la región de Marmato en el norte del departamento de Caldas, cuyo estimativo potencial a extraer es de 14 millones de onzas de oro y unos 90 millones de onzas de plata. Allí, un grupo de mineros artesanales pertenecientes a comunidades étnicas, en mayo de 2014 interpuso acción de tutela en contra de la Agencia Nacional de Minería, entidad que a través de la Resolución GTRM-751 de 2010 ordenó que el alcalde de Marmato procediera “al cierre definitivo de los trabajos, al desalojo de los perturbadores, al decomiso de los elementos instalados para la explotación y a la entrega al personal de la Compañía Minera de los minerales extraídos por los ocupantes” en la mina Villonza situada en la parte alta del cerro “El Burro”. La Corte Constitucional a través de la sentencia SU-133-17 del 28 de febrero de 2017 consideró que la situación analizada “alude al conflicto social y de violencia que se ha generado en torno a los mineros artesanales, que involucró enfrentamientos entre el ESMAD y la comunidad, en el marco del paro minero por la defensa del territorio y la minería tradicional realizado en agosto de 2013”. E inclusive hace referencia, al crimen ya olvidado, del párroco de Marmato, José Reynel Restrepo, ocurrido el 1º de septiembre de 2011, quien lideraba la resistencia civil contra la intención de las empresas mineras de trasladar el pueblo para facilitar la explotación minera a cielo abierto.
Al amparar “el derecho fundamental de la comunidad indígena Cartama y de las comunidades negras asentadas en Marmato a ser consultadas, de manera previa, libre e informada, sobre el impacto de autorizar dichas cesiones y los derechos a la libertad de oficio, al trabajo y al mínimo vital de quienes ejercen labores de minería tradicional en la parte alta del cerro El Burro”, la Corte reitera que el derecho a participar ha de irradiar “esferas distintas a las electorales, inscribiéndose, en palabras de la Corte, en “todos los escenarios públicos y privados en los que se adopten decisiones que interesan a la comunidad””. Misma situación que el Decreto 934 de 2013 viola empecinadamente en aras de favorecer al gran capital.
Recordemos que el 9 de mayo de 2013 el gobierno expidió el decreto 934 mediante el cual se negaba la posibilidad de que las autoridades locales intervinieran en el Ordenamiento Minero a través del Ordenamiento Territorial, es decir que los planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial de municipios y distritos no podían incluir disposiciones que implicaran ordenamiento de la actividad minera en su jurisdicción; norma que fue demandada por la Contraloría General y suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado el 3 de septiembre de 2014, al considerar que transgredía la autonomía territorial y desconocía el derecho fundamental de la consulta previa a las comunidades étnicas. La sentencia de fondo aún no ha sido emitida.
Según el Presidente de Gran Colombia Gold, Lombardo Paredes Arenas, en 2015 se extrajeron 92.894 onzas de oro en Antioquia. Y a comienzos de 2017, en respuesta al fallo de la Corte Constitucional, la minera canadiense notificó al Estado colombiano de una demanda por 700 millones de dólares por “incumplimiento” del TLC suscrito entre Colombia y Canadá.
Sobre el anterior panorama, se puede observar cómo la historia de Gran Colombia Gold en Marmato, se repite en Segovia y Remedios; y cómo la situación que viven los municipios mineros del nordeste antioqueño, y en general las zonas mineras del país, es la confrontación entre la voracidad capitalista, amparada por normas permisivas hechas a la medida de sus fauces por el Estado colombiano, y los derechos fundamentales de los trabajadores y campesinos colombianos, en una desigual lucha por la sobrevivencia y la dignidad.
Mientras las comunidades de Segovia y Remedios buscan proteger la actividad minera ancestral, contratos justos con las compañías explotadoras –en todo el sentido de la palabra-, medidas adecuadas y necesarias para la comercialización del oro, garantizar la cadena productiva del territorio, el gobierno colombiano –nacional y departamental- responde con represión y muerte a través del Esmad, convertido en la única respuesta a los reclamos de la gente.
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
23 de agosto de 2017
NOTAS
[1] “Hago un llamado al mundo: comprendamos que somos un solo pueblo, una sola raza que se llama humanidad. Respetémonos y respetemos la vida”. Twitter agosto 18.
[2] https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10466-el-oro-de-la-discordia.html