El financiamiento de la educación superior en el país se ha constituido en una de las problemáticas más complejas no solo para el Gobierno sino para las familias, quienes han tenido que soportar de manera creciente su costo, más aún desde ofertas privadas sin que ello sea sinónimo de alta calidad e incluso garantía de movilidad social. Las universidades públicas presentan dificultades de aumentar la oferta, no solo tienen problemas presupuestales, sino que sus plantas físicas, su capacidad para recibir estudiantes está copada.
En efecto, si se considera la población de 17 a 21 años, la cobertura de la educación superior en Colombia es del 51.5% (con datos del Ministerio de Educación Nacional al 2016). Son 2.234.285 estudiantes, de los cuales el 49.9% está en entidades públicas. El 63.2% realiza estudios universitarios, el 26.7% estudia tecnologías, el 3.4% técnica profesional y solo el 6.7% de los estudiantes cursa posgrados. Así que la categoría de educación superior es mucho más que formación universitaria, esta es solo una parte en donde se encuentran 1.513.288 estudiantes.
Con esto el país sigue enfrentando el debate por los recursos para la educación superior que a partir del Programa Ser Pilo Paga (PSPP) ha adquirido mayores dimensiones. El PSPP se convirtió en una forma de financiar la demanda educativa facilitando el acceso a los estudiantes de menores recursos que obtuvieron excelentes resultados en las pruebas Saber. Esto les ha permitido acceder a universidades acreditadas, sean públicas o privadas, y obtener incluso recursos para su sostenimiento. El resultado, tal vez esperado, es que los estudiantes han optado por las universidades de élite, haciendo que los recursos del PSPP vayan fundamentalmente a estas instituciones.
Desde las posturas de mercado obviamente se defienden estas elecciones ya que se destaca que los usuarios escogen con libertad a las mejores y más eficientes. Las matrículas en las universidades de élite llegan a ser de 16 millones de pesos semestre, cuando el Gobierno invierte en promedio 2.83 millones de pesos año por estudiante en las instituciones públicas. He aquí parte del malestar que los rectores de las universidades públicas han manifestado frente al PSPP. El PSPP IV en su nueva versión para el 2018 ha establecido cupos para las universidades, medida también arbitraria que solo tiene un buen propósito y es el de darle prioridad al acceso a Universidades Públicas, pero no se entiende cómo se asignaron los cupos a universidades privadas. Vuelve y juega, se toman medidas sin mayor criterio, solo se responde ante los malestares manifestados por las universidades públicas.
Obviamente, no se desconoce la relevancia que ha tenido en el país este Programa, en especial para una población que ha podido llegar a educación superior de muy alta calidad. También es cierto, sin lugar a dudas, que dejó al descubierto una problemática compleja en torno los mecanismos para fomentar el acceso a la educación superior. Somos un país que no ha decidido que hacer frente a la educación superior y lo más grave aún es que cuando decide invertir en ella lo hace a través de mecanismos de alto costo social, ni más ni menos que cuando se decidió que con el Agro Ingreso Seguro, los recursos para el mundo rural eran mejor entregárselos a quienes tuvieran dinero, una premisa fuerte en tanto considera que son los ricos los que sí saben qué hacer con el dinero y que es el mercado y los privados en donde se toman las mejores decisiones.
Pero para ser sensatos en el análisis también hay universidades públicas de élite a quienes el gobierno les reconoce hasta 10 millones por estudiante Pilo, como es el caso de la Universidad Nacional, otra cosa es que los estudiantes deban competir para poder entrar a ella. Como hay otras de muy bajo costo o que siendo públicas no tienen acreditación por lo que los estudiantes no pueden optar por ellas. Y consecuentemente, hay Universidades privadas que estando acreditadas su costo por estudiante es moderado, pero que por los cupos ahora asignados no pueden recibir los estudiantes que a ellas aspiran.
El PSPP requiere entonces de una reforma fuerte, tal vez que deba de pasar por establecer un reconocimiento promedio por estudiante, con el fin de evitar la dispersión de costos hoy existente; pero ante todo deberá pensarse la viabilidad en el largo plazo de este mecanismo que representa un costo alto para el Estado, que debería de optar por ampliar la oferta pública a través del crecimiento físico, de recursos y profesoral de las universidades públicas.
Si fuera poca esta problemática, se suma ahora una arista mucho más compleja, que, aunque estaba anunciada, va a conducir a las universidades no acreditadas por unos caminos difíciles de sortear: el Icetex solo puede conceder créditos a programas acreditados o de universidades reconocidas como de alta calidad.
Y esto complica el panorama de la educación superior, entre otras posibles, por las siguientes razones.
- En un contexto económico y político difícil para el país, la educación superior ha sido dinámica, dadas las exigencias de los mercados por el título para poder acceder a oportunidades laborales. Con esto uno de los mecanismos expeditos por las personas o las familias para financiar los estudios superiores ha sido el Icetex o el crédito con entidades privadas
- El mercado de la educación superior ha venido evolucionando. Hoy se hace necesario disminuir la dependencia histórica en las matrículas que pagan directamente las familias, y ya se tiene prevalencia en un sistema de fondos sean públicos o privados que, a través de becas parciales o completas, posibiliten el cubrimiento de los costos educativos. La filantropía entonces se ha convertido en un mecanismo creciente de financiamiento.
- La acreditación de alta calidad se ha constituido en un componente solo asumido por unas pocas universidades. Se argumentan los altos costos que ello implica para las instituciones, pero lo cierto es que la norma, mayoritariamente voluntaria, ha quedado en el compromiso social de hasta hoy 50 universidades del país. Así que no es de esperarse que vaya a ocurrir algo extraordinario en la próxima década que aumente el número de estas.
- Esto coloca a las instituciones acreditadas con una ventaja comparativa y competitiva superior, incluso podría decirse que le pasa una fuerte factura tanto a las instituciones no acreditadas como a las familias. El crédito al que se podría acceder por el Icetex, ahora solo será para un mercado de 50 instituciones, que sin duda han realizado una loable tarea, y deja a las demás con la única vía hacia el mercado de crédito privado, o lo que puede ser más complicado, a instaurar sus propios mecanismos de financiamiento.
- Esto seguirá haciendo que el mercado se concentre no en las 50 acreditadas, sino en las que sean capaces de apalancar los recursos del crédito y en especial los fondos de becas. Las universidades privadas acreditadas también tienen límites, dados por su capacidad operativa, y al igual que las instituciones públicas, se requerirán de años para poder ampliar su planta.
- Los niveles de endeudamiento de las familias tienen topes, esto ya se ha dado en otros países, y es hora que en Colombia se empiece a pensar en otros mecanismos alternativos, antes que la crisis lleve al fracaso no solo a quienes no tienen acreditación sino a algunas de estas 50 o aquellas con programas acreditados que no obstante sus certificaciones aún pueden ser vulnerables financieramente.
- La entrada de universidades corporativas es otro elemento a considerar, ellas compiten con bajos costos, por ende, su apuesta por la calidad no es manifiesta. Su estrategia es la masificación y su apalancamiento financiero les posibilita generar alternativas autónomas a los estudiantes de menores ingresos. Un riesgo que se pretende evitar con la acreditación pero que terminará llevando a los estudiantes a universidades de baja calidad, pero de fácil acceso. Es como si todas las medidas tuvieran un efecto contrario a lo esperado, en vez de poner en aprietos a las universidades corporativas, otras llamadas de garaje, y de baja calidad, las medidas van a conducir a que la demanda por la educación superior se dirija hacia ellas.
En definitiva, el mercado de la educación superior se ha vuelto cada vez más complejo. No solo tiene que enfrentar deficiencias estructurales de nuestra sociedad, donde no todos los estudiantes de la educación secundaria pasan al ciclo superior (solo el 38% lo hace), sino que la deserción implica los altos costos sociales que se tienen en la formación de un profesional, es decir, cuando se piensa que se forman dos profesionales solo es uno quien lo hace y logra terminar sus estudios. Y una buena porción lo hace en instituciones donde la calidad no es el argumento principal, solo responden al mercado de títulos.
Así es que estos escenarios nos dejan vulnerables a todos como sociedad. Probablemente estas medidas tendientes a premiar la calidad, como en principio deben de ser, permitirán que 50 y otras pocas más, se fortalezcan, pero su capacidad limitada para absorber un posible aumento de la demanda, terminará creando un mercado paralelo, que ya hoy existe y que es fuerte, con instituciones que tienen programas con registro calificado y que con relativamente bajos costos son capaces de atender públicos masivos. Incluso se abre una excelente oportunidad al sistema financiero, falta ver si asume el riesgo de convertirse en financiador de la educación, espacio al que ha entrado, pero con bastante prudencia, conocedor de los altos riegos que esto conlleva.
Estos escenarios no son otra cosa que la profundización de la mercantilización de la educación, donde además se siguen creando condiciones de desigualdad. El país deberá repensar y resignificar la educación superior con elementos como:
- El registro calificado y la acreditación como dos formas paralelas, donde lo que prevalece es el registro calificado, dejando la alta calidad como un elemento añadido, no esencial para la educación superior.
- El subsidio a la demanda, incluso a los más pilos o becas para propósitos especiales, es importante, pero deben de tenerse reglas claras al respecto, como podría ser el establecer pagos iguales entre universidades acreditadas por cada estudiante becado.
- Crear un programa de fortalecimiento y ampliación de las entidades públicas, en especial frente a las instituciones de educación superior de zonas distintas a las grandes ciudades. Que en últimas terminan siendo marginadas frente a estos programas de apoyo a la educación superior.
- Generar un programa de educación superior rural, con recursos públicos y cooperación de las entidades privadas. Esta sí que es una urgencia, máxime hoy cuando se espera recuperar el mundo rural y hacerlo viable para un nuevo país.
- Se debe fortalecer la educación técnica y tecnológica a partir de instituciones sólidas, esto implica revisar a profundidad todo el modelo actual de instituciones para el trabajo, el propio SENA y ante todo las políticas productivas del país. La oferta del SENA y de estas instituciones ha aumentado pero los estudiantes no encuentran sitios de práctica, no existe un aparato productivo que los demande, así es que se educan, pero no tienen un sector productivo que los respalde.
La educación superior, para un mejor país, en paz y con prosperidad, tiene que ser un propósito claro como sociedad. La educación es un bien meritorio, en donde puede participar activamente el sector privado, pero con una estricta regulación estatal. Hoy todos, públicos y privados, cumplen unas condiciones mínimas, pero muy pocos le han apostado a ser socialmente responsables con la calidad. Esto no es un tema simple de mercado o de negocio, al igual que las pensiones y la salud, la educación debe de convertirse en un elemento fundamental para garantizar el crecimiento y desarrollo de las personas y en general del país.
JAIME ALBERTO RENDÓN ACEVEDO: Universidad de La Salle
Marzo 14 de 2018
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