El enfoque de género propuesto, el cual contó con el apoyo de la comunidad internacional, como se contó en un anterior artículo[1], tenía como objetivo reconocer el derecho de las mujeres a ejercer la política en igualdad de condiciones, garantizar el acceso y la formalización de la propiedad rural en las mismas condiciones que los hombres, proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tanto para las mujeres como para las personas con orientación sexual o identidad de género diversas, combatir los impactos de la guerra en sus vidas, sancionar la violencia sexual, superar la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos, activar su papel en la construcción de paz y fortalecer su participación en espacios de representación y toma de decisiones para la resolución de conflictos, el acceso a verdad, justicia y reparación integral, y a cargos de máxima responsabilidad al interior del Estado.
“La paz sin la mujeres no va”, se dijo entonces y se ha repetido hasta la saciedad. Y es verdad; pero más que una consigna o la conclusión natural al interior de un sistema social que se ha propuesto implementar una política de equidad o cumplir con un complemento derivado de un Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP para superar la guerra y asumir sus costos de manera integral, se trata de reconocer desde la práctica, que la participación de las mujeres en la formulación de una nación consecuente con sus propios postulados democráticos y de igualdad, es esencial en la construcción de la paz. Su exclusión es impensable en un país cuya mitad más uno, según el censo de 2018, son mujeres, también porque su visión de país, narrativas sociales, políticas y culturales y su situación y afectación en medio del conflicto armado, no pueden ser desconocidas, menos cuando se trata de formular una política pública de inclusión y reconciliación, que nos permita como país avanzar hacia la superación de las causas estructurales del largo y degradado conflicto colombiano, y saldar la deuda con los sectores más vulnerables o menos reconocidos y protegidos por el Estado.
El informe “Cinco años de implementación del Acuerdo Final en Colombia”, presentado por el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos en 2021, indica que la implementación total del Acuerdo no supera el 30 %, y de las 130 medidas con enfoque de género incluidas en él, a junio de 2021 sólo el 10% han sido cumplidas totalmente, un 16% se encuentra en fase intermedia, 48% presenta un avance mínimo y el 26% no tiene avance.
Además, el Grupo de Género en la Paz afirma en su tercer informe sobre los avances en la implementación del enfoque de género, que abarca el periodo entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020, que “tan sólo se han implementado el 20% de las medidas acordadas. Ante esto la Contraloría General de la República, en un reporte reciente señaló que los recursos destinados a la aplicación del enfoque de género en el marco de la Política de Víctimas y el Acuerdo de Paz son insuficientes” [2].
La falta de celeridad y compromiso para la íntegra implementación del Acuerdo por parte de un gobierno que, sin duda alguna, se ha propuesto debilitarlo, aunque en el exterior diga lo contrario, en un contexto de violencia exacerbada, sistemático asesinato de líderes sociales y de personas desmovilizadas de la guerrilla y la falta de garantías para la participación política en los territorios, afecta profundamente a las mujeres, en especial a aquellas que lideran procesos de pacificación en los territorios donde se debería estar desarrollando estos procesos.
El informe “Cinco años de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia” no puede ser ignorado ni descalificado; no solo por la legitimidad de la institución que lo publica, también -y principalmente- porque brinda elementos de análisis y diagnóstico, datos y cifras precisas que deberían ayudar a superar sus vacíos y a lograr un compromiso serio por parte del Estado colombiano y sus instituciones, y también de toda la sociedad, para la construcción de un proyecto de nación incluyente, soportado en el objetivo de vencer la injusticia y la violencia, y permitir la consolidación de la paz en los territorios. En 2016 al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, le fue entregado el mandato de verificación y monitoreo a la implementación del Acuerdo Final por las partes signatarias. “Esta labor ha sido desarrollada por la Iniciativa Barómetro de la Matriz del Acuerdo de Paz (PAM por sus siglas en inglés), quien ha monitoreado el proceso de implementación de los 578 compromisos derivados del texto del Acuerdo Final”[3].
Para Elise Ditta, investigadora asociada de la Matriz de los Acuerdos de Paz del Instituto Kroc, es importante reconocer los avances de la implementación, “desagregando los compromisos de la paz a corto plazo, y no quedarse tan solo en las falencias o desafíos que seguramente se cumplirán paulatinamente en los próximos años. “De las 578 disposiciones del barómetro para medir el nivel de implementación, se han cumplido de forma completa el 30% de ellas. Un 18% tiene un nivel medio de implementación y un 15% no han iniciado su implementación. En este último ítem están principalmente los puntos 1 y 2 del Acuerdo, pues en ellos están las metas más de largo plazo; caso contrario a los puntos 3 y 6 cuya inmediatez en muchas disposiciones les permitió avanzar más”, dijo la académica en el evento de lanzamiento del informe. El 37% restante de las disposiciones corresponden a niveles mínimos de implementación de los puntos del Acuerdo de Paz”[4].
Respecto a la “situación de los enfoques diferenciales, el Acuerdo de Paz cuenta con 130 disposiciones asociadas a políticas de género y 80 de nivel étnico. El balance que mostró el Instituto Kroc para estas instancias es que apenas un 12% de las medidas de género se han completado, mientras que un 13% han hecho lo propio en cuestiones étnicas.
Este panorama, más desalentador, revela también que, si en un corto y mediano plazo no se emprenden esfuerzos suficientes para impulsar temas de género y etnicidad, cerca de un 73% de estas disposiciones no se cumplirán de forma oportuna durante el posconflicto”. [5]
Mujeres en movimiento para que avance la paz
El 3 y 4 de febrero del año en curso, un grupo de cien mujeres provenientes de distintos lugares del país, acudieron a la III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz “En Movimiento para que avance la Paz”, convocada en alianza por ocho organizaciones, redes y plataformas de mujeres para conocer, analizar y discutir el informe del Balance de la Implementación del Acuerdo, con el objetivo de socializar sus lecturas y elaborar una propuesta colectiva para lograr el desarrollo de una “agenda de paz y seguridad humana con miras al futuro”. Su objetivo fue analizar los factores que en el contexto nacional han afectado tanto la seguridad y la participación de lideresas y defensoras de derechos humanos, como la aplicación real y efectiva de una perspectiva de género en la implementación del Acuerdo.
El balance presentado por este grupo de mujeres, advierte que la implementación del Acuerdo “presenta graves retrasos debido a varios factores como la falta de voluntad política del Gobierno Nacional, la insuficiencia de recursos financieros, obstáculos de tipo jurídico para la puesta en marcha de las instancias, y la ausencia de garantías de seguridad para líderes/as sociales y firmantes del Acuerdo entre otras. Esto en un escenario que promovió el conflicto social y político en el que se encuentra el país con la presencia de nuevos actores armados ilegales, la profundización de las condiciones de pobreza y desigualdad acentuada por la pandemia del COVID-19, así como la respuesta represiva del Estado ante la protesta social”[6].
En una nota publicada por El Espectador se hace referencia a las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a los espacios de participación y concertación definidos el Acuerdo, y a la necesidad de fortalecer su intervención para lograr avances significativos en la implementación del Acuerdo de Paz. Francisca Álvarez Pretel, lideresa en Rionegro (Antioquia), además de explicar las dificultades que enfrentan las comunidades para trabajar sus procesos de construcción con perspectiva de género, señala la falta de conocimiento por parte de quienes cumplen el rol de concretar la implementación del Acuerdo de Paz; tal vez porque no existe una buena capacitación, compromiso o voluntad para reconocer la importancia y deber de defender este avance hacia la pacificación y la transformación del país. “No saben mucho del tema, se refieren a que el enfoque de género es solamente ver a mujeres en una convocatoria, pero no van más allá. Nos corresponde definir en términos concretos y de forma que de verdad llegue a la gente lo que es la participación de nosotras, no con tecnicismos ni un lenguaje enredador para explicar lo que de verdad es el enfoque de género”, afirma[7].
En esta III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz se advirtió como los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, debido a “la falta de voluntad política del Gobierno Nacional, la insuficiencia de recursos financieros, los obstáculos de tipo jurídico para la puesta en marcha de las instancias y la ausencia de garantías de seguridad para los liderazgos locales y los firmantes del Acuerdo”, afectan de manera particular el desarrollo de las mujeres rurales y de las lideresas”. Igualmente, la Cumbre analizó punto por punto del Acuerdo lo referente a la inclusión de las mujeres, demostrando como en cada uno de ellos hay incumplimiento parcial o total, ausencia de garantías, estigmatización y violencia. Por ejemplo, respecto al primer punto, sobre reforma rural integral, se indicó que pese a contar con “una participación del 41 % de mujeres en el proceso de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), no se está llevando a cabo la implementación de los proyectos que cuentan con un enfoque diferencial de género. Esta misma observación la hizo la organización Sisma Mujer, que registró que las 4.606 iniciativas con un componente de género solo constituyen el 14 % de las más de 32 mil iniciativas PDET, es decir, el 86 % no tienen un componente de género, lo que excluye a las mujeres del proceso de desarrollo en sus territorios.
[…] Las mujeres reiteraron durante los dos días que duró la Cumbre que en los territorios persisten situaciones de victimización, de riesgo e inseguridad para las mujeres, las lideresas y las defensoras de derechos humanos como consecuencia del bajo apoyo al empoderamiento económico y de liderazgo para las mujeres, así como las deficiencias en el acompañamiento psicosocial”[8].María Eugenia Ramírez, vocera de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, presentó el informe y resaltó que “la militarización de los territorios no solo impide la construcción de paz, sino que genera riesgos para las mujeres que se están teniendo en cuenta”. Por esto hizo un llamado a que los informes sobre los procesos en los territorios y la implementación del Acuerdo de Paz cuenten con una perspectiva de género que transcienda los enunciados y que genere recomendaciones puntuales para garantizar la seguridad de las mujeres en los territorios.
“La calidad, pertinencia y sostenibilidad de la negociación y del Acuerdo de Paz mejoraba si las voces de las mujeres y sus propuestas eran tenidas en cuenta”, explicó Bibiana Almagro, representante de ONU Mujeres.
Por su parte el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio José Archila, quien afirma que la participación femenina ha sido fundamental en la implementación del Acuerdo de La Habana, defiende, como le corresponde dada su posición, el supuesto compromiso del jefe de Estado en la implementación del Acuerdo, destacando el enfoque de mujer y género, a través de la materialización de las 51 disposiciones del Plan Marco de Implementación (PMI), el funcionamiento de la Alta Instancia de Género y la creación de un equipo interdisciplinario en la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, a cargo del seguimiento a la implementación”[9].
Sin embargo, de nuevo las afirmaciones del Consejero, quien habla a nombre de un gobierno que se ha mostrado como un rotundo contradictor del proceso de paz, su implementación y la nueva institucionalidad, -cuestionando con severidad el papel de la JEP-, nos remiten a la compleja coexistencia de dos países distintos, totalmente opuestos y con dolores muy diferentes: uno donde viven quienes gobiernan y otro donde malviven, en su mayoría, los gobernados. No hay coherencia entre las lecturas y las rutas a seguir, mientras unos enseñan números y labor burocrática, otros, los afectados, muestran una realidad dominada por el miedo, la muerte y la exclusión, pero lo más preocupante, es que persiste esa incapacidad para escuchar las voces que emergen de los territorios, que dan cuenta de una realidad palpable, cruda y a todas luces contraria a los mandatos constitucionales. Mientras no exista un genuino compromiso y voluntad de diálogo será muy difícil conectar esos países contrarios, y lograr que las bondades del Estado, no sólo sus miserias, represión y presiones, lleguen a esa Colombia marginal donde se sueña, se trabaja y se construye paz, desde el trabajo colectivo, el perdón y la reconciliación llevada como práctica y forma de vida a la realidad de los territorios.
Las advertencias hechas durante la Cumbre y las conclusiones, así como las propuestas y guías para alcanzar una implementación integral, fueron consignadas en el informe “Análisis de la situación de los derechos de las mujeres y el enfoque de género en la implementación del Acuerdo”, así como en un mandato de 9 puntos que se presentó en un acto simbólico ante un altar para la paz, con la intención de trascender la retórica gubernamental e incidir en la vida cotidiana de las mujeres y sus comunidades.
Los nueve puntos del mandatos son:
- El cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz con la incorporación del enfoque de género, de las 130 medidas allí consignadas para las mujeres, la implementación del Programa Integral de Garantías para Defensoras de DD. HH. y los planes de acción territorial.
- El aumento del 50 % de los recursos asignados del Presupuesto General de la Nación para garantizar el cumplimiento de lo acordado para el enfoque de derechos de las mujeres y de género para las próximas vigencias, según lo establece la Corte Constitucional.
- Construir el trazador presupuestal para la implementación del Acuerdo Final de Paz, que permita visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados para la implementación del enfoque de derechos humanos y de género en el mismo.
- El cese inmediato de las violencias contra las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz y garantizar la investigación y sanción de los responsables de los crímenes cometidos.
- Garantizar el ejercicio libre del derecho al voto para las mujeres en los territorios, especialmente en los municipios donde se votarán las Circunscripciones Especiales de Paz.
- A las autoridades que tienen competencia, se cumpla la Sentencia SU020-22 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil, previsto en el numeral 3.4. del Acuerdo Final de Paz, desarrollado por las normas constitucionales y legales.
- En el contexto del proceso electoral a los candidatos y las candidatas a la Presidencia y al Congreso de la República, que asuman un compromiso real con el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz. Igualmente, a los gobiernos locales y departamentales que asuman el mismo compromiso y la destinación de los recursos que se requieren para ello.
- Que la política pública nacional de mujeres, en construcción, incorpore de manera clara en sus objetivos y metas el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
- Que la integridad de la política pública de salud incorpore la salud sexual y reproductiva, salud mental y que tenga en cuenta los conocimientos ancestrales del cuidado y autocuidado[10].
Como afirmó la Cumbre, estos encuentros y desencuentros, son en últimas, una oportunidad para unir esfuerzos hacia la construcción de una paz completa, sólida, estable y duradera. Siempre es posible. Y el momento sigue siendo: AHORA.
El llamado es el mismo del Manifiesto de Mujeres por la Paz de 2012, presentado por la Ruta Pacífica de mujeres: “aunar y tejer sueños y acciones, para perfilar una sociedad también a la medida de las mujeres; sociedad en la cual se nos reconozca como sujetos de derechos en lo público y lo privado, se otorgue autoridad a nuestras voces y se validen nuestras experiencias como valor de la condición humana”[11].
Nota //Para leer el informe completo “Cinco años de implementación del Acuerdo Final en Colombia”, presentado por el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (32 páginas):
https://curate.nd.edu/downloads/6108v982w96
________
[1] Revista SUR; “Un acuerdo de paz con perspectiva de género: ¿Avanza?”. Bogotá, noviembre de 2021.
[2] Caribe Afirmativo; “Cinco años del Acuerdo de Paz: Una mirada desde la implementación del enfoque de género y la inclusión de las personas LGBTI”. Bogotá, 24 de noviembre de 2021. Ver en: https://caribeafirmativo.lgbt/cinco-anos-del-acuerdo-de-paz-una-mirada-desde-la-implementacion-del-enfoque-de-genero-y-la-inclusion-de-las-personas-lgbti/
[3] Peace Accords Matrix; “Cinco años de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia: Perspectivas del Instituto Kroc”. Noviembre de 2021. University of Notre Dame. Ver en: https://peaceaccords.nd.edu/cinco-anos-de-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-colombia-perspectivas-del-instituto-kroc?lang=es
[4] El Espectador; “El 30% de las disposiciones del Acuerdo de Paz se han completado”: Instituto Kroc”. Bogotá, 8 de diciembre de 2021. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/el-30-de-las-disposiciones-del-acuerdo-de-paz-se-han-completado-instituto-kroc/
[5] Ídem.
[6] CNOA; “III Cumbre Nacional de Mujeres y Paz “En movimiento para que avance la Paz””. Febrero de 2022. Ver en: https://convergenciacnoa.org/iii-cumbre-nacional-de-mujeres-y-paz-en-movimiento-para-que-avance-la-paz/
[7] El Espectador; “La participación de las mujeres”. Bogotá, 7 de febrero de 2022. Ver en:
https://www.elespectador.com/politica/ivan-cepeda-radica-proyecto-de-ley-para-castigar-obstrucciones-a-la-paz/?utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_content=boton_twitter_share_notas
[8] Ídem.
[9] Archila, Emilio José; “Opinión: avances en la implementación para las mujeres y en enfoque de género”. Bogotá, 7 de febrero de 2022. Ver en: https://www.elespectador.com/politica/opinion-avances-en-la-implementacion-para-las-mujeres-y-en-enfoque-de-genero/
[10] El Espectador; “La participación de las mujeres”. Bogotá, 7 de febrero de 2022. Ver en:
https://www.elespectador.com/politica/ivan-cepeda-radica-proyecto-de-ley-para-castigar-obstrucciones-a-la-paz/?utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_content=boton_twitter_share_notas
[11] Ruta Pacífica de Mujeres; “La paz sin las mujeres ¡No va! Manifiesto de Mujeres por la Paz”. Bogotá, 4 de diciembre de 2012. Ver en: https://www.rutapacifica.org.co/agenda-de-paz/178-la-paz-sin-las-mujeres-no-va-manifiesto-de-mujeres-por-la-paz
Maureén Maya
Foto tomada de: colectivodeabogados.or
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