De acuerdo con cifras de UNODC a 31 de diciembre de 2019 se detectaron 154.000 ha de coca en Colombia, lo que significa una reducción de 15.000 has, es decir, el 9% respecto a las 169.000 has detectadas en 2018. El gobierno del presidente Duque fijó para 2020 una meta de erradicación de cultivos de hoja de coca de 130.000 hectáreas, esto es, un 62,5 por ciento más que el 2019, cuando la meta fué de 80.000 Has.
La meta global de erradicaciones se la distribuyen el Ejército Nacional y la Policía cada uno con el 50% (65.000 Has.). Para ese propósito se están usando diferentes herramientas: la erradicación manual forzada, la aspersión terrestre de glifosato y subsidiariamente se esperaba un aporte de los programas de sustitución. Además, el Gobierno esperaba contar con el regreso de la aspersión aérea desde comienzos de año.
Para el cumplimiento de la meta en 2020, el Gobierno dispone de una partida para contratar a más de dos mil hombres que hacen parte de los llamados Grupos Móviles de Erradicación Forzada, que en el 2019 superaron los 100 grupos actuando sobre zonas productoras.
La erradicación manual forzada está teniendo costos muy altos en materia de derechos humanos por la resistencia que presentan las comunidades al considerar esa intervención de la fuerza como injusta y violatoria de acuerdos firmados con el Estado colombiano a través del alto gobierno del presidente Santos. Así mismo, por parte de la fuerza pública se han presentado heridos (61 en 2019) la mayor parte por amputaciones. Por su parte, en los escenarios de producción, los grupos armados y las bandas neo paramilitares buscan controlar los mercados de Pasta Básica de Cocaína (PBC) o de hoja de coca, en general – sumado al accionar de las fuerzas de seguridad estatal – el ejercicio del control territorial por los armados golpea la autonomía, la economía propia y la organización de las comunidades.
Finalmente, a pesar de las metas propuestas por el alto gobierno, el informe 2019 de UNODC señala que el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 tm, es decir presentó un aumento de 1,5% en relación con el 2018. Por su parte, la producción estimada de hoja de coca fue de 993.107 tm, un aumento del 1,6% respecto al año 2018. En relación con la productividad del cultivo, a nivel nacional se estima que una hectárea produjo alrededor de 5,8 tm de hoja fresca en 2019. La región del Pacífico es la que presenta una mayor productividad.
PRINCIPALES CONSIDERACIONES ALREDEDOR DE LA ACTUAL POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA CENTRADA EN LOS CULTIVOS DE USO ILÍCITO
1. Bajo el actual gobierno se está produciendo una descoordinación total entre las políticas alternativas a los cultivos de uso ilícito, llámese sustitución o desarrollo alternativo y la estrategia de reducción de áreas basada en acciones de fuerza.
Esa falta de coordinación se observa desde la administración del presidente Santos. En el terreno y en relación con las acciones de erradicación forzosa ha sido el Ministerio de
Defensa el que ha controlado la política en una abierta alineación con las exigencias de EU.1
A. En materia de erradicación forzosa la cual ha pasado a convertirse en “erradicación violenta”, ha predominado una política de Estado mientras en los programas de sustitución o de alternativas a la economía de los cultivos de uso ilícito, sigue la tradición de una política de gobierno.2 Claramente, la política de Estado de Colombia la traza Washington y se fundamenta en la fracasada demanda de reducción de áreas como el aspecto sustancial en detrimento de las políticas de desarrollo rural o por lo menos de fortalecimiento de las economías campesinas.
B. Esas demandas de Estados Unidos se sustentan en falsas premisas que adjudican a Colombia una responsabilidad por el grave problema de salud asociado al incremento de muertes por sobredosis y que obedece al descontrol en el consumo de opiáceos sintéticos y del Fentanilo más que a la demanda de cocaína. No obstante, el gobierno colombiano acepta sin rigor una pretendida corresponsabilidad que reiteramos es espuria.3
C. Lo anterior se inscribe en la compleja relación entre seguridad y desarrollo o seguridad y fortalecimiento de los procesos de autonomía de los territorios indígenas y colectivos hacia el gobierno propio. Esa relación es central en el escenario de los pos acuerdos y el país está en mora de asumirla. El diseño de estrategias de intervención sin tener en cuenta esa relación o simplemente reducida a la militarización de los territorios como la llave maestra de la seguridad, pasa por encima de la participación de las comunidades en la construcción de la esfera civil que necesita con urgencia Colombia. Implica respetar sus procesos autónomos de seguridad y protección. En el agravamiento de la inseguridad hay una responsabilidad histórica y continua de los gobiernos que han tenido o asumido el poder desde la firma de los acuerdos de paz.
2. El Gobierno maneja una narrativa sobre el papel de los productores de modo que les margina socialmente y les criminaliza como actores del conflicto.
La actual narrativa reproduce exactamente las mismas justificaciones del período Santos cuando llevó a cabo procesos de erradicación forzosa. Se argumenta que los cultivadores llevan a cabo asonadas contra la fuerza pública y son instrumentalizados por los grupos armados (GAO residual en el lenguaje gubernamental), por lo cual las acciones de fuerza son actos de “legítima defensa de las FFAA”. Parecieran repetirse las circunstancias de cuando se dio la masacre de El Tandil en el departamento de Nariño. La masacre de El Tandil ocurrió el 5 de octubre de 2017 donde murieron siete personas entre productores y jornaleros.
Las víctimas sostuvieron siempre “que fueron los policías antinarcóticos los que abrieron fuego contra los campesinos que, como máximo, estaban armados de palos y caucheras. La Policía, por su parte, asegura que sus hombres respondieron al fuego de las disidencias de las FARC que los atacaron en medio de la protesta, y que así fue como se produjo la tragedia”.[4] Según el reporte de la revista Semana, “De momento, la versión con más piso, a partir de las investigaciones de la Fiscalía, es la de las víctimas”.[5]
Como la versión oficial de la masacre fue que se produjo en medio de enfrentamientos con un grupo armado ilegal, un fiscal especializado en investigar organizaciones criminales asumió el caso. Situación que no fue aceptada por parte de los representantes de las víctimas que, al considerarla una masacre perpetrada por actores del Estado, pretendían que la investigación fuera asumida por un fiscal de derechos humanos. Y así lo solicitaron a la justicia ordinaria. Sin embargo, el 27 de septiembre de 2019 se anunció que el caso pasaría a la justicia penal militar.
Recordemos que bajo el período Santos entre 2017 y agosto de 2018, ocho personas perdieron la vida en medio de acciones de erradicación forzosa recién firmados los acuerdos de paz. Con Duque van 4 campesinos muertos en esos operativos.[6]
En general, en las zonas donde coincide la presencia de cultivos de uso ilícito se ha producido una serie de violaciones en derechos humanos y de los mínimos de protección a la población civil previstos en el Derecho Internacional Humanitario. Contextos que las comunidades temen que se vean agravados por la presencia de tropas de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) justificadas como parte de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Su presencia se anuncia justamente en teatros de operaciones militares de las llamadas Zonas Futuro y que coinciden con territorios que presentan índices altos de homicidios por razón de operativos de erradicación forzosa tanto de las Fuerzas armadas como de Policía (Véase Cuadro). Su apoyo se centra en los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules (Tumaco, Pacífico Sur), Vulcano (Región del Catatumbo), Omega (Meta, Caquetá y Guaviare) y de la Brigada contra el Narcotráfico (Cobertura Nacional).
En relación con los casos de muerte de pobladores del campo que de alguna manera se relacionaban con el programa PNIS previsto en los acuerdos de paz o que se hallaban presentes en el momento del desarrollo de la erradicación forzosa, la situación ha sido la siguiente a junio 5 de 2020:
Se debe aclarar que el hecho que una persona esté relacionada con el PNIS (usuario o líder) no explica de por sí esa condición como causa del homicidio. Esto por cuanto en los territorios como en la complejidad de la vida local, puede haber otros móviles de orden político, social o actividad económica simultánea que precise mejor las razones eventuales que motivaron el homicidio. No obstante, los datos que hemos reseñado pueden dar información que prioritariamente implique estrategias de protección mucho más focalizadas y que respondan a la complejidad de los contextos.
Las principales pistas que arroja esta organización de la información son:
Existen zonas muy focalizadas donde se condensa el mayor número de casos:
– En primer lugar, son significativos los eventos del Bajo Cauca con 17 casos y el Norte de Antioquia con 5 para un total de 22 y que representan el 23.4% del acumulado nacional, es decir casi una cuarta parte de los casos se focaliza en estos territorios. Sólo Tarazá en el Bajo Cauca agrupa 14 casos es decir aproximadamente el 64% de los eventos en Antioquia. Tarazá ocupa el segundo lugar en tasa de homicidios a nivel departamental (233.04 por 100 mil), lo que implica que las muertes en contextos de narcotráfico harían parte de una compleja trama de otras motivaciones y que deben ser analizadas en detalle. No obstante, el peso de este escenario cobra una relevancia importante. El caso de Tarazá contrasta con Ituango en el norte de Antioquia, ya que siendo el municipio con tasas de homicidios más altas (306.24), sólo tiene dos casos.
- Otro caso importante es Tumaco que suma 13 incidentes y es el primer municipio con tasas más altas de homicidios de Nariño (126.47 por cien mil).
- También en ese rango encontramos el caso de San José de Uré en el Sur de Córdoba en la subregión del río San Jorge con 7 eventos entre 9 de ese territorio. De este modo Tarazá, Tumaco y San José de Uré engloban 34 casos o sea el 36% del total nacional en el período posterior a la firma de los acuerdos de paz hasta el 5 de junio de 2020. Tres municipios representan más de una tercera parte del total nacional.
Este sólo dato debería motivar un análisis comparativo de las estrategias de seguridad del Estado para estos territorios en donde se podrían observar patrones en los dispositivos que están siendo erráticos o inútiles.
La narrativa generalizante de asociar homicidios con el hecho de que un municipio posea cultivos de uso ilícito sigue siendo equivocada. Hay casos que siendo núcleos importantes del narcotráfico no presentan un comportamiento violento obedeciendo muy seguramente a la existencia de arreglos de convivencia bien sea por dominio de un actor armado, o por acuerdos con las personas y grupos involucrados de una u otra manera en esa actividad.
Casos de enclaves productivos para el narcotráfico y que no presentan tasas de homicidios importantes o asesinatos de personas involucradas en esa actividad en el período reseñado, son por ejemplo: El Naya (Cauca-Valle del Cauca[7]) y El Charco-Olaya Herrera (Nariño), zonas donde no llegó la oferta del PNIS.
Erradicaciones forzosas y falsos positivos con detenidos
Adicionalmente a los casos de vulneración de derechos humanos incluida la vida, en estos momentos se están produciendo capturas indiscriminadas de cultivadores como en el caso de la vereda El Silencio en jurisdicción de Puerto Alvira municipio de Mapiripán sur del Meta, argumentadas desde el Ministerio de Defensa como personas con vínculos con disidencias de las FARC mientras las JAC de la zona señalan que son labriegos de esa zona y que son personas pacíficas conocidas por todos.[8]
3. Situación actual: El COVID 19 Y CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA
Hechos
Mientras el país está confinado en sus casas cumpliendo una cuarentena que decretó el Presidente Iván Duque, la campaña contra la coca no se detiene y los campesinos no se quedan en sus hogares, sino que salen a enfrentarse con los erradicadores y la seguridad militarizada que los rodea. En este contexto, se dispararon las denuncias por violaciones a derechos humanos causadas en el marco de operaciones de erradicación forzada.
Anorí en Antioquia,[9] Sardinata[10] y Cúcuta en Norte de Santander[11], Tumaco en Nariño,[12] El Retorno Guaviare[13] y Vistahermosa Meta[14] han sido noticia en los últimos 2 meses (mayo y junio de 2020) por agresiones (homicidios y heridas) de campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores de coca, quienes se oponen a la fumigación terrestre que adelantan policías, militares o civiles contratados. Todos los muertos han sido el resultado del accionar de las armas oficiales. También se han registrado heridos y judicializados. Mientras de otro lado, miembros de la fuerza pública han salido heridos o han sido retenidos en cercos humanitarios que organizan los agricultores para impedir que sus cultivos sean eliminados. Las denuncias se han extendido a Putumayo, Caquetá, Córdoba, Cauca y Chocó.
El dispositivo establecido por el Ministerio de Defensa, ha conllevado una militarización de la erradicación de cultivos de coca, mediante el empleo de tropas del Ejército o de una Policía antinarcóticos cada vez más militarizada, no solo en su vestimenta sino especialmente en su armamento y en sus prácticas, además de lo cual, las operaciones se hacen acompañar del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- cuestionado por el uso excesivo de su fuerza en la disolución de protestas sociales. Es de considerar que estas operaciones se adelantan en lugares a los que nunca ha llegado el estado social y donde la presencia institucional territorial se caracteriza por su nula o débil presencia.
¿Cómo se opera?
Según la comunidad de la vereda Salto Gloria en el municipio de El Retorno (Guaviare), el operativo de erradicación adelantado en la mañana del domingo 24 de Mayo comenzó con sobrevuelos de helicópteros que disparaban, aparentemente de forma disuasiva, para dispersar al campesinado que se aglomeró ante el aterrizaje de los uniformados, sin embargo, los disparos atemorizaron a la comunidad.
Enseguida se hicieron disparos de gases lacrimógenos dirigidos a los agricultores. A pesar de ello, el desembarco de las tropas en procura de eliminar las matas de coca –tarea que unas veces se hace con aspersión terrestre de glifosato y otras arrancando de raíz las plantas- se encuentra con trabajadores y habitantes de la vereda dispuestos, con palos, a no dejar que se produzca el exterminio de la agricultura que consideran su única fuente viable de ingresos básicos en aquellos confines geográficos.
Se produce de inmediato un choque. Nuevamente hay disparos y en medio de gritos cae herido Manuel Ayala de 62 años, lugareño conocido por la población. Una señora con un celular graba los hechos que están ocurriendo mientras lanza frases descompuestas a los policías quienes, ataviados como soldados de películas del futuro, persiguen a un hombre para reducirlo y capturarlo. [15]
Las razones de los operativos y las respuestas de las comunidades
El discurso oficial justifica su accionar en:
a. Las comunidades están en parques naturales u otras áreas protegidas.
b. Esas familias no están en el Programa de sustitución de cultivos PNIS.
c. En esas regiones la producción de coca beneficia a grupos armados ilegales.
d. La coca trae violencia y deforestación, destruye el medio ambiente y contamina aguas.
e. Los campesinos protestan porque son obligados por los ilegales a hacerlo.
f. Los campesinos pueden dedicarse a cultivos lícitos.
Por su parte las comunidades alegan “violaciones a los DDHH de los campesinos, un sinfín de militares y civiles heridos, capturas y bienes sustraídos a los campesinos irregularmente, menores de edad puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desplazamiento de la población por vías aparentemente legales”.[16]
Argumentan que viven en parques porque no tuvieron otras opciones de acceso a la tierra. Y se sostienen de la coca por varias razones: falta de apoyo estatal, infraestructuras y acceso a mercados lícitos. Así mismo que la pasta de coca es un bien no perecedero de fácil transporte, precio de sustentación, mercado asegurado, fuente de crédito, es moneda local de intercambio comercial y la mejor fuente generadora de empleo comparada con otras actividades[17], a pesar de los bajos precios que percibe el agricultor en la fase inicial de dicha cadena productiva. A lo que se agrega que en esas comunidades pudieron haberse suscrito pactos colectivos que no aterrizaron en acuerdos familiares de sustitución o simplemente no llegó la oferta del Programa PNIS, aunque el Punto 1 del acuerdo de paz consideró prioritario resolver la situación del campesinado en areas protegidas.
De otro lado y de acuerdo con la FIP, en el primer cuatrimestre de 2020, en el 82 por ciento de los municipios que hacen parte del PNIS (46) se dieron operaciones de erradicación forzada. Nueve de los 13 municipios donde hubo incidentes se encuentran en este grupo.[18] Este hecho confirma el predominio en el tratamiento de guerra a los cultivadores de uso ilícito y la total descoordinación entre los entes de seguridad y las instancias responsables de los programas de sustitución o de alternativas productivas, sociales y de protección al medio ambiente en los territorios con dependencia de esta economía. Solo en Junio del presente año, Hernando Londoño, director de sustitución de la ART informó que esa entidad está tramitando un convenio con la Unidad de Parques para abordar la situación de cultivadores en esas áreas[19], casi cuatro años despues del Acuerdo del Teatro Colón.
4. Violación de protocolos de la erradicación forzosa o erradicación violenta y ausencia de organismos de control y veeduría.
En todos los casos de erradicación forzada en los cuales se han presentado vulneraciones a derechos humanos hay ausencia de representantes del Ministerio Público (tanto Personerías como Defensoría del Pueblo o Procuraduría). Esto implica situaciones irregulares en el contexto de los operativos.
En el marco de la Ley 30 de 1986 en su capítulo VII, se establece un procedimiento para la destrucción de plantaciones y sustancias incautadas. Específicamente, en el artículo 77 existe un inciso que establece el procedimiento de identificación, medición del cultivo y señalamiento de responsables, toma de muestras de la planta y remisión del muestreo a la autoridad de salud.
De todo lo anterior, dice el artículo, se levantará un acta que deberá estar firmada por el propietario o el cultivador y en todo el procedimiento deberá estar presente el Ministerio Público. Sólo entonces, se procederá a la erradicación. Es decir, los productores afectados deben exigir el acta y la confirmación de la autoridad de salud de que se trata de plantas psicoactivas como condición para la ejecución de la erradicación. De cualquier manera, se infiere de dicho artículo que se deben dar garantías en relación con la presencia del Ministerio Público, en particular para velar por el cumplimiento de los protocolos de erradicación y de pleno respeto a los derechos humanos.
Como se observó, en los procedimientos violentos de erradicación se observa la total ausencia de los organismos de control disciplinario y veeduría de DDHH, tanto del Ministerio Público e incluso de cualquier organismo de cooperación en esta materia. Es paradójico quemientras el Ministerio de Defensa argumente que las acciones de erradicación no se paralizarán dado el contexto de la pandemia,[20] de otro lado aquellas entidades aleguen las dificultades por el COVID-19 para excusar su presencia en las zonas donde se adelantan las erradicaciones violentas con serios impactos en DDHH a pesar de los insistentes pedidos de las comunidades, tal como ocurrió en la protesta de la vereda Tercer Milenio de Vistahermosa Meta, donde la población campesina se movilizó durante casi un mes contra la erradicación efectuada por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército y la Defensoría del Pueblo solo acudió al lugar 10 dias despues de finalizada la protesta.
En segundo lugar, se está produciendo una violación del MANUAL DE ANTINARCÓTICOS PARA LA ERRADICACIÓN MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS de la Policía aprobado el 15 de octubre de 2010. Allí se contempla en el artículo 7.1. CUMPLIMIENTO AL RESPETO Y FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS (Pág. 80) donde se consigna que:
En todo momento se deben tener en cuenta el buen trato y el respeto a todas las personas, sus bienes y propiedades, prestando especial atención a los regionalismos y rasgos culturales característicos de cada zona (Art 1º. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición).
A la luz de las denuncias de las comunidades se observa el total desconocimiento de lo dispuesto en el Manual de la Policía sobre operativos de erradicación, lo que se agrava por la ausencia del Ministerio Público.
5. Incremento de riesgos en el marco de la pandemia
Los actuales operativos que se adelantan tanto por tropas del ejército como de la policía en diferentes territorios con cultivos de uso ilícito se desarrollan incorporando personal traído desde diferentes zonas sin que haya transparencia en las medidas de protección de los pobladores, incrementando el riesgo para las comunidades en territorios que carecen de una infraestructura de salud adecuada para atender un incremento desproporcionado de casos y cuyo colapso es previsible en un escenario de ese tipo.
Por solo mencionar un par de casos, en Cúcuta se conoció que 36 militares fueron aislados desde el mes de abril por presunto coronavirus, y en San José del Guaviare el contagio de esa enfermedad se presentó en decenas de militares allegados a la Brigada 22 de Selva, en Junio. En cuanto a las acciones de control por parte de la Procuraduría General de la Nación, esta entidad le pidió al Ministerio de Defensa suspender sus acciones en Chocó y Nariño por el riesgo de contagio del COVID-19. Para la Procuraduría:
“Las actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito, por integrantes de la fuerza pública y
Grupos Móviles de Erradicación Forzada, generan un riesgo de contagio por COVID-19, significativo e impermisible para la salud los integrantes de los pueblos étnicos, respecto del cual existe consenso científico”.[21]
En virtud de este tipo de consideraciones la Procuraduría solicitó la suspensión de los operativos.
6. PROPUESTAS:
1. De manera urgente se debe replantear el modelo de seguridad que predomina en las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado frente a sus compromisos en relación con el narcotráfico y de modo particular frente a los cultivos de uso ilícito.
Es notorio el predominio de una narrativa que señala a los compromisos plasmados en el Acuerdo de Paz alrededor de las alternativas frente a los cultivos de uso ilícito (punto 3 de los Acuerdos de Paz con las FARC) como una claudicación del Estado y como un factor que le da legitimidad a la serie de acciones de resistencia de las comunidades frente a los intentos de erradicación forzosa.
Este hecho unido a la profunda descoordinación del uso de la fuerza con las acciones que debe desarrollar el Estado para honrar los compromisos plasmados en los pactos de sustitución voluntaria como parte de la metodología prevista, está contribuyendo a soslayar los Acuerdos y la credibilidad estatal en esta materia.
Como parte de esta narrativa dominante, los productores terminan siendo criminalizados como parte del narcotráfico y como aliados de los grupos armados que en muchos lugares controlan y regulan los mercados de pasta básica de cocaína PBC.
En consecuencia, se está produciendo un uso desmedido de la fuerza e incluso el uso indiscriminado de armas de largo alcance para controlar las expresiones de resistencia de las comunidades productoras. Esto se expresa en la muerte de cultivadores, en múltiples heridos, en el confinamiento de población y por tanto en un incremento significativo de violaciones de derechos humanos. También se contabiliza un alto número de heridos en el personal de seguridad del Estado.
2. Adicional a lo anterior, se observa la ausencia de los entes que legalmente deben supervisar y/o controlar las acciones de los funcionarios públicos y que deben velar por el cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos por parte del Estado, esto es, la Procuraduría General de la Nación, las Personerías municipales y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades deben hacer presencia en los operativos de erradicación tal como lo dispone la Ley 30 de 1986 y que continúa vigente. Esta ausencia podría explicarse, pero no justificarse ante los reclamos del campesinado, por los temores y protocolos de esas entidades frente a la pandemia del Covid 19 y las disposiciones sobre confinamiento lo que contrasta con el argumento del Ministerio de Defensa en el sentido de que se debe continuar con las operaciones de erradicación forzosa.
3. También como ente de control de las decisiones y políticas públicas del alto gobierno y relacionado con el punto anterior, el Congreso de la República debería establecer mecanismos expeditos de control del órgano ejecutivo en materia de política de drogas dadas las implicaciones que está teniendo en muchos frentes (social, económico, ambiental, político) a nivel de múltiples territorios, por el tipo de decisiones que se están implementando. Adicionalmente, al usarse la guerra contra las drogas como elemento justificatorio de la militarización del país incluidas sus zonas fronterizas, se están generando situaciones de tensión sobre todo frente a la vecina República Bolivariana de Venezuela que ve en la guerra antidrogas una excusa para permitir la presencia de tropas extranjeras que buscan implementar estrategias que pueden tener consecuencias graves para la seguridad regional y la paz, incluida la de la misma República de Colombia.
Colombia entonces debe buscar desnarcotizar las relaciones bilaterales con EU y propender por fortalecer políticas que estimulen el mercado interno. Evitar el uso de otros intereses geoestratégicos frente a Venezuela, desmarcarse de una política fracasada para el país vecino y propender por una solución pacífica.
4. En ese sentido se requieren medidas macroeconómicas para apoyar economías campesinas. Esto implica retomar el punto 1 de los acuerdos de paz y en el marco de la crisis por la pandemia desarrollar acciones más robustas para incrementar las capacidades productivas de las economías campesinas, acceso a tierras, más investigación para fortalecer y enriquecer economías propias, la producción de alimentos y asegurar mercados buscando estimular la demanda agregada de servicios.
5. Finalmente, la militarización de los territorios tal como se recoge en diferentes denuncias de orden local, se está expandiendo sin que se dé el cumplimiento de los dispositivos sanitarios y de protección en materia de bioseguridad. En consecuencia, las comunidades locales temen por la expansión de la pandemia en cabeza de los cuerpos de seguridad que son enviados desde diferentes lugares del país. Con ello se rompe la estructura de protección que desarrollan las comunidades, sabedoras del déficit de condiciones sanitarias por carencia de servicios básicos, así como el agravamiento de los problemas de salud dada la precariedad de infraestructura para atender una pandemia que demanda personal e instrumental médico especializado para su tratamiento, sobre todo en las fases más avanzadas. En consecuencia, se deben suspender este tipo de acciones no sólo por su ilegitimidad de cara a lo contemplado en el Acuerdo de Paz, sino en razón a la coyuntura que se presenta a raíz de la pandemia.
______________________
[1] No obstante, en el terreno se tienen unos “puestos de mando unificado” (PMU) que dirigen los militares y en los que participan personal del PNIS. El problema está en las veredas, ya que PNIS es predio a predio mientras que erradicación es territorial. Esto se haría más grave cuando se implemente la fumigación aérea.
[2] La administración Duque ha buscado crear una política de gobierno a través de activación y regulación de la estrategia de Zonas Especiales de Intervención Integral ZEII o Zonas Futuro, propuesta para ser financiada, entre otros, con recursos de cooperación para la paz.
[3] Ricardo Vargas M.“El problema de drogas que Estados Unidos no quiere ver”, Razón Pública, Octubre 21 de 2019 https://razonpublica.com/el–problema–de–drogas–que–estados–unidos–no–quiere–ver/ y Ricardo Vargas “Estados Unidos y su propio problema de drogas”, Razón Pública, Agosto 14 de 2017, https://razonpublica.com/estados–unidos–y–su–propio–problema–de–drogas/
[4] Revista Semana, “Masacre de El Tandil: dos años después, las investigaciones toman un curso inesperado”, Abril 10 de 2019. https://www.semana.com/nacion/articulo/investigaciones–por–la–masacre–de–el–tandilen–tumaco/634694
[5] Ibidem.
[6] Cifras cotejadas con base en el registro que lleva Marcha Patriótica en el informe “Vulneraciones a los Derechos Humanos en operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito adelantados por fuerzas combinadas del Ejército Nacional y la Policía Nacional en Colombia.”, Junio 2020. Hubo otro caso cuyas circunstancias no son claras para sumarla a este escenario de erradicaciones se trata de José Adalberto Torjano Coordinador de la Guardia Campesina en Corinto, con el cual sumaría 9 casos en el período Santos.
[7] La Hoya Hidrográfica del río Naya, conocida también como “región del Naya”, está ubicada entre los departamentos del Valle y Cauca, limita por el oriente con los cerros San Vicente (3.000 m.s.n.m) y Naya, (2.650 m.s.n.m) sobre la cordillera occidental; por el occidente con el Océano Pacifico; por el norte con el cambio de aguas de los ríos Yurumanguí y Naya, y por el sur con el cambio de aguas de los ríos Naya y San Juan de Micay. Comprende un área aproximada de 170.000 hectáreas. Esta región se encuentra bajo la jurisdicción de los Municipios de Buenaventura en el Valle, y López de Micay y Buenos Aires, en el Cauca.
Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya. https://www.prensarural.org/recorre/naya.htm. 8 Sobre enclaves productivos UNODC “Resumen Ejecutivo Censo Coca 2019”, junio de 2020.
[8] Véase Comunidades Construyendo Paz en Colombia, “Ellos son los campesinos detenidos de
Mapiripán, Meta”, junio 23 de 2020 https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2020/06/23/ellos–son–loscampesinos–detenidos–de–mapiripan–meta/
[9] El Tiempo, “Ejército dio su versión sobre campesino muerto en Anorí, Antioquia”, Mayo 23 de 2020.
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/campesino–en–anori–fue–asesinado–en–extranascampesinas–498796
[10] Revista Semana, Campesinos denuncian ejecución extrajudicial de un joven en Sardinata 26 de marzo de 2020. h10tps://www.semana.com/nacion/articulo/campesinos–denuncian–ejecucion–extrajudicial–de–unjoven–en–sardinata/659329
[11] El Espectador, Colombia 2020, “Un campesino muerto y tres heridos en un operativo de erradicación forzada en Cúcuta”, mayo 8 de 2020. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/un–campesinomuerto–y–tres–heridos–en–un–operativo–de–erradicacion–forzada–en–cucuta–articulo–920075/
[12] El espectador, “Enfrentamientos por erradicación forzada de coca dejan un muerto en Tumaco”, Abril 22 de 2020. https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/enfrentamientos–por–erradicacionforzada–de–coca–dejan–un–muerto–en–tumaco–articulo–916008/
[13] El Tiempo, “Choque entre campesinos y Esmad por erradicación deja un hombre herido”, 26 de mayo de 2020. https://www.eltiempo.com/colombia/otras–ciudades/erradicacion–de–cultivos–en–guaviare–deja–uncampesino–herido–tras–choque–con–el–esmad–499562
[14] Vereda Nueva Colombia, región del Guayabero en jurisdicción de Vistahermosa (Meta), RCN Radio,
“Campesinos denuncian atropellos de uniformados por erradicación en el Meta”,
https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/campesinos–denuncian–atropellos–de–uniformados–porerradicacion–en–el–meta
[15] La señora les espetó a los cuerpos de seguridad: lo “único que ustedes traen es violencia”, “no estamos haciendo nada”, “este video va para los de derechos humanos, que ellos sí saben”. Un policía le increpa: “¿qué hace con esos niños aquí?, los vamos a entregar al Bienestar Familiar!”. La campesina furiosa responde que esos niños comen de ese cultivo de coca que empezaron a arrancar, que “¿ahora de qué van a comer?”. Ver video en El Tiempo “Choque entre campesinos y ESMAD por erradicación deja un hombre herido”, mayo 26 de 2020.https://www.eltiempo.com/colombia/otras–ciudades/erradicacion–de–cultivos–en–guaviare–deja–uncampesino–herido–tras–choque–con–el–esmad–499562 y https://twitter.com/ColombiaET/status/1265315557227839488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etwee tembed%7Ctwterm%5E1265315557227839488&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Fcolombia %2Fotras–ciudades%2Ferradicacion–de–cultivos–en–guaviare–deja–un–campesino–herido–tras–choque–con–elesmad–499562
[16] Véase por ejemplo el Comunicado a la opinión pública y al gobierno nacional de organizaciones sociales campesinas relacionadas con el Área de Manejo Especial de La Macarena y zonas aledañas, del 18 de junio de 2020.
[17] Ver “estudio de cadena de valor de coca para pasta base de cocaína, estudio de caso en Catatumbo y Sur de Bolívar”, Pedro Arenas y Salomón Majbub, Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos, 2018.
[18] Juan Carlos Garzón, FIP “La erradicación forzada no ha aumentado, pero los cultivadores la están pasando mal”, La Silla Llena, 29 de mayo de 2020. https://lasillavacia.com/silla–llena/red–de–la–paz/la–erradicacionforzada–no–ha–aumentado–los–cultivadores–la–estan–pasando
[19] Notas propias de Mesa (virtual) de trabajo interinstitucional citada por la Procuraduría Ambiental y Agraria de Villavicencio para escuchar a las comunidades de los parques Tinigua, Picachos y Macarena, el 1 de Julio del presente. El director del PNIS informó de esto sin que se tenga certeza de cuando se iniciará dicho abordaje. La Mesa se suspendió por cuanto los campesinos se retiraron debido a la falta de garantías en acceso a electricidad, internet para estar en la reunión y por estar siendo fotografiados por miembros de la fuerza pública
[20] El Tiempo, “La erradicación matas de coca no ha parado en Colombia”, Abril 22 de 2020. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto–y–narcotrafico/coronavirus–continuan–las–labores–deerradicacion–de–coca–en–colombia–487318
[21] Procuraduría General de la Nación. Delegada de Asuntos étnicos. Comunicación al Ministerio de Salud de 28 de Abril de 2020 en respuesta a la solicitud de suspensión autorización de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Pedro Arenas y Ricardo Vargas M
Foto tomada de: https://cronicon.net/
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