Sobre esta misma línea, el 14 de octubre los Senadores Wilson Arias del Polo Democrático Alternativo, Antonio Sanguino de la Alianza Verde y Gustavo Bolívar de la Lista de la Decencia, radicaron un Proyecto de Ley “por medio del cual se modifican disposiciones contempladas en el decreto legislativo 662 de 2020” y se crea el programa Matrícula Cero, y el 12 de noviembre dieron a conocer por diferentes redes sociales un video[1] acompañado de un comunicado que explicaba el objeto e importancia del Proyecto de Ley.
En síntesis, este Proyecto de Ley, que transita por la comisión sexta del Senado de la República con el número 326 de 2020, busca modificar los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 por el cual se creó el Fondo Solidario para la Educación y se adoptaron medidas para mitigar la deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del segundo mes del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Estos artículos hacen referencia a las fuentes de los recursos que alimentan el fondo de solidaridad para la Educación, y el uso de los mismos recursos, respectivamente.
En el artículo 2, los senadores buscan adicionar una octava fuente de recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencia – FOME hacia el FSE y especifican que dicha transferencia de recursos, del FOME al FSE, serán para uso exclusivo del programa matrícula cero, por lo cual descartan su uso en las otras opciones contenidas por el Decreto.
Sobre el artículo tres, reza una modificación del numeral 4, que en el Decreto 662 de 2020 está destinado al auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en instituciones de educación superior pública, y los congresistas lo cambian para crear el Programa Matrícula cero de la siguiente manera:
Como se puede ver, la creación del Programa Matrícula Cero que proponen los autores del Proyecto 326 de 2020, busca eliminar la focalización del Decreto Legislativo 662, y ampliar los recursos al 100% de las y los estudiantes de pregrado y posgrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas. Esto significaría que algo más de 1 millón de estudiantes que en este momento luchan por continuar sus estudios en las diferentes IES Públicas, podrían verse beneficiados con el cubrimiento de sus matrículas financieras por todo el 2021 para continuar sus estudios y así mitigar el gran impacto que para ellos y su familia ha significado la crisis.
¿En qué contexto nace y se desarrollará el Proyecto 326 de 2020?
Lo primero que hay que mencionar, es que la exigencia de la Matrícula Cero tiene origen en el movimiento estudiantil, como lo expliqué en un artículo anterior[2], es una consigna en respuesta a la crisis profundizada por la pandemia.
Las familias se ven afectadas por el cierre del comercio, los masivos despidos, las suspensiones de contratos y licencias no remuneradas, y los jóvenes son los principales afectados del desempleo junto con las mujeres; esto es por su puesto un efecto de la pandemia; sin embargo, el retraso tecnológico, y la deserción proyectada en el 50% es una consecuencia del modelo actual de la Educación Superior que solo beneficia sin pago o con un costo mínimo a unos cuantos estudiantes en las instituciones públicas, y subsidia a otros pocos en las privadas, y que no logra una cobertura decente de la Educación Superior.
Esto significa que miles de estos estudiantes tuvieron que elegir entre ayudar a sus familias, en reservar sus ingresos para otras necesidades básicas, como comer o pagar vivienda, y tuvieron que prescindir de sus gastos educativos. Así mismo, quienes estudiaban gracias a créditos educativos, también se vieron en apuros, unos por no tener con qué pagar el crédito y otros, porque sumado a la pandemia, se vino una crisis de devaluación del peso frente al dólar y esto significó que el costo de los préstamos en moneda extranjera creció exorbitantemente.
Teniendo en cuenta todas estas eventualidades, los estudiantes se movilizaron alrededor de una idea que tomaba nuevamente fuerza: no deberían escoger entre comer y estudiar, porque la educación es un derecho y debe ser garantizado. Por ello la bandera de la Matrícula Cero buscaba que las y los estudiantes en primer lugar no abandonaran o pausaran sus estudios y en segundo que las Instituciones de Educación Superior no aumentaran su déficit al quedarse sin uno de los recursos más importantes que tienen por concepto de las matrículas, que en algunas pueden constituir hasta más del 50% de sus ingresos necesarios para el funcionamiento. Esto si es una consecuencia directa del modelo que ha priorizado los subsidios a la demanda y el presupuesto para lCETEX, sobre el financiamiento a las bases presupuestales de las IES, provocando que estas dependan, cada vez más, de la generación de recursos propios por medio de la venta de servicios.
Podemos hablar de logros parciales alrededor de la matrícula cero, más por términos de cobertura y monto, pero también de finalidad. Aunque se consiguió un aporte para la disminución de algunos costos de las matrículas con la expedición del decreto 662 de 2020, estos recursos en primer lugar no cubrieron al universo estudiantil sino a un focalizado grupo “vulnerable”; segundo, la mayoría de los recursos se dispusieron para ICETEX y para el Programa de Generación E, y solo una fracción fue para las IES: de los 974 mil millones anunciados para financiar matrículas a aproximadamente 405.000 estudiantes, primordialmente de estratos 1 y 2, el 70% del monto anunciado, $798.200 millones provienen de lo ya causado al programa de generación E que llega apenas a 78 mil estudiantes, y lo cierto es que lo nuevo, solo son los 97.500 millones del decreto 662 que tiene que ser repartidos entre las 63 IES que sostienen a más de 1 millón de estudiantes.
Los reclamos, históricos por demás, de los estudiantes no son en vano. Los recursos de la educación se están yendo a la generación de créditos que endeudan a las familias y a subsidios de la demanda de un mínimo grupo de estudiantes, que por demás terminan estudiando en Instituciones de Educación Superior Privadas, por tanto, el Estado subsidia las altas matrículas de estas instituciones.
En un ambiente donde muy pocas propuestas de la oposición pasan en el congreso, los Senadores Arias, Sanguino y Bolívar deberán enfrentarse a un viento en contra. Sin embargo, temas como la paz, la salud y la educación han llegado en algunos momentos a ser consenso en las mayorías del congreso, por lo cual podrían tener varias posibilidades; y ante una negativa del congreso a entregar este importante salvamento a los estudiantes y a las IES públicas, al menos seria una oportunidad para abrir el debate sobre el financiamiento de la Universidad Pública y la Educación Superior, al igual sobre la necesidad de que esta se entienda como un derecho fundamental y no como un servicio a disposición del libre mercado.
¿Qué beneficios representaría la Matrícula cero que propone el Proyecto 326 de 2020?
Además de los obvios beneficios para las y los estudiantes para continuar sus estudios que traería la aprobación de este proyecto, vale la pena mencionar algunas otras características que lo diferencian del actuar programa de subsidios que entrega el Decreto 662.
En primer lugar, el decreto 662 estableció recursos para el cubrimiento de las matrículas exclusivamente del segundo semestre del año 2020, lo que significa que es una medida temporal que se usará por una única vez, y que vencerá al terminar el presente año. El proyecto contempla financiamiento de las matrículas de las y los estudiantes para los dos semestres del año 2021 lo que representa una manera de alargar el beneficio para todo el siguiente año.
En segundo lugar, de acuerdo con los informes del Ministerio de Educación Nacional, con corte al 20 de julio de 2020, solo 92.248 beneficiarios se habían acogido a los auxilios definidos tanto en el Decreto 662 como 467 de 2020. Esto es un conjunto mínimo comparado con el universo de estudiantes que están en riesgo de deserción y de consecuencias legales frente al pago de créditos y de servicios educativos. El proyecto busca cubrir al 100% de los estudiantes tanto de los programas de pregrado como de posgrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas sin distinción de su estrato socioeconómico. Con esto se parte de un principio de universalidad de los beneficios, pero además sería coherente con que las consecuencias de la pandemia afectaron al conjunto de los estudiantes y especialmente de las familias.
En tercer lugar, el Proyecto parte de una diferencia sobre el origen de los recursos, al proponerse el traslado de 1.8 billones de pesos del FOME al FSE, las entidades territoriales y las mismas Instituciones de Educación Superior no tendrían que agravar su déficit financiero al realizar movimientos entre sus rubros para poder garantizar la continuidad de las y los estudiantes. Según el MEN, 78 mil millones fueron aportados por gobernadores y alcaldes, para brindar auxilios adicionales; y aun no se conoce el costo de la pandemia para las IES. Esto además significaría un beneficio, dado que estas Instituciones dependen fuertemente de la generación de recursos propios, y entre ellos principalmente del recaudo por concepto de matrículas, el financiamiento que proponen los congresistas permitiría que las IES Públicas funcionaran en mejores condiciones pues estarían recibiendo un alivio aproximado al valor por concepto de matrículas, permitiéndoles continuar con la adquisición y condiciones de la planta docente, y manteniendo los puestos administrativos.
Entonces ¿Es posible la Matrícula Cero para el 2021?
¡Por supuesto! Los recursos existen; de acuerdo con el Proyecto de Ley, los senadores plantean que “el mismo gobierno nacional ha dispuesto que los recursos del FOME que no se ejecuten en la vigencia 2020, sean ejecutados en la siguiente vigencia, tal como lo indica el artículo 39 del capítulo V del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2021” y que al 17 de septiembre “el FOME ha ejecutado apenas la mitad de sus recursos aforados (14,9 billones de 30,5 disponibles) y en el mismo proyecto de presupuesto se estima que los recursos de balance (saldos no ejecutados del presupuesto 2020) ascenderán a los $12,3 billones los cuales en buena parte provendrán de la no ejecución del FOME en 2020.” (pág. 15).
Durante la rendición de cuentas sobre la pandemia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que se aumentó la disposición de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a $40,5 billones de los cuales se han utilizado $34,6[3]. Luego, hay al menos 5.9 billones disponibles en este momento. Lo cual significa que la destinación de 1.8 billones para toda la vigencia de 2021 figuraría como uno de los mejores usos para mitigar la crisis, tanto por los beneficios como por la extensión de la población que cubriría.
El paso siguiente es entonces, no una discusión fiscal o técnica, sino política. Comprometer a las diferentes fuerzas que confluyen en el Congreso de la República para lograr que ésta y otras iniciativas alrededor del tema de la gratuidad de la educación superior se conviertan en leyes.
[1] Senador Wilson Arias 12 de noviembre: https://twitter.com/wilsonariasc/status/1326922240420700169
[2] Triviño-Gaviria & Rojas (7 de septiembre de 2020) Comer o educarse: la lucha por la matrícula cero. Consultado en: https://www.sur.org.co/comer-o-educarse-la-lucha-por-la-matricula-cero/
[3] Dinero (12 de noviembre de 2020) Gobierno aumentó disposición de recursos del Fome a $40,5 billones. Consultado en: https://www.dinero.com/economia/articulo/cuantos-recursos-tiene-el-gobierno-en-el-fondo-de-mitigacion-de-emergencias/306579
Paula K. Triviño-Gaviria, Socióloga y candidata a Mg. En Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo – GSEID-. Funcionaria del Senado de la República. Contacto: [email protected]
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