Recién ocurrió una terrible acción de guerra contra una compañía del ejército nacional que se desplazaba a instalar un puente metálico en la Hacienda -vereda del municipio del Tambo-, cercana al corregimiento del Plateado, el escenario principal del conflicto, con una larga temporalidad prolongada desde los años 80 del siglo pasado en que se organizaron varios frentes de las Farc (8 y 60), otros del Eln y del Epl; sin omitir la presencia de grupos paramilitares (Rastrojos) instalados por la policía y las brigadas militares uribistas apalancadas por la ex Ministra de Defensa Martha Lucia Ramírez (1996-2004) como un recurso político de poder de tales dispositivos institucionales, responsables de múltiples hechos de violencia como masacres, despojos, desapariciones, pescas milagrosas y montajes judiciales contra las organizaciones sociales y agrarias organizadas por las comunidades.
A lo anterior hay que agregar, eventos cotidianos de guerra que afectan la población en su vida diaria.
Es que con la agudización del conflicto social y armado en la región -en el tercer ciclo de la violencia colombiana-, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado, desde el 2022, su solución mediante la estrategia de Paz total con la organización de una Mesa de diálogos y negociaciones con el Estado Mayor Central EMC que lidera Ivan Lozada, con importantes avances iniciales (Acuerdos de Tibú), que posteriormente fracasaron por las deficiencias estatales y de la propia delegación de paz gubernamental en la implementación de los consensos tempranos orientados a la transformación de los territorios municipales del Micay con distintos planes (vías, hospitales, colegios, subsidios, garantías para la participación, empleo, renta ciudadana).
Lo que sobrevino posteriormente fue la adopción, por el gobierno central, de unos planes militares denominados: Trueno y Perseo para destruir los actores armados insurgentes asociados con el EMC de las Farc, que no son otros que el Frente “Carlos Patiño”, con fuerte arraigo dada su articulación con la floreciente producción cocalera, que involucra miles de familias campesinas que obtienen su subsistencia de la siembra, cosecha y procesamiento de la hoja de coca, eslabón de una poderosa cadena productiva con tentáculos internacionales comerciales, financieros y criminales; además de ser fuente de una “bonanza caucana” que se refleja en la exuberancia inmobiliaria de Popayán y su Área Metropolitana; y en la organización de decenas de pequeños y medianos negocios que dan sustento a miles de familias, de lo que se aprovechan especuladores y redes financieras y bancarias.
Con la exacerbación de la violencia en curso, el presidente Petro no se ha cruzado de brazos, y ha retomado, en el segundo Consejo de Ministros abierto a la ciudadanía, la ruta de la transformación territorial atascada en la maraña burocrática.
En ese sentido, ha urgido la coordinación interinstitucional para que las distintas agencias estatales aceleren las acciones correspondientes con el fin de cristalizar el esquema de la transformación de los territorios desde una visión progresiva para construir las infraestructuras viales prioritarias (salidas al pacifico, comunicaciones intermunicipales, carreteras interdepartamentales, puertos de profundidad); las infraestructuras sociales: renta ciudadana, renta de adulto mayor, colegios, escuelas, hospitales, Plazas de mercado (PAS), conectividad, proyectos productivos de maíz, café, aguacate, frutas, ganadería, protección del agua y de los recursos naturales y empleo; para fortalecer los derechos humanos y particularmente los relacionados con la participación democrática de la ciudadanía; para proteger los indígenas, los consejos comunitarios afros y los procesos de identidad regional, mediante la instalación de emisoras comunitarias, casa culturales y centros del deporte.
Todo lo anterior en el entendido que transformar los territorios es fundamentalmente un cambio en las condiciones de vida de más de 150 mil personas que habitan el Micay, en sus municipios y corregimientos -como el del Plateado y sus 13 mil habitantes-, epicentro de la guerra y los operativos militares, con un letal rebote en Balboa y en el Patía.
Nota. Está en curso la construcción del Acueducto regional del Rio Bermejo (Mercaderes, Balboa y el Bordo) con dineros de regalías, es necesario profundizar el control social comunitario sobre esta obra (Veedurías y Auditorias sociales) dado los presuntos hechos de corrupción detectados en esta inversión cercana a los 130 mil millones de pesos (aportados por el Sistema General de Regalías y el Ocad paz), a cargo de la gobernación del Cauca y de Emcaservicios, la empresa de servicios públicos del departamento, secuestrada por el ex gobernador Elías Larrahondo, con el asentimiento del actual gobernador Octavio Guzman. Larrahondo está en una febril campaña para acceder al senado en la próxima legislatura, que obviamente demanda cuantiosos recursos monetarios.
Esta es una alerta sobre este importante megaproyecto del sur del departamento.
Horacio Duque Giraldo
Foto tomada de: El País
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