El crimen de Jhonny es un caso emblemático pero no el único crimen atribuible al Escuadrón de la Muerte en que se convirtió el ESMAD, sin contar los cientos de heridos; sobre los mismos, flota el manto de la impunidad. A manos de ese Escuadrón también han sido asesinados Carlos Giovanni Blanco, estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá, el 8 de noviembre de 2001; Jaime Alfonso Acosta, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, el 21 de noviembre de 2002; el menor Nicolás David Neira, de 15 años, muerto el 1º de mayo de 2005 en Bogotá; Belisario Camayo Guetoto, indígena que participaba en una protesta por la recuperación de tierras en la hacienda “El Japio”, el 10 de noviembre de 2005; Oscar Leonardo Salas, estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá, el 8 de marzo de 2006; Guillermo Pavi Ramos, indígena que participaba en la jornada de “Liberación de la Madre Tierra” en la Hacienda “La Emperatriz” en Caloto – Cauca, el 10 de abril de 2015; Gersain Cerón, Marco Aurelio Díaz Ulcué y Wellington Quibarecama Nequirucama, indígenas del Resguardo ancestral de Las Mercedes del pueblo Nasa, Resguardo La Aguada territorio de Sath Tama Kiwe de Caldono del pueblo Nasa, y pueblo Embera, respectivamente, muertos en desarrollo del Paro Nacional Agrario que inició el 30 de mayo del 2016 en diferentes puntos del Departamento del Cauca y del país; Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá, sede Ciudad Bolívar, herido mortalmente el 21 de abril de 2016, falleció el 3 de junio de 2016; Luis Orlando Saiz, trabajador muerto por “trauma craneoencefálico severo, producido por el impacto de proyectil de alta velocidad de un lacrimógeno”[1] en medio del paro camionero en Duitama, el 12 de julio de 2016; Felipe Castro Basto, indígena que participaba en la “Minga territorial de trabajo y pensamiento”, muerto el 9 de mayo de 2017, mientras cortaba caña; en este último hecho resultó herido el comunicador independiente Pedro García Leal, del colectivo Enraizando.
Como puede verse, el ESMAD se ensaña contra estudiantes e indígenas y contra quienes expresan su descontento hacia los gobiernos de turno, llámese Uribe o llámese Santos; su accionar criminal y represivo siempre ha ocurrido en respuesta a las expresiones de inconformidad de las comunidades, tal como se presentó en los recientes paros de Buenaventura y de maestros; y ha ocurrido, en tiempos de conflicto armado interno y del ahora multipublicitado “posconflicto”.
El ESMAD está constituido como un grupo élite dentro de la policía nacional, cuyo fin ha sido impedir la protesta social y que ésta no aumente, sin importar los métodos que se utilicen para sembrar el terror. En la mayoría de casos de asesinatos que involucran la participación de miembros del ESMAD, se observa la utilización de armas convencionales y no convencionales, como las denominadas municiones “recalzadas”: cápsulas de gas lacrimógeno, reutilizadas, las cuales rellenan de canicas y explosivos. Precisamente en el caso del estudiante Oscar Leonardo Salas, su muerte se produjo porque una de esas canicas perforó uno de sus ojos y se alojó en su cerebro. Según un exmiembro del ESMAD, el mayor Rafael Méndez les ordenó “Súbanse con todos los juguetes”, es decir inclusive con las municiones “recalzadas”.
Si bien el gobierno colombiano justifica el terror de su fuerza policial en la preservación del “orden público”, es decir en la preservación del “statu quo” de las élites, los crímenes cometidos son consecuencia del uso de la fuerza sin tener en cuenta los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad; así como consecuencia de ataques por agentes del Estado en operaciones policiales sin que medie ninguna justificación legal amparada por el derecho internacional.
La conducta criminal y peligrosa de agentes del ESMAD vulnera los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
El uso permitido de la fuerza y de las armas no es indiscriminado ni al antojo de los servidores públicos que ejercen el monopolio de estas, en razón del mandato constitucional. Tal uso conlleva unas exigencias éticas que deberían permitirnos superar la ley del lejano oeste norteamericano.
El 4 de agosto de 2016, el representante Alirio Uribe Muñoz adelantó un debate en el Congreso de la República sobre los abusos del ESMAD en manifestaciones y protestas, y denunció que para esa fecha durante 2016 se habían reportado 682 víctimas de agresiones en todo el país, sin que el gobierno hubiese tomado algún correctivo.
La medida del Consejo de Estado, de ordenar que se implemente un curso de derechos humanos para el ESMAD, puede parecer muy loable, solo que tal medida es como implementar un curso de buenos modales en una piara, a la hora de comer. En los casos de falsos positivos, las órdenes de operaciones que expedían los comandantes de las Unidades militares para legitimar la barbarie, “legalizar” los asesinatos, se incluía el respeto por los derechos humanos! Y así fueron asesinados miles de ciudadanos indefensos. ¡Lo que debió ordenar el Consejo de Estado fue el desmantelamiento del ESMAD!
La función del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD – es reprimir y nada tiene que envidiarle al Escuadrón de Protección (Schutzstaffel), más conocido como SS, que utilizaban camisas negras y conformaban un grupo élite que pasó de ser la guardia personal de Hitler a convertirse en herramienta de represión y terror del régimen nazi.
Las prácticas represivas y el uso del terror corresponden al tipo de Estado del cual obedecen órdenes. No se puede esperar que un Estado antidemocrático, así se presente como Estado Social de Derecho, que violenta a diario a sus ciudadanos a través de prácticas de exclusión e inequidad en educación, salud, justicia, empleo, acceso a la tierra, etc., conforme un Escuadrón para “garantizar la protesta ciudadana”. Así que lo pertinente no es un curso de derechos humanos, ni siquiera acabar con el ESMAD, se requiere modificar la estructura del Estado.
José Hilario López Rincón
20 de junio de 2017
NOTAS
[1] De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal