Podrían tramitar ese permiso cuatro tipos de venezolanos migrantes: -Quienes están en situación regular pero no han podido acceder a la visa, entre otras razones, por sus costos. -Quienes solicitan y tramitan refugio. -Quienes no han intentado o logrado legalizar su permanencia en Colombia y por tanto se encontraban en situación irregular el 31 de enero del 2021. -Quienes lleguen a este país por pasos fronterizos formales en los dos años en que se aplicaría el ETPV, y quieran acogerse a ese instrumento de regularización de su situación migratoria. Los trámites no tienen costo ni se necesitan intermediarios.
Este proceso está anunciado para desincentivar la migración irregular y consolidar los esfuerzos que se han venido adelantando para regularizar la situación migratoria de los venezolanos. Desde 2017, el Estado colombiano expedía diversos tipos de Permisos: de Ingreso y Permanencia (PIP), Temporal de Permanencia (PTP), y Especial de Permanencia (PEP). Sin embargo, según Migración Colombia, el 56% de los migrantes no ha podido regularizar su situación. Ante todo, porque muchos huyen sin posibilidad de adquirir pasaporte, cédula ni acta de nacimiento de los menores de edad, y cada vez es más difícil conseguirlos dada la crisis en ese país. Una razón adicional para no poder acreditar su permanencia es que entraron por vías informales -desierto, montañas, ríos, trochas- porque los pasos fronterizos formales han esta intermitentemente cerrados por decisión del régimen de Nicolás Maduro desde 2015, llegando incluso al bloqueo de puentes internacionales, o por el gobierno de Duque en la pandemia.
Optimismo y preocupación
Además de resolver la situación de cerca de dos millones de personas, el ETPV podría permitirle a Colombia cumplir normas y compromisos internacionales de protección a personas migrantes. Eso depende de la coherencia y persistencia del Estado para garantizar su reglamentación y efectiva puesta en marcha.
En septiembre de 2019, el Congreso aprobó un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad por nacimiento, para hijas/os de venezolanos en situación migratoria regular o irregular, y solicitantes de refugio, nacidos en Colombia, entre el 10 de enero de 2015 y 2 años después de la promulgación de esa ley. El presidente Iván Duque firmó esa ley que previene la apatridia, pero también ha tomado decisiones que desconocen la difícil situación fronteriza y del éxodo desde Venezuela.
Es lo que ocurre con el “cierre de fronteras” por la pandemia. En el caso colombo-venezolano eso se traduce en el cierre de los 7 pasos fronterizos legales existentes en los 2.219 kilómetros de línea limítrofe. Pero la frontera no se puede reducir a la “raya” -como la llaman en esas zonas- ni es una cremallera que se pueda cerrar y abrir. Las zonas fronterizas están marcadas por interacciones de todo tipo. Muchas positivas como las de comunidades indígenas cuyo territorio se extiende a ambos lados, de poblaciones binacionales, de ecostistemas estratégicos compartidos, de economías que estuvieron entrecruzadas. El cierre obliga a esas poblaciones, a quienes huyen de Venezuela y a todas las mercancías, a usar caminos informales para pasar de un país al otro. Hay también interacciones negativas entre grupos armados irregulares que extorsionan y roban, hacen reclutamiento forzado de niños y jóvenes, ejercen violencia contra las mujeres, colocan explosivos, etc.
El presidente Duque ha prolongado varias veces ese cierre desestimando el clamor de autoridades fronterizas, cámaras de comercio, gremios económicos, organizaciones humanitarias y sociales, así como de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, que han pedido que el Estado cambie su mirada de la frontera y abra esos pasos formales para que pueda regular y controlar la situación. Para completar el desconcierto, Duque anunció en diciembre pasado que excluía de la vacuna a los venezolanos que estuvieran de manera irregular en Colombia, aumentando así los riesgos en la pandemia. Por fortuna, hubo presión y el gobierno ahora anuncia que busca cooperación internacional para incluirlos en planes de vacunación. Ojalá también les suministren ayudas para que puedan sobrevivir.
Es de esperar que el anuncio no se quede en el logro de una buena opinión internacional. El gobierno venía recibiendo muchos reclamos por el asesinato de líderes sociales o miembros de la exFARC desmovilizados así como por la lenta implementación del Acuerdo de Paz. Ahora, la nueva medida ha sido saludada desde Naciones Unidas por su Secretario General, por ACNUR, el PNUD. También desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, la OCDE, la Unión Europea, el FMI, etc.
Implicaciones y urgencias
Reeglamentar y aplicar el ETPV exige varios procesos. Ante todo, implica asumir las lecciones que dejan las medidas temporales, ordenar o agrupar los diversos Permisos de permanencia cuyas siglas mencionamos arriba, que han tenido propósitos dispersos. Además, exige reconocer todas las modalidades que toma el éxodo desde Venezuela: -indígenas que habitan a ambos lados, colombianos que retornan con familia binacional, personas que deben entrar a Colombia con frecuencia a abastecerse de bienes y servicios básicos, migrantes forzados que buscan quedarse aquí o hacen tránsito hacia otro país. También el registro sumistra valiosa información para caracterizar esa población radicada en Colombia con el fin de que a partir de esa realidad, el Estado genere y aplique políticas públicas efectivas que permitan su regularización. Como el ETPV no integra automáticamente a las personas registradas, es importante que registre su experiencia educativa y laboral, que agilice la convalidación de títulos; así ayuda a su inclusión económica y social y genera soluciones sostenibles.
Hay otras medidas y procesos urgentes. Ante todo el gobierno nacional debe acercarse a las comunidades y autoridades locales de las zonas fronterizas donde se han agravado distintas problemáticas. La reapertura de esos pasos fronterizos legales y del sistema consular permite atender mejor la población y sus trámites más indispensables. El sistema sancionatorio para migrantes construido en 2004 por el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), tiene alertas y potestades pero debe reformarse para que garantice la no discriminación.
Hay que entender que el EPTV no es una política migratoria ni la reemplaza, por eso es indispensable que el proyecto de ley que se debate en el Congreso se construya con participación de las zonas receptoras y de la sociedad civil que ha venido haciendo atención humanitaria y propuestas al respecto. Al complementar el régimen de protección internacional de refugiados es esencial que se rehaga el sistema de asilo, pues es bien significativo que menos del 1% de los venezolanos que se encuentran en Colombia han sido reconocidos como refugiados.
Temores y oportunidades
En Colombia han surgido preocupaciones que bien vale la pena procesar. Ante todo, a que el ETPV atraiga otra oleada migratoria dado el agravamiento de todas las crisis de Venezuela. Frente a una realidad como la que vive el mayor vecino de Colombia, el que esa población pueda legalizar su ingreso y permanencia ayuda a evitar que se vuelva un problema incontrolable. Además, se teme que desvíe recursos necesarios para atender problemas sociales, y aumente el desempleo y la informalidad. Sin embargo, las experiencias internacionales demuestran que esos flujos poblacionales se transforman en beneficio cultural, ecónomico y social del país receptor cuando la regularización de la situación migratoria permite formalizar la vinculación laboral y a los sistemas de salud, de pensiones y financiero. También se teme que el ETPV les de la nacionalidad colombiana y los vuelva electores; en medio de la polarización política ya hay quienes dicen que podrá generar efectos en las próximas elecciones. Pero este estatuto no da la nacionalidad y en la elección presidencial solo votan los colombianos; desde 2006 la ley permite votar en elecciones locales a extranjeros que tengan visa de residente y hayan vivido en Colombia al menos los cinco años anteriores de forma continua. Igualmente, hay temor a que el ETPV atraiga migrantes desde otros sitios críticos del Caribe, Africa y Asia, y a que muchos de los que atraviesan Colombia para pasar a Panamá, seguir por Centroamérica y llegar a Estados Unidos, resuelvan quedarse aquí. Es esencial procesar también esa problemática ignorada; la falta de regulación deja a estas poblaciones en manos de la extorsión y la violencia.
Resulta crucial desplegar la más precisa información a la población migrante y a la colombiana, en especial en regiones receptoras del éxodo, sobre el EPTV, su reglamentacion y los planes que genere, con el fin de impedir que esos instrumentos necesarios se usen en su contra. Hay que mostrar los daños que genera el que por falta de regularización de su situación, las personas migrantes y refugiadas no puedan tener contratos laborales, que sean sobrexplotadas, abusadas, arrojadas a la inseguridad y la violencia. Crucial resulta ayudar a que se superen los señalamientos arbitrarios a los venezolanos como los causantes de diversos problemas colombianos pues no permiten procesar a quienes delinquen y en cambio aumentan la vulnerabilidad y xenofobia contra migrantes, refugiados y retornados.
Una puesta en marcha integral del EPTV puede volverse una gran oportunidad que redunde en múltiples beneficios también para Colombia. Si logra regularizar la situación de los migrantes desde Venezuela, garantiza sus derechos, genera condiciones de una vida digna, transforma a esa población en una renovada fuerza laboral. De hecho, la mayoría llega en el momento más productivo de sus vidas y muchos ya tienen hijos colombianos. La educación de los jóvenes les ayuda a aportar no sólo su fuerza de trabajo sino a generar emprendimientos productivos y de servicios.
Asimismo, es decisivo que el gobierno colombiano redefina su política hacia Venezuela ante la crisis humanitaria compleja por la que atraviesa su mayor vecino y que puede conducir a su colapso. No tiene ningún sentido seguir agravando las tensiones entre los centros políticos nacionales o continuar con la estrategia de Trump de “todas las cartas sobre la mesa” con la que amenazaba con posibles intervenciones. Colombia debe apoyar los esfuerzos para que los venezolanos construyan una salida pacífica negociada que permita una reconstrucción democrática de ese país.
Socorro Ramírez
Foto tomada de: https://www.eltiempo.com/
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