En dicho informe se introduce mencionando las “resistencias” que varios sectores de la sociedad colombiana han tenido frente a la implementación de Acuerdo de paz suscrito entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, pese a lo anterior, se ratifica el Acuerdo como una herramienta para facilitar un cambio en la situación de los derechos humanos en el país al favorecer a las comunidades rurales mediante la inclusión política y económica, así como la participación de las víctimas y la garantía de sus derechos, también el fortalecimiento de la capacidades técnicas del Estado para la investigación y sanción de las violaciones de los derechos humanos.
Frente a los desafíos para la implementación del Acuerdo en materia de garantías de no repetición, destaca los ataques contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales, señalando la preocupante situación en cuanto a asesinatos a líderes sociales y comunitarios, ya que en el 2017 se registraron 441 ataques, lo cual incluye 121 homicidios, entre ellos, a miembros de movimientos sociales y políticos. Las regiones con mayor número de asesinatos fueron Antioquia con 12 y Cauca con 11, es importante señalar que la mayoría de los asesinatos ocurrieron en zona rural (62%), precisamente de las afectadas por el conflicto, el 24% en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14% en las ciudades principales.
Respecto al desafío rural y otros factores estructurales que afectan la situación de derechos humanos, se señala que los problemas de las comunidades rurales son multidimensionales y están interconectados, así por ejemplo, la sustitución de cultivos ilícitos de las zonas que fueron de influencia de las FARC, requiere ir acompañado del saneamiento de los títulos de propiedad de la tierra, lo que a su vez implica la compra y distribución de la tierra. También necesita de la asistencia efectiva para comercialización de los nuevos productos. Por eso para la implementación del Acuerdo de Reforma Rural Integral, es necesaria una mayor presencia del Estado y garantías presupuestales, lo cual permita el acceso a servicios públicos, la creación de mercados locales, entre otros.
De ahí el énfasis del informe de que, en el marco del Acuerdo de paz, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), constituyen una herramienta esencial para la realización de los derechos humanos en las zonas rurales más afectadas por el conflicto.
Sobre los derechos sociales, económicos y culturales, se menciona en el informe que una dificultad enorme que enfrenta el Estado es el gasto del dinero público en centros poblacionales para la obtención de votos, lo que implica la no priorización de recursos para que las poblaciones rurales más marginadas disfruten de sus derechos. En este sentido el acceso a la salud no se da en condiciones equitativas para las zonas rurales, con lo cual se explica la alta cifra de mortalidad infantil en poblaciones indígenas.
De igual forma, se señala el impacto negativo de la minería ilegal en los derechos al agua, la salud y la alimentación al contaminar ríos.
Frente a la corrupción es claro que ésta priva a muchas comunidades de inversión social, el costo de la corrupción se estima en 17 mil millones de dólares anuales, lo cual constituye el 4% del PIB.
Sobre tierras, se expresa la preocupación por las dificultades en la restitución de éstas en zonas de explotación agroindustrial y minero – energético, así mismo, se indica los riesgos de seguridad para los reclamantes de tierras en zonas de economía ilícitas y con presencia de grupos criminales.
De igual manera en el informe se manifiesta la preocupación por la atribución de funciones de las fuerzas armadas en asuntos de convivencia ciudadana, llegándose a presentar casos de ejecuciones extrajudiciales.
Frente al diagnóstico anterior, se recomienda la creación de indicadores para el goce efectivo de los derechos humanos; La transformación y empoderamiento del campesino, las comunidades indígenas y afrocolombianas; e insta entre otras exhortaciones a varias entidades estatales, a que la Procuraduría General de la Nación investigue y adopte medidas administrativas y disciplinarias por las demoras en la implementación del Acuerdo de paz.
LAURA RODRÍGUEZ: Corporación Sur.
Deja un comentario