Ante este panorama tan desolador, se podría afirmar que se trata de un Estado fallido donde definitivamente no hay cómo frenar la violencia, un Estado sin herramientas ni institucionalidad con capacidad para evitar tanto sacrificio humano. También se puede recurrir a la idea que como sociedad somos de malas y nos tocó, por predestinación, una cultura violenta. Sin embargo, nada de esto es cierto. El Estado colombiano sí cuenta con recursos constitucionales y normativos, para luchar contra el crimen organizado, para combatir o desmantelar estructuras delincuenciales arraigadas en los territorios. Distinto es, que no se implementen o se aparente en su implementación, como lo hace el gobierno de Iván Duque, para mostrarle a la comunidad internacional que no es cierto lo de volver trizas el acuerdo de paz.
El Acuerdo de Paz firmado en el 2016, dejó en el corpus importante en el sub punto 3.4 de la agenda, relacionado con las garantías de seguridad humana y lucha contra el crimen organizado que afecta a líderes sociales, comunidad y excombatientes. 13 instrumentos legales, institucionales y políticos se establecieron para evitar que la violencia arreciara contra los liderazgos sociales, los excombatientes y comunidades que quedarían expuestas en el pos acuerdo. Para los negociadores, un tema neural, era cómo generar garantías de seguridad que impidieran su sacrificio una vez se desmovilizaran y comenzaran el tránsito hacia la legalidad, pero también evitar los ataques contra las comunidades ubicadas en zonas controladas por ellos y los liderazgos sociales que apoyaran dicho proceso. Esto sin duda fue y sigue siendo de las mayores preocupaciones, pues la historia colombiana está llena de evidencias de lo que acontece posterior a una firma de paz. Sin temor a equívocos, este punto de garantías de seguridad humana, es la columna vertebral de todo el acuerdo.
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
Dentro de los objetivos del punto 3.4 del Acuerdo, estaba el cerrarle el paso a los actores agresores contra las personas que quedarían más vulnerables en el tránsito de la guerra a la paz, como el paramilitarismo y otras fuentes de crimen organizado. Para ello, se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, CNGS. En esencia esta Comisión tiene como fin, crear la política pública para el desmonte del paramilitarismo, que no de grupos paramilitares, si no de las estructuras económicas, políticas y agentes del Estado que los protegen y cohonestan con ellos. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque desestimó a la CNGS, le dio tratamiento de tercera y puso al frente de ella a Miguel Ceballos quien la volvió un espacio menor, consultivo e inane.
Hoy, cuatro años después de la firma del Acuerdo, no existe dicha política, ni siquiera hay una ruta para avanzar hacia ese objetivo, como lo han propuesto los comisionados de sociedad civil con asiento en la Comisión y, por el contrario, el gobierno nacional argumenta que toda su política nacional está dirigida a combatir a los grupos criminales. De esta manera, le quitaron el carácter extraordinario que implica una política de paz y la volvieron una Comisión supeditada a las políticas ordinarias de este gobierno, a todas luces, contrarias al Acuerdo de Paz. Hoy la CNGS es un ente consultivo de un programa del Ministerio del Interior, como es el Plan de Acción Oportuna, PAO, cuando la CNGS tiene carácter de ley (Decreto Ley 154 de 2017).
De haberse avanzado con una política de desmantelamiento del paramilitarismo, con seguridad, regiones como el Bajo Cauca Antioqueño, el sur de Córdoba, el Chocó, Nariño, Cauca, entre otros territorios, no estarían viviendo los niveles de violencia tan dolorosos y éxodos como al actual de Bahía Solano. Los homicidios contra líderes sociales no serían tan altos. Se estaría combatiendo de manera eficaz contra los grupos disidentes de la ex FARC, a quienes el mismo gobierno responsabiliza de la mayoría de homicidios de líderes sociales, masacres y excombatientes de las ex FARC. La realidad es contraria, como lo evidencian investigaciones como la publicada por el Espectador[4].
Hoy no existe la política, el gobierno no quiso construirla, no le interesa crearla, como insiste el movimiento de Derechos Humanos y cuyo propósito sería identificar quiénes están detrás de los grupos criminales, quiénes los protegen desde los partidos políticos, desde actores legales, agentes estatales y a dónde van las jugosas finanzas obtenidas del narcotráfico, que es la fuente de financiación principal de dichas estructuras, etc. Sin embargo, esto no pasa, pues no hay un interés real del gobierno y Estado de resolver este fenómeno de manera radical.
Unidad Nacional de Investigaciones
Otra herramienta importante derivada del Acuerdo, es la Unidad Nacional de Investigación, dependiente de la Fiscalía General (Decreto Ley 898 de 2017). Con esta institución se buscó, esencialmente dos cosas: una, investigar a fondo los crímenes contra excombatientes –eran previsibles los ataques contra los firmantes de paz- y contra los liderazgos sociales, también se vaticinaba el ataque contra las personas que apoyaran la implementación del Acuerdo de Paz. Dos, contribuir al desmantelamiento de las estructuras criminales detrás de los futuros hechos, incluidos los determinadores. Vale recordar que la Unidad en principio tenía mayores alcances, facultades y autonomía de los que finalmente quedó, sin embargo, el entonces Fiscal, Néstor Humberto Martínez Neira, logró convencer al presidente Juan Manuel Santos de recortarle alas – ya desde entonces buscaba acabar con el proceso de paz- y la Unidad resultó dependiente del Fiscal General, es decir de él.
Dado el alto número de homicidios contra firmantes de paz, que hasta la fecha sobre pasan los 240, el esclarecimiento en las investigaciones por parte de la Fiscalía, sería del 50.44%, cuyos responsables mayoritariamente (78%) serían las disidencias de FARC y las AGC o Clan del Golfo. Lo obvio sería, que al estar plenamente identificados sus autores materiales e intelectuales, como también lo argumenta la Fiscalía, y dado su mandato de contribuir al desmantelamiento de dichas estructuras criminales, la situación estuviera mejorando y la violencia disminuyendo. Sin embargo no es así. El homicidio a firmantes de paz y sus familiares va en aumento y la disidencia de la ex FARC también, lo mismo que el paramilitarismo, en este caso el Clan del Golfo, los Caparros, entre otros.
Tanto en las investigaciones por homicidio a líderes y lideresas sociales, a firmantes de paz y masacres, se encuentra una contradicción relevante en el actuar de la Fiscalía, pues si los niveles de esclarecimiento en las investigaciones, también hay identificación importante de autores intelectuales y determinadores, en ese misma dirección debería ser el desmantelamiento. Sin embargo, eso no sucede, pues como ya se dijo, el crecimiento de esos grupos y estructuras ilegales sigue creciendo. Para qué tener tan buenos resultados en las investigaciones, si los crímenes se siguen cometiendo y quienes están detrás de ellos, fortaleciéndose. Esto es algo que la Fiscalía General hasta ahora no ha podido explicar.
Sistema de Alertas Tempranas
A los anteriores mecanismos de la CNGS y Unidad de Investigaciones, se suma el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas que coordina la Defensoría del Pueblo (Decreto 2124 de 2017). En esencia se buscó mejorar las respuestas del Estado a los llamados de la Defensoría, para que las reacciones gubernamentales fueran inmediatas y evitar la consumación de hechos violentos. En ese caminar, la Defensoría además, creó los informes de seguimiento de consumación de los hechos advertidos en las alertas tempranas. Los resultados son lamentables, según el portal de Verdad Abierta[5], citando al ente público, desde el 18 de diciembre de 2017 a agosto de 2020, la entidad emitió 675 informes de consumación de hechos advertidos, sin respuesta positiva por parte del gobierno. Es decir, si la institucionalidad actuara, se hubieran evitado 675 hechos de violencia.
Con sólo estas tres herramientas institucionales y normativas, de las 13 establecidas en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz, creadas para funcionar de manera sistémica y garantizar la vida e integridad física de excombatientes, líderes sociales y comunidades, sería suficiente para avanzar en el desmonte de las estructuras criminales, frenar el desbordamiento de la violencia y el impedimento a continuar el tránsito hacia la búsqueda de la paz. No obstante, la realidad va en sentido contrario: las disidencias crecen de manera exponencial, el Clan del Golfo con sus ramificaciones se ven más fortalecido y diferentes grupos delinquen por doquier. El gobierno retomó las políticas fallidas del pasado: híper militarización de los territorios, aumento del presupuesto de defensa que ya alcanza los 38 billones de pesos, la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, desconociendo el compromiso con el campesinado de la sustitución concertada de los mismos, la constante amenaza de iniciar la aspersión aérea con glifosato y desacatando las órdenes judiciales contrarias a estas políticas.
En fin, es claro que aquí no existe un Estado fallido, sino un Estado dirigido para unos sectores sociales, políticos y económicos que se nutren de la guerra, que beben del despojo, se alimentan de recursos del narcotráfico, se lucran del extractivismo y ven con malos ojos el camino hacia la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la reconciliación.
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[1] Somos Defensores. 2020. https://somosdefensores.org/
[2] Indepaz. 2020. http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/
[3] Verdad Abierta. 2020. https://verdadabierta.com/
[4] El Espectador, 14 de noviembre de 2020. Viaje al Cauca: el campamento de las disidencias que siguen en guerra. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/viaje-al-cauca-el-campamento-de-las-disidencias-que-siguen-en-guerra/
[5] Verdad Abierta, 9 de agosto de 2020. Garantías de no repetición, materia reprobada por el gobierno nacional. https://verdadabierta.com/garantias-de-no-repeticion-materia-reprobada-por-el-gobierno-nacional/
Diana Sánchez Lara
Foto tomada de: AS Colombia
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