A lo largo de los años, AngloGold ha reinventado su estrategia, intentando ganarse a los Jericoanos a través de mercados, ayudas materiales, y una campaña de publicidad con información incompleta y que varía entre las diferentes publicaciones, la cual únicamente contempla beneficios menores en contraste con las innumerables afectaciones a perpetuidad que se cernirían sobre esta región. Aunque se evidencia una presunta connivencia entre la administración municipal actual de Jericó con la empresa minera, cada vez son más las voces que desde el Suroeste, Antioquia y el país se oponen al desarrollo de este proyecto, dado que los argumentos están documentados en estudios de instituciones legítimas, que confirman los graves detrimentos de una mina que dejaría una montaña de material tóxico con una altura similar a la de la Piedra del Peñol (220 metros de altura), con una ocupación de 160,2 Hectáreas (equivalentes a cerca de 200 canchas de futbol), y el criterio evidentemente político con el que delimitaron su área de influencia (dentro de la frontera política de Jericó), excluyendo a cascos urbanos más cercanos tales como Palermo (Támesis), La Pintada y Tarso, entre otros.
Es por esta razón que la comunidad se ha opuesto a lo largo de los años. El COA (Cinturón Occidental Ambiental), es un proceso de articulación de más de 30 organizaciones sociales de base popular, campesina e indígena que lleva 11 años liderando procesos de defensa territorial contra el extractivismo minero en el Suroeste. De igual manera, La Mesa Ambiental de Jericó hace lo propio desde el 2011. Hoy, importantes instituciones como DeJusticia, Greenpeace, Movimiento Nacional Ambiental, La Red Nacional Del Agua, Alianza Suroeste, las mesas ambientales de la región, Visión Suroeste, la Mesa Técnica del Suroeste, productores agrícolas y gremios agroindustriales, emprendedores de turismo, entre otras muchas voces, unen fuerzas y desarrollan la campaña Estamos a tiempo: #SalvemosalSuroeste de la megaminería de AngloGold, con la cual se busca reiterar, por parte de las comunidades locales, nacionales e internacionales, el rechazo al proyecto Quebradona que la multinacional AngloGold Ashanti busca imponer en la región sin ningún mecanismo de participación ciudadana.
A la campaña, que ha generado los canales para darle voz a los campesinos, niños, jóvenes y habitantes del territorio del Suroeste, se han sumado voces de apoyo importantes como la de Héctor Abad Faciolince, Rafael Aubad, Juanes, Jesús Abad Colorado, Sergio Fajardo, Toto Vega, Natalia Reyes, Marcela Carvajal, Juan Carlos Losada, Roberto Urbina, Santiago Rivas, Toya Montoya, Katherine Porto, Marcela Mar, Angélica Blandón, Natalia Durán, entre muchos otros personajes que hoy representan a miles de colombianos que se han unido a la comunidad local para expresar su rechazo al proyecto de megaminería y, de esta manera, ayudar a salvar el Suroeste Antioqueño.
El rechazo también se evidencia en las cerca de 30.000 firmas recolectadas en la plataforma Change.org, en menos de una semana, en la petición dirigida a la ANLA, para impedir que el mega proyecto de minería de metales, de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, destruya la riqueza hídrica y la biodiversidad del Suroeste Antioqueño, ubicado en los Andes Tropicales, que es el punto de concentración de biodiversidad (hotspot) más importante del planeta.
Todas estas voces representan, además del rechazo a la minería en el Suroeste Antioqueño, la búsqueda por la preservación de su vocación histórica, la preservación de las culturas indígenas y las economías campesinas, y el fortalecimiento de actividades empresariales que van en sintonía con los modelos de desarrollo regenerativos. La intensificación del conflicto socio-ambiental ha generado el encuentro de diversos sectores sociales, movimientos, académicos y empresarios, promoviendo una conversación sobre la necesidad, y la oportunidad de avanzar hacia narrativas del desarrollo más acordes a los retos que nos impone el siglo XXI, enfocados hacia el bienestar, la diversificación económica, la revaloración y divulgación de la riqueza arqueológica, la conservación de las AICAS (áreas de importancia mundial para la conservación de aves) el fortalecimiento de la vocación de despensa agroalimentaria de Antioquia y el centro del país, y la conservación de áreas de importancia para la conservación como el bosque seco tropical y la estrella hidrográfica Cuchilla Jardín-Támesis.
Argumentos frente a la inconveniencia del proyecto minero
Existen entidades como Comfama, que se ha visto en la obligación a poner freno a un proyecto de un parque de ecoturismo que desarrollaría entre los municipios de Támesis y Jericó, a causa de la incompatibilidad con el proyecto de minería de metales. Un hecho lamentable para las comunidades del Suroeste, pues era una iniciativa acorde con la vocación histórica de la región, que aportaba a los intereses locales que le permitían avanzar en la consolidación de su red de patrimonio turístico y permitían al territorio fortalecer sus sistemas productivos para ser despensa agroalimentaria en Colombia.
La caja de compensación llegó a esta decisión a través de seis estudios que contrató para determinar la viabilidad de su proyecto, que se adelantaba desde 2018. Dichos estudios concluyen que existen impactos negativos irremediables, así como inconsistencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por AngloGold Ashanti a la ANLA. Asimismo, evidenció que las afectaciones podrían ser aún mayores a causa del cambio climático, aspecto que la multinacional no tuvo en cuenta en las modelaciones del EIA que entregó a la ANLA.
Los estudios confirman que el EIA presentado por AGA ante la ANLA, toma dos modelos aislados e independientes en materia de hidrología e hidrogeología, sin atender a la evidencia del comportamiento interdependiente de esos sistemas, alterando o influenciando el resultado científico de su análisis. Esta condición es grave, en especial porque al evaluarlos como ecosistema y sistemas dependientes se proyectaron los impactos del proyecto minero sobre el agua superficial en dos cuencas, La Guamo y Quebradona, esta segunda podría llegar a secarse cada dos o tres años, con todas las afectaciones que esto representa para los ecosistemas.
Otro de los riesgos inminentes está en los 119 millones de toneladas de desechos mineros tóxicos que quedarían represados en una colosal montaña artificial contaminada, para siempre, a dos kilómetros del río Cauca. Por la cantidad de lluvias de la zona en y su inestabilidad sísmica, estos lodos ácidos (posiblemente con altos contenidos de arsénico) contaminarán el río Cauca a perpetuidad, y podrían causar una tragedia de grandes proporciones, afectando el río, la vía 4G Pacífico 2, el proyecto Hidroituango y a las poblaciones ribereñas del río Cauca, río abajo en Antioquia y Córdoba.
Frente a la fauna y flora, de acuerdo con los estudios de la empresa Emergente Energía Sostenible, más del 80% de la flora y fauna de la zona del valle dependen del acceso al agua. En caso de desarrollarse el proyecto minero, su supervivencia y regeneración estarían en peligro. En cuanto a la pérdida estimada de biodiversidad, bajo un escenario severo, podrían desaparecer el 75% de los mamíferos, 40% de aves y 88% de anfibios y reptiles. Estos daños se extenderían en corredores biológicos de especies endémicas, protegidas y en peligro, así como un Área Internacional de Conservación de Aves – AICAS, especialmente atractivos para el avistamiento y ecoturismo en los municipios de Támesis y Jericó.
El informe presentado por la Caja de Compensación sugiere que Támesis, La Pintada, Fredonia y Tarso, estarían más cerca de la mina que, incluso, Jericó, por lo que deberían ser incluidos como comunidades impactadas dentro del proyecto minero de AngloGold Ashanti. Las conclusiones coinciden con lo manifestado previamente en el Informe Técnico de Evaluación del EIA de CORANTIOQUIA. Igualmente, el desarrollo del proyecto traería consigo cambios drásticos en las comunidades, asociados a inmigración, cambios en la infraestructura, bienes y servicios sociales que traerían serios problemas de orden público, violencia, ilegalidad y ruptura del tejido social de una región agrícola que vive en paz. Considerando todas estas externalidades negativas, es evidente que para el Suroeste Antioqueño la minería de metales no es un buen negocio a largo plazo.
De acuerdo con el EIA presentado por AGA, las reservas de oro estimadas en el manto metálico serían de 2.343.215 onzas y el porcentaje de recuperación de oro en el proyecto sería de 57,6%, lo que hace que un 42,4% se quede sin recuperar, alojándose en el depósito de relaves, en la mina o en ambos. Esto, sin duda, representa un incentivo para la minería ilegal y todos los problemas que genera: violencia, desplazamiento forzado, mercados negros, entro otros.
La campaña local de la multinacional parte del lema según el cual cabemos todos “juntos aunque no estemos de acuerdo”. No obstante, en sus comunicaciones a inversionistas extranjeros, ello se da bajo la concepción de que el Estado debe “imponer actividades exploratorias” y la visión de interés privado, desarraigada, extranjera y sin sentido cívico de convertir al Suroeste Antioqueño en un “gran distrito minero”. Dicha visión atenta contra la seguridad jurídica y económica de todas las economías preexistentes en el territorio, las formas de vida de sus comunidades campesinas y étnicas, el patrimonio paisajístico y cultural colectivo, y la identidad local.
Todos estos argumentos jurídicos le conceden a la comunidad las herramientas técnicas para proteger su territorio y vocación, y garantizar el respeto de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho de todas las comunidades directa e indirectamente afectadas a participar efectivamente, de las decisiones sobre su futuro, y el de sus generaciones venideras, que serán quienes enfrenten las consecuencias de lo que hoy se decida. Es por esto que diferentes importantes organizaciones regionales, nacionales e internacionales, se han unido para expresar su rotundo rechazo al proyecto de distrito minero en el Suroeste de Antioquia.
La noticia más reciente fue la entrega de computadores de la minera a miembros del Concejo Municipal de Jericó, previo a la votación del Plan de Desarrollo del Municipio, y que derivó en el inicio de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación. A esto se le suman hechos alarmantes frente a la falta de transparencia y presuntos conflictos de interés del Alcalde de Jericó, David Alonso Toro Cadavid, dada la “coadministración” que ha realizado con la multinacional Anglogold Ashanti tanto, en su administración actual (con rendiciones de cuentas conjuntas) como en su administración 2012-2015. Así como acusaciones por aportes ilegales por parte de AngloGold Ashanti a campañas políticas, entre otros hechos cuestionables.
Un llamado a la preservación del territorio
Las comunidades e instituciones confían en que la ANLA tome en consideración todos los argumentos que los han llevado a unirse y rechazar categóricamente el proyecto de megaminería de AngloGold Ashanti en la región. Además, las entidades extienden la invitación a toda Colombia a unirse a la campaña en redes sociales por medio de #SalvemosAlSuroeste, expresando los argumentos para defender el Suroeste Antioqueño, territorio con una vocación agrícola, cultural, turística y ambiental, frente a los devastadores impactos que implicaría la megaminería en el territorio.
Igualmente, estas asociaciones se han unido para no dejar pasar por alto los múltiples escándalos, interrogantes e inconsistencias que giran en torno al proyecto de minería de oro y cobre que pretende la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti en el Suroeste de Antioquia, particularmente en los municipios de Jericó, Támesis y Fredonia. Esta es la mejor oportunidad para que Colombia conozca lo que se quiere hacer con el territorio que está ubicado en el punto de concentración de biodiversidad más importante del planeta. Es nuestra responsabilidad como colombianos decidir, después de conocer todo esto, qué queremos dejar de legado para las futuras generaciones: la visión antigua de la explotación minera para beneficio mayoritario de inversionistas extranjeros; o la visión de desarrollo del siglo XXI, donde la generación de riqueza es compartida y en la que se preserva la naturaleza y, por ende, la vida. Aún estamos a tiempo.
Sebastián Restrepo, Representante Visión Suroeste
Foto tomada de: ELTIEMPO.COM
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