Donald Trump vuelve a marcar el paso con graves efectos para Colombia: venezolanizar y renarcotizar la política internacional del país y afectar la implementación del Acuerdo de Paz.
Pasos de Trump
El “cese a la usurpación” de Maduro -puesto en marcha desde comienzos de 2019 cuando su gobierno fue declarado ilegítimo por más de 50 países por los problemas en su elección- ha terminado por poner sobre la mesa todas las opciones.
Trump ha marcado el paso. En 2019, apoyó la estrategia de cese a la usurpación, las negociaciones gobierno-oposición e impuso sanciones al régimen. En 2020, acusó de narcoterrorismo a Maduro y su entorno, ofreció recompensa por su captura y dijo que levantaría sanciones si ambas partes acordaban un gobierno de transición. Después anunció el despliegue de fuerzas especiales navales y aéreas antinarcóticos cerca a Venezuela, señalada como “narcoestado” y corredor principal de drogas. Luego vino el intento fallido de desembarco de mercenarios en Venezuela.
Y el 27 de mayo de 2020, la embajada de EEUU en Bogotá anunció desde su web que para promover “el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos” llegaba a Colombia a comienzos de junio una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB), que por primera vez hace presencia en Latinoamérica para mostrar el compromiso contra el narcotráfico con un país descrito como “su mejor aliado y amigo en la región”.
No importó que el artículo 173 de la Constitución colombiana exija que la presencia de tropas extranjeras en el país sea aprobado por el poder legislativo, como el presidente del Senado y más de 50 congresistas le recordaron al gobierno. Expresidentes del Consejo de Estado mostraron que ese órgano también debe pronunciarse y recordaron la ponencia negativa en 2009 con la pretensión estadounidense de usar bases aéreas colombianas.
La respuesta a esos cuestionamientos la dio el Centro Democrático, que apoya la estrategia Trump y al sector más duro de la oposición venezolana, el cual pretende promover medidas de fuerza: insubordinación militar, golpe de Estado, sanciones e intervención externa, que hagan inviable la permanencia de Maduro en el poder o logren su salida abrupta. Luego de esa declaración, el ministro de Defensa dijo que la SFAB es un grupo élite “de carácter consultivo y técnico para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico”, que no habrá tránsito de tropas USA ni estas participarán en operaciones militares y que solo se desarrollan acuerdos de cooperación militar puestos en marcha hace varios años.
Las explicaciones no convencieron. El Consejo de Estado pidió a través de su presidente “conocer las razones que sustentan el arribo de la comisión, las actividades que se pretenden adelantar y su finalidad”. Parlamentarios han pedido abrir un juicio político y varios ciudadanos piden a la Procuraduría adelantar un procedimiento disciplinario a los responsables de esa decisión y por los daños que cause.
La SFAB podría ser el dispositivo terrestre de la Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos, anunciada por Trump el 1 de abril, cuando dijo que 22 países trabajarían de manera coordinada para frenar el tráfico de drogas desde Colombia, México y Venezuela, y el secretario de Defensa, Mark Esper, añadió que “el régimen ilegítimo de Maduro depende de los beneficios de la droga para mantener su poder opresor”.
Pero esta operación podría tener, como las anteriores medidas, efectos contraproducentes. Es posible que termine fortaleciendo la unidad del régimen con sus fuerzas armadas, a la vez que ahonda la fragmentación de la oposición al darle respaldo a quienes apuestan por una intervención externa en Venezuela. Sería más bien de desear que funcione la coordinación de la respuesta a la pandemia, acordada en la reunión del pasado 1 de junio entre delegados del régimen de Maduro y de la asamblea legislativa de la que hace parte Guaidó, y que ese acercamiento estimule la negociación de una transición. De lo contrario, se multiplicarán las crisis y los efectos negativos tanto en el interior de Venezuela como en la frontera y en la relación con Colombia, que quedó plantada en medio de los conflictos entre Estados Unidos, Irán, Rusia y China.
Graves y dañinos retrocesos
La SFAB ha sido anunciada como apoyo a la lucha antinarcóticos. Y, una vez más, el gobierno Duque ha asumido las recetas unilaterales estadounidenses de una guerra fracasada, así esta afecte a los sectores más vulnerables. Colombia aplicó casi medio siglo todas las formas de la guerra contra las drogas, pero ante los resultados contraproducentes de ese enorme esfuerzo había comenzado un tímido viraje alentado por el debate multilateral al respecto y por el proceso de paz que acercó al país a las zonas más afectadas.
De hecho, el tema de las drogas ocupó un lugar central en la Cumbre Social y en la sesión cerrada de los presidentes en la X Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena en abril de 2012, donde se acordó solicitarle a la OEA un balance y algunas alternativas. Luego, en el debate preparatorio de la conferencia especial de Naciones Unidas de evaluación del medio siglo de la guerra contra las drogas -Ungass 2016-, el examen del caso colombiano mostró cómo esa guerra se había centrado en criminalizar a campesinos cocaleros sin alternativa, sometiéndolos a erradicación forzada y tóxica de los cultivos, con graves efectos ambientales, sociales y en la salud, y estimulando con ello el traslado de los cultivos, mientras las mafias y el crimen organizado se empoderaban, ejercían más violencia y corrupción y controlaban más estrechamente la transformación, el transporte y distribución de drogas.
Ambos procesos multilaterales estimularon el reenfoque de la política antidrogas hacia una regulación que buscara reducir daños como se hace con el alcohol y el tabaco. Surgieron iniciativas para focalizar la represión en el crimen organizado, tratar el consumo de drogas como cuestión de salud pública, descriminalizar el uso cultural de hojas de coca y la tenencia de marihuana para uso personal, e impulsar el desarrollo social del campo.
En Colombia se debatió sobre el tema, se hicieron esfuerzos de información y prevención y se intentó tratar el consumo como asunto de salud, regular la producción y distribución de marihuana para usos medicinales y revisar el código penitenciario y carcelario. Luego de un fallo de la Corte Constitucional, disminuyó la fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato y, en 2015, el gobierno decidió suspenderla e incrementar la erradicación forzada o voluntaria, reforzada con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Obama había aceptado pasar del Plan Colombia a Paz Colombia[1], mientras en la mayor parte de Estados Unidos se despenalizaba o legalizaba la producción y uso terapéutico o recreativo de marihuana, se montaban negocios legales y se recolectaban impuestos. Todos estos intentos fueron barridos en enero 2017, con el acceso de Trump al poder. Con amenaza de descertificación presiono la aplicación de la guerra contra las drogas centrada una vez más en la destrucción de cultivos más que en el ataque a precursores, lavado de activos, de mafias y bandas armadas, que empoderan a los narcotraficantes.
Golpe al Acuerdo de Paz
El gobierno Duque se propuso aumentar la erradicación forzada de cultivos. En el primer cuatrimestre de 2020, el 82% de los municipios que intentaban alternativas con el PNIS viveron ese cambio de prioridad. En 9 de ellos hubo incidentes[2] ante el intento de la Fuerza Pública y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de enfrentar cocaleros con granadas y fusiles. El gobierno también decidió el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato cuyo trámite ha tomado más tiempo del esperado. Ahora acaba de anunciar que la SFAB va a apoyar la acción militar por la gobernanza territorial en las llamadas Zonas Futuro, donde hay cultivos de uso ilícito: Catatumbo y Arauca en la frontera con Venezuela, Parque Chiribiquete en el Caquetá, Bajo Cauca y Tumaco.
En todas esas zonas está pendiente una plena aplicación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que ayudarían a cambiar sus realidades. Esta es una prioridad del Acuerdo de paz con las Farc, que mostró la necesidad de ver a los campesinos cocaleros no como delincuentes sino como víctimas del narcotráfico, y avanzar en pactos de erradicación y sustitución acompañados por el Estado para construir alternativas productivas en esos territorios. El gobierno dice que no hay recursos mientras las familias involucradas en el programa esperan el cumplimiento de lo pactado: pagos bimestrales por sustitución, insumos de sobrevivencia, proyectos productivos, infraestructuras y servicios básicos.
En suma, este nuevo paso dado por Trump tiene graves y nocivos efectos. En lugar de ayudar a una transición negociada en Venezuela, podría aumentar las crisis internas y tensiones binacionales. A las zonas más marginadas, entre ellas las fronterizas, las ata de nuevo a la fracasada guerra contra las drogas. Golpea el incipiente reenfoque de estrategias frente a la problemática de los cultivos al que contribuyó el Acuerdo de Paz con las Farc, y por esta vía acrecienta los obstáculos a su implementación.
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[1] https://nuso.org/articulo/plan-colombia-y-paz-colombia/
[2] https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/la-erradicacion-forzada-no-ha-aumentado-los-cultivadores-la-estan-pasando
Socorro Ramírez
Foto tomada de: Eltiempo.com/
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