En General se trata de un plan de desarrollo bastante conservador en sus metas, que da continuidad al modelo privatizador, urbanístico y de movilidad del neoliberal Enrique Peñalosa, que destinará un tercio del presupuesto para el sector movilidad ($36.919.236 millones) llama la atención que varios temas cruciales en el discurso de la alcaldesa, no tienen metas específicas, en aspectos como la superación de la desnutrición infantil, la privatización del emblemático hospital San Juan de Dios y una importante apuesta económica para el desarrollo de alianza público privadas (APP) y la ausencia de metas específicas para el desarrollo rural y las víctimas del conflicto armado, las cuales sólo están en enunciados generales que parece más retórica que compromiso real.
Un aspecto positivo del plan es la articulación novedosa de aspectos poblacionales, territoriales y sectoriales, asimismo se destaca una importante asignación de importantes recursos para el impulso de programas en el sector de mujeres, también se destaca el fortalecimiento para el cumplimiento algunas metas para el sector ambiental. Se subraya como un gran avance la creación del sistema de cuidado, con el cual se reconoce el papel que juegan las personas dedicadas a la protección de sectores vulnerables lo cual sin duda se constituye en un pilar importante para la ciudad cuidadora. El gran desafío de este plan de desarrollo consistirá entonces en desarrollar las acciones que permitan la recuperación económica en la etapa post pandemia del COVID-19.
Al analizar los compromisos que adquiere la actual administración con el sector específico de las víctimas del conflicto armado, se observa que están incluidas en el tercer pilar en el que se hace referencia a la construcción de la paz, la convivencia y la lucha contra la delincuencia. Llama mucho la atención que en concreto se mencionan 5 objetivos específicos para la atención a víctimas, estableciéndose solamente dos metas concretas en atención psicosocial y temas de memoria con niños, niñas y adolescentes:
- A 2024 realizar atención psicosocial a 14.400 personas víctimas del conflicto armado.
- Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de las afectaciones por el conflicto armado de 12.000 niños, niñas y adolescentes víctimas.
- Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado.
- Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación.
- Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá-Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito.
- Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socio-emocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz.
Como se puede observar los compromisos concretos para atender los requerimientos de las víctimas en los temas que son competencia de la ciudad, como lo es la ayuda humanitaria inmediata, o el apoyo a procesos de reparación colectiva, la protección de líderes y lideresas sociales defensores de los derechos humanos, o el apoyo a procesos de retorno de ubicación y el fortalecimiento de proyectos de emprendimiento para las víctimas que residen en la ciudad, son ambiguos o inexistentes en el plan distrital desarrollo recientemente aprobado. Tampoco aparece con claridad suficiente el fortalecimiento los procesos de participación que permitan un mejor relacionamiento de la mesa distrital, con las mesas locales de participación, o las mesas sectoriales y en General el fomento a la participación de las víctimas en asuntos que le puedan ser de interés.
Una crítica que es necesario plantear, es que con la formulación del plan de desarrollo no se tiene en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se exige a los gobiernos compromisos específicos en materia de atención a víctimas, por cuanto esta población dado el grado de mayor vulnerabilidad en la que se encuentra según lo ha reiterado esta Corte en el auto 149 de abril de 2020, demandando de las autoridades y programas específicos que permitan a las víctimas del conflicto armado tener mejores condiciones para superar esta condición de vulnerabilidad. La experiencia enseña que, al no hacer ejercicios de distinción en los programas y los presupuestos de destinación específica a las víctimas, es someter a estas, a competir por cupos en los programas que desarrollan las administraciones en materia de asistencia social que se ofrece a la población vulnerable, con el grave riesgo de también se rechazadas de éstos, porque se manifiesta que las víctimas cuentan “con muchas ayudas por parte del gobierno nacional”.
A través de la figura de planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) la alcaldía de Bogotá ha presentado en el plan distrital de desarrollo la implementación de un PDET rural para la región de Sumapaz y un PDET urbano que se realizaría en el borde sur de la ciudad en la zona limítrofe de la localidad de Bosa, Ciudad Bolívar con el municipio de Soacha, por ser estas zonas lugares donde se ha desarrollado, con mayor intensidad el conflicto en el primer caso y con la mayor concentración de víctimas en el segundo, sin embargo estas iniciativas están apenas en una primera fase de planeación y no se conoce mucho de cuáles son los programas, metas, y satisfacción de derechos de los que se ocupará el desarrollo de esta propuesta, también es importante conocer cuál va a ser la participación que en ella tendrá el gobierno nacional y la participación de la gobernación de Cundinamarca y el municipio de Soacha, asimismo cómo se garantizara de manera efectiva la participación de las víctimas en las fases de diseño, implementación y evaluación de la misma.
Es importante manifestar que no existe en el plan distrital de desarrollo, ninguna referencia que permita distinguir de qué manera la administración garantizará el desarrollo de una política pública en de víctimas que contribuya a garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en aspectos como el derecho a la verdad, justicia y garantías de no repetición. Igualmente, es necesario señalar de qué manera esta política pública permitirá brindar garantías para que las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales puedan acceder al restablecimiento de sus derechos.
Hasta el momento el plan distrital de desarrollo deja entre las organizaciones de víctimas muchas inquietudes, incertidumbres, dudas y como lo han manifestado en algunas oportunidades algún grado de decepción, pues, se esperaba mucho más compromiso por parte de una alcaldía que se entiende se sitúa en el ámbito progresista y democrático. Ahora es necesario esperar cuáles serán los criterios que establecerá la nueva administración para la construcción del plan de acción distrital, mecanismo a través del cual se podrán concretar de manera precisa, cuáles eran los compromisos reales para atender requerimientos de las víctimas como: acceso a vivienda, programas de emprendimiento económico, becas para formación universitaria y tecnológica, retornos y reubicaciones, apoyo a procesos de reparación colectiva, fortalecimiento organizativo, atención en salud tanto atención especializada, procedimientos quirúrgicos, medicamentos, servicio de laboratorio y hospitalización, protección y prevención frente a situaciones de amenaza y riesgo por el desarrollo de la actividad como defensores de los derechos de las víctimas, asimismo el fortalecimiento de programas con enfoque diferenciales y de derechos, que permitan de manera efectiva aproximar a las víctimas del conflicto armado a una verdadera reparación integral, de la cual se viene hablando hace mucho tiempo pero que para las víctimas sigue siendo un tema cada vez más lejano por cuenta de la falta de compromiso de la administraciones.
Bogotá, 3 de junio de 2020.
Nota: Llama la atención que las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bogotá siguen reclamando que las ayudas humanitarias anunciadas tanto por el gobierno nacional, como por el gobierno distrital para sortear la crisis económica y social generada por la pandemia del COVID-19, lleguen de manera más continúa y adecuada a los miles de hogares de víctimas que en la ciudad siguen afrontando una difícil situación dada su condición de extrema vulnerabilidad por la falta de fuentes efectivas de ingresos.
El pasado 31 de mayo fue aprobado en el concejo de la ciudad el Plan Distrital Desarrollo 2020 – 2024 denominado “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”, que será el marco legal a través del cual la alcaldesa Claudia López, realizará las acciones que permitan atender las necesidades de la población y proyectar las líneas de inversión y gasto público para el desarrollo de la ciudad en los próximos cuatro años.
En General se trata de un plan de desarrollo bastante conservador en sus metas, que da continuidad al modelo privatizador, urbanístico y de movilidad del neoliberal Enrique Peñalosa, que destinará un tercio del presupuesto para el sector movilidad ($36.919.236 millones) llama la atención que varios temas cruciales en el discurso de la alcaldesa, no tienen metas específicas, en aspectos como la superación de la desnutrición infantil, la privatización del emblemático hospital San Juan de Dios y una importante apuesta económica para el desarrollo de alianza público privadas (APP) y la ausencia de metas específicas para el desarrollo rural y las víctimas del conflicto armado, las cuales sólo están en enunciados generales que parece más retórica que compromiso real.
Un aspecto positivo del plan es la articulación novedosa de aspectos poblacionales, territoriales y sectoriales, asimismo se destaca una importante asignación de importantes recursos para el impulso de programas en el sector de mujeres, también se destaca el fortalecimiento para el cumplimiento algunas metas para el sector ambiental. Se subraya como un gran avance la creación del sistema de cuidado, con el cual se reconoce el papel que juegan las personas dedicadas a la protección de sectores vulnerables lo cual sin duda se constituye en un pilar importante para la ciudad cuidadora. El gran desafío de este plan de desarrollo consistirá entonces en desarrollar las acciones que permitan la recuperación económica en la etapa post pandemia del COVID-19.
Al analizar los compromisos que adquiere la actual administración con el sector específico de las víctimas del conflicto armado, se observa que están incluidas en el tercer pilar en el que se hace referencia a la construcción de la paz, la convivencia y la lucha contra la delincuencia. Llama mucho la atención que en concreto se mencionan 5 objetivos específicos para la atención a víctimas, estableciéndose solamente dos metas concretas en atención psicosocial y temas de memoria con niños, niñas y adolescentes:
- A 2024 realizar atención psicosocial a 14.400 personas víctimas del conflicto armado.
- Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de las afectaciones por el conflicto armado de 12.000 niños, niñas y adolescentes víctimas.
- Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado.
- Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación.
- Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá-Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito.
- Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socio-emocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz.
Como se puede observar los compromisos concretos para atender los requerimientos de las víctimas en los temas que son competencia de la ciudad, como lo es la ayuda humanitaria inmediata, o el apoyo a procesos de reparación colectiva, la protección de líderes y lideresas sociales defensores de los derechos humanos, o el apoyo a procesos de retorno de ubicación y el fortalecimiento de proyectos de emprendimiento para las víctimas que residen en la ciudad, son ambiguos o inexistentes en el plan distrital desarrollo recientemente aprobado. Tampoco aparece con claridad suficiente el fortalecimiento los procesos de participación que permitan un mejor relacionamiento de la mesa distrital, con las mesas locales de participación, o las mesas sectoriales y en General el fomento a la participación de las víctimas en asuntos que le puedan ser de interés.
Una crítica que es necesario plantear, es que con la formulación del plan de desarrollo no se tiene en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se exige a los gobiernos compromisos específicos en materia de atención a víctimas, por cuanto esta población dado el grado de mayor vulnerabilidad en la que se encuentra según lo ha reiterado esta Corte en el auto 149 de abril de 2020, demandando de las autoridades y programas específicos que permitan a las víctimas del conflicto armado tener mejores condiciones para superar esta condición de vulnerabilidad. La experiencia enseña que, al no hacer ejercicios de distinción en los programas y los presupuestos de destinación específica a las víctimas, es someter a estas, a competir por cupos en los programas que desarrollan las administraciones en materia de asistencia social que se ofrece a la población vulnerable, con el grave riesgo de también se rechazadas de éstos, porque se manifiesta que las víctimas cuentan “con muchas ayudas por parte del gobierno nacional”.
A través de la figura de planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) la alcaldía de Bogotá ha presentado en el plan distrital de desarrollo la implementación de un PDET rural para la región de Sumapaz y un PDET urbano que se realizaría en el borde sur de la ciudad en la zona limítrofe de la localidad de Bosa, Ciudad Bolívar con el municipio de Soacha, por ser estas zonas lugares donde se ha desarrollado, con mayor intensidad el conflicto en el primer caso y con la mayor concentración de víctimas en el segundo, sin embargo estas iniciativas están apenas en una primera fase de planeación y no se conoce mucho de cuáles son los programas, metas, y satisfacción de derechos de los que se ocupará el desarrollo de esta propuesta, también es importante conocer cuál va a ser la participación que en ella tendrá el gobierno nacional y la participación de la gobernación de Cundinamarca y el municipio de Soacha, asimismo cómo se garantizara de manera efectiva la participación de las víctimas en las fases de diseño, implementación y evaluación de la misma.
Es importante manifestar que no existe en el plan distrital de desarrollo, ninguna referencia que permita distinguir de qué manera la administración garantizará el desarrollo de una política pública en de víctimas que contribuya a garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado en aspectos como el derecho a la verdad, justicia y garantías de no repetición. Igualmente, es necesario señalar de qué manera esta política pública permitirá brindar garantías para que las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales puedan acceder al restablecimiento de sus derechos.
Hasta el momento el plan distrital de desarrollo deja entre las organizaciones de víctimas muchas inquietudes, incertidumbres, dudas y como lo han manifestado en algunas oportunidades algún grado de decepción, pues, se esperaba mucho más compromiso por parte de una alcaldía que se entiende se sitúa en el ámbito progresista y democrático. Ahora es necesario esperar cuáles serán los criterios que establecerá la nueva administración para la construcción del plan de acción distrital, mecanismo a través del cual se podrán concretar de manera precisa, cuáles eran los compromisos reales para atender requerimientos de las víctimas como: acceso a vivienda, programas de emprendimiento económico, becas para formación universitaria y tecnológica, retornos y reubicaciones, apoyo a procesos de reparación colectiva, fortalecimiento organizativo, atención en salud tanto atención especializada, procedimientos quirúrgicos, medicamentos, servicio de laboratorio y hospitalización, protección y prevención frente a situaciones de amenaza y riesgo por el desarrollo de la actividad como defensores de los derechos de las víctimas, asimismo el fortalecimiento de programas con enfoque diferenciales y de derechos, que permitan de manera efectiva aproximar a las víctimas del conflicto armado a una verdadera reparación integral, de la cual se viene hablando hace mucho tiempo pero que para las víctimas sigue siendo un tema cada vez más lejano por cuenta de la falta de compromiso de la administraciones.
Bogotá, 3 de junio de 2020.
Nota: Llama la atención que las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bogotá siguen reclamando que las ayudas humanitarias anunciadas tanto por el gobierno nacional, como por el gobierno distrital para sortear la crisis económica y social generada por la pandemia del COVID-19, lleguen de manera más continúa y adecuada a los miles de hogares de víctimas que en la ciudad siguen afrontando una difícil situación dada su condición de extrema vulnerabilidad por la falta de fuentes efectivas de ingresos.
Alfonso Castillo, Defensor de Derechos Humanos
Foto tomada de: Prensa Latina
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