Sembrando vida desterramos el narcotráfico
Así se llama el documento con la política de drogas de Colombia (2023-2033) con la que el gobierno espera reducir 40% de la oferta de cocaína en los próximos tres años.
Espacios territoriales -más de 20 con campesinos, indígenas y afrodescendientes- y sectoriales en 2023 -de mujeres 27 de mayo, jóvenes 30 de junio, padres de familia, educadores y organizaciones religiosas 6 de julio- recopilaron insumos de actores estratégicos de la sociedad civil para la formulación e implementación de la nueva política que busca abordar la problemática de drogas estimulando el tránsito a economías lícitas con cultivadores de coca, amapola, cannabis; propiciar el cuidado ambiental de territorios afectados, atendiendo la población vulnerable por mercados urbanos de drogas y consumo de sustancias psicoactivas. Tiene objetivos de corto, mediano y largo plazo en una estrategia de doble vía.
La llamada oxígeno para territorios, comunidades, personas y ecosistemas afectados, entre otros asuntos plantea:
- Manejo del consumo de sustancias psicoactivas desde la prevención, formación en Casas de la Niñez y la Juventud del ICBF, respuesta integral frente a drogas emergentes.
- El Sistema de Salud debe asegurar la atención integral de todas las personas que lo requieran y fortalecer la oferta de servicios de desintoxicación, deshabituación, reducción de daños, continuidad de tratamientos.
- La erradicación forzosa será aplicada fuera de la categoría de pequeño cultivador; retoma el Acuerdo de Paz de 2016 de tratamiento penal diferenciado según vulnerabilidad e influencia en la cadena de narcotráfico.
- Los programas de sustitución en entornos comunitarios transitarán por el ordenamiento territorial hacia propuesta de bienes y servicios públicos para acceso a tierras, integración de mercados, comercialización agroalimentaria, con créditos y subsidios.
- La marca Sembrando Vida identificará productos y servicios resultantes de esa reconversión económica, otorgará beneficios a empresarios asociados comercialmente con esas comunidades y que apoyen la iniciativa.
- La Agencia Nacional de Tierras hará titulación individual y colectiva a favor de campesinos que estén en proceso de reconversión productiva; el sector de Inclusión Social y Reconciliación otorga subsidios para esa transición hacia economías legales, y estudio a jóvenes que viven en entornos de cultivos de coca; impulsa capacitación en actividades agropecuarias que con los campesinos diversifiquen el modelo de desarrollo.
- Como parte de la estrategia de comercialización de lo generado en la transformación productiva en esas áreas, el Estado debe ofrecer un mercado estable y seguro para los productores que han abandonado la economía ilegal.
- Entidades financieras -como Banco Agrario, Finagro, Findeter, Bancoldex, Fontur- ofrecerán programas de crédito ajustados a las condiciones especiales de esos territorios, para financiar actividades económicas licitas.
La otra parte, señalada de asfixia o afectación a actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico, propicia:
- Destruir infraestructuras de producción de drogas sintéticas ilícitas, base y clorhidrato de cocaína, heroína.
- Frenar la comercialización de insumos y precursores químicos, afectar las finanzas ilegales de narcotraficantes, fortalecer interdicciones y uso estratégico eficiente de erradicación forzosa en cultivos que no sean de pequeño cultivador o hayan sido sembrados después de la divulgación de esta política.
- Fortalecer el sistema de inspección y control a empresas de metalurgia que provean equipos para producción de sustancias ilícitas.
- Capacitar las fuerzas de seguridad en técnicas de interdicción, reforzar las capacidades de inteligencia para recopilar y analizar información sobre redes de tráfico ilícito, patrullaje y vigilancia en áreas críticas; fortalecer la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre al interior y en las fronteras del país con tecnología avanzada de vigilancia, radares, drones, vehículos de patrulla marítima, equipos de inspección terrestre, etc.
- Garantizar la reparación de las víctimas por quienes hayan cometido delitos relacionados con drogas, a cambio de no recibir pena privativa de la libertad.
- Desarrollar programas de tratamiento, prevención del delito a través de nuevos proyectos de vida personales, familiares y comunitarios del enfoque de justicia terapéutica.
El documento llama Ejes Tejedores a puntos de convergencia de los pilares oxígeno y asfixia: -Transformar narrativas estigmatizantes e implementar medidas de justicia social en favor de grupos más afectados por el narcotráfico. -Avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de usos adulto y no psicoactivos de la hoja de coca. -Liderar estrategia de diplomacia internacional para cambiar abordaje de la problemática de drogas.
La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas
Es el evento que se realizó en Cali del 7 al 9 de septiembre. Empezó con un foro sobre la guerra contra las drogas, la cual no ha producido resultados satisfactorios sino vulnerabilidades y desigualdades. Hubo cuatro paneles y en paralelo se desarrollaron mesas temáticas de trabajo para la elaboración del documento final, reunión de cancilleres y jefes de delegación.
La participación tuvo niveles diferenciados: -presidentes de Colombia y México; -ministros de Bolivia, Honduras, Nicaragua; -viceministros de Costa Rica, Cuba, Perú; -instituciones encargadas de la problemática de drogas en Venezuela, Uruguay, Chile; -otras entidades de Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y República Dominicana; -expertos, -miembros de sociedad civil. Observadores de la Unión Europea, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Australia, Indonesia, España, Suiza, Noruega, Estados Unidos, Naciones Unidas; representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Sorprendió la ausencia de Brasil.
UNODC presentó el Informe Mundial sobre las Drogas 2023, que advierte cómo el continuo suministro de drogas ilícitas y redes de tráfico están desafiando las respuestas de los servicios de salud y de las fuerzas del orden, mientras aceleran los abusos y conflictos, la devastación ambiental, y muestra que en el mundo más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021, 23% más que en la década anterior[1].
El alcalde de Cali insistió en que es urgente lograr una solución integral. Eso exige dar a la adicción a esas drogas un tratamiento especializado al considerarla enfermedad, ejercer control de químicos con los que se fabrican, enfrentar las organizaciones armadas detrás del tráfico, erradicar los carteles de droga, construir consenso en el encuentro, agregó “hay países europeos, del sudeste asiático y norteamericanos en modalidad de escucha y observación, pero también hay países…que tenemos la condición de ser productores, escenario de carteles y de cristalizaderos”. José del Carmen Abril, líder social y campesino, pidió inversión y apoyo nacional porque esa sustitución se da cuando el gobierno genera reconocimiento de la producción agrícola y agropecuaria. Felipe Tascón, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos en Colombia, señaló “Nos interesa es sustituir el ingreso que tiene el campesino y en ese sentido cualquier negocio que ellos puedan adelantar de manera asociativa para obtener otras fuentes de ingreso, bienvenido sea”; y mostró que se habían desarrollado dos cumbres paralelas. En el 1º piso, expertos del gobierno y de la sociedad civil entregaban al público datos cruciales y elementos de la nueva política de drogas; en el 2º piso representantes políticos y diplomáticos discutían la firma de un acuerdo[2].
Colombia y México
Los presidentes de los dos países de la región que más sufren esa problemática del narcotráfico, Gustavo Petro y Manuel López Obrador, se habían reunido en México en noviembre 2022 y ahí convocaron este evento para que la región dialogara. En la Conferencia conversaron sobre nuevos mecanismos y políticas de impacto real en la vida de las personas, que promuevan inclusión y prosperidad para generar un plan de autosuficiencia sanitaria; coincidieron en buscar una única voz regional sobre cómo afrontar el problema de las drogas.
Los cancilleres de ambos países trataron de estimular la presentación de experiencias de los participantes. El de Colombia dijo que el tema de la droga trascendió de dos o tres países, a toda la región. Alicia Bárcena, de México, dijo “hoy más que nunca es importante avanzar en este cambio de paradigma y abordar el problema de la droga con una mirada mucho más integral. Estamos muy interesados en que el enfoque que debemos darle al tema de drogas sea por la paz, la vida, el desarrollo y también combatiendo a la delincuencia”. Los paneles de la sociedad civil pidieron que América Latina y el Caribe tengan una sola voz internacional sobre esta problemática[3].
Los dos presidentes coincidieron en la necesidad de abordar el problema de manera integral, y en puntos polémicos como señalar a la región de víctima y a los países consumidores como responsables. Petro dijo que citaron la reunión, Colombia y México, las mayores víctimas de esta política, propuso tener una voz diferente y unificada que deje de repetir un discurso fallido[4]. López Obrador insistió en que enfrentar el flagelo de la drogadicción y la violencia es atender la causas con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas. Ambos recibieron las conclusiones de las reuniones técnicas y los paneles temáticos, sobre esta problemática mundial y los nuevos enfoques para hacerle frente a la fallida guerra contra las drogas, y juntos clausuraron la Conferencia.
Problemas y logros
Analistas han señalado que la Conferencia tuvo deficiencias organizativas, por ejemplo, la agenda se conoció solo 4 días antes de que se realizara, la poca claridad sobre el objetivo de la cumbre hizo perder interés y explica los diversos niveles de representación. La discusión más significativa se dio de manera privada. Los paneles públicos sobre políticas de sustitución de cultivos, derechos humanos, salud, impactos ambientales se centraron en problemas domésticos más que en lo internacional.
Miembros de la sociedad civil, indígenas en particular, expresaron inconformidad con la no consulta previa para definir la nueva política. Aunque se anunció que sería presentada durante el evento, Petro no dio mayores detalles de esa política durante sus intervenciones, se publicó cuando ya había finalizado la conferencia. Fueron señalados asuntos pendientes de discusión como presión a los países consumidores para reducción de la demanda; reflexión sobre plantas ancestrales, despenalización de la hoja de coca, y medidas alternativas para delitos no violentos relacionados con drogas.
Algunos mostraron que, pese al cambio de enfoque respecto a la producción, persiste una mirada conservadora sobre el consumo. Isabel Pereira, de Dejusticia, llamó la atención sobre la contradicción que representa esa postura dentro del mismo gobierno “Mientras hay un discurso estigmatizante del uso de drogas por parte del canciller, el Ministerio saca una política que tiene como uno de sus ejes derribar estigmas sobre las drogas y sus comportamientos asociados. Muy complicado organizar una cumbre sin tener una posición unificada”[5].
Hubo diferencias sobre la propuesta de Colombia de declarar el fracaso de la prohibición y romper con el sistema prohibicionista internacional. La declaración final recalcó que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes establece el marco internacional de control y fiscalización de drogas e instó a todos los Estados a continuar adoptando acciones y políticas encaminadas al cumplimiento de ese instrumento y de otros como el Convenio de Sustancias Sicotrópicas de 1971. Pide contrarrestar esta problemática transnacional de forma integral, con responsabilidad compartida, para que los mayores costos y consecuencias no recaigan sobre los países productores y de tránsito; y con principios de justicia, desarrollo, combate a la pobreza para dar oportunidades a la población, en especial a los jóvenes; con nuevo paradigma de prevención universal que reduzca la demanda, atienda la salud mental y las adicciones. Propone una mirada territorial y una alianza regional que ayude a equilibrar las cargas políticas, económicas, punitivas, institucionales y sociales en esa lucha, en una perspectiva de derechos humanos, gestión de riesgos y reducción de daños.
La hoja de ruta acordada en la Conferencia tiene dos ejes. -Crear la comisión de coordinación y seguimiento que llevará propuestas consensuadas ante instancias multilaterales, incluida la Comisión de Estupefacientes de la ONU a realizarse en marzo 2024. -Realizar una cumbre internacional sobre drogas con jefes/as de Estado y de Gobierno en el marco de la ONU, en 2025. Si se dan esos pasos, puede haber un avance sustancial en cómo la comunidad internacional replantea la comprensión y acción frente a la problemática de drogas.
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[1] https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Conferencia-Latinoamericana-y-del-Caribe-el-primer-paso-para-la-construcci-230907.aspx
[2] https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/178160/alcalde-de-cali-plantea-la-union-de-paises-para-solucionar-el-problema-de-las-sustancias-ilicitas/#:~:text=La%20agenda%20de%20la%20Conferencia,problema%20mundial%20de%20las%20drogas. https://www.elespectador.com/judicial/petro-no-va-a-legalizar-la-cocaina-pero-esto-propone-para-colombia-y-latinoamerica/?utm_source=interno&utm_medium=tarjeta&utm_campaign=contenido_exclusivo&utm_content=tarjeta_carrusel_home
[3] https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/conferencia-latinoamericana-caribe-drogas-abre-dialogo-regional-repensar-forma
[4] https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/petro-arma-un-bloque-regional-en-busca-de-una-nueva-politica-de-drogas/
[5]https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/petro-arma-un-bloque-regional-en-busca-de-una-nueva-politica-de-drogas/
Socorro Ramírez
Foto tomada de: El País
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