La Ley de Tierras y Decreto Ley 062prendió el avispero
El Director de la Agencia Nacional de Tierras señor Samper declaró a la TV de manera enfática que a “los miembros de las Farc no les darían tierra”. El ex ministro Rudolf Hommes escribió en el periódico El Tiempo que la nueva legislación sobre tierras constituía “una verdadera revolución en materia de propiedad.” A su vez, el Jefe de la unidad de Restitución de Tierras Doctor Sabogal declaró a los medios que estaban listos a recuperar en el Caquetá mas de 200.000 hectáreas que las Farc había usurpado a colonos de la región. O sea, que a las Farc no solo no les darán tierra, sino que por el contrario la que tienen se la van a quitar. De tal manera que, como narra el cuento Ulrika de Jorge Luis Borges inspirado en una visita a Colombia, su personaje al preguntarse qué era Colombia exclamó: “un acto de fe”. Esto lo corrobora Pastor Alape que según León Valencia en una reunión sobre la Paz en Medellín la semana pasada anunció la renuncia de su ejército al programa del socialismo, para abrazar el camino de la “modernización y la democratización del país y el desarrollo del capitalismo en el campo, de eso se trata el acuerdo sobre reforma agraria” firmado en La Habana. Es algo así como el paso de las Tesis de Abril -base ideológica del nuevo partido- de hace unos dos meses, al acto de fe de Junio anunciado por Alape. (Semana, 1/06/2017)
En este orden de ideas demos una mirada al Decreto Ley 902 de 2017 para comprobar que no alcanza la categoría del Gatopardo donde todo cambia para que todo siga igual. Me atrevo a decir que los anuncios de que todo cambiará ni siquiera para que las cosas sigan igual, sino más bien peor. Uno de los considerandos de la norma que comentamos reza: “Que según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el DANE en el 2011, el Departamento Nacional de Planeación estimó que más de 800.000 hogares rurales dedicados a la actividad agropecuaria no tienen tierra bajo ningún concepto” Y para los fines de dotación la Ley acoge la cifra que aporta el Auto de Seguimiento 222 de 2017 a la sentencia T-488 de 2014de la CC de la “recuperación de más de 1.202.366 hectáreas baldías sustraídas de la Nación … que permitan garantizar a las personas sujetas de reforma agraria, la inmediata adjudicación de la tierra que la han explotado desde hace décadas bajo la convicción de ser propietarias (buena fe exenta de culpa)” Y viene un galimatías de artículos, decretos, leyes como el artículo 4 del Decreto 2363 de 2015, el 103 de la Ley 1753 de 2015, el 67 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014, y el 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753 de 2015, que con mucha seguridad se van a convertir en la razón de largos y costosas leguleyadas que van a congelar los resultados benéficos del programa. Ahora sabrá dios que determinará la CC y la rendija que abrió a que estas leyes sean debatidas en el Parlamento y puedan ser modificadas. Esta cifra suponiendo que cada beneficiario recibirá una unidad de 20 hectáreas sería suficiente para tan solo 60.000.
Pero la referida Ley carga sobre sus hombros otra responsabilidad y es que en el Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO que incluye a los campesinos sin tierra y otros que “comprendan también personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio les permitan asumir retribuciones económicas para acceder a los programas de tierras aquí previstos.” No se mencionan para nada los desplazados o víctimas del conflicto y si abre la puerta a que sean feriadas las tierras confiscadas a narcotraficantes muertos o presos que no se perdieron, para “reconocimiento de derechos de uso o propiedad sobre la tierra de acuerdo con las prioridades de aprovechamiento del suelo y las condiciones sociales y ambientales de cada territorio y de sus habitantes.” Reforzada adelante así: “ Con el objeto de garantizar el acceso progresivo a la tierra, el Estado promoverá programas de acceso a tierras de la Nación, de predios fiscales patrimoniales de la Agencia Nacional de Tierras y de formalización de inmuebles de propiedad privada y/o pública, de otorgamiento del subsidio integral de acceso a tierras, de adquisición directa de predios, de transferencias de predios a título oneroso o con compensación, de actos administrativos que confieran su aprovechamiento o uso sin trasferencia de derechos de dominio”.
Ciudadanía para todos
Con respecto a la tierra en Colombia aún se discrimina a nacionales como en la declaración del Director de la ANT sobre los miembros de Farc que no se les puede desconocer su condición de ser ciudadanos colombianos y por consiguiente no se le pueden coartar sus derechos con respecto a la tierra como ha sido la tradición.
Más de tres millones de colombianos vinculados a labores en las zonas rurales desean continuar produciendo alimentos de origen agrícola, como lo han hecho desde hace siglos, que las elites de poder quisieran convertir en TLC (Tierra Libre de Campesinos) Nadie aboga por que queden reducidos a su condición de miseria, relativa ignorancia, sabiduría empírica sobre la naturaleza al ser invisibilizados como ciudadanos. Uno y otro funcionario estatal no se cansan de referir que el 70% de las parcelas rurales no tienen títulos y en el mejor estilo burocrático no hacen nada por remediarlo.
De ahí que sea preciso apreciar el intento de que esto pueda lograrse con la presente ley, se actualicen los catastros y se pueda aplicar una tarifa progresiva de impuesto predial para adjuntar recursos con destino exclusivo al desarrollo rural para favorecer a los campesinos, quienes han abierto estas tierras a la producción de alimentos para vivir y dotar de comida a la población de los centros urbanos. Mientras detrás de sus tierras hay otros intereses para aprovechar el conflicto armado y desplazar a millones de personas de sus parcelas que ha hecho insoportable la problemática que genera el desmedida concentración de la propiedad rural, que como lo analizó la investigadora de la U. de los Andes Ana María Ibáñez el 0, 2% de las explotaciones son dueñas del 72% de la superficie.
La gran desilusión
Asi titulo el columnista Carlos Castillo Cardona en El Tiempo una columna en la cual afirma que “Al ver lo que negocian yo pase de una gran ilusión a una sensación de estafa… preocupa que estos acuerdos solo sirven para que nada cambie y sigamos como vamos”.
Y en verdad no es modernización porque la condición mínima para esta categoría es dotar de sistemas de riego adecuados a los que reciban la tierra. Se dirá que lo contempla la ley sobre adecuación de tierras que esta concebida para crear grandes distritos de riego sin contar con los recursos para construirlos y ¿en donde? Ubicados en los grandes latifundios que recibirán en principio un 50 % del costo como subsidio y hasta un 40% mas por la cofinanciación de otras agencias gubernamentales, cuando las obras de riego como mínimo cuadruplican el valor de las tierras. No es democratización por cuanto el factor principal de la inequidad en el campo colombiano no es la falta de título de propiedad sino el hecho de que unos 8.000 latifundistas acaparen mas de 40 millones de hectáreas en una explotación absolutamente ineficiente como la ganadería extensiva. Tampoco es desarrollo del capitalismo, porque si algo distingue a las revoluciones burguesas es que introdujeron el pago de impuestos bajo diversas modalidades para el beneficio de la sociedad en su conjunto a cambio de expresión política.
Alguna vez pregunté al profesor Rafael Gutiérrez Girardot con ocasión de su controvertida referencia a la obra de García Márquez, si hubieran sido necesarios 100 años de soledad y respondió: con cincuenta hubieran bastado. Y en estos cincuenta y cinco años de guerra solo se hubiera precisado a lo sumo de unos cinco años para engrandecer a Colombia pero, decía el poeta León de Greiff apuntándoles a los terratenientes del viejo Cauca:
“Para qué laborar
Si eso es útil hidalgo”
Alfonso Cuéllar
Junio de 2017