Entre las reformas ineludibles en Colombia, la que constituye la piedra de toque del cambio, es la que tiene que ver con la justicia redistributiva, mediada obviamente por la eliminación de la pobreza y por la democratización de la propiedad.
Si hubiese modificaciones institucionales en el orden político – lógicamente necesarias- ; y no se acometiesen progresos sensibles en la equidad social, el resultado de toda la acción política y de la energía social invertida en la movilización popular, no sería más que una frustración de las fuerzas progresistas.
La Línea Doctrinaria
Para su proyecto en el campo económico y social, el presidente Petro ha designado a José Antonio Ocampo en Hacienda y a Cecilia López en Agricultura. Ocampo, ahora responsable del manejo económico, ha dicho que sus influencias doctrinarias (y así se advierte en sus textos) son el neo-estructuralismo latinoamericano y el post-keynesianismo a nivel global. En el cruce de caminos entre una y otra escuela, es reconocible el replanteamiento en el sentido de un mayor equilibrio entre Estado y Mercado, cuando se trate de la asignación de recursos y valores en la sociedad. E igualmente entre los agentes individuales y las relaciones más permanentes y generales, las nacidas de la propiedad sobre los medios de producción y de las decisiones institucionales.
Es una doble línea de pensamiento que podría inscribirse en la idea social y moral, propia del filósofo John Rawls, en el sentido de que la competencia, la desigualdad y la acumulación son válidas, solo si los más pobres –los más débiles– experimentan un crecimiento en sus recursos, un aumento en sus ingresos.
Es algo que implica una justicia redistributiva, la misma que irriga los caudales de la plusvalía social en el hecho de subsanar las desventajas de la población vulnerable; y no solo para que moralmente viva mejor y más dignamente, sino para que económicamente compita en el mercado por la apropiación de los medios y los valores creados en la producción y el intercambio de mercancías y servicios.
Para superar esas desventajas de los ciudadanos que se encuentran en una situación de mayor fragilidad, el Estado puede acudir a las cargas tributarias, a fin de que el impuesto a los ricos se vierta en servicios para los pobres. También puede apelar a la democratización de la propiedad, la que se abre camino por la vía de la expropiación o de la misma política impositiva, esa que obliga a los titulares de muchos predios, inmuebles o bienes de capital, a poner estos recursos subutilizados a la venta, para que otros accedan a ellos, animados por una mayor vocación productiva; o, si se quiere, por un espíritu emprendedor más claro.
El Modelo
Ya se sabe, pero debo recordarlo: Colombia tiene un modelo de desarrollo que incluye el crecimiento económico moderado, con desigualdad social; y además con niveles muy elevados de pobreza.
Hay países relativamente pobres, pero sin brechas muy amplias de desigualdad. En su caso, Colombia, además de ser uno de los países más desiguales del planeta, condena a la pobreza a porciones muy amplias de la población; por cierto, en el extremo inferior de esta última se encuentran quienes viven en la pobreza absoluta, el equivalente a un 12%; esto es, más de 6 millones de personas.
En particular, existe un sector económico, el del mundo rural, en el que el GINI de desigualdad en tierras llega al 0.84, siendo que 1.00 es la desigualdad más absoluta; es decir, un mundo social, con la injusticia más vergonzosa. Es una situación que supone una alta concentración en la propiedad de la tierra; y, así mismo, la existencia de una masa de campesinos desposeída de esa misma tierra, su medio natural y cultural de vida.
Todo ello es causa estructural de un crecimiento efectivo, aunque para nada impresionante; y también de la estrechez del mercado interno; de las distorsiones del mercado financiero; y de unas condiciones lamentables por las insuficiencias sociales, padecidas por una buena parte del pueblo.
Es por eso, que la razón fundamental del cambio, su sentido teleológico más fuerte, tiene que ser la erradicación de la pobreza y una disminución manifiesta de la desigualdad, al menos en unos términos tales que la franja de más extrema pobreza tenga un horizonte mínimo de ascenso social.
En su discurso de la victoria la noche del 19 de junio, muy bien sincopado en medio del ritmo emocional que imponía la posibilidad de un cambio, el presidente electo anunció el hecho de que su proyecto político consistía en realidad en el desarrollo del capitalismo y no en su destrucción; del capitalismo integral y democrático, supongo. En todo caso, así lo ha interpretado el ministro José Antonio Ocampo: un capitalismo sin tantas y tan profundas desigualdades.
Los Cambios
Es una definición del proyecto ideológico que, además de espantar de las cabezas ajenas y propias el fantasma del socialismo del siglo XXI, traza la ruta de las reformas posibles que den pie a un capitalismo, bajo la perspectiva social-demócrata; es decir, sin pobreza… y, por su puesto, sin autoritarismo.
El plan para esos efectos incluye: 1) Una reforma tributaria, destinada a recaudar ingresos en un monto considerable, en un volumen mucho más abultado que cualquiera otra reforma anterior, tan cuantioso que dé para disminuir el déficit fiscal -cuestión de coyuntura– y para la expansión del gasto social; 2) Un impulso a la economía agraria, forzando a los propietarios, según lo ha insinuado la ministra, a que destinen mayores hectáreas a la agricultura, dados los bajos niveles de tierras fértiles que tienen tal destino; y simultáneamente presionándolos para que disminuyan la ganadería extensiva, de modo que pasen a la modalidad intensiva, o que en otro caso, pongan en venta estas tierras, a fin de que sean incorporadas a procesos productivos más avanzados. En otras palabras, cabría esperar que el mercado y los impuestos redujeran el peso que tienen los latifundios improductivos; y por último, 3) El equilibrio entre los distintos sectores de la economía; sobre todo, entre los sectores extractivo y el industrial; de modo que este último gane mayor impulso y recupere un lugar más destacado en el PIB, pues hoy por hoy, el primero de estos sectores, que incluye al petróleo, al gas y la minería está representando más de la mitad de las exportaciones.
Alcances y Perspectivas
Ciertamente, un proceso de reindustrialización es imprescindible; solo que sin excesivos proteccionismos. Ahora bien, el obligado reequilibrio entre los sectores económicos, en función de un aparato industrial más sólido, como siempre lo recomendó la CEPAL, no debería justificar la cancelación más o menos abrupta del sector extractivo.
Al contrario, los ingresos provenientes del petróleo, el gas y la minería, podrían orientarse a la inversión interna en industria y agricultura, mientras el país acentúa la transición en materia energética.
Paradójicamente, con una adecuada política económica, un sector extractivista importante podría reanimar transitoriamente el sector productivo, algo que pareciera entender Ocampo cuando dijo que era necesaria la intensificación de la exploración del gas.
Por otra parte, el énfasis en las cargas tributarias, sobre todo en hombros de las personas naturales, facilitaría el hecho de que el Estado estuviese en condiciones de procurar un enorme gasto social; y que adicionalmente prodigase crédito barato a pequeños y medianos industriales. Con lo cual, se disminuiría la pobreza absoluta, al tiempo que se estimularía la oferta para el consumo interno; claro, sin olvidar la seguridad alimentaria, dada una producción suficiente en la industria y la agricultura. No obstante, también acarrearía el riesgo de provocar contracciones en el mercado por un exceso de impuestos que castigue el consumo y el ahorro.
Finalmente, en aras de la seguridad alimentaria; así mismo, del ensanchamiento de la oferta para el mercado interno; y sobre todo de una mayor equidad social, el castigo impositivo al latifundio improductivo podría sentar las bases para una mejor redistribución de la propiedad sobre la tierra. Lo cual, seguramente abrirá un proceso económico y social, no muy impetuoso, más bien de realización lenta; con baja presencia de las masas organizadas; además de que exigiría ingentes recursos presupuestales para la compra de predios agrícolas.
Por todos estos motivos, la agenda gubernamental para los cambios en el modelo económico, traza un horizonte de transformaciones plausibles, aunque no necesariamente estructurales; igualmente, sin un alcance mayúsculo, como sería el que necesita la nación colombiana, un país que se caracteriza por ser una república organizada constitucionalmente; pero al mismo tiempo por conformar un espacio social de territorios fracturados; de violencias múltiples y prolongadas; de relaciones inequitativas; ah, y que por desgracia, ha sido terreno fértil para el narcotráfico, esa especie de contra-revolución, que desvió cualquier cambio social y reemplazó perversamente el potencial de una movilización telúrica desde abajo, por la búsqueda individual o corporativa de una riqueza, de cualquier forma ilegal.
Ricardo García Duarte
Foto tomada de: Portafolio
Mejor no pudo ser planteado el proyectos socio-económico y político que desarrollará el proximo gobierno y lo que quedará pendiente a la luz de los perfiles del próximo equipo de gobierno. Seguramente, ante una eventual continuidad del proyecto del Pacto Histórico, ese pendiente se vaya resolviendo paulatina y más profundamente.