Resulta cardinal la respuesta que logre el Estado ante el cuestionamiento por sus posibilidades de presencia efectiva y garantista en los territorios, en aplicación del pacto de paz con las FARC y, de fondo, en respuesta a problemáticas de distinto orden existentes en ellas por décadas. De tal manera el escenario necesario y anhelado es que el Estado y sus instituciones avances en la aplicación de las medidas pactadas en el acuerdo de paz, las cuales aportan de manera importante en el logro de un ambiente de garantías a la vida y al conjunto de los derechos para la población, evitando que se impongan los opositores a tales medidas y los actores ilegales.
Con razón se ha advertido que aún el conjunto de la población y de los sectores de opinión no comprenden la profundidad de los hechos en desarrollo en la coyuntura actual. Desaparece la guerrilla más histórica y potente en el conflicto bélico registrado por varias décadas, sus efectivos se han concentrado y preparan la dejación de armas y el paso a la vida civil. En consecuencia sus estructuras armadas que le han servido de apoyo para mantener por décadas expresiones de poder contra-estatal, ahora ceden, de manera que se disponen a confluir desde la ciudadanía y los actores políticos y sociales, en la reorganización de la vida en los territorios despejados por esta insurgencia.
Es decir, se asiste a un punto de inflexión histórica y decisiva en lo relativo a los procesos de reconformación territorial, con implicaciones para los poderes y los proyectos políticos y económicos. En primer lugar el Estado tiene que redefinir su presencia y su papel con todas las implicaciones del caso. Los sectores sociales y sus organizaciones y los actores políticos entre quienes debe preverse el surgimiento de nuevas vertientes, requiere de un clima de garantías y posibilidades para su actuación. Los poderes tradicionales habrán de entender y permitir el surgimiento de nuevos actores y éstos habrán de hacerlo dentro del marco de la legalidad pero con la posibilidad de expresarse libremente y con las garantías necesarias.
Los principales riesgos en las zonas desalojados militarmente por las FARC EP
Sobresalen por lo menos cuatro riesgos claramente identificables para la actuación garantista del Estado en los territorios desalojados militarmente por las FARC EP, desde los cuales se evidencia nexos e intereses coincidentes en los actores referidos que se asocian a tales riesgos. De hecho algunos ya se imponente en determinadas zonas y pretenden expandirse hacia tales territorios, de forma que se podrán configurar nuevos escenarios de disputa violenta entre sus distintos actores, pero si en definitiva no se impone el Estado constitucional, se habrá perdido en mucho o en todo la viabilidad del acuerdo de paz pactado. Revisemos tales riesgos:
- Las economías ilegales con sus redes mafiosas y delincuenciales presentes en muchas regiones, encuentran la posibilidad de consolidarse y/o expandirse a las zonas dejadas por las FARC EP, por lo cual buscan mantener y ampliar espacios de ilegalidad e incidencia frente a la institucionalidad vía corrupción. O se combaten con éxito y se debilita su base económica y social con las medidas acordadas en el pacto de paz y las consiguientes políticas públicas y reformas, o permanecen y se fortalecen.
- Las herencias del paramilitarismo en su actual fase más degradada –caracterizada por mayor entronque con redes mafiosas y delincuenciales-, pero de forma que mantiene nexos de diverso tipo con hacendados y con sectores políticos e institucionales. Se trata de una alianza regresiva en defensa del estatus quo que ven estos sectores amenazado por los compromisos del pacto de paz, de manera que atizan ataques contra dirigencias sociales del ámbito popular, las víctimas reclamantes de tierras y los liderazgos políticos alternativos de izquierda que emergen en el actual contexto.
- El ELN que de no conseguir a instancias de sus conversaciones de paz con el gobierno el inmediato el des-escalamiento y ojalá el cese de las hostilidades, y en lo mediato un pronto acuerdo de paz, dada su presencia en varias regiones de forma contigua con la que tuvieron las estructuras de las FARC EP, se corre el riesgo de su expansión y actuación militar y violenta en tales territorios. Se constituiría en un foco de atracción a excombatientes de las FARC. Implicaría el interés del ELN en conseguir ventajas políticas, de influjo social, militares y de mayor acceso a economías ilegales de copar los territorios de la guerrilla acogida a la paz.
- Las disidencias de las FARC EP en varias regiones ya configuran nuevas agrupaciones armadas ilegales asociadas a economías ilegales locales, tanto empañadas en revertir las anteriores economías de guerra insurgentes en proyectos de sus reconformadas redes ilegales como dispuestas a entrar en los posibles nuevos escenarios de disputa con otros competidores. Según la información que ha trascendido y las declaraciones de las propias FARC EP, no se ha configurado una disidencia político insurgente que pretenda prolongar el alzamiento armado revolucionario sino que los mandos medios expulsados y las estructuras bastante minoritarias escindidas, aparecen asociadas al narcotráfico y otras economías ilegales.
El Estado y el gobierno no reconocen la profundidad de la problemática
Un obstáculo para el logro de la presencia garantista en las regiones, incluidas con énfasis en la coyuntura las despejadas militarmente por las FARC EP, es la incomprensión desde altas esferas del Estado y del gobierno del fondo de la problemática existente. Para tal propósito se requiere es del desmonte del paramilitarismo y de sus poderes cooptados en la institucionalidad y sus participaciones en economías legales e ilegales y nexos con grupos y bandas armadas. Así mismo, se necesita una respuesta capaz de contrarrestar el clima de violencia política que resurge contra la aplicación de los acuerdos de paz y sus protagonistas, de forma que se entienda la dimensión y el alcance que debe revestir tal tipo de acción.
Lamentablemente desde altas esferas del Gobierno nacional y del Estado no se comprende en tales términos la situación, sino que se niega la existencia del paramilitarismo y se desconocen así mismo la dimensión y sentido real de los ataques violentos que se fraguan contra determinados sectores victimizados. De forma dramática el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas niega la existencia del fenómeno paramilitar y sus expresiones vigentes de distinto orden, a la vez que desestima incluso las redes mafiosas y bandas criminales asociadas y su posibilidad de copar territorios de anterior presencia de las FARC. Negar el paramilitarismo como asunto complejo y de gravedad frente a la población y el propio Estado impide la toma de medidas acorde con su efectivo desmantelamiento y superación.
A la vez, el Gobierno y la Fiscalía General niegan la sistematicidad de los ataques cometidos contra líderes sociales, reclamantes de derechos y actores políticos alternativos surgidos precisamente del positivo influjo del proceso de paz. Se intentan explicaciones casuísticas que buscan atribuir las causas de los ataques a simple delincuencia común o a asuntos de disputas cotidianas. Sin embargo tales ataques son continuidad histórica de la oposición a los cambios reclamados y que en cierto grado se adoptan en los pactos de paz. Son una de las continuidades del fenómeno paramilitar, incluso agenciado directamente por sus expresiones subsistentes. Se presenta de forma masiva, frecuente, con patrones de actuación comunes y asociados a intereses de sectores contrarios al proceso de paz, en oposición a sus medidas y con el empleo tradicional de los mismos métodos violentos.
Razón al respecto le asiste a Rodrigo Uprimny cuando nos recuerda que precisamente con tales ataques actuales se repite un patrón histórico: “los esfuerzos por lograr la paz con las guerrillas o por realizar reformas democráticas, cuando son significativos (…) se han acompañado de un incremento de amenazas y asesinatos contra líderes sociales, en general de izquierda”[1]. Así, explica con apoyo en determinadas fuentes, que se trata de la reacción de facto de las élites políticas y económicas locales contra los sectores tradicionalmente marginados que reclaman acceso a derechos y participación política.
Pero adicionalmente, lo grave es que en vez de disminuir tales ataques como se esperaría en el contexto de la aplicación del acuerdo de paz, por el contrario, en los dos años anteriores y en lo que van del presente la tendencia es a intensificarse. Se estable que cada tres días en promedio se está produciendo un asesinato de un líder social o defensor de derechos humanos. Adicionalmente, sectores mafiosos y sus redes antes que debilitarse en la actual situación que así lo esperaría asisten es a la bonanza del incremento de los cultivos de uso ilegal y de la minería ilegal, base material que también nutre las redes paramilitares y las diversas redes delincuenciales que en tal circunstancia tienden a expandirse.
Sobre la gravedad de lo sucedido Indepaz en reciente informe sobre 2016 establece la ocurrencia de 117 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 67% de ellos ocurridos en suroccidente, departamentos de Valle, Cauca y Nariño, a la vez que precisa la persecución sistemática cometida contra más de 30 organizaciones sociales. Por su parte la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular denunció para ese año sobre cinco desapariciones forzadas, 350 amenazas y 46 atentados cometidos contra dirigentes sociales en las regiones. En algunos testimonios es claro que reaccionan violentamente contra la devolución de tierras despojadas, contra el retorno del campesinado desplazado, contra los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y contra la presencia de organizaciones sociales y políticas comprometidas con las medidas progresivas y garantista contenidas en el acuerdo de paz.
“…estos nuevos grupos están incluso convocando reuniones, como hicieron en una vereda de Ituango la semana pasada. Dicen que solo se van a dedicar a comprar coca, pero que nadie puede meterse en los programas de sustitución y que no pueden tocar las matas. La gente está en una encrucijada tremenda”[2].
El obispo de Apartadó Hugo Alberto Torres denuncia la incursión de grupos paramilitares en Urabá y Atrato, por lo cual le discute al gobierno por no reconocer que se trata de este tipo de fenómeno. En igual sentido ya se habían pronunciado iglesias evangélicas de esta región. A la vez que el Congreso de los Pueblos denunció recientemente ataques y amenazas contra sus integrantes en distintas regiones por parte de grupos paramilitares, en casos a nombre de las “Águilas Negras” y reclama protección de parte del gobierno. Ha sufrido hostigamientos recientes especialmente contra dirigentes campesinos y sociales en Cesar y Cauca. Y fue muy diciente lo sucedido en Catatumbo cuando comunidades de Tibú que acompañaban la marcha del Frente 33 de las FARC EP para su concentración en Caño Indio, bloquearon el paso de la caravana en denuncia y rechazo a la presencia de grupos paramilitares, de manera que se declararon veedores y exigieron al Gobierno nacional y a la Comisión Tripartita de Verificación una actuación diligente en consecuencia.
La comunidad internacional entre tanto se manifiesta solidaria con las víctimas, comprende el trasfondo de los intereses en juego así como la pervivencia de una dinámica propia del paramilitarismo y demanda garantías desde el Estado: “Estos valiosos activistas están siendo silenciados por poderosos intereses económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluidos paramilitares, por defender sus derechos o exponer la trágica realidad del país”, declaró Amnistía Internacional[3].
Posibilidades y requerimientos de la respuesta estatal
La discusión de estos asuntos es de suma importancia porque de ello depende el alcance, potencia e integralidad que puedan adquirir las políticas y las medidas oficiales en respuesta. En medio de ello está el reto de la recuperación de la presencia del Estado en los 242 municipios estimados de presencia guerrillera reciente de las FARC EP. El mayor problema es la conjunción de las zonas con peso de las economías ilegales, poderes de las alianzas políticas entrelazadas con redes mafiosas y las expresiones paramilitares y de redes armadas y violentas que se les asocian. La solución no la brinda solo la fuerza pública sino una presencia integral del Estado. En lo inmediato cobra importancia brindar las garantías de seguridad en los términos pactados en el acuerdo de paz.
Por su parte el Comando Estratégico de Transición y las ramas de la fuerza pública han trabajado en perspectiva de recuperar los territorios, lo cual es importante que no se conciba desde parámetros de prolongación de una guerra que debe superarse sino de una reformulación a fondo de concepciones y actuaciones en el nuevo contexto. A la vez, se pone de bulto la necesidad del des-escalamiento militar con el ELN, para que no se prolongue una situación de hostilidades y de violencia que afecta a la población que contradice abiertamente las necesidades de implementación del acuerdo de paz e incluso de creación de las garantías para la participación decisiva de la sociedad que se convino en las conversaciones con esta guerrilla.
La fuerza pública adopta el Plan Victoria de las Fuerzas Militares y el Plan Comunidades Seguras y en Paz de la Policía Nacional, que implican nuevas estrategias y un diseño para actuar en el período de algo más de un año que resta del actual mandato presidencial. Las Fuerzas Armadas se despliegan en 160 municipios despejados militarmente por las FARC, con la movilización de 59.500 integrantes a través de Fuerzas de Fuerzas de Tarea y de las Fuerzas de Despliegue Rápido hacia zonas priorizadas, en busca de propiciar en sus territorios la recuperación del control estatal. Entre tanto, la Policía Nacional prioriza con 5.500 efectivos la actuación preventiva en los cascos urbanos. En tal sentido, resultó simbólica la presencia en días pasados del presidente Santos en un acto público en el sur del Tolima, entrada del Cañón de las Hermosas, zona que fue de tradicional control de las FARC en la guerra.
“El Plan Victoria, del Ejército, busca que las tropas lleguen al territorio junto con otras instituciones del Estado, con una visión diferente. Y el Plan Comunidades Seguras de la Policía quiere volver a garantizar la convivencia desde un esquema sin militarismo. Ambas parecen estar en la línea correcta para el posconflicto y para entender la naturaleza de las nuevas amenazas”[4].
Sobre los riesgos y el tipo diverso de amenazas que se configuran hacia determinadas regiones, un reciente artículo de El Tiempo interpreta el concepto de la fuerza pública y sus equipos de inteligencia al respecto en los siguientes términos: “…detectaron 20 amenazas entre las que sobresalen: la disputa territorial por el control del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas, el contrabando, el tráfico de migrantes y el despojo de tierras. Los grupos que podrían en riesgo esa seguridad son el ELN, los grupos criminales organizados como el ´Clan Usuga´, ´los Pelusos´, ´los Puntilleros´ y todas aquellas redes criminales organizadas. Las zonas en alerta son Guaviare, Vichada, Nariño, Putumayo, Meta, Córdoba, Bolívar, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Cesar, La Guajira, Risaralda y Chocó”[5].
El pasado 3 de febrero el gobierno expidió el Decreto Ley 154 que conforma la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual a partir de lo definido en el acuerdo de paz está presidida por el presidente y con presencia de los ministerios del Interior, Defensa y Justicia y del Derecho, del Fiscal General, el Defensor del Pueblo, los comandantes de la fuerza pública y de varios expertos, de manera que tiene en sus funciones diseñar y hacer seguimiento a la política pública y a las medidas que se adopten para desmantelar los grupos y redes ilegales asociadas a las herencias del paramilitarismo. Ojalá consiga actuar a tono con tales propósitos.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en sus informes y declaraciones entrega consideraciones y recomendaciones valiosas hacia las políticas y medidas necesarias de adoptar. Sustente que “es persistente la violencia contra los defensores de derechos humanos en las regiones, de forma que en 2016 identificó que el 75% de los casos de ataques contra ellos se corresponden a zonas rurales. Destaca que existe “mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales”, reclamando la necesaria acción de la justicia al respecto. Alerta sobre tal violencia en las zonas dejadas por las FARC EP, de forma que afirma que existe evidencia de la expansión en ellas de grupos ilegales que afectan a la población[6].
Señalan en su análisis la conjugación de las siguientes siete circunstancias que rodean el incremento en los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos de los años recientes: 1. Vacío dejado por las FARC en zonas rurales. 2. Ausencia de Estado. 3. Percepción de actores victimizados como obstáculos para sus intereses económicos y políticos. 4. Estigmatización contra los actores victimizados. 5. Uso de violencia para dirimir conflictos entre pobladores locales. 7. Pocas posibilidades de subsistencia económica para la población local afectada por lo regular de condiciones de pobreza y exclusión histórica[7].
En consecuencia ésta instancia de la ONU dedicada velar por los derechos humanos propone que el Estado asuma su responsabilidad de protección y seguridad frente a la población, en especial ante los sectores victimizados. Que la presencia y actuación estatal con sus diversas instancias sea integral y de compromiso con la satisfacción de derechos y garantías, incluidos los económicos y sociales. Que la Fiscalía y la justicia no se limiten a actuar frente a los actores materiales, la fuerza pública actúe con transparencia y atenida a los derechos humanos y la Defensoría del Pueblo contribuya con Defensores Comunitarios[8]. Es de esperar que la atención oficial a las informaciones, análisis y recomendaciones de la ONU, además actor central ahora del mecanismo de monitoreo y verificación de los acuerdos de paz, ayude al gobierno y a los entes estatales responsables de estar a la altura de comprender y tratar los dilemas en juego.
Álvaro Villarraga Sarmiento, directivo CNMH, integrante Fundación Cultura Democrática, catedrático.
Bogotá, DC. 16 de febrero de 2017.
NOTAS
[1] “¡Basta Ya!”, Rodrigo Uprimny, El Espectador, Bogotá, 12 de febrero de 2017, página 37.
[2] Declaración de Isabel Cristina Zuleta, coordinadora nacional del Movimiento Ríos Vivos. Citado en: “Paramilitarismo el debate de fondo, Ni Uno Más”, Marcela Osorio, El Espectador, Bogotá, 12de febrero de 2017, página 19.
[3] Declaración de Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Citado en: “Paramilitarismo el debate de fondo, Ni Uno Más”, Marcela Osorio, El Espectador, Bogotá, 12de febrero de 2017, página 19.
[4] “Riesgo inminente”, revista Semana, Edición No 1815, 12 al 19 de febrero de 2017, página 29.
[5] “Así combatirán las FF.MM. 20 amenazas a la seguridad regional”, Alicia Liliana Méndez, El Tiempo, 12 de febrero de 2017, página 8.
[6] www.hchr.org.co Comunicado: “Preocupación por aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y población que habita zonas rurales”. 2 de diciembre de 2016.
[7] www.hchr.org.co Comunicado: “Preocupación por aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y población que habita zonas rurales”. 2 de diciembre de 2016.
[8] www.hchr.org.co Comunicado: “Preocupación por aumento de la violencia en contra de líderes, lideresas, defensores y población que habita zonas rurales”. 2 de diciembre de 2016.
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