El tópico de la gobernabilidad adquiere momento durante la primavera de la participación política a nivel mundial. Tiene su más conocida expresión en el mayo del 68 francés, pero coincide y se extiende alrededor del mundo. Esta primavera democrática que copa calles, parques e instituciones recibe una contra-respuesta del pensamiento neoconservador que encabezan los estudiosos y analistas Samuel P. Huntington, Michel Crozier, Joji Watanuki, reunidos en la Trilateral.
Ellos escriben el reporte que titularon Crisis de la Democracia (1975), donde abordan dicho problema en términos de governance, en la medida en que los países capitalistas con la existencia del Estado de bienestar reciben demasiadas demandas de las poblaciones que gobiernan. Esta inflación de demandas está en franco desequilibrio con las acciones de gobierno que las satisfagan.
En el estudio comparado de los regímenes presidencialistas de América Latina, la governance es traducida como gobernabilidad por los estudiosos de las transiciones democráticas que se presentan una vez cede la oleada de las dictaduras militares. La fórmula original de la Trilateral, aconsejaba restringir la democracia representativa liberal en sus países, pero esta receta marchaba, a simple vista, a contracorriente de la restauración democrática en el subcontinente americano.
A propósito de la gobernabilidad
El libro colectivo Seguridad y Gobernabilidad Democrática. Neopresidencialismo y participación en Colombia, 1991-2003, consigna los resultados de la investigación del grupo Presidencialismo y participación (1999-), sobre el triple tópico de la gobernabilidad, la seguridad y la democracia colombiana. Se hace un barrido desde 1991 hasta el año 2003, con unas adiciones temporales necesarias, al postergarse la publicación del libro. [1]
La gobernabilidad, el punto de partida, teórico y práctico, para nuestra reflexión de hoy, reconoce que la pieza central de la política moderna es la relación gobernantes y gobernados como una constante, y cuál es la posición que se tiene frente a ella, en el sentido de querer transitar hacia la autonomía política integral. En términos de gobernabilidad, al contrario, se trata de preservar, mantener a toda costa la tradicional verticalidad propia de la relación de mando y obediencia teorizada por Max Weber.[2] En todo caso es un complejo proceso político y social, el de la governance/gobernabilidad atravesado por la existencia objetiva de la desigualdad, la discriminación y la exclusión.
Dicha gobernabilidad como acto es la práctica del gobierno estatal propio de las democracias representativas liberales.[3] De este reconocimiento de la relación de mando y obediencia entre autoridades y comunidad política nacional se desprende el apelativo de subalternos, grupos y clases subalternas para uno de los dos extremos de aquella relación,[4] esto es, la inmensa mayoría de los gobernados, ciudadanos o no, integrantes de la comunidad.[5]
La gobernabilidad como práctica corresponde al interés de los gobernantes por mantener la estabilidad, el equilibrio en la compleja relación de obediencia de sus dirigidos siempre que se conserve la legitimidad de su mando. Es la garante de la reproducción de las condiciones de normalidad relativa, sin mayores sobresaltos para la producción y reproducción de las condiciones de existencia cotidiana, en todo caso, signadas por la desigualdad.
En esta práctica política es un componente regular darle desarrollo a las principales políticas públicas con el acatamiento de a quienes van dirigidas, y con el mínimo de una participación activa de los gobernados en su formulación, diseño y control eficaz de las mismas.
Esta fórmula se corresponde en casi todo con la lógica de la representación política que no solamente distingue y determina la distancia y verticalidad de la gobernabilidad sino que conecta y reproduce la lógica de dos extremos: los sujetos gobernantes y gobernados en desempeño de sus papeles específicos según el libreto constitucional y legal preexistente en la norma de normas de Colombia, y de cualquier estado nación conocido.
Crisis de representación y Gobernanza
Una vez que las democracias liberales experimentan una crisis en el gobierno de sus sociedades en razón de las crecientes demandas de participación, levantadas por sus poblaciones organizadas, esto es, los subalternos movilizados tanto en los campos como en las ciudades en procura de reivindicaciones centenarias, la gobernabilidad se erosiona con velocidad creciente. Todo lo cual precipita los escenarios políticos de crisis de representación a lo largo y ancho de América Latina.
Así entran en crisis, no solo los llamados Estados de compromiso, pactados entre el capital y el trabajo, a partir del desenlace de la II guerra mundial. Los representantes políticos del capital y trabajo en América Latina tienen que responder a las nuevas exigencias de las multitudes movilizadas en procura de mejores condiciones de vida y la participación requerida para conquistar tales demandas. Una primera respuesta conocida en nuestros países es la figura política de los autoritarismos, que generaliza el “remedio” a la crisis de gobernabilidad mediante la fuerza ejercida de modo discrecional, excepcional a través de las dictaduras militares y civiles que imponen la dominación desde el norte hasta el sur del continente.
En Colombia, la experiencia popular de los años 40, proyecta la figura de un caudillo liberal socializante, Jorge E. Gaitán, cuya interpelación política moviliza a las masas en demanda de la paz, sin distingos partidistas tradicionales liberales y conservadores. Publicita una forma de cultura y sentido común refundado en un principio nacional popular, no oligárquico que incorpora a los muchos a través de su voto, y hace posible pensar en el triunfo de un disidente en elecciones.
Dicho proyecto de participación se reprime con el asesinato del líder, primero, y con el terror sistemático, generalizado contra sus seguidores y dirigentes populares después. La población liberal mayoritaria perseguida se arma para la defensa y la resistencia. Esta insurgencia subalterna resiste con éxito a los ataques de las fuerzas del orden durante cuatro años, y se desmoviliza luego a través de un proceso pacificador conducido por el general Gustavo Rojas Pinilla en los Llanos de Colombia, con el beneplácito de la oligarquía gobernante que requiere solución de la crisis, y el restablecimiento de la gobernabilidad en todo el territorio nacional.
El ciclo de la violencia no termina con la pacificación.[6] La restitución del orden mediante un plebiscito que [7]reconoce el voto femenino por liberales y conservadores firmantes, aumenta la participación política en los ejercicios de representación electoral. Entonces 1.835.255 mujeres votan afirmativamente el plebiscito, el 1o. de diciembre de 1957, y representan el 42 por ciento de aquella votación histórica.
Ellas contribuyen a ponerle fin a la dictadura militar, a la vez que legitiman un gobierno excluyente de liberales y conservadores, asociados en un régimen de coalición, una forma de consociacionismo político que convierte a la Colombia de la posviolencia en una poliarquía bipartidista.
Este pacto que excluye la presencia legal de las terceras fuerzas se extiende por un periodo de 16 años, hasta que en la última elección presidencial vive una crisis de representación que se transforma en crisis de legitimidad del orden bipartidista. La marca el triunfo electoral no reconocido de la Anapo, cuyo líder es el exdictador Rojas Pinilla, candidato presidencial.
El triunfo que no reconocen sus adversarios abre en Colombia un prolongado proceso de lucha democrática armada y desarmada, un bloque de insurgencia y resistencia. La gobernabilidad no se rescata, y la dirección política de la oligarquía liberal conservadora, que acude al recurrente uso del estado de sitio para gobernar, se ve obligada a reconocer, más temprano que tarde, la presencia de una tercera fuerza política que no puede ignorar ni suprimir del todo.
La resistencia popular a la persistencia del bloque de poder bipartidista oligárquico genera el fenómeno en expansión de la insurgencia en los campos, que alcanza las ciudades, donde nace un movimiento armado reivindicativo. A la vez, la expansión capitalista con el impulso de la agroindustria, y la concentración de la tierra sienta las bases para que el campesinado empobrecido descubra el cultivo de plantas como la marihuana y la coca, su producción y comercialización ilegales que hacen posible una suerte de reforma que permite la reproducción de la masa campesina desplazada, despojada y arruinada empujada a habitar las periferias y ocupar los baldíos en una nueva oleada colonizadora, después de las producidas por el cultivo del café en las laderas de la cordillera de los Andes, y la de las columnas de marcha en resistencia contra la violencia oficial que expulsan a las poblaciones asentadas en el centro occidente de Colombia.
En la experiencia de insurgencia urbana pronto se destaca por su espectacularidad el movimiento 19 de abril. Despliega su habilidad comunicativa y publicística, en la campaña de rechazo al resultado electoral impuesto por el Frente Nacional, y convoca a unírsele como oposición “con el pueblo, las armas, al poder”. La crisis de representación conjurada para poner fin a la Violencia, le da ahora paso a una crisis de legitimidad del orden bipartidista al desconocer de modo flagrante los resultados electorales de la oposición, encarnada en la Anapo, 1961-1998.[8]
En estos ejercicios de rebeldía armada y desarmada, en la desobediencia que va ganando momento se experimenta el paro cívico nacional que confronta la gobernabilidad vertical y excluyente de la nación. La gran movilización orientada por las fuerzas sindicales, y los movimientos y partidos de oposición, a pesar de las muertes contabilizadas por la represión oficial establece en los hechos la premisa ineludible de la participación popular.
La gobernanza de hecho
“Lo que piden es que puedan opinar, que se les tenga en cuenta, que puedan seguir dando la batalla por lo que creen…Esta paz es una paz política, donde usted no ve nada de comer.” John Agudelo Ríos, en entrevista con Semana, Bogotá, 7/10/1984.
“…En este sentido la dirección política se ha convertido en un aspecto de la función de dominio, porque la absorción de las elites de los grupos enemigos lleva a la decapitación de estos y a su aniquilación por un periodo a menudo muy largo…” Antonio Gramsci, El problema de la dirección política en la formación y el desarrollo de la nación y el estado moderno en Italia, Ver Antología Antonio Gramsci, de Manuel Sacristán, Akal, 2013, p. 434.
Con la participación popular “en caliente”, según decir de Antonio Navarro Wolf, quien en tiempos de Belisario Betancur decía que el diálogo eficaz era el extrainstitucional, se establece la necesidad de negociar una paz con reformas. De otra parte, están las Farc que acuerdan un cese al fuego. La presencia de ambas interlocuciones durante el gobierno de Betancur se traduce en una exigencia de democracia de parte de los subalternos, obreros, campesinos, minorías étnicas, jóvenes, mujeres.
La nueva ola de revolución democrática popular de los años ochenta da los primeros pasos en la calle, y el monte. Exige en los hechos la transformación de la gobernabilidad autoritaria. De este modo emerge, se forja al calor de estas luchas subalternas un principio de gobernanza democrática, y la primera interlocución se concreta en el gobierno del conservador Belisario Betancur. Él promete la paz, acepta un principio de diálogo nacional promovido por el M19.[9] También le da existencia institucional a la elección popular de alcaldes, y no el acostumbrado nombramiento a dedo en la repartija bipartidista de los puestos de gobierno.
Belisario no garantiza la viabilidad de la experiencia de una tercera fuerza política. La gobernanza en ciernes sufre la prueba dantesca que experimentan la insurgencia de las Farc y la población civil cuando se juntan en el experimento democrático de la UP que orientan Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo; los dos asesinados a la postre, mediante un accionar paramilitar no esclarecido del todo todavía.
Aquella experiencia democrática radical de una tercera fuerza,[10] plural en sus orígenes y construcción,[11] es casi exterminada a través del asesinato político selectivo y el genocidio de la militancia de la UP, de una parte; y, de otra parte, la negociación pendiente con la insurgencia del M19 la cierra de modo brutal la toma y contra toma del Palacio de justicia. El M19 pretendía juzgar y responsabilizar al presidente Belisario por el incumplimiento flagrante de la propuesta de diálogo nacional durante el año crucial de 1985.
Al buscar de hecho la mediación del poder judicial, en el intento fueron sacrificados magistrados, civiles y el comando guerrillero que tomó el Palacio de Justicia por asalto. Agitan las banderas del liberal radical Rafael Uribe Uribe de las postrimerías de la “guerra de los mil días”. Se perpetra un holocausto con el arrasamiento practicado por las fuerzas del orden que acudieron luego a la tortura, a la eliminación física de sobrevivientes, a la desaparición de los cadáveres.
En esta década de los ochenta, el reformismo liberal es también liquidado. Asesinan a los principales líderes del Nuevo Liberalismo, Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán.[12] El último cuando es el candidato presidencial más opcionado y “bendecido” por Turbay Ayala,[13] luego de reincorporarse al liberalismo con ciertas condiciones de democracia interna.
La tercera fuerza de oposición, con probable concurrencia entre la izquierda y el reformismo liberal, es contestada con el nacimiento de un proyecto reaccionario contra la revolución democrática en curso que pone trabas a la construcción de una real gobernanza. Los “enemigos internos de la paz” es el nombre que reciben, cuando comandan a la política bipartidista tradicional y el paramilitarismo. Es el proyecto reaccionario de revolución pasiva que padece Colombia concomitante con la adopción de la nueva Constitución de 1991.
La figura de relumbrón que aparece como protagónica en la etapa de este nacimiento es el senador y ex aspirante presidencial, Alberto Santofimio aliado con el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Esta alianza permite elegirlo como representante a la cámara.
La efervescencia democrática que transforma y amplía la crisis del orden político nacional tendrá un desenlace institucional: la convocatoria a una asamblea constituyente. Al ser electo César Gaviria, con el beneplácito de la familia Galán y del jefe de la reacción liberal, Julio César Turbay, la revolución pasiva regresiva en curso en los años ochenta se juega la carta de cambiar las reglas de gobierno autoritario instauradas desde la Regeneración de Núñez y Caro en 1886.
La constitución derogada fue impuesta por la fuerza de las armas como desenlace brutal de la “guerra de los mil días”. La nueva no resulta de una batalla militar perdida, en este caso, la fuerza de la insurgencia subalterna, sino de una dejación de armas que se convirtió, a la postre, en un ejercicio de votación universal. La asamblea constituyente eligió, por la primera vez, democráticamente, a 70 delegados, a la que se añadieron 4 más, con voz, pero sin voto.
La tercera fuerza civil en ascenso, AD/M19, plural en su composición, mensajera de la gobernanza, consiguió la segunda votación, porque triunfo la exitosa estrategia “avispa” del liberalismo conducido por Alfonso López Michelsen, que presentó múltiples listas regionales en vez de una lista única.
Este cuerpo colegiado de composición política y social heterogénea en sus deliberaciones da prueba inicial de gobernanza democrático representativa instituida. Además, la tercera fuerza AD/M19 exigirá, una vez se aprueba el articulado de la nueva constitución, la garantía de los derechos fundamentales, un bloque de constitucionalidad, una democracia participativa que cuestiona el modelo de la representación dominante durante más de 100 años. A la vez, ella compromete por escrito al estado en promover que la igualdad sea real y efectiva. Este proceso constituyente presenta a una tercera fuerza política con reconocimiento legal y constitucional.
Ella es el fruto de la confluencia entre exguerrilleros y ciudadanos de toda procedencia que se juntan en la AD-M19, que se desarticula pronto. Pero proclama y sanciona la Constitución de 1991, durante la presidencia de César Gaviria, quien convoca la elección delegados a la Constituyente, al mismo tiempo que bombardea el cuartel del secretariado de las Farc-Ep, que no aceptan las reglas del juego pactadas.
La asamblea al instalarse la presiden, dos príncipes del bipartidismo, Horacio Serpa y Álvaro Gómez;[14] uno, representante plebeyo de la tercera fuerza, Antonio Navarro Wolf. Así se anuncia la democracia participativa y un breve ensayo de promisoria gobernanza, en lugar de la gobernabilidad jerárquica acostumbrada casi sin interrupciones a lo largo de la vida republicana de Colombia.
En todo caso, el nuevo cuerpo constitucional y la promesa de gobernanza, aloja en su articulado una contradicción principal insoluble. La “encarnada” por, de una parte, la participación democrática, pluralista, y la apertura económica neoliberal, oligárquica de hecho, de otra.
Durante su vigencia, la nueva constitución amplía la brecha de la desigualdad entre los subalternos, empobrecidos y excluidos, y la oligarquía financiera y terrateniente que sigue al comando del orden económico contra reformado. Más aún, en una operación pactada en secreto, se acuerda previamente la exclusión de los 19 delegados de la AD/M19, de que puedan ser candidatos a la elección del nuevo congreso cuando el que había sido elegido se remueve con acto soberano de la Cosntituyente.
Se produce la insólita entrega maniatada de los líderes de la tercera fuerza, de la oposición que crece como parte que es de la ola de la revolución democrática. Pero, aunque con breve ensayo, el principio de la gobernanza tiene nacimiento constitucional con la presencia de una tercera fuerza. Sin embargo, el escenario político lo copa el bloque bipartidista dominante que continúa, en lugar de la revolución democrática demandada por obreros, campesinos, jóvenes, minorías, mujeres, maestros, Lgtbi+, imponen la revolución pasiva regresiva que le otorga patente de corso a la apertura neoliberal.
De este modo, la gobernanza tiene, en los hechos de la nueva constitución, un nacimiento político de segunda, porque no lo acompaña una adecuada reforma económica. Este primer ensayo de gobernanza con presencia de una tercera fuerza no bipartidista se troncha. En lugar de resolver las crisis de legitimidad y representación anteriores al año 91, produce ahora un nuevo periodo de crisis de hegemonía.
Los subalternos ante el nuevo gobierno demandan democracia e igualdad social. A la vista tiene opositores armados, la insurgencia subalterna que no acordó la paz, Farc, Eln y disidencia del Epl; y una creciente y dispersa oposición subalterna social frente a la cascada de contrarreformas que se desprenden de la Constitución de 1991 en materia de trabajo, salud y economía.
El régimen presidencial: reforma y contrarreforma
“Aquí se aprecia la solidez metodológica de un criterio de investigación histórico-política: no existe una clase independiente de intelectuales, sino que cada grupo social tiene su propia capa de intelectuales o tiende a formársela, pero los intelectuales de la clase históricamente (y realistamente) progresiva, en las condiciones dadas, ejercen tal atracción que acaban por someter, en último análisis, como subordinados, a los intelectuales de los demás grupos sociales…”A. Gramsci, op. cit., p. 4
Las instituciones de Colombia viven la novedad de un neo presidencialismo que especializa y separa la función ejecutiva en materia económica, dándole independencia a la Junta del Banco de la República. Este, de modo especial, queda habilitado a través de la intervención de la Junta para manejar a discreción la inflación, y de otra parte, el DNP esgrime la regla fiscal para impedir el endeudamiento y el gasto público “exagerados”.
Pero, en vez de avanzar en la abolición de los privilegios, en lugar de prosperar en materia de igualdad social luego de siglos, se afianza la resistencia social y armada que crecen en la década de los noventa. Se impone la política pública de guerra, y el orden público marcial se disfraza con el significante “vacío” de la seguridad democrática.
La gobernanza se esfuma para darle paso a la entronización de un modelo reaccionario de tierra arrasada contra la insurgencia subalterna, que aclimate las bases del Estado comunitario de los propietarios, que es el “sueño encantado” que publicita el dos veces presidente, Álvaro Uribe Vélez.
El primer paso es la desinstitucionalización de la precaria gobernanza existente en lo rural. Es el desmonte de lo poco que de Estado social existe los espacios regionales y locales. Con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en complicidad con los políticos electos por ellas, se conduce a la transición antidemocrática hacia la Para República. Es el reino de la “seguridad prometida” en los ámbitos regionales, “colonizados” a sangre y terror con los acuerdos entre elites políticas bipartidistas.
La presencia y el auxilio paramilitar controlan la más alta conflictividad social, allí donde, por ausencia de reforma agraria, florecen los cultivos y las extracciones ilícitas. A la vez se impide y persigue cualquier ejercicio democrático social, sindical o político. Los liderazgos que aparecen son tronchados con la muerte, y los atentados que fuerzan el exilio. El éxodo rural es la marca de esta política de sometimiento a través de “masacres” ejemplares.
Avanza el régimen de la “excepcionalidad de hecho”. Así se interrumpe el tránsito de la gobernabilidad a la gobernanza. El curso de la revolución democrática subalterna en los territorios, vuelve a ser interrumpido. La estrategia del capitalismo por desposesión se dirige a disputar la titularidad sobre baldíos que permanece irresuelta y el apetito insatisfecho por el despojo de los grandes proyectos agro industriales y extractivistas,[15] al lado de grandes extensiones dedicadas a la ganadería, que eran contenidos por la fuerza armada de la insurgencia subalterna.[16]
La contraofensiva militar de Álvaro Uribe contra las Farc-Ep, con el objetivo de derrotarlas, fracasó ante el repliegue defensivo de la insurgencia campesina para el año 2008. Al mismo tiempo se abría la posibilidad de una negociación de paz nueva, a raíz del escándalo mundial de los “falsos positivos”. La política pública de guerra como “madre de todas las políticas” superó los lindes del absurdo con la debacle humanitaria de de 6402 ejecuciones extrajudiciales hechas sin el menor escrúpulo.[17] Muertes de inocentes indefensos y descapacitados, ordenadas y apoyadas por la alta comandancia, autorizadas por resolución del propio ministerio de defensa con el racional del “body counting” como medida de la eficacia militar de un ejército afectado por el embrujo del Plan Colombia.
Este desastre humanitario obligó al gobierno estadounidense a pronunciarse y exigirle cuentas “discretas” a su principal aliado en el cono sur. De ese modo, desde el campo de batalla, rural, y de las resistencias urbanas de los subalternos sociales se abre una segunda etapa de aclimatación de la gobernanza empujada por las luchas de todo tipo que libran los subalternos en su praxis democrática radical, plebeya.
Esta lucha, con una serie de triunfos civiles, en las grandes movilizaciones, campesinas, estudiantiles, y de minorías, por una parte, y los cuasi triunfos electorales, de otra, produce las bases para el ensayo progresista en Colombia que, claro, tiene que atravesar primero, dos presidencias, la de Juan Manuel Santos, el mensajero de la paz neoliberal, y la contraofensiva de Iván Duque, del Centro Democrático, quien insiste hasta más no poder en la que llama junto al empresario Emilio Archila, “la paz con legalidad”, buscando reeditar la saga reaccionaria de la “seguridad democrática”, y el aplastamiento definitivo para la insurgencia plebeya del Eln.
(continua)
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[1] Herrera Zgaib, Miguel Angel et al. Seguridad y Gobernabilidad Democrática. DIB/ Unijus. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, mayo 2005.
[2] El sociólogo alemán Max Weber en su trabajo Economía y Sociedad propone los tipos ideales de la dominación legítima, donde el mando y la obediencia como fórmula política perenne está garantizada por la creencia en ella por parte de quienes la experimentan en su condición de dominados/gobernados.
[3] Es la relación fundamental que estudia la Ciencia Política.
[4] Es la expresión empleada por Antonio Gramsci en las notas que consignó en los Cuadernos de la Cárcel. Consultar en particular, Apuntes sobre la historia de las clases sub
alternas. Criterios de método (1934)
[5] Esta desigualdad fue teorizada de manera temprana en Colombia por el líder político e intelectual Jorge Eliécer Gaitán, quien presentó en su quehacer dirigente y su aspiración presidencial la pareja “país político y país nacional”.
[6] La Violencia en Colombia: Estudio de un proceso social. Tomos I, II. Autores Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, y Eduardo Umaña Luna. Editorial Tercer Mund, Bogotá,
[7] La primera experiencia de voto femenino se hizo durante el gobierno de facto del general Gustavo Rojas Pinilla en su ensayo de asamblea nacional constituyente, la ANAC, a través del acto legislativo No. 3 del 25 de agosto de 1954.
[8] La denuncia principal del fraude electoral se localizó en el Departamento de Nariño, con la conducencia del entonces ministro de gobierno, Carlos Augusto Noriega, “el trigrillo”, y la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, quien no dejó constancia del “fraude” en sus Crónicas de mi propia vida que publicaba en la revista Nueva Frontera.
[9] Del Diálogo Nacional habló por primera vez Jaime Bateman, en la conversación que sostuvo con el secuestrado periodista y cronista Germán Castro Caicedo, en abril de 1980. Pero su oficialización vino después, en la entrevista con Juan Guilermo Ríos, en el año 1981. Con él se envió una carta al presidente Belisario, en la que se criticó la firma del cese al fuego de las Farc, a cambio de reformas políticas, porque este era un acto “de espaldas al pueblo”. Lo cual no ocurriría con el diálogo propuesto por el M19. La agenda hasta hoy aparece como circunscrita a 10 temas, según testimonio de John Agudelo Ríos, quien entonces presidió la Comisión de Negociación y Diálogo. El acuerdo contemplaba estudiar y sentar las bases de las reformas.
[10] Con un cierto aire de Jacobinismo histórico, en recuerdo de las lecciones imperecederas de la revolución francesa.
[11] Hubo, claro está, ensayos de otras terceras fuerzas de oposición, una bipartidista, en lo fundamental, con “inscrustaciones” socialistas, la Anapo; y antes, el intento del Frente Unido, que animó el impulso tribunicio del excapellán de la U. Nacional, Camilo Torres Restrepo, y la plana mayor de Audesa con Jaime Arenas.
[12] Este liderazgo no habló nunca el lenguaje neoliberal de Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y asociados. Esa fue la tarea que cumplió, en cambio, con lujo de detalle y diligencia César Gaviria Trujillo, un economista de la Universidad de los Andes, desafecto a las lógicas del desarrollismo preconizado por el liberal Carlos Lleras Restrepo, de las que era exponente su más aventajado pupilo, Luis Carlos Galán, a quien formó en las “canteras” de la revista Nueva Frontera.
[13] El as de las milimetrías, hermanado desde joven con la clientelización de las FF AA de Colombia.
[14] El hijo consentido del “monstruo”.
[15] Es la impronta, la palabra de orden “secreta” del capital financiero, la fracción dominante en el bloque de poder desde la década de los 70, cuando se impuso la UPAC, y la contrarreforma agraria con el Acuerdo de Chicoral, con el último presidente del Frente Nacional, Misael Pastrana, remiso del proceso de la Asamblea Constituyente, de la cual “desertó” públicamente.
[16] El Eln y las Farc Ep en sus zonas de influencia, y arraigo desde los tiempos de la colonización armada, a raíz de los desplazamientos del tiempo de la Violencia. Revisar los escritos del sociólogo Alfredo Molano, cronista de la campesinización, e “infeudación” a la fuerza.
[17] Estas son las cifras acreditadas por la JEP, a comienzos del año 2022.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD, Director Grupo Presidencialismo y participación.
Foto tomada de: Semana.com
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