Lo primero que hay que señalar es que esta oposición política al gobierno del cambio tiene una capacidad importante de convocatoria, lo que nos recuerda, que en las elecciones del año 2022 el triunfo de los sectores alternativos, como resultado de un importante proceso de movilización y que el presidente tuvo la capacidad de canalizar la inconformidad ciudadana qué contenían el estallido social y otras movilizaciones importantes que le antecedieron, no fueron un triunfo contundente, ni de amplias mayorías, fue apenas una pequeña diferencia electoral y que los sectores que se convocaban alrededor de las candidaturas de la continuidad también obtuvieron un importante resultado electoral seguramente explicado por unas “lealtades electorales” y de seguidismo “mesiánico”, que aún sigue suscitando en nuestro país el proyecto guerrerista y de ultraderechas que promovieron una parte de las élites en las últimas tres décadas en el país.
A esto es importante sumarle algunos mensajes erráticos que desde el propio gobierno se han lanzado tanto en la conformación del gabinete, como en ciertos nombramientos de sectores no lo suficientemente leales al proyecto del cambio y la transformación profunda, Además es importante tener en cuenta que muchos de los funcionarios nombrados o elegidos impulsores del programa de cambio no contaban con la experiencia suficiente y la destreza para desarrollar un ejercicio de gobernabilidad en medio de las múltiples adversidades que significa el desarrollo de un ejercicio de administración, con leyes y procedimientos establecidos por las élites, justamente para negar la posibilidad de que sectores alternativos y populares puedan acceder a la ejecución de programas y proyectos de manera ágil a lo que también habrá que sumar que una parte de la burocracia gubernamental sigue controlada por los sectores vinculados a los partidos tradicionales que poco o nada de interés tienen, en asumir compromisos reales con la transformación de las prácticas políticas en nuestro país.
Y no menos significativo y que considero el factor principal, el papel que vienen jugando desde antes del 7 de agosto de 2022, los grandes medios de “desinformación” que entre otras cosas son propiedad de los grupos económicos que han controlado el poder político en las últimas décadas en el país y que hoy ven amenazados sus privilegios, Por cuenta de un gobierno que no les hace concesiones, lo que explica que al gobierno del cambio no se le permita, la más mínimas oportunidades de desarrollar un ejercicio de reformas sociales para la transformación de realidades que hoy le niegan el acceso a las más amplias mayorías nacionales, a derechos como la salud, el trabajo digno y bien remunerado, la pensión para la mayoría de la población, o el amplio acceso a los servicios públicos domiciliarios. Durante 12 meses o más la gran prensa (Caracol radio, RCN, Bluradio, la W, la FM, El Tiempo, revista Semana, RCN y Caracol televisión), ha diseñado una estrategia de desprestigio, ridiculización y sensación desgobierno, convirtiendo cada actuación del gobierno y los sectores alternativos, como una amenaza a la democracia y las instituciones, tratando de construir una imagen de gobierno autoritario o despótico, campaña esta, que sumado a largos años de crear un desprestigio a ideas de izquierda, progresistas o alternativas, han venido calando en la población, que termina “aceptando” la idea de que el gobierno actual está llevando al país a una crisis, como si el país hubiese tenido en los últimos años una situación de bonanza y bienestar para las mayorías del pueblo colombiano.
También es importante tener en cuenta en este análisis que durante los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro se ha evidenciado una crisis económica mundial que por supuesto tiene ondas afectaciones en la economía colombiana. No se puede negar que el crecimiento en el valor de los combustibles causado por un déficit billonario en el fondo de estabilización de precios de los combustibles. Por lo que ahora es necesario seguir aumentando el valor de los combustibles tratando de acercarnos al valor internacional de la gasolina y haciendo casi imposible seguir subsidiando este costo, También es bueno señalar aquí que, el costo del dólar venía con una tendencia al alza, lo que afectaba los precios al consumidor de casi todos los productos de la canasta básica de los colombianos. Sin embargo, es justo reconocer que esa crisis hoy presenta una tendencia favorable en la vía de solucionar situaciones que afectan el bolsillo de los y las trabajadoras en el país, Lo que también se explica por un aumento de la inversión extranjera en el país contrario a lo que indican los titulares de la gran prensa.
Todo esto para sustentar la idea, de que los actores alternativos obtuvieron en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República en marzo y junio del año pasado sólo una pequeña porción del gobierno, Y que con este estrecho margen materializar las propuestas hechas durante la campaña electoral no serán posibles, si no se desarrolla un fuerte proceso de alianzas políticas que permitan concretar en el congreso de la República, lugar donde se tramitan las leyes de este país, una parte de esas transformaciones y cambios que la gente estaba esperando y que por ahora de acuerdo a lo que se observa en el comportamiento de los debates tanto a la reforma laboral, como a la reforma al sistema de salud, no serán el momento para lograr tales transformaciones.
Durante los últimos dos meses hemos visto cómo, los grandes jefes políticos de las élites tradicionales se han negado a discutir los proyectos de ley presentados por el gobierno y han preferido utilizar los medios de desinformación, para desde allí, generar antipatía y rechazo por parte de la ciudadanía a lo que claramente, son las reformas que lograrían resolver parcialmente problemas tan graves como el acceso al derecho a la salud y al trabajo digno estable y bien remunerado, Una parte importante de los congresistas que representan a esas élites ligadas estrechamente al poder real económico y político, muchos de ellos vinculados potentemente a la burocracia gubernamental, se dedicaron a sabotear el debate, dilataron las discusiones, sabotearon las sesiones, practicaron el “ausentismo” parlamentario, en fin, hicieron lo posible y hasta lo imposible para negarle al pueblo trabajador la posibilidad de asistir de manera más tranquila al acceso a estos derechos y en cambio sí, mantener los privilegios de las élites, que han administrado el sistema de salud en los últimos 30 años convirtiendo este derecho en un negocio, así como también, negando la posibilidad de que los trabajadores accedan a sus plenos derechos laborales como son el pago de las horas extras, la contratación estable, el reconocimiento al pago de dominicales y festivos cuando estos son trabajados, todo ello porque los empresarios se acostumbraron a un modelo económico que le brindaba todas las garantías para obtener el máximo de rentabilidad mientras los trabajadores, cada vez veían, cómo se precarizaba su trabajo y aumentaban los grados de explotación sutil que impone el modelo económico neoliberal.
Es bueno entonces insistir, que la llegada del gobierno del cambio no significa que automáticamente tales cambios vayan a llegar pronto, para aliviar la realidad social y económica de las mayorías del pueblo colombiano históricamente excluido del bienestar y el desarrollo, como lo ha señalado en repetidas ocasiones el compañero Presidente, si el pueblo colombiano no se empodera fortalece su proceso de organización popular y eleva los niveles de movilización en la calle, el logro de tales cambios reclamados en las movilizaciones condensadas en el estallido social no será posible, esto básicamente porque en Colombia las élites que durante 200 años han gobernado el país no están dispuestas de ninguna manera a permitir el establecimiento de un nuevo contrato social en el que la riquezas generadas por el trabajo o las que se encuentran en los recursos naturales sean distribuidas de manera más democrática en el país, para mantener sus privilegios. No tendrán ningún reparo para impulsar agendas de desestabilización, que reproduciendo prácticas desarrolladas en otros países de América Latina incluyan la posibilidad de “derrocar” léase defenestrar el gobierno democráticamente establecido en Colombia.
Por eso y ante este panorama, es bueno entender el papel que juega la movilización ciudadana en la defensa del gobierno democráticamente elegido porque en la medida en que se impulse las más amplia y sistemática movilización, las élites y sectores de ultraderecha, entusiasmados con la idea del “golpe blando” lo tendrán que considerar muchas veces, antes de embarcarse en aventuras antidemocráticas e inconstitucionales, es decir, cada día más en Colombia la movilización del pueblo en defensa de la democracia y la necesidad de impulsar transformaciones profundas en la agenda social política y económica así como medio-ambiental como lo viene promoviendo el gobierno de Gustavo Petro son una necesidad imperiosa.
Igualmente y en esta vía, las elecciones territoriales del 29 de octubre del año 2023 son también un mecanismo a través del cual el pueblo organizado y comprometido en las transformaciones tiene que garantizar que este proyecto que inició en el gobierno del cambio en el año 2022 se prolongue en el tiempo y en el territorio de alcaldías y gobernaciones, así como también en concejos, asambleas y juntas administradoras locales a lo largo y ancho del país, para esto los sectores democráticos y alternativos deben asumir con seriedad la tarea de organizar una presentación política de sus candidaturas de manera unitaria y cohesionada en favor de la defensa de los logros y perspectivas del gobierno democrático y popular de Gustavo Petro.
Alfonso Castillo Garzón, Defensor de los Derechos Humanos
Foto tomada de: El Universal
Totalmente de acuerdo con el compañero Castillo. A lo que le sumaría, como causa negativa para el cambio, la ausencia de las centrales obreras en la movilización de lo trabajadores para apoyar decididamente al Pacto Histórico progresista para avanzar en las reformas laborales de las que serían las primeras beneficiarias.