Estamos, entonces, ante un largo proceso de disputas, acaparamiento y concentración de la tierra en pocas manos, en el que están metidos latifundistas, ganaderos, narcotraficantes, paramilitares, palmicultores y azucareros, entre otros. El índice de Gini ya anda en 0.89, lo que claramente indica una espantosa desigualdad en la propiedad de la tierra en Colombia. Sin duda, un factor generador de nuevas formas de violencia.
En los inicios del siglo XX, fue el Valle del Cauca el escenario en el que, por cuenta de los ingenios azucareros, se transformó el paisaje de esta región, situación que se extendió a los departamentos de Risaralda y el norte del Cauca. Hoy, ese valle geográfico del río Cauca está sembrado de un pasto gigante llamado caña de azúcar, que da vida a un enorme “desierto verde” que puso contra las cuerdas a la economía campesina, a las prácticas de pan coger y sometió a los pueblos afros e indígenas a un fuerte proceso de aniquilamiento ontológico.
Después, y en parte gracias al gobierno de Pastrana, otras regiones del país fueron sometidas a otro monocultivo: el de la palma africana (o aceitera). Como se sabe, todo monocultivo empobrece no solo el goce estético en donde se localizan las plantaciones, de caña de azúcar y palma aceitera para el caso, sino que este mismo es una negación ambiental, en la medida en que desconoce, niega y fractura conexiones ecológicas entre especies de fauna y flora que compartían los ecosistemas boscosos y humedales, entre otros, sometidos a la racionalidad económica que está detrás de quienes agencian, desde el Estado y las élites de Estado (Miliband, 1970), este modelo de plantación.
De tiempo atrás y de acuerdo con denuncias del senador Wilson Arias, en la Altillanura colombiana (sur del país) se viene reproduciendo, con la anuencia y apoyo del gobierno de Iván Duque Márquez, esos dos modelos de plantación para la producción de comida para los carros (agro combustibles), acompañados de un sistemático proceso de potrerización con dos fines fundamentales: el primero, deforestar las selvas y extenderse hasta el corazón de la Amazonia y el segundo, meter esas tierras en el mercado y por ese camino, en las lógicas de la especulación inmobiliaria.
Igualmente, el operador político[1] vallecaucano viene llamando la atención, de la mano de la Contraloría General de la República, del acaparamiento irregular de baldíos en la altillanura colombiana por parte de poderosas empresas nacionales y extranjeras. De las primeras, y de acuerdo con lo expresado en su reciente libro, Así se roban la tierra en Colombia (Arias[2], 2017) y el informe que el órgano de control publicó en la administración de Sandra Morelli, Aceites Manuelita, Riopaila Castilla y un miembro de la familia Sarmiento Angulo (fenómeno de la bancarización de la tierra), se apropiaron de forma irregular de cientos de miles de hectáreas para sembrar en estas, <<comida para los carros>>.
Se trata, a todas luces, de un modelo desarrollo insostenible en materia ambiental y ecológica y un riesgo enorme para la seguridad alimentaria del país; de igual manera, dicho acaparamiento irregular de baldíos (tierras que, por ley, deben ser entregadas a los campesinos) terminará por afianzar el camino de una ya evidente descampenización y el aniquilamiento ontológico de afros e indígenas.
Así entonces, los compromisos internacionales que en materia ambiental el Estado colombiano firmó, no se podrán cumplir porque al actual gobierno, de la mano de latifundistas, palmicultores, azucareros y ganaderos uribistas, solo le interesa imponer, a sangre y fuego si es necesario, ese modelo de plantación.
Lo curioso es que, a pesar de las denuncias y de lo hallado en el Informe de la Contraloría[3] General de la República, son pocos los ambientalistas que han puesto sus ojos críticos sobre lo que se está viviendo en el sur del país y lo que está planeando, hacia futuro, el gobierno de Duque. Otros en cambio, apenas si hacen referencia al fenómeno, legitimando los monocultivos, a través de lo que ellos mismos llaman <<ecosistemas emergentes”.
Al final, veremos en el vasto territorio de la Orinoquia y de la Amazonia colombiana el triunfo del <<Hombre Blanco>> y de un proyecto modernizador violento, unívoco e insostenible cultural, ecológica y ambientalmente.
En reciente trino, el senador Wilson Arias Castillo, alerta sobre lo que estaría planeando el gobierno de Duque: “El gobierno colombiano ha anunciado una iniciativa para modificar la normativa agraria colombiana con dos finalidades fundamentales: 1. continuar el acaparamiento de las tierras en la altillanura y 2. Facilitar la privatización de las tierras de la Orinoquía y la Amazonia con destino a los sectores agroalimentarios, agroindustriales“.
Todo lo anterior pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Es claro también que se afectarán valiosos y estratégicos ecosistemas naturales-históricos que pueden jugar un papel importante en la mitigación de los efectos y los problemas socio ambientales y ecológicos que se vienen presentando en el marco del Cambio Climático (crisis ambiental). Y además, se da continuidad a procesos de dominación de la naturaleza y de comunidades ancestrales consideradas.
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[1] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/01/sas-se-robaron-la-tierra.html
[2] Véase: http://www.semillas.org.co/es/as-se-roban-la-tierra-en-colombia
[3] Véase: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/703164/Inf_Baldios_pub2017.pdf/fc83b206-c806-414e-a253-6bf355b01ccf
Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo. Estudiante del Doctorado en Regiones Sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Valle del Cauca.
Foto tomada de: El País
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